El gobierno de Estados Unidos llevó a cabo el lunes una serie de ataques contra cuatro embarcaciones en el Pacífico oriental que, según el Departamento de Defensa, dejaron 14 fallecidos y un único sobreviviente. La acción forma parte de la ofensiva antidrogas liderada por la Administración Trump, que desde septiembre ha ordenado múltiples operaciones similares en el Caribe y ahora extiende sus acciones al Pacífico. 

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, difundió un breve video en la plataforma X en el que se observan explosiones sobre al menos dos embarcaciones y afirmó que las naves “eran conocidas por los servicios de inteligencia” y transitaban por rutas usadas para el narcotráfico. El Pentágono, sin embargo, no ha hecho públicas evidencias detalladas sobre la cantidad de droga incautada ni ha identificado formalmente a las víctimas. Esa falta de documentación ha alimentado interrogantes sobre la justificación y la proporcionalidad de los ataques. 

La Armada de México confirmó que, tras una solicitud de la Guardia Costera estadounidense, lideró la operación de búsqueda y rescate que permitió recuperar al único sobreviviente; el operativo se desarrolló a unas 400 millas náuticas al suroeste de Acapulco, según el comunicado oficial. Las fuentes internacionales muestran además discrepancias sobre la localización exacta de los ataques: mientras el Pentágono ubicó operaciones en la zona del Pacífico oriental, observadores y la cronología de rescates han generado dudas que aún no han sido aclaradas públicamente. 

Los ataques se producen en el marco de un notable reforzamiento militar estadounidense en la región: la Casa Blanca ha movilizado destructores con misiles guiados, desplegado cazas F-35, asignado un submarino nuclear y ordenado el traslado del grupo de ataque del portaaviones Gerald R. Ford hacia el Caribe, mientras se han sumado miles de efectivos. Esta concentración de medios ha suscitado preocupación entre gobiernos regionales y observadores internacionales sobre el alcance y los objetivos reales de la campaña.

Paralelamente, la administración estadounidense ha reconocido que autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, una medida que, sumada a los bombardeos marítimos, ha intensificado las tensiones diplomáticas con Caracas y ha generado temores de una escalada más amplia en la región. Las autoridades venezolanas han condenado las acciones y algunos gobiernos vecinos han pedido explicaciones y mayor transparencia. 

En Washington, legisladores y expertos legales han expresado reservas sobre la legalidad de las operaciones —especialmente si el uso de la fuerza se realiza sin divulgación de pruebas públicas, sin mandato congresional visible y cuando responsabilidades habituales de interdicción marítima corresponden a la Guardia Costera y a instancias judiciales. Abogados especialistas en derecho internacional han señalado la necesidad de aclarar bajo qué marco jurídico se autorizaron las acciones y cómo se garantiza la protección de civiles y del debido proceso. 

Finalmente, mientras la administración estadounidense subraya la prioridad de combatir el narcotráfico y “proteger” a la población de los efectos del tráfico de drogas, la ausencia de rendición de cuentas pública y la multiplicación de operaciones letales plantean interrogantes diplomáticos y jurídicos que requieren respuestas claras. Observadores y actores regionales han pedido mecanismos de verificación independientes, cooperación policiaco-judicial y canales de diálogo para evitar que la lucha antidrogas se convierta en una causa de mayor inestabilidad regional.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro condenó el acto vía X: “Son asesinados. Rompen los tratados internacionales del derecho de gentes. No sé puede hacer uso desproporcionado de la fuerza, las bajas se convierten en asesinatos.

Si América Latina y el Caribe no se usan contra la arbitrariedad en el Caribe y las tierras de Bolívar, serían por siempre parias.”

CONTRATOS DE CONFIDENCIALIDAD PARA MILITARES IMPLICADOS EN LA CAMPAÑA REGIONAL

Fuentes anónimas consultadas por Reuters señalaron que oficiales del ejército de Estados Unidos involucrados en las operaciones ordenadas por el presidente Donald Trump en América Latina han sido requeridos a firmar acuerdos de confidencialidad (NDAs). El hecho, inusual en el ámbito militar —donde el personal ya está sujeto a normas de reserva sobre seguridad nacional— ha despertado inquietud en el Congreso y entre observadores por la opacidad que rodea el despliegue.

Las fuentes dijeron desconocer el número de firmantes y el contenido específico de los NDAs, y Reuters advierte que la información proviene de funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato. Según los informantes, la práctica habría comenzado desde que Pete Hegseth asumió como secretario de Defensa en enero. Ese marco temporal y la naturaleza confidencial de los acuerdos requieren, según analistas, una verificación directa por parte del Departamento de Defensa. 

El anuncio se produce en un contexto de fuerte intensificación militar en la región: Washington ha desplegado o anunciado el envío del grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford, destructores equipados con misiles guiados, cazas F-35, un submarino nuclear y un contingente adicional que fuentes citadas estiman en torno a 10.000 efectivos. Desde septiembre se registran múltiples ataques a embarcaciones sospechosas de narcotráfico; diversas coberturas hablan de al menos una decena de operativos letales que han causado decenas de víctimas, cifras que varían según la agencia y que siguen sujetas a verificación caso por caso. 

El Pentágono no ha divulgado públicamente copias de los acuerdos ni una cifra oficial de firmantes. En su lugar, autoridades han reiterado el propósito declarado de las operaciones —interrumpir redes de narcotráfico— mientras que gobiernos de la región y organizaciones de derechos humanos han pedido transparencia, documentación probatoria y canales multilaterales de investigación cuando haya víctimas civiles o dudas sobre la proporcionalidad de la fuerza.

EE. UU. Y JAPÓN SUSCRIBEN EL “TECHNOLOGY PROSPERITY DEAL”  Y ANUNCIAN COMPROMISOS MILLONARIOS PARA REFORZAR ALIANZA TECNOLOGICA

En Tokio, el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, suscribieron un memorando de cooperación tecnológica orientado a profundizar la alianza entre ambos países en sectores estratégicos como la inteligencia artificial, la computación cuántica, la biotecnología, la investigación en fusión energética, las telecomunicaciones de próxima generación y la ciencia espacial.

La Casa Blanca difundió un fact sheet con los principales ejes del acuerdo y los compromisos de inversión anunciados durante la visita. El memorando, en línea con otros instrumentos recientes bajo la marca “Technology/Tech Prosperity Deal”, plantea marcos regulatorios pro-innovación para la IA, la promoción de estándares compartidos y el fortalecimiento de cadenas de suministro tecnológicas consideradas críticas para la seguridad económica. Los gobiernos indicaron que promoverán colaboración entre entidades de referencia —incluido el renovado Center for AI Standards and Innovation (CAISI) en EE. UU. y la Japan AI Safety Institute en Tokio— para avanzar en buenas prácticas, pruebas y metrología de modelos avanzados. 

En paralelo al memorando, se anunciaron compromisos privados y públicos de inversión por un monto agregado que las autoridades han colocado en la órbita de US$550.000 millones, destinados a revitalizar capacidades industriales, asegurar el suministro de minerales críticos, energía y semiconductores, y desarrollar infraestructura digital. Fuentes oficiales detallan partidas destinadas a infraestructura energética, centros de datos y componentes avanzados; sin embargo, el desglose pormenorizado y la confirmación por compañía deben cotejarse con los comunicados empresariales y el fact sheet oficial para evitar imprecisiones. 

Entre las iniciativas de cooperación tecnológica figuran proyectos de telecomunicaciones abiertas (Open RAN, Beyond-5G/6G), expansión de cables submarinos que refuercen la conectividad en el Indo-Pacífico, y acuerdos para impulsar la investigación conjunta en energía de fusión —incluyendo cooperación con centros japoneses especializados— así como aportes de instituciones estadounidenses a programas como JT-60SA en Japón. También se afirmó la continuidad de asociaciones en materia espacial (ISS, misiones Artemis y mitigación de desechos orbitales). 

La Casa Blanca y el gobierno japonés presentaron el paquete como un paso hacia una “nueva Edad de Oro de la Innovación” que refuerce la autonomía industrial y reduzca dependencias de terceros países en suministros estratégicos. Para analistas y sectores empresariales, el impulso a la reindustrialización y la diversificación de cadenas de valor pueden traducirse en oportunidades de inversión y empleo; para algunos observadores internacionales, el acuerdo plantea preguntas sobre gobernanza, control de capitales y equilibrio competitivo. 

Desde el punto de vista estratégico, el documento combina objetivos económicos con consideraciones de seguridad: la promoción de estándares compartidos, la protección de investigación sensible y la cooperación en materias duales (civiles y militares) subrayan la intención de articular política industrial y política exterior en un solo marco. La recomendación general para la comunidad internacional y para medios al cubrir este tipo de acuerdos es transparentar las fuentes (fact sheets), pedir confirmaciones empresariales para montos prometidos y documentar los mecanismos jurídicos que regirán la inversión y la coordinación tecnológica.

EE. UU. IMPLEMENTARÁ SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE DATOS BIOMÉTRICOS PARA TODOS LOS EXTRANJEROS DESDE EL 26 DE DICIEMBRE

El Department of Homeland Security (DHS) anunció una nueva norma que exigirá la toma de fotografías y datos biométricos a todos los extranjeros que ingresen o salgan de Estados Unidos por aire, tierra o mar. La medida entrará en vigor el 26 de diciembre y abarcará a personas con visa, residencia temporal, permisos de trabajo, así como a menores y adultos mayores. El objetivo, según el DHS, es fortalecer el control fronterizo y la verificación de identidad de quienes viajan hacia y desde el país.

El sistema permitirá comparar los datos biométricos recolectados al ingreso con los registrados a la salida, con el fin de detectar sobreestadías, fraudes migratorios y posibles amenazas a la seguridad nacional. En su comunicado, el DHS afirmó que la medida busca enfrentar riesgos como el terrorismo, el uso indebido de documentos de viaje y la falta de información precisa de los visitantes. “Este sistema integrado ayudará a confirmar de manera más concreta la identidad de los extranjeros y verificar su salida del territorio estadounidense”, explicó la agencia.

La implementación de controles biométricos en las salidas representa un cambio estructural en la política migratoria y de vigilancia de Estados Unidos, ya que hasta ahora estos procedimientos se aplicaban principalmente al ingreso. De acuerdo con la firma Lincoln-Goldfinch Law, con sede en Austin (Texas), la ampliación del sistema “marca un nuevo paradigma de vigilancia que requiere supervisión jurídica activa”. Su directora, la abogada Kate Lincoln-Goldfinch, advirtió que las familias deben conocer qué ocurrirá con sus datos, cuánto tiempo serán almacenados y cuáles son los mecanismos disponibles para corregir errores o malentendidos.

Organizaciones de derechos civiles y expertos en privacidad digital han manifestado preocupación por el alcance de la medida, argumentando que el Gobierno podría tratar de forma indiscriminada a todos los no ciudadanos, sin diferenciar entre visitantes legales y personas bajo investigación. Lincoln-Goldfinch insistió en la necesidad de garantizar que la norma se aplique con “avisos claros, salvaguardias constitucionales y mínima interferencia con los viajes legítimos”.

La nueva regla se suma a los esfuerzos de la administración Trump por ampliar las herramientas de control migratorio y vigilancia tecnológica, en un contexto de creciente tensión política por la gestión fronteriza. Aunque el DHS sostiene que el sistema contribuirá a mejorar la seguridad y agilizar los procesos de entrada y salida, críticos alertan que podría generar riesgos para la privacidad y aumentar la discrecionalidad de las autoridades en el manejo de información personal sensible.

TRUMP ARREMETE CONTRA POWELL Y ANUNCIA SU REEMPLAZO EN LA RESERVA FEDERAL PARA LOS PRÓXIMOS MESES

Durante una cena con empresarios en Tokio, el presidente Donald Trump criticó duramente al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, calificándolo de “incompetente” y adelantó que será reemplazado “en unos pocos meses”. “Tenemos un mal tipo en la Fed, pero estará fuera pronto y tendremos a alguien nuevo”, dijo el mandatario, en vísperas de la reunión del banco central esta semana. El mandato de Powell concluye en mayo, y Trump dejó entrever que su administración ya tiene una lista de candidatos para sucederlo.

El presidente republicano afirmó que su primera opción era el actual secretario del Tesoro, Scott Bessent, pero que este rechazó el cargo al preferir continuar al frente de la política fiscal. “Pensé en él para la Fed, pero no quiere el puesto. Le gusta ser secretario del Tesoro”, explicó. Bessent, por su parte, confirmó el lunes que hay cinco finalistas para el máximo cargo del banco central: Kevin Hassett, Kevin Warsh, Christopher Waller, Michelle Bowman y Rick Rieder, un alto ejecutivo de BlackRock.

La declaración de Trump vuelve a tensionar la relación entre la Casa Blanca y la Reserva Federal, marcada por reiteradas críticas del mandatario hacia Powell por el manejo de las tasas de interés y su “lentitud” para responder a los riesgos de desaceleración económica. Desde su regreso al poder, Trump ha insistido en que la Fed debería ser más proactiva en la reducción de tasas para estimular el empleo y sostener la expansión económica.

La próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto se perfila crucial: los analistas anticipan un segundo recorte de tasas en lo que va del año, con el fin de prevenir una mayor pérdida de dinamismo en el mercado laboral. Un eventual relevo en la dirección del banco central podría marcar un giro significativo en la política monetaria de Estados Unidos, reforzando el control político de la administración Trump sobre los principales instrumentos económicos del país.

25 ESTADOS DEMANDAN A LA ADMINISTRACIÓN TRUMP POR SUSPENDER LOS BENEFICIOS ALIMENTARIOS DURANTE EL CIERRE DEL GOBIERNO

Una coalición de 25 estados liderados por demócratas y el Distrito de Columbia presentó este martes una demanda contra la administración del presidente Donald Trump para impedir la suspensión de los beneficios del programa de asistencia alimentaria SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), también conocido como cupones de alimentos, prevista para el 1 de noviembre. La acción judicial, radicada en un tribunal federal de Boston, busca frenar la decisión del Departamento de Agricultura (USDA), que anunció que no utilizará US$ 6.000 millones en fondos de contingencia para mantener los pagos durante el cierre del Gobierno.

La demanda alega que la suspensión de los beneficios es arbitraria e ilegal, pues viola la Ley de Alimentos y Nutrición de 2008, la cual ordena que la asistencia “se otorgue a todos los hogares elegibles”. Los estados demandantes —encabezados por los fiscales generales de Massachusetts, California, Arizona y Minnesota— argumentan que los fondos de contingencia existen precisamente para garantizar la continuidad del programa durante interrupciones presupuestales. Sería la primera vez en 60 años que se suspenden los pagos mensuales del SNAP por falta de recursos federales.

El cierre del Gobierno, que mantiene bloqueadas múltiples agencias, ha profundizado la disputa política entre demócratas y republicanos. La fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, acusó a la Casa Blanca de “elegir dañar a millones de familias” al negarse a liberar los fondos disponibles. Por su parte, la fiscal de Nueva York, Letitia James, advirtió que “millones de estadounidenses están a punto de pasar hambre porque el Gobierno federal ha decidido retener la ayuda alimentaria que está legalmente obligado a entregar”.

El USDA defendió su decisión, señalando que los demócratas del Senado “deben elegir entre reabrir el Gobierno o seguir reteniendo fondos en favor del ala más radical de su partido”. Sin embargo, los estados demandantes buscan que un juez emita una orden de restricción temporal que obligue al departamento a utilizar los recursos de emergencia para garantizar el pago de los beneficios de noviembre y evitar que millones de personas de bajos ingresos pierdan el acceso a alimentos básicos.

El programa SNAP asiste actualmente a más de 41 millones de estadounidenses cuyos ingresos no superan el 130% del umbral federal de pobreza (US$ 1.632 mensuales para una persona o US$ 2.215 para dos). Además, el cierre amenaza los fondos del programa WIC (para mujeres, infantes y niños), que beneficia a casi 7 millones de personas. Si no se libera el dinero en los próximos días, los estados advierten que el país podría enfrentar una de las mayores crisis alimentarias de su historia reciente derivada de un impasse político.

CONFIANZA DEL CONSUMIDOR EN EE. UU. BAJA A 94,6 EN OCTUBRE; AUMENTAN LAS PREOCUPACIONES POR INFLACION Y POLITICA INTERNA

El índice de confianza del consumidor elaborado por The Conference Board descendió a 94,6 en octubre, tras una revisión al alza del dato de septiembre. Mientras la valoración de las condiciones actuales mejoró, el subíndice de expectativas —que mide la visión de los hogares sobre ingresos y empleo a corto plazo— continuó debilitándose y se situó en 71,5, por debajo del umbral de 80 que algunos analistas consideran indicativo de un riesgo recesivo.

El Índice de Situación Actual subió, impulsado por una mejora en la percepción sobre la disponibilidad de empleo; la medición de la diferencia laboral (jobs plentiful vs. hard to get) registró una lectura más favorable en octubre. No obstante, los comentarios espontáneos de los encuestados volvieron a centrarse en la inflación y los precios como las principales preocupaciones, mientras que las menciones a aranceles disminuyeron y las referencias a la situación política (incluido el cierre parcial del Gobierno federal) aumentaron.

Por segmentos, la caída de la confianza fue más marcada entre los menores de 35 años y los mayores de 55; mejoró moderadamente en el grupo de 35–54 años. En términos de ingresos, el descenso se concentró entre hogares con ingresos menores a US$75.000 anuales; por el contrario, las personas con ingresos superiores a US$200.000 se mostraron más optimistas, una brecha que refleja la dinámica desigual del mercado laboral y del gasto. 

Las expectativas de inflación a 12 meses se mantuvieron elevadas, subiendo ligeramente a 5,9% desde 5,8% en septiembre, y más de la mitad de los encuestados anticipa nuevos incrementos en las tasas de interés. En cuanto a planes de compra, los consumidores manifestaron intención de adquirir más autos usados y aumentar el gasto en servicios (cuidado de mascotas, internet, viajes), aunque proyectan una reducción del gasto en regalos navideños y bienes no destinados a obsequios, lo que sugiere un ajuste en prioridades de consumo. 

En conjunto, los resultados ilustran un panorama mixto: una economía que se mantiene relativamente sólida en indicadores actuales, pero con una confianza frágil hacia el futuro. Para responsables de política económica y empresas, la lectura recomienda cautela: la combinación de expectativas inflacionarias elevadas y preocupaciones políticas puede condensar riesgos a la baja para la demanda en los próximos trimestres.

POPULARIDAD DE TRUMP CAE AL NIVEL MÁS BAJO DE SU MANDATO EN MEDIO DE PREOCUPACIONES POR EL COSTO DE VIDA

La aprobación del presidente Donald Trump descendió en los últimos días hasta 40%, igualando su nivel más bajo desde que asumió el cargo, según una nueva encuesta de Reuters/Ipsos publicada este lunes. El sondeo, realizado entre viernes y domingo, refleja una caída de dos puntos frente al estudio del 15 al 20 de octubre, cuando su aprobación era de 42%. En contraste, el 57% de los estadounidenses desaprueba su gestión, frente al 52% registrado en mayo, marcando un deterioro sostenido de su imagen.

Trump, quien ganó las elecciones del año pasado prometiendo controlar la inflación y reducir los costos que afectan a los hogares, enfrenta una creciente frustración pública por el encarecimiento del costo de vida. Según el estudio, el doble de estadounidenses desaprueba su manejo de la inflación que los que lo aprueban, reflejando un creciente escepticismo sobre su capacidad para aliviar la presión económica de las familias. Desde enero, los precios han seguido subiendo, mientras que el mercado laboral se ha enfriado, lo que ha obligado a la Reserva Federal a reducir las tasas de interés en dos ocasiones este año.

El sondeo también muestra que el cierre parcial del Gobierno federal, que ya es el segundo más largo en la historia de EE. UU., ha tenido un impacto político limitado. Solo el 20% de los encuestados dijo sentirse “enojado” por la parálisis administrativa, mientras que un 50% manifestó frustración y un 29% indicó que no le preocupa o incluso aprueba la medida. La mayoría aseguró que el cierre ha tenido poca o ninguna repercusión en su vida cotidiana, lo que sugiere una respuesta pública contenida pese al número de funcionarios federales suspendidos.

Aunque los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso, el bloqueo legislativo en el Senado persiste. Los demócratas se niegan a aprobar los proyectos de gasto hasta que se garantice la extensión de los subsidios a los seguros de salud que vencen a fin de año. La encuesta indica que esta postura cuenta con un respaldo mayoritario: 73% de los estadounidenses apoyan mantener los subsidios, incluso si esto implica un aumento del déficit fiscal.

El estudio —que consultó a 1.018 adultos a nivel nacional con un margen de error de tres puntos porcentuales— confirma que, pese a la estabilidad del respaldo a Trump desde mayo, las preocupaciones económicas están erosionando lentamente su base política. Los analistas señalan que la combinación de inflación persistente, tasas de interés aún elevadas y conflictos políticos por el presupuesto federal podría seguir afectando la percepción pública de su gestión en los próximos meses.

LA CORTE SUPREMA DE EE. UU. ENFRENTA UN CASO CLAVE SOBRE EL USO DE LA GUARDIA NACIONAL EN CHICAGO

La administración del presidente Donald Trump pidió a la Corte Suprema autorizar el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en el área de Chicago, argumentando que la policía local ha sido incapaz de controlar lo que describió como “violencia de turbas” relacionada con protestas contra su política migratoria. Sin embargo, las autoridades estatales y locales presentaron una versión totalmente distinta ante los jueces, asegurando que las manifestaciones fueron pacíficas y de escala limitada. El caso, pendiente de decisión desde el 17 de octubre, enfrenta a los magistrados con un dilema sobre qué versión de los hechos creer.

El Departamento de Justicia sustentó su solicitud en declaraciones de dos funcionarios —Russell Hott (ICE) y Daniel Parra (Patrulla Fronteriza)— que describen una situación caótica y peligrosa. Sus testimonios se mencionaron más de 50 veces en la petición al tribunal. No obstante, la jueza federal April Perry, con sede en Chicago, consideró que dichas declaraciones carecían de credibilidad y “demostraban una falta de sinceridad”, señalando inconsistencias con los reportes de la policía local. Su fallo, que bloqueó temporalmente la orden de despliegue, fue ratificado por una corte de apelaciones.

Expertos legales advirtieron que la Corte Suprema corre el riesgo de extralimitarse si intenta resolver disputas de hecho, una función reservada a los tribunales de primera instancia. Brandon Garrett, profesor de Derecho en Duke University, indicó que “sería problemático que el alto tribunal actúe como juez de los hechos”, mientras que Aziz Huq, de la Universidad de Chicago, criticó la creciente tendencia del tribunal a decidir en su “docket de emergencia” sin que el proceso probatorio haya concluido. En este caso, esa premura podría definir la legitimidad del uso de la fuerza militar dentro del país.

Las diferencias entre las versiones son significativas. Mientras Hott habló de “disturbios” con 200 manifestantes violentos en un centro migratorio de Broadview, el jefe de la policía local describió concentraciones de menos de 50 personas. Parra, por su parte, afirmó que los agentes federales usaron gas lacrimógeno solo contra individuos agresivos, pero las autoridades locales denunciaron un uso “indiscriminado” de la fuerza. Además, los documentos del Departamento de Justicia repitieron textualmente fragmentos de las declaraciones, lo que incrementó las sospechas de manipulación o coordinación indebida de los testimonios.

El caso se inscribe en una política más amplia de Trump de emplear la Guardia Nacional en ciudades gobernadas por demócratas, una práctica sin precedentes recientes. Desde junio, el mandatario ha desplegado tropas en Los Ángeles, Memphis, Washington D. C. y ha intentado hacerlo en Portland, alegando motivos de seguridad interna. En Illinois, se federalizaron 300 efectivos locales y se sumaron unidades de Texas bajo una ley que permite al presidente actuar cuando considera que “las fuerzas regulares no bastan para ejecutar las leyes de EE. UU.”. Los gobiernos estatal y municipal acusan a Trump de usar los disturbios como pretexto para castigar adversarios políticos y reprimir la disidencia.

Aun cuando las cortes inferiores han bloqueado sus intentos, la administración confía en que la Corte Suprema —que ha fallado a su favor en la mayoría de los casos desde su regreso al poder— autorice finalmente el despliegue. Analistas prevén que el tribunal otorgue una deferencia considerable al Ejecutivo en materia de seguridad y defensa. Sin embargo, observadores advierten que si el máximo tribunal acepta la versión del gobierno sin una revisión factual exhaustiva, podría sentar un precedente peligroso al permitir que la Casa Blanca “escoja no solo qué dice la ley, sino también qué son los hechos”, en palabras del profesor Huq.

TRUMP PIDE A LA CORTE SUPREMA AUTORIZACIÓN PARA DESTITUIR A LA DIRECTORA DE LA OFICINA DE COPYRIGHT

El presidente Donald Trump solicitó a la Corte Suprema que le permita remover del cargo a la directora de la Oficina de Copyright, Shira Perlmutter, mientras continúa su demanda contra el Gobierno por despido ilegal. El Departamento de Justicia argumentó que el mandatario actuó dentro de sus atribuciones constitucionales al cesarla y que el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia se excedió al restituirla temporalmente en septiembre. La Corte dio plazo hasta el 10 de noviembre para que Perlmutter presente su respuesta formal.

Perlmutter fue notificada de su despido por correo electrónico el 10 de mayo, apenas un día después de que su oficina publicara un informe que cuestionaba la legalidad del uso de obras con derechos de autor para entrenar sistemas de inteligencia artificial generativa. En su demanda, sostuvo que la decisión fue una represalia política y parte de un intento de “toma de control” de la entidad, que por ley depende del Congreso y no del Ejecutivo. La funcionaria alegó que solo la Bibliotecaria del Congreso, Carla Hayden —quien también fue destituida por Trump—, tiene autoridad para nombrar o remover al titular de la Oficina de Copyright.

El caso ha provocado una fuerte reacción en el Congreso, donde legisladores demócratas denunciaron una “interferencia política directa” en una institución que debe mantenerse independiente. El juez de distrito Timothy Kelly, designado por Trump, rechazó inicialmente reinstalar a Perlmutter, pero la Corte de Apelaciones revocó esa decisión al considerar que la intervención presidencial violaba el principio de separación de poderes. La jueza Florence Pan sostuvo que el despido representaba una injerencia “de naturaleza y grado significativamente distintos” a los casos previos sobre autoridad ejecutiva.

El enfrentamiento judicial se suma a una serie de disputas recientes sobre el alcance del poder presidencial para destituir funcionarios federales. Desde su regreso al poder en enero, Trump ha pedido a la Corte Suprema revertir fallos que bloquean sus decisiones en materia administrativa. El tribunal, con una mayoría conservadora de seis a tres, ha respaldado a la Casa Blanca en casi todos los casos, incluso en los relacionados con la destitución de miembros de la Reserva Federal y de la Comisión Federal de Comercio.

La batalla por el control de la Oficina de Copyright tiene implicaciones más amplias para el equilibrio institucional en Washington. De prosperar el argumento del Ejecutivo, el presidente podría ampliar su capacidad de remover a funcionarios que por ley responden al Congreso, debilitando uno de los contrapesos esenciales del sistema estadounidense. Para los críticos, el caso Perlmutter no solo pone a prueba los límites del poder presidencial, sino también la independencia del aparato regulatorio en sectores estratégicos como el de la propiedad intelectual y la inteligencia artificial.

LOS PRECIOS DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN EE. UU. SUBEN 0,4% EN AGOSTO PESE A MAYOR OFERTA, SEGÚN LA FHFA

Los precios de las viviendas unifamiliares en Estados Unidos aumentaron 0,4% en agosto respecto a julio, informó la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda (FHFA). El dato de julio fue revisado al alza, mostrando estabilidad en lugar de una ligera caída. En términos anuales, los precios crecieron 2,3% frente a agosto de 2024, manteniendo el mismo ritmo que el mes anterior. El repunte se da pese a una mejora significativa en la oferta de viviendas, lo que sugiere que la asequibilidad sigue siendo un desafío para muchos compradores.

El incremento de precios ocurre en un contexto de expansión del inventario de viviendas existentes, que subió 14% interanual en septiembre hasta 1,55 millones de unidades, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Aunque la construcción de nuevas viviendas cayó ligeramente en agosto, se mantiene cerca de los niveles observados en 2007, antes de la crisis financiera. Un cierre parcial del Gobierno federal ha retrasado la publicación de datos más recientes sobre el mercado inmobiliario.

A pesar de que las tasas hipotecarias han retrocedido, el impacto sobre la demanda ha sido limitado. El interés promedio de los créditos hipotecarios a 30 años se situó en 6,19%, el nivel más bajo en un año, tras haber alcanzado 7,04% en enero. Sin embargo, los economistas señalan que la debilidad del mercado laboral, caracterizada por la desaceleración en la contratación y un crecimiento salarial moderado, continúa afectando la disposición de los hogares a comprar vivienda.

Por regiones, el aumento mensual estuvo impulsado por un fuerte repunte en el Atlántico Medio, mientras que el Sur Atlántico, Nueva Inglaterra y las regiones del Este y del Centro registraron alzas más moderadas. En contraste, los precios cayeron en las regiones del Pacífico y del Oeste Sur Central, donde los costos ya se encontraban entre los más altos del país. Las variaciones anuales oscilaron entre un crecimiento de 0,7% en el Oeste Sur Central y de 6,3% en el Atlántico Medio, mientras que el Pacífico fue la única zona con descenso interanual (-0,6%).

Los analistas advierten que la persistencia de precios elevados, incluso con una mayor oferta y tasas más bajas, mantendrá la vivienda fuera del alcance de buena parte de los compradores primerizos. El ajuste del mercado dependerá, según la FHFA, del ritmo de recuperación del empleo y de la estabilidad en los costos financieros durante los próximos meses, factores que determinarán si la demanda logra equilibrarse con la nueva oferta que empieza a emerger.