Ante la emergencia que vive el país, desde AmCham Colombia nos sumamos al esfuerzo del gobierno nacional de solidaridad, apoyando la recopilación y difusión de información sobre canales de donación, puntos de entrega y necesidades prioritarias.

Los invitamos a sumarse a la campaña #ColombiaUnSoloCorazón, liderada por la primera dama, Ana Lucía Pineda, y a utilizar canales oficiales y organizaciones reconocidas para que cada aporte llegue de manera efectiva a quienes más lo necesitan.

El propósito es facilitar el acceso a información confiable y contribuir a canalizar la solidaridad de empresas y ciudadanos. La información se estará actualizando en amchamcolombia.co y en nuestras redes sociales. https://amchamcolombia.co/unidos-por-colombia/

DIPLOMACIA

EE.UU. activa equipo DART para apoyar la respuesta al terremoto en Colombia

El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes el envío a Colombia de un Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres (DART) para apoyar a las autoridades nacionales tras el terremoto registrado el lunes, que ha dejado al menos 181 muertos según el balance del Gobierno colombiano y graves daños en distintas regiones del país.

El Departamento de Estado señaló que la administración del presidente Donald Trump y la Embajada de Estados Unidos en Bogotá permanecen en contacto directo con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, para coordinar la asistencia frente a la emergencia.

“Ayer, Estados Unidos activó un Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres (DART) que llegará hoy a Colombia para apoyar las operaciones críticas del Gobierno, la programación y la coordinación general de la respuesta”, indicó el Departamento de Estado.

El presidente Abelardo de la Espriella informó que el Gobierno nacional ha contabilizado al menos 224 fallecidos y 572 heridos, aunque los reportes de autoridades locales elevan el balance a por lo menos 250. El sismo con epicentro cerca de San José del Palmar, Chocó, generó afectaciones especialmente en Quibdó, Cali, Pereira y Armenia.

El despliegue del DART se suma a la asistencia anunciada el lunes por la administración Trump, que informó la asignación de US$15,5 millones para apoyar la atención de la emergencia en Colombia. El equipo estadounidense tendrá como función respaldar las operaciones críticas, la planificación de la asistencia y la coordinación general de la respuesta con las autoridades colombianas.

DIPLOMACIA

Delegación de Estados Unidos aborda en Caracas acuerdos económicos con Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió en Caracas con una delegación de los departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos para revisar una agenda de desarrollo económico y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, informó Prensa Presidencial. El encuentro estuvo orientado a evaluar mecanismos de cooperación y la posibilidad de ampliar acuerdos vigentes entre ambos países.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno venezolano, las conversaciones abordaron los sectores comercial, energético y financiero, así como alternativas para reactivar mecanismos que contribuyan al desarrollo socioeconómico del país. Las partes también analizaron medidas dirigidas a favorecer la estabilización del mercado energético, aunque no se informaron acuerdos concretos derivados de la reunión.

La delegación estadounidense estuvo encabezada por Jonathan Greenstein, subsecretario adjunto para Asuntos Financieros Internacionales del Departamento del Tesoro, y Jonathan Burke, subsecretario adjunto para el Financiamiento del Terrorismo. Rodríguez estuvo acompañada, entre otros funcionarios, por el vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas, Calixto Ortega; el canciller Félix Plasencia; y el presidente del Banco Central de Venezuela, Luis Pérez.

El encuentro se produjo después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara en julio una flexibilización temporal de determinadas medidas de supervisión financiera aplicables a operaciones autorizadas relacionadas con Venezuela. La disposición establece que la Red de Control de Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) no emprenderá acciones de cumplimiento contra entidades financieras que presten determinados servicios autorizados entre el 27 de julio de 2026 y el 29 de enero de 2027.

Según la información oficial, esta medida busca facilitar que bancos y otras instituciones financieras estadounidenses procesen operaciones vinculadas con asistencia humanitaria, reconstrucción y recuperación económica después de los terremotos registrados en Venezuela el 24 de junio. Un informe del Banco Mundial citado por las autoridades venezolanas estimó en US$19.600 millones los daños ocasionados por los sismos.

El Gobierno venezolano presentó la reunión como parte del proceso de fortalecimiento de los vínculos con Estados Unidos y señaló que busca consolidar acuerdos en áreas consideradas prioritarias para la economía del país. Sin embargo, la información oficial no precisó cuáles serán los próximos pasos de las conversaciones ni anunció nuevos acuerdos financieros, comerciales o energéticos.

COMERCIO

Panamá activa salvaguardia y eleva aranceles a leche en polvo de Estados Unidos

Panamá activó una salvaguardia especial agrícola sobre determinadas importaciones de leche entera en polvo procedentes de Estados Unidos, después de comprobar que el volumen ingresado al país superó el nivel establecido para 2026 en el Tratado de Promoción Comercial (TPC). La medida fue formalizada mediante la Resolución No. 011 del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), publicada el 10 de agosto.

El mecanismo permite aumentar temporalmente los aranceles cuando las importaciones de determinados productos agrícolas sensibles superan los volúmenes previamente acordados entre ambos países. En este caso, el contingente fijado para 2026 fue de 104 toneladas métricas y el nivel de activación se estableció en 110% de ese volumen, equivalente a 114,4 toneladas.

La Dirección General de Defensa Comercial, con base en información de la Autoridad Nacional de Aduanas, determinó que las importaciones estadounidenses ya habían alcanzado el umbral necesario para activar la salvaguardia. El procedimiento había comenzado en enero de 2026 con una investigación orientada a verificar si se cumplían las condiciones previstas en el TPC, vigente entre Panamá y Estados Unidos desde octubre de 2012.

Como resultado, algunas categorías de leche entera en polvo que tenían un arancel preferencial de 2,5% recibirán un derecho adicional de 8,8 puntos porcentuales, por lo que el gravamen total ascenderá a 11,3%. En otras fracciones, el arancel preferencial de 6,2% aumentará en 21,9 puntos porcentuales hasta alcanzar 28,1%.

La decisión se produce en una etapa avanzada del proceso de desgravación comercial acordado entre ambos países. Desde la entrada en vigor del TPC, una parte importante de los productos industriales, de consumo y agrícolas estadounidenses obtuvo acceso libre de aranceles, mientras determinados bienes agropecuarios sensibles mantuvieron calendarios de reducción gradual y mecanismos temporales de protección.

Panamá ya ha utilizado este instrumento para otros productos agrícolas procedentes de Estados Unidos. Durante 2025 y 2026 se abrieron investigaciones o se activaron salvaguardias sobre arroz, carne de cerdo, quesos, yogurt, mantequilla, leche y otros lácteos; sin embargo, el mecanismo solo puede aplicarse cuando la autoridad confirma que se alcanzó el umbral previsto en el acuerdo y dejará de estar disponible para cada producto una vez concluya completamente su período de protección arancelaria.

ECONOMÍA

Departamento de Estado mantiene a Colombia entre los países que cumplen sus requisitos de transparencia fiscal

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su Informe de Transparencia Fiscal 2026, en el que Colombia se mantiene entre los gobiernos que cumplen los requisitos mínimos establecidos por Washington en esta materia. En total, la evaluación examinó a 139 gobiernos y a la Autoridad Palestina, de los cuales 73 cumplieron los estándares mínimos, mientras que 67 no los alcanzaron y, dentro de este último grupo, 14 registraron avances significativos.

Para Colombia, la clasificación de 2026 representa la continuidad de una evaluación favorable que se registra desde al menos 2017, cuando el país ya figuraba entre los gobiernos que cumplían los requisitos mínimos de transparencia fiscal del Departamento de Estado. Colombia también aparece en esa categoría en informes posteriores publicados por la entidad, por lo que el resultado de este año no supone una incorporación nueva al grupo.

La revisión de 2026 tomó como período de análisis el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 y responde a un mandato del Congreso estadounidense para evaluar la transparencia fiscal de los gobiernos contemplados en este proceso. El Departamento de Estado utiliza estas revisiones anuales para examinar la disponibilidad de información sobre el manejo de los recursos públicos y contribuir al seguimiento de la asistencia financiada por los contribuyentes estadounidenses.

Entre los principales criterios de evaluación se encuentran la disponibilidad pública, integridad y confiabilidad de documentos como la propuesta de presupuesto, el presupuesto aprobado y los informes de cierre fiscal. También se revisa la divulgación de las obligaciones de deuda pública, la información correspondiente a empresas estatales y la existencia de entidades superiores de auditoría con independencia y capacidad para examinar las cuentas del Gobierno.

El informe analiza además la transparencia de los procedimientos de contratación pública y, en los países con sectores relevantes de extracción de recursos naturales, los criterios utilizados para conceder contratos y licencias. Para 2026, el Departamento de Estado reforzó sus parámetros al incorporar la exigencia de que los gobiernos que otorguen préstamos soberanos a otros países hagan públicas sus condiciones, incluidas las obligaciones asumidas y los activos utilizados como garantía.

El Departamento de Estado señaló que la transparencia fiscal contribuye a mejorar la gestión de las finanzas públicas, facilitar la rendición de cuentas y generar condiciones más previsibles para las empresas estadounidenses en mercados internacionales. Según la entidad, una mayor divulgación de información presupuestaria, contractual y de deuda también puede contribuir a reducir riesgos relacionados con prácticas desiguales, delitos financieros y préstamos cuyas condiciones no sean transparentes.

La entidad aclaró, sin embargo, que el informe no constituye una evaluación de corrupción. Por esta razón, que un gobierno no cumpla los requisitos mínimos de transparencia fiscal no significa necesariamente que registre altos niveles de corrupción y, de igual manera, cumplirlos tampoco implica una valoración favorable sobre este aspecto; las clasificaciones pueden variar debido a modificaciones en los criterios de Estados Unidos, cambios en la gestión fiscal de cada gobierno o nueva información disponible.

ECONOMÍA

Presidente Trump evalúa vías federales para frenar impuesto a segundas residencias en Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que está evaluando si el Gobierno federal cuenta con facultades legales para impedir la aplicación del nuevo impuesto pied-à-terre impulsado por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, para determinadas segundas residencias de alto valor. El mandatario calificó la medida como un “peligroso experimento” y sostuvo que podría afectar los ingresos fiscales de la ciudad y del estado.

En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que el impuesto estaría provocando la salida de residentes de altos ingresos y cuestionó directamente la gestión de Mamdani. “Estoy evaluando si el Gobierno Federal tiene alguna facultad legal para evitar este desastre antes de que sea demasiado tarde”, escribió el presidente, aunque no precisó qué mecanismo jurídico podría utilizar su administración para intentar invalidar el gravamen.

Las declaraciones de Trump se producen mientras el impuesto enfrenta una disputa judicial en Nueva York. Un juez estatal de Staten Island bloqueó temporalmente su aplicación después de que un grupo de propietarios presentara una demanda en la que sostiene que la administración de Mamdani incluyó por error en el padrón tributario a residentes permanentes que no deberían estar sujetos al cobro.

El impuesto fue presentado en abril por Mamdani y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, con una expectativa de recaudo cercana a US$500 millones anuales. La medida se aplica a propietarios que no utilizan como residencia principal viviendas valoradas en más de US$5 millones o condominios y cooperativas con un valor mínimo de US$1 millón.

La controversia se ha concentrado principalmente en su implementación, después de que la ciudad elaborara un listado de cerca de 960.000 propietarios potencialmente sujetos al impuesto y enviara notificaciones a unas 17.000 direcciones. Los demandantes sostienen que entre los destinatarios fueron incluidos residentes permanentes y cuestionan que la administración haya trasladado a los propietarios la responsabilidad de demostrar que no deben pagar el recargo.

Randy Mastro, abogado que presentó la demanda contra la ciudad, afirmó que la implementación incumplió las disposiciones de la legislación estatal que autorizó el impuesto. Por su parte, Matt Rauschenbach, portavoz adjunto de prensa del alcalde, señaló que la administración discrepa del fallo y mantiene su confianza tanto en la legalidad del gravamen como en su capacidad para aplicarlo adecuadamente.

La ciudad presentó una apelación el mismo lunes en que se conoció la decisión judicial, lo que, de acuerdo con medios locales citados en la información, suspendería temporalmente los efectos de la orden mientras se resuelve el recurso. Mamdani había anticipado que su administración defendería el impuesto ante los tribunales, mientras Hochul ha reconocido las críticas sobre su implementación, aunque mantiene su respaldo al objetivo del gravamen.

El impuesto también ha generado diferencias entre dirigentes políticos y representantes empresariales de Nueva York. Sus críticos sostienen que podría incentivar la salida de propietarios de altos ingresos, mientras sus defensores consideran que permitiría aumentar los recursos fiscales provenientes de quienes poseen segundas viviendas de elevado valor. Los argumentos orales sobre el caso están previstos para el 31 de agosto.

ECONOMÍA

Jamieson Greer visitará Iowa para reunirse con trabajadores y productores locales

El embajador Jamieson Greer viajará esta semana a Iowa para visitar Titan Tires, uno de los mayores fabricantes de neumáticos todoterreno de Norteamérica, y recorrer la Feria Estatal de Iowa. Durante la visita a la planta estará acompañado por la administradora Kelly Loeffler y se reunirá con trabajadores para abordar las políticas de la administración del presidente Donald Trump orientadas a impulsar la producción nacional, la generación de empleo y el retorno de líneas manufactureras a Estados Unidos.

Greer y Loeffler recorrerán las instalaciones de Titan Tires y posteriormente participarán en un encuentro con medios de comunicación el 14 de agosto. La administración estadounidense presentó la visita como una oportunidad para destacar el desempeño de la industria manufacturera y el impacto de sus políticas económicas sobre trabajadores y empresas estadounidenses.

Posteriormente, Greer asistirá a la Feria Estatal de Iowa junto con la gobernadora Kim Reynolds y los representantes Ashley Hinson y Zach Nunn, donde visitará distintos expositores vinculados con la agricultura y la industria del estado. La agenda incluye recorridos por instalaciones ganaderas y encuentros con productores locales para conocer sus actividades y prioridades.

SEGURIDAD

Estados Unidos mantiene despliegue de la Guardia Nacional en Washington hasta 2029

La presencia de la Guardia Nacional en Washington D.C. cumplió un año este 11 de agosto, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara en 2025 una emergencia por criminalidad en la capital y ordenara el despliegue de fuerzas federales. El esquema de seguridad continuará hasta enero de 2029, una extensión que ha profundizado el debate político sobre el alcance y la duración de la intervención federal.

Hasta el 4 de agosto permanecían desplegados más de 4.600 efectivos procedentes de Washington D.C. y de 24 estados y territorios, además de un número no especificado de agentes federales. Aunque parte de los contingentes podría retirarse hacia el final del verano boreal, la extensión aprobada mantiene la presencia militar en la ciudad durante los próximos años.

La Casa Blanca sostiene que el operativo ha contribuido a reducir la violencia y fortalecer la seguridad. De acuerdo con cifras del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, desde el inicio del despliegue se han realizado más de 16.000 arrestos, incluidos 35 sospechosos de homicidio y cerca de 3.200 detenciones relacionadas con narcóticos, además de la incautación de casi 2.000 armas ilegales.

Las estadísticas del Departamento de Policía Metropolitana muestran, por su parte, que el crimen total disminuyó 20% frente al mismo periodo de 2025 y que los homicidios cayeron 32%, al pasar de 97 a 66 casos. Sin embargo, críticos de la intervención han señalado que la criminalidad ya registraba una tendencia descendente antes del despliegue, por lo que cuestionan hasta qué punto la reducción puede atribuirse directamente a la presencia federal.

El costo del operativo también forma parte de la controversia. El Departamento de Defensa estima que mantener el despliegue hasta 2029 representará cerca de US$1.400 millones, mientras que la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que el primer año de la misión tendría un costo aproximado de US$660 millones, tomando como referencia un promedio mensual de 2.900 efectivos.

La intervención ha reabierto además el debate sobre la autonomía política de Washington D.C., cuyo estatus como distrito federal concede al Gobierno nacional mayores facultades de intervención que las existentes en los estados. La concejal Brianne K. Nadeau cuestionó la continuidad de las tropas, mientras Scott Michelman, director legal de la filial local de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (American Civil Liberties Union, ACLU), presentó críticas sobre el alcance de la presencia federal.

La alcaldesa saliente de Washington D.C., Muriel Bowser, calificó el despliegue como una intervención federal sin precedentes y señaló que ha vuelto a poner en discusión la falta de plena autonomía de la capital. El asunto también ha adquirido relevancia electoral, con dirigentes y organizaciones locales que reclaman mayores facultades de autogobierno, mientras la administración Trump mantiene que la operación ha generado resultados favorables en materia de seguridad.

SEGURIDAD

Estados Unidos y Perú conforman equipo conjunto para combatir el crimen transnacional

La Policía Nacional del Perú (PNP), la Embajada de Estados Unidos y la Oficina Federal de Investigación (Federal Bureau of Investigation, FBI) avanzaron en la conformación de un equipo conjunto destinado a fortalecer la lucha contra el crimen organizado transnacional. El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, confirmó la incorporación de nuevos integrantes al grupo junto con el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

El general Jorge Luis Castillo, jefe de la Región Policial Lima Centro, señaló que la cooperación estadounidense podría aportar capacidades en tecnología e inteligencia para apoyar las investigaciones y la captura de integrantes de organizaciones criminales. No obstante, aclaró que la participación del equipo en operaciones específicas dependerá de las decisiones que adopten el Gobierno peruano y el Ministerio del Interior.

Castillo sostuvo que el fortalecimiento de la cooperación resulta relevante ante delitos que trascienden el ámbito local y requieren intercambio de información y mayores capacidades de investigación. El oficial indicó que la inteligencia proporcionada en el marco del trabajo conjunto podría contribuir a identificar y detener a personas vinculadas con estructuras criminales que operan en distintos territorios.

Por su parte, el embajador Navarro señaló que el objetivo del equipo FBI-PNP será continuar desmantelando organizaciones criminales y fortalecer la protección de la población. La iniciativa responde a la preocupación por delitos como la extorsión y otras modalidades de crimen organizado que han afectado, entre otros sectores, a trabajadores y empresas de transporte.

Transportistas consultados por medios locales expresaron expectativas favorables frente a la cooperación, aunque señalaron que esperan resultados concretos frente a la inseguridad y las extorsiones que enfrentan de manera recurrente. Las autoridades no han precisado todavía el alcance operativo del nuevo equipo ni las áreas específicas en las que comenzará a trabajar.

SEGURIDAD

Washington refuerza el bloqueo sobre Irán tras inutilizar un buque mercante

El Comando Central de Estados Unidos (U.S. Central Command, CENTCOM) informó este martes que fuerzas estadounidenses inutilizaron el sistema de dirección del buque mercante Vela Nova, con bandera de Panamá, cuando navegaba por el golfo de Omán rumbo a un puerto iraní. Según CENTCOM, la embarcación intentaba violar el bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos contra Irán.

Durante la operación, un helicóptero MH-60 de la Armada de Estados Unidos disparó dos misiles Hellfire contra la sala de máquinas del carguero después de que su tripulación ignorara varias advertencias. “Un helicóptero MH-60 de la Armada de Estados Unidos disparó dos misiles Hellfire contra la sala de máquinas del Vela Nova después de que la tripulación civil del buque ignorara las repetidas advertencias de las fuerzas estadounidenses”, indicó CENTCOM.

El ataque impidió que la embarcación continuara su trayecto hacia Irán. De acuerdo con The Wall Street Journal, que citó a un funcionario estadounidense con conocimiento del operativo, el incidente se produjo cuando el buque navegaba a unas 71 millas náuticas de la costa de Pakistán. Los 17 integrantes de la tripulación fueron trasladados a otra embarcación civil y no se reportaron heridos.

La firma de seguridad marítima Vanguard señaló que el impacto provocó un incendio a bordo que posteriormente fue extinguido, mientras que la agencia británica United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) también reportó el incidente. CENTCOM aseguró que el Vela Nova es el tercer buque inutilizado por fuerzas estadounidenses desde que Washington reactivó el bloqueo naval en julio.

Según cifras divulgadas por CENTCOM, desde la reanudación de las operaciones Estados Unidos ha redirigido 55 embarcaciones comerciales, inutilizado tres y abordado otras dos. El bloqueo fue establecido inicialmente en abril por el presidente Donald Trump como mecanismo de presión económica contra Teherán, en medio del conflicto entre ambos países, y posteriormente fue reactivado tras el colapso del Memorando de Entendimiento de Islamabad.

La operación contra el Vela Nova ocurre mientras la administración del presidente Donald Trump mantiene el bloqueo marítimo y continúa presionando a Irán para alcanzar un nuevo entendimiento. Aunque la Casa Blanca ha señalado que su prioridad sigue siendo una salida diplomática, el operativo confirma que las fuerzas estadounidenses mantienen la capacidad de intervenir contra embarcaciones que, según Washington, intenten ingresar a puertos iraníes en violación del bloqueo.

POLÍTICA

Rusia libera a exmarine estadounidense tras gestiones de la administración Trump

Rusia liberó este martes a Robert Gilman, ciudadano estadounidense, exmiembro del Cuerpo de Marines y profesor de 32 años, después de más de cuatro años detenido en ese país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que había hablado con el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre el caso y señaló que la liberación se produjo por razones humanitarias, sin intercambio de prisioneros.

Gilman fue detenido en Rusia en 2022 y condenado inicialmente a tres años y medio de prisión por agredir a un policía después de ser retirado de un tren por causar disturbios. Posteriormente recibió nuevas condenas por presuntas agresiones contra funcionarios penitenciarios y otros empleados del sistema judicial ruso, lo que elevó su sentencia hasta diez años; medios rusos informaron que se declaró culpable de algunas de esas acusaciones, mientras su familia las ha cuestionado y el Departamento de Estado determinó que se encontraba detenido injustamente.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, difundió una imagen de Gilman junto a su familia después de su liberación y afirmó que Washington continuará buscando el regreso de otros estadounidenses que considera detenidos injustamente en Rusia. Según la organización Global Reach, que ha trabajado en estos casos, al menos otros cinco ciudadanos estadounidenses permanecen encarcelados en Rusia y presentan problemas médicos.

Trump informó que Gilman llegaría este martes a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, antes de ser trasladado a un hospital militar en Texas. Allí será sometido a evaluaciones y tratamiento médico y psicológico, de acuerdo con Eric Lebson, director de estrategia de Global Reach.

La liberación se produjo después de reportes sobre un deterioro significativo de su estado de salud. Su abogada, Irina Brazhnikova, informó que Gilman permanecía desde principios de julio en una unidad psiquiátrica de un hospital civil, mientras Global Reach sostuvo que había atravesado un estado disociativo prolongado y que informes médicos describían su condición como grave y potencialmente mortal; las autoridades penitenciarias rusas no respondieron de inmediato a esas afirmaciones.

La hermana de Gilman, Lexie Hudson, atribuyó su liberación a las gestiones del presidente Trump y del senador demócrata por Massachusetts Ed Markey, quien había solicitado a ambos gobiernos trabajar para lograr su regreso. Markey afirmó que Gilman sufrió malos tratos durante su detención, mientras funcionarios rusos no habían emitido comentarios inmediatos sobre su liberación ni sobre las denuncias relacionadas con su estado de salud.

SALUD

OMS defiende los esquemas de vacunación infantil tras nueva orden de Trump

La Organización Mundial de la Salud (OMS) defendió este martes el proceso científico utilizado para definir los esquemas de vacunación infantil, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva orientada a reducir a 11 el número de inmunizaciones recomendadas para los niños en el país. Trump sostuvo que la medida busca ofrecer una protección de “estándar de oro” y acercar el esquema estadounidense al de otros países desarrollados.

Expertos en vacunación han advertido, sin embargo, que las comparaciones entre países deben considerar diferencias en los riesgos epidemiológicos y en la estructura de los sistemas de salud. La orden también se alinea con una posición promovida por el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., quien ha cuestionado la seguridad de algunas vacunas y ha respaldado afirmaciones sobre una supuesta relación con el autismo, pese a que estudios científicos y autoridades sanitarias no han encontrado evidencia que sustente ese vínculo.

El portavoz de la OMS, Tarik Jašarević, señaló que las recomendaciones sobre vacunación se sustentan en más de 60 años de investigación desarrollada por la organización, autoridades nacionales y grupos independientes de expertos. Explicó que el momento de aplicación de cada vacuna se determina a partir de revisiones científicas sobre las etapas de mayor vulnerabilidad frente a determinadas enfermedades y sobre el desarrollo del sistema inmunológico.

Jašarević agregó que los países suelen apoyarse en grupos técnicos nacionales de asesoramiento sobre inmunización, integrados por especialistas de distintas disciplinas que formulan recomendaciones independientes y basadas en evidencia. Estas instancias también utilizan como referencia las orientaciones del Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización (SAGE) de la OMS.

La orden de Trump ha recibido críticas de asociaciones médicas, especialistas en salud pública y fabricantes de vacunas, que sostienen que no existe nueva evidencia científica que justifique reducir el actual esquema estadounidense. Médicos consultados han advertido que una disminución en el número de inmunizaciones recomendadas podría aumentar la exposición de los niños a enfermedades prevenibles y generar confusión entre los padres sobre los calendarios de vacunación.

La orden también recomienda separar la vacuna combinada contra sarampión, paperas y rubéola (MMR) en tres inyecciones individuales. El fabricante Merck señaló que no existe evidencia científica publicada que demuestre beneficios derivados de dividir la vacuna y advirtió que exigir aplicaciones separadas podría aumentar el riesgo de retrasos o de que algunas dosis no lleguen a administrarse.