El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció este jueves el despliegue inmediato de equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria de Estados Unidos hacia Venezuela, por instrucción del presidente Donald Trump. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Rubio expresó sus condolencias al pueblo venezolano tras los devastadores terremotos que sacudieron el país y aseguró que Washington movilizará todos los recursos necesarios para apoyar las labores de emergencia.

En su declaración, Rubio afirmó que "Estados Unidos extiende nuestras más profundas condolencias al pueblo de Venezuela" y manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas, los heridos y los equipos de rescate que trabajan en las zonas afectadas. Asimismo, confirmó que el Departamento de Estado ya inició el envío de rescatistas, suministros médicos y ayuda humanitaria, reiterando que "América está con el pueblo venezolano en este momento difícil".

El secretario de Estado también sostuvo una conversación con la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, a quien ofreció la asistencia completa del gobierno estadounidense. Rodríguez confirmó el contacto y agradeció públicamente el respaldo de Washington, mientras funcionarios del Departamento de Estado informaron que ya fue activado un equipo especializado de asistencia en desastres y una fuerza de tarea encargada de coordinar la ayuda con las autoridades venezolanas.

Horas antes, el presidente Donald Trump también se había pronunciado sobre la emergencia a través de Truth Social, donde calificó los dos terremotos como un desastre de gran magnitud y aseguró que Estados Unidos estaba "listo, dispuesto y capaz de ayudar". El mandatario informó que ordenó a todas las agencias federales prepararse para responder con rapidez y describió a los venezolanos como "nuestros nuev        os y grandes amigos", en una nueva muestra del acercamiento entre ambos gobiernos tras el cambio político ocurrido en enero de 2026.

En paralelo, la Embajada de Estados Unidos en Caracas emitió una alerta dirigida a los ciudadanos estadounidenses que permanecen en Venezuela. La representación diplomática recomendó evitar las zonas afectadas y los edificios dañados, mantenerse informados a través de los canales oficiales y actualizar su inscripción en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP), con el fin de facilitar la comunicación en caso de emergencia. El llamado se produjo mientras varias zonas de Caracas registraban interrupciones en los servicios de telefonía y electricidad.

Los terremotos ocurrieron la noche del miércoles con apenas 39 segundos de diferencia. El Servicio Geológico de Estados Unidos (U.S. Geological Survey, USGS) registró magnitudes de 7,2 y 7,5, respectivamente, con epicentro cerca de Montalbán, en la costa norte venezolana, y los calificó entre los sismos más fuertes registrados en el país en más de un siglo. La Guaira fue una de las zonas más afectadas, donde decenas de edificaciones colapsaron y las autoridades declararon el estado como zona de desastre.

De acuerdo con el balance más reciente presentado por la presidenta en funciones, al menos 164 personas murieron y otras 971 resultaron heridas como consecuencia del desastre. Además de las pérdidas humanas, el aeropuerto internacional Simón Bolívar suspendió operaciones, las clases fueron canceladas y múltiples sectores de Caracas quedaron sin suministro eléctrico y sin servicio de telefonía móvil debido a los daños en la infraestructura.

El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó que existe un 41% de probabilidad de que el número de víctimas mortales supere las 10.000 personas y advirtió que el impacto económico podría reducir el PIB de Venezuela hasta en un 7%. La magnitud de la emergencia también ha afectado a millones de venezolanos residentes en el exterior, quienes durante las primeras horas posteriores a los sismos enfrentaron dificultades para comunicarse con sus familiares debido a las fallas en las redes de telecomunicaciones.

La Unión Europea dio este jueves el visto bueno definitivo al acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos, un año después de que fuera negociado entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente Donald Trump. Con la decisión adoptada por el Consejo de la UE, el bloque comunitario formaliza un esquema mediante el cual los bienes industriales estadounidenses ingresarán al mercado único libres de aranceles, mientras que las exportaciones europeas estarán sujetas a un gravamen del 15%.

La entrada en vigor del pacto se producirá una vez sea publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, un trámite previsto para los próximos días y antes del 4 de julio, fecha límite fijada por Trump bajo la amenaza de imponer nuevos aranceles si no se completaba el proceso. Desde Bruselas evitaron pronunciarse sobre las recientes advertencias del mandatario estadounidense respecto a posibles sanciones comerciales contra países que importen productos provenientes de regiones donde no se respeten los derechos humanos, argumentando que el proceso de implementación aún no ha concluido.

No obstante, la Comisión Europea expresó su confianza en que Washington respetará los términos pactados. El portavoz de Comercio de la institución, Olof Gill, afirmó que "un pacto es un pacto" y señaló que ambas partes seguirán trabajando para reducir aranceles en otros sectores. En la misma línea, el ministro chipriota de Energía, Comercio e Industria, Michael Damianos, destacó que la Unión Europea mantiene su compromiso con una relación transatlántica sólida, aunque insistió en que la apertura comercial debe ir acompañada de mecanismos para proteger los intereses del bloque.

Como parte del acuerdo, la Unión Europea también amplía las preferencias comerciales para Estados Unidos mediante la eliminación de aranceles al bogavante y un acceso preferencial para otros productos pesqueros y agrícolas considerados no sensibles. A cambio, la administración Trump aceptó reducir al 15% el arancel aplicable a los productos europeos, en lugar del 25% que había planteado inicialmente durante el inicio de su política de incremento de aranceles a múltiples socios comerciales.

El acuerdo incorpora, además, varias cláusulas de protección para la Unión Europea. La Comisión podrá suspender total o parcialmente su aplicación si Estados Unidos incumple los compromisos adquiridos o si las preferencias arancelarias generan un incremento de las importaciones que amenace con causar graves daños a la industria europea. Para ello podrá abrir investigaciones por iniciativa propia o a solicitud de al menos tres Estados miembros, la industria o los sindicatos europeos.

Asimismo, el pacto establece que también podrá suspenderse si antes del 31 de diciembre de 2026 Estados Unidos impone aranceles superiores al 15% sobre productos derivados del acero y el aluminio. En cualquier caso, el acuerdo tiene una vigencia prevista hasta el 31 de diciembre de 2029, aunque la Comisión Europea podrá proponer una prórroga si ambas partes consideran conveniente mantener el esquema comercial.

La economía de Estados Unidos registró un crecimiento anualizado de 2,1% durante el primer trimestre de 2026, según la estimación final publicada este jueves por el Departamento de Comercio (Department of Commerce). La cifra superó la proyección anterior de 1,6% y representó una recuperación frente al crecimiento de apenas 0,5% observado en el último trimestre de 2025, periodo afectado por el cierre parcial del gobierno federal durante 43 días.

La revisión al alza estuvo impulsada principalmente por un sólido desempeño de la inversión empresarial, particularmente en sectores relacionados con la inteligencia artificial. La inversión privada, excluyendo vivienda, aumentó 10,6%, frente al 2,4% registrado en el trimestre anterior, mientras que la inversión en equipos de procesamiento de información se disparó 39,9%, reflejando la expansión de centros de datos y el crecimiento de proyectos asociados a esta tecnología.

En contraste, el consumo de los hogares mostró señales de debilitamiento. El gasto de los consumidores, que representa cerca del 70% de la actividad económica estadounidense, fue revisado a la baja respecto a la estimación anterior y también se desaceleró frente al cierre de 2025, en un contexto de mayores precios de la gasolina derivados del conflicto con Irán. Analistas advirtieron que, aunque el consumo podría recuperarse durante el segundo trimestre, continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para la economía.

El sector residencial también mantuvo un comportamiento débil debido al entorno de tasas de interés elevadas. La inversión en vivienda cayó 7,8% entre enero y marzo, la mayor disminución desde finales de 2022 y el quinto trimestre consecutivo de retroceso. En contraste, el gasto y la inversión del gobierno federal aumentaron 9,4%, recuperándose de la fuerte contracción registrada en el trimestre previo como consecuencia del cierre administrativo.

Otro de los factores que contribuyó a la revisión del PIB fue el menor impacto negativo de las importaciones. Aunque estas continuaron restando al crecimiento económico, su contribución negativa fue revisada desde 2,59 puntos porcentuales hasta 1,49 puntos porcentuales, lo que permitió mejorar la estimación final del desempeño económico durante el primer trimestre.

A pesar del impacto del choque energético derivado del conflicto con Irán, la economía estadounidense continúa mostrando resiliencia, especialmente en el mercado laboral. Entre marzo y mayo se crearon en promedio 188.000 empleos mensuales, muy por encima del ritmo observado durante gran parte de 2025. El Departamento de Comercio publicará la primera estimación del crecimiento correspondiente al segundo trimestre el próximo 30 de julio.

La inflación medida por el índice de gastos de consumo personal (PCE), el indicador preferido por la Reserva Federal para evaluar la evolución de los precios aumentó a 4,1% anual en mayo, según informó este jueves la Oficina de Análisis Económico (Bureau of Economic Analysis, BEA) del Departamento de Comercio (Department of Commerce). Se trata del primer registro por encima del 4,0% desde abril de 2023 y de una aceleración frente al 3,8% observado en abril, impulsada principalmente por el incremento de los precios de la energía durante el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Aunque el repunte de la inflación estuvo asociado al aumento temporal de los precios del petróleo y la gasolina, los analistas consideran que el dato podría representar el punto máximo del ciclo inflacionario o estar muy cerca de alcanzarlo. La reciente caída de las cotizaciones del crudo, tras la firma del acuerdo preliminar de paz entre Washington y Teherán y la normalización gradual del tránsito por el estrecho de Ormuz, podría aliviar las presiones sobre los bienes, aunque la inflación de los servicios continúa mostrando una elevada persistencia.

En términos mensuales, el índice PCE avanzó 0,4% en mayo, igual que en abril y en línea con las expectativas del mercado. Excluyendo los componentes más volátiles de alimentos y energía, la inflación subyacente se ubicó en 3,4% anual, frente al 3,3% del mes anterior, mientras que la variación mensual del indicador subyacente permaneció en 0,3%.

El comportamiento de la inflación mantiene abierta la posibilidad de que la Reserva Federal vuelva a elevar las tasas de interés este año. La entidad mantuvo la semana pasada su tasa de referencia en el rango de 3,50%-3,75%, pero actualizó sus proyecciones para reflejar una mayor preocupación por las presiones inflacionarias. Los mercados financieros asignan actualmente cerca de un 80% de probabilidad a un incremento de tasas en la reunión prevista para septiembre.

Pese al incremento del costo de vida, el consumo de los hogares continuó mostrando fortaleza durante mayo. El gasto de los consumidores aumentó 0,7% en el mes, por encima del 0,4% registrado en abril, apoyado por mayores devoluciones de impuestos, el buen desempeño del mercado bursátil y una menor tasa de ahorro. Sin embargo, los economistas advierten que el agotamiento de esos factores podría traducirse en una moderación del consumo durante el tercer trimestre.

La inversión empresarial también mantuvo un comportamiento favorable. Los pedidos de bienes de capital no destinados a defensa, excluyendo aeronaves, aumentaron 1,6% en mayo, impulsados en parte por la expansión de las inversiones relacionadas con inteligencia artificial. La demanda de equipos para procesamiento de información, productos electrónicos y maquinaria continúa compensando parte del impacto negativo que el conflicto en Oriente Medio ha generado sobre el sector manufacturero.

En contraste, los pedidos totales de bienes duraderos disminuyeron 4,5% durante mayo, tras haber aumentado 8,5% en abril. La caída estuvo explicada principalmente por una reducción de 51,8% en los pedidos de aeronaves y partes para uso civil, una categoría tradicionalmente volátil. Boeing informó haber recibido 27 pedidos de aviones en mayo, frente a los 136 registrados el mes anterior.

A pesar de estos contrastes, las perspectivas para la actividad económica continúan siendo favorables. Las estimaciones actuales apuntan a que el PIB de Estados Unidos podría crecer hasta 3,0% anualizado durante el segundo trimestre, luego de que la economía registrara una expansión de 2,1% en los primeros tres meses del año, reflejando la resiliencia del consumo y de la inversión privada pese al entorno de inflación elevada.

Estados Unidos y Uzbekistán anunciaron un paquete inicial de compromisos comerciales destinado a fortalecer la relación económica bilateral y acelerar las negociaciones de un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos. El anuncio fue realizado durante la visita del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, a Uzbekistán y da continuidad a los compromisos alcanzados entre el presidente Donald Trump y el presidente Shavkat Mirziyoyev durante sus reuniones de 2025.

Como parte de este acuerdo preliminar, Uzbekistán se comprometió a eliminar o reducir los aranceles aplicados a una amplia gama de productos industriales y agrícolas provenientes de Estados Unidos. Por su parte, Washington señaló que otorgará una consideración favorable a los productos industriales y agrícolas uzbekos en futuras decisiones arancelarias.

Ambos gobiernos también acordaron fortalecer la cooperación en materia de inversión y explorar mecanismos para facilitar el flujo de capitales entre los dos países. Asimismo, anunciaron que acelerarán las negociaciones para concluir en el corto plazo un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos que proporcione un marco más amplio para las relaciones económicas bilaterales.

Las nuevas medidas se suman a los avances registrados desde el año pasado, cuando los presidentes Trump y Mirziyoyev anunciaron acuerdos comerciales por un valor de US$32 mil millones. Entre ellos se destacó un contrato de US$8,5 mil millones con Boeing, además de inversiones y compras en sectores estratégicos como minerales críticos, minería, energía, servicios financieros y tecnologías de la información.

Estados Unidos reiteró además su respaldo al proceso de adhesión de Uzbekistán a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y reconoció los avances alcanzados por el país en ese proceso. Ambas partes informaron que los compromisos anunciados serán formalizados en las próximas semanas como parte de la profundización de su asociación estratégica y económica.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó este jueves como "inaceptable" la intención de Irán de cobrar tarifas por el tránsito de buques a través del estrecho de Ormuz y reiteró que Washington busca alcanzar un acuerdo con Teherán, aunque dejó claro que este no se firmará "a cualquier precio". Las declaraciones fueron realizadas durante la apertura de una reunión con los ministros de Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) en Manama, Baréin.

Rubio afirmó que el estrecho de Ormuz constituye un paso marítimo internacional y sostuvo que permitir que Irán imponga pagos por su utilización generaría un precedente que provocaría "caos" en el comercio mundial. Agregó que, independientemente de si Teherán denomina esos cobros como tarifas, peajes u otro concepto, se trata únicamente de un "juego de palabras", al insistir en que ningún país puede gravar el tránsito por rutas marítimas internacionales.

Durante su intervención, el secretario de Estado también reiteró que Estados Unidos no aceptará que Irán desarrolle armas nucleares y recordó que ese sigue siendo el principal objetivo de las negociaciones bilaterales que avanzan tras la firma, la semana pasada, del memorando de entendimiento destinado a poner fin a la guerra en el golfo Pérsico. Asimismo, aseguró que cualquier acuerdo tendrá en cuenta la seguridad y los intereses de los aliados árabes de Washington en la región.

La reunión en Manama congregó a los ministros de Exteriores y representantes de Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y Omán, quienes presentarán sus posiciones sobre la seguridad regional de cara al proceso de negociación entre Washington y Teherán. Rubio concluye con este encuentro la gira que inició el martes por los países del Golfo y que también incluyó visitas a Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

Los ministros del Consejo de Cooperación del Golfo aprovecharon el encuentro para reclamar que cualquier acuerdo definitivo con Irán no se limite al ámbito nuclear, sino que también aborde otras amenazas regionales, como el desarrollo de misiles balísticos, drones y el apoyo de Teherán a grupos armados aliados. Irán, por su parte, reiteró que no negociará bajo ninguna circunstancia sus capacidades militares, mientras el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) prepara nuevas inspecciones en territorio iraní y ambas delegaciones tienen previsto retomar las conversaciones técnicas en Suiza a finales de junio.

En paralelo, la recuperación del tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz continúa avanzando de forma gradual. Tras el acuerdo preliminar entre Washington y Teherán, al menos 20 petroleros que permanecían retenidos en el golfo Pérsico lograron reanudar sus rutas, transportando cerca de 35 millones de barriles de crudo. No obstante, el volumen de exportaciones todavía se mantiene muy por debajo de los niveles previos al conflicto, reflejando que la normalización del comercio energético dependerá del avance de las negociaciones y de la estabilidad en la región.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Baréin, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, subrayó durante la sesión inaugural la importancia de preservar la libre navegación en el estrecho de Ormuz, una vía por la que antes del conflicto transitaba cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas. El funcionario destacó que mantener abierto este corredor es fundamental para la estabilidad energética y comercial internacional.

Las declaraciones de Rubio se producen mientras Irán mantiene su intención de asumir la gestión del estrecho y cobrar tarifas a los buques que lo atraviesen, una propuesta que ha generado preocupación entre la comunidad internacional y los países árabes del Golfo, al considerar que Ormuz es un paso marítimo internacional cuya libre navegación debe mantenerse al margen de disputas políticas o militares.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó este jueves a la administración del presidente Donald Trump a reactivar una política que permite rechazar solicitudes de asilo presentadas en la frontera con México. La decisión, adoptada por seis votos contra tres, representa una nueva victoria para la estrategia migratoria de la Casa Blanca y facilita la implementación de medidas destinadas a reducir el número de migrantes que ingresan al sistema de asilo estadounidense.

El caso se centró en determinar cuándo una persona puede considerarse legalmente "llegada" a Estados Unidos para ejercer el derecho a solicitar asilo. Durante décadas, el gobierno estadounidense interpretó que quienes se presentaban en un puerto de entrada y manifestaban temor de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad o ideas políticas podían iniciar ese proceso de protección.

Sin embargo, la mayoría conservadora del Tribunal concluyó que los migrantes que permanecen en territorio mexicano no "llegan" a Estados Unidos por el simple hecho de intentar ingresar sin éxito al país. Con esa interpretación, el fallo permite que las autoridades impidan que los solicitantes de asilo crucen la frontera y accedan al procedimiento previsto en la legislación federal.

La política, utilizada inicialmente en 2016 y retomada por la administración Trump como parte de su agenda de endurecimiento migratorio, busca impedir que los solicitantes de asilo ingresen a territorio estadounidense mientras sus casos son evaluados. La Casa Blanca sostiene que esta medida contribuye a reducir la presión sobre las autoridades migratorias y a fortalecer el control de la frontera sur.

La decisión se suma a otro fallo emitido el mismo día por el Tribunal Supremo, que avaló la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes haitianos y sirios, una medida que podría dejar sin protección migratoria a cerca de 360.000 personas. En conjunto, ambas sentencias consolidan el respaldo de la máxima corte a varias de las principales políticas migratorias impulsadas por la administración Trump.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este jueves el cierre del centro de detención para inmigrantes conocido como "Alligator Alcatraz", ubicado en los Everglades, al asegurar que la instalación ya cumplió el objetivo para el que fue creada. El centro, inaugurado en julio de 2025 como una solución temporal para apoyar la política migratoria de la administración Trump, dejará de operar luego de que las autoridades federales ampliaran su capacidad permanente de detención.

DeSantis explicó que el estado intervino para cubrir una necesidad temporal mientras el gobierno federal fortalecía su infraestructura migratoria y afirmó que esa capacidad ya existe. A comienzos de junio las autoridades habían iniciado el traslado de todos los detenidos hacia otros centros, argumentando que la temporada de huracanes hacía inseguro mantener la operación en los Everglades. Durante su funcionamiento, el centro procesó la deportación de aproximadamente 21.000 personas, según el gobernador.

Diversas organizaciones defensoras de los inmigrantes criticaron el cierre al considerar que no resuelve las condiciones en las que permanecen miles de personas bajo custodia migratoria. Exdetenidos denunciaron dificultades para acceder a abogados, problemas de higiene, alimentos en mal estado, fallas en los servicios sanitarios, interrupciones del aire acondicionado, presencia constante de insectos y retrasos en la entrega de medicamentos, mientras que abogados afirmaron que varios inmigrantes fueron trasladados a centros en otros estados sin que sus familias o representantes legales conocieran inicialmente su paradero.

Durante el anuncio, el zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, afirmó que Florida continuará desempeñando un papel importante en la aplicación de la política migratoria federal y elogió la cooperación del estado con el gobierno de Donald Trump. DeSantis indicó además que la pista aérea construida junto al centro de detención seguirá siendo utilizada para otras operaciones estatales.

El cierre no pone fin a las controversias legales alrededor del proyecto. Organizaciones ambientalistas mantienen demandas contra el estado de Florida al sostener que el centro fue construido sin los permisos ni las evaluaciones ambientales requeridas. Los demandantes aseguran que las autoridades deberán responder por los posibles daños ocasionados al ecosistema de los Everglades, aun cuando las instalaciones hayan dejado de funcionar.

Una jueza federal en Boston suspendió este jueves la implementación de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba endurecer las reglas para el voto por correo en Estados Unidos, impidiendo que entre en vigor antes de las elecciones de noviembre, en las que estará en juego el control del Congreso. La decisión representa un revés para uno de los principales cambios impulsados por la administración en materia electoral.

La jueza federal Indira Talwani dio la razón a un grupo de estados gobernados por el Partido Demócrata, que argumentaron que la orden ejecutiva constituye una intervención ilegal del gobierno federal en la administración de las elecciones, una competencia que la Constitución estadounidense asigna a los estados. Los demandantes sostuvieron que el presidente carece de autoridad legal para imponer este tipo de modificaciones mediante una orden ejecutiva.

Firmada el 31 de marzo, la orden de Trump instruía al Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) a elaborar y entregar a los estados un registro de ciudadanos estadounidenses con derecho a votar, utilizando bases de datos federales de ciudadanía y naturalización. Además, ordenaba al Servicio Postal de Estados Unidos (United States Postal Service, USPS) entregar únicamente las papeletas enviadas a los votantes incluidos en las listas oficiales de voto por correo de cada estado, para lo cual ya se habían propuesto nuevas reglas operativas.

La medida también instruía al Departamento de Justicia (Department of Justice, DOJ) a priorizar las investigaciones y procesos judiciales contra funcionarios electorales estatales y locales que emitieran papeletas federales a personas consideradas no elegibles para votar. Organizaciones defensoras del derecho al voto y 23 estados, junto con el Distrito de Columbia, demandaron a la administración al considerar que estas disposiciones eran inconstitucionales y excedían las facultades presidenciales.

Los estados demandantes argumentaron que permitir la entrada en vigor de la orden los obligaría a modificar de manera acelerada sus sistemas electorales antes de los comicios de noviembre, lo que podría generar desorganización administrativa y privar del derecho al voto a ciudadanos elegibles. La decisión de Talwani evita, por ahora, que esos cambios deban implementarse mientras avanza el proceso judicial.

El fallo contrasta con una decisión previa adoptada por el juez federal Carl Nichols, designado por Trump, quien rechazó conceder una medida cautelar en una demanda similar presentada por dirigentes demócratas al considerar que la orden aún no había comenzado a aplicarse. Ese proceso continúa en apelación, mientras la suspensión ordenada por el tribunal de Boston mantiene paralizada la implementación de la iniciativa presidencial.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos (Department of Defense, DOD) restableció la vacunación obligatoria contra la gripe para todos los nuevos reclutas de las Fuerzas Armadas, semanas después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, eliminara ese requisito y dejara la decisión a criterio de cada militar. La medida fue adoptada tras un brote registrado en la base aérea de Lackland, en Texas, donde ya se han confirmado 275 casos de influenza.

Un funcionario del Pentágono confirmó que todas las ramas militares recibieron autorización para mantener nuevamente la vacuna como requisito para los reclutas. La decisión fue aprobada a comienzos de junio luego de una solicitud presentada por los distintos departamentos militares, aunque las autoridades sostienen que el proceso ya estaba en marcha antes de que se conociera públicamente el brote registrado en Lackland.

La base aérea de Lackland alberga el entrenamiento básico de la Fuerza Aérea y recibe cerca de 700 nuevos reclutas cada semana. Las condiciones propias del entrenamiento, con dormitorios colectivos, duchas compartidas y actividades permanentes en espacios cerrados, facilitaron la propagación del virus. Tras la decisión de Hegseth de hacer voluntaria la vacuna a finales de abril, únicamente el 40% de los nuevos reclutas optó por inmunizarse.

El representante demócrata Joaquín Castro informó que el brote dejó al menos 275 casos confirmados de gripe. De acuerdo con la Fuerza Aérea, el personal médico mantiene el monitoreo de las personas expuestas y suministra tratamientos antivirales, como Tamiflu, mientras continúa aplicando medidas para contener la propagación del virus dentro de la instalación militar.

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, señaló que las excepciones fueron concedidas al Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, la Agencia de Seguridad Nacional (National Security Agency, NSA) y la Agencia de Salud de la Defensa. Según explicó, las decisiones obedecen a evaluaciones de riesgo destinadas a preservar la preparación operacional de las fuerzas armadas y proteger a las poblaciones con mayor vulnerabilidad frente a enfermedades infecciosas.

Especialistas en salud pública respaldaron la decisión. Arnold Monto, profesor emérito de la Universidad de Michigan y experto en influenza, explicó que este tipo de instalaciones favorecen los contagios debido a la convivencia permanente, el estrés físico y la privación de sueño que enfrentan los reclutas. Aunque señaló que el brote no resulta inusual desde el punto de vista epidemiológico, insistió en que la vacunación es especialmente importante en ambientes de alta concentración de personas.

La vacuna contra la gripe fue obligatoria para las tropas estadounidenses desde 1945, con algunas interrupciones, hasta que Hegseth eliminó el mandato en abril de 2026 al considerar que restringía la autonomía médica y la libertad religiosa. Tras el brote en Texas, organizaciones como Families Fighting Flu celebraron el restablecimiento del requisito y tanto el Ejército como la Marina solicitaron extender la obligatoriedad también al personal desplegado en el exterior, trabajadores de salud y empleados de guarderías militares.