El Comando Central de EE.UU. anunció el domingo ataques contra aproximadamente 140 objetivos en Irán, incluyendo plataformas de lanzamiento de misiles y drones, depósitos de municiones y equipos de comunicación. La operación, descrita por el presidente Trump como la más intensa hasta ahora —"Los bombardeamos sin piedad anoche", dijo en el programa Meet the Press de NBC—, fue desencadenada por un nuevo ataque iraní contra un buque portacontenedores con bandera chipriota que transitaba frente a las costas de Omán. El barco sufrió daños importantes en su sala de máquinas, 23 tripulantes fueron rescatados y un marinero de nacionalidad india permanece desaparecido.

Irán respondió con ataques de misiles y drones contra países de la región que albergan instalaciones militares estadounidenses: Baréin, Kuwait, Catar, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Omán. El ejército de Qatar informó haber interceptado el fuego iraní, aunque tres personas —incluyendo un niño— resultaron heridas por metralla. Kuwait reportó daños en tres puestos fronterizos y en una plataforma petrolífera offshore, con un trabajador herido. Tres misiles iraníes impactaron en Jordania causando daños menores. Omán, que días antes había acordado con Irán continuar el diálogo sobre el estrecho, convocó al embajador iraní para protestar por los ataques, en la primera medida de ese tipo desde el inicio del conflicto, calificando los actos de Teherán de "irresponsables".

El estrecho de Ormuz permanece en el centro de la disputa. Irán declaró que estaba cerrado hasta que se restableciera la calma, mientras EE.UU. insistió en que permanecía abierto. Un organismo multinacional supervisado por la Armada estadounidense reportó que el tráfico marítimo continuó "a niveles reducidos" frente a las costas de Omán, muy por debajo de las casi 140 embarcaciones que transitaban diariamente antes de la guerra. Mediadores de Pakistán, Qatar y Egipto continuaron sus esfuerzos de desescalada durante el domingo, aunque Irán desmintió reportes sobre una posible nueva ronda de conversaciones la próxima semana. El Secretario General de la ONU, António Guterres, expresó su "profunda preocupación" por la grave escalada.

La intensificación del conflicto en torno al estrecho de Ormuz tiene consecuencias directas en los mercados energéticos, las cadenas logísticas y los costos de transporte marítimo global. La incertidumbre sobre la viabilidad del acuerdo provisional entre EE.UU. e Irán introduce una variable de riesgo geopolítico de primer orden para cualquier empresa con exposición a mercados que dependen del suministro energético de Oriente Medio o del tránsito marítimo por esa ruta estratégica.

Graham, quien sirvió en el Congreso durante tres décadas —primero en la Cámara de Representantes y luego en el Senado desde 2002—, murió horas después de regresar de un viaje a Ucrania donde se reunió con el presidente Volodymyr Zelenskyy, quien señaló que el senador había visitado su país diez veces desde la invasión rusa de 2022. Trump ordenó que las banderas ondearan a media asta y describió a Graham como "un miembro de la familia". El presidente agregó que Graham lo había llamado el sábado por la noche al regresar de Ucrania y que "sonaba un poco cansado, pero perfecto". Su oficina no proporcionó detalles sobre las circunstancias de la muerte.

Graham era una figura singular en el Senado por su capacidad de influir tanto en Trump como en sus colegas republicanos, y por su disposición a colaborar con el partido contrario en temas específicos. Apenas el viernes anterior a su muerte, había anunciado un acuerdo bipartidista con la administración Trump para avanzar en un paquete de sanciones contra Rusia. Como presidente del Comité de Presupuesto del Senado, fue clave para que los republicanos pudieran aprobar legislación importante mediante votaciones partidistas a pesar de su estrecha mayoría de 53 a 47. Fue también uno de los principales defensores de la guerra de EE.UU. contra Irán y abogó durante años por una confrontación directa con Teherán.

La muerte de Graham abre una vacante en el Senado con implicaciones inmediatas para el equilibrio de poder en la cámara. Según la ley de Carolina del Sur, el gobernador republicano Henry McMaster nombrará un sustituto temporal, mientras se celebran primarias especiales pocas semanas después. Entre los nombres que circulan como posibles candidatos figuran las representantes Nancy Mace y Russell Fry. La vacante llega en un momento delicado: el Senado tiene una mayoría republicana ajustada y varios frentes legislativos abiertos, incluyendo el presupuesto federal y la ratificación de acuerdos internacionales.

La pérdida de Graham representa la desaparición de un interlocutor frecuente en negociaciones bipartidistas sobre temas de alto impacto económico, desde reforma migratoria hasta política fiscal. Su sucesor definirá no solo el equilibrio de votos en el Senado sino también el perfil de liderazgo que Carolina del Sur proyecta en Washington en un momento de intensa actividad legislativa.

Un grupo de jueces federales y estatales retirados concluyó esta semana la gira "Justice in Motion", un recorrido en autobús por Pensilvania, Ohio y Michigan que, en el marco del 250 aniversario del país, buscó promover la confianza pública en el sistema judicial y advertir sobre los riesgos que enfrenta el Estado de derecho en Estados Unidos. La gira fue organizada por dos agrupaciones cívicas no partidistas y se inspiró en una campaña realizada por jueces polacos en 2021, luego de que el partido gobernante de ese país tomara control de instituciones judiciales clave.

En Columbus, capital de Ohio, los exmagistrados vistieron sus togas negras y marcharon hacia la Corte Suprema estatal portando rosas moradas, símbolo de la independencia judicial. Entre los participantes estuvieron la exjueza presidenta de la Corte Suprema de Ohio, Maureen O’Connor, y exjueces federales como Timothy Lewis. La gira se produce en un contexto de creciente tensión institucional: el Servicio de Alguaciles de EE.UU. reportó 564 amenazas contra jueces federales en el último año fiscal, frente a 509 el año anterior.

El recorrido concluyó en Grosse Pointe, Michigan, con un mensaje centrado en la confianza ciudadana como fundamento del sistema judicial. "La sangre vital del poder judicial es la confianza pública", señaló el exmagistrado Michael Donnelly, quien advirtió que, una vez perdida, resulta muy difícil recuperarla. En marzo, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, advirtió públicamente que las críticas personales contra jueces federales eran peligrosas y debían cesar. La independencia judicial es una condición esencial para la previsibilidad del entorno regulatorio y contractual en el que operan las empresas con presencia en EE.UU.

En una entrevista concedida desde la prisión federal de Lompoc, California, Francis habló con The Washington Post sobre su fuga de Estados Unidos en 2022 y su solicitud de indulto presidencial. Francis, ciudadano malayo de 61 años, fue presidente y director ejecutivo de Glenn Defense Marine Asia (GDMA), una empresa contratista de servicios navales con sede en Singapur que operaba en puertos a lo largo del Pacífico. Fue condenado por defraudar a la Marina estadounidense en al menos 35 millones de dólares mediante sobornos a oficiales navales a cambio de contratos, información clasificada sobre rutas de buques y protección frente a competidores.

El escándalo involucró a más de 440 personas bajo investigación, incluyendo 60 almirantes, y resultó en cargos criminales contra 33 individuos. Francis agasajó a oficiales navales con regalos, comidas de lujo, viajes, efectivo y servicios de trabajadoras sexuales durante más de una década. A cambio, funcionarios navales le asignaban contratos y le proporcionaban información clasificada. The Washington Post calificó el caso como posiblemente "la peor brecha de seguridad nacional de este tipo que ha sufrido la Marina desde el fin de la Guerra Fría".

Antes de ser sentenciado, Francis vivió casi cinco años en detención domiciliaria en una lujosa residencia costera de San Diego, cuando cortó su monitor GPS en septiembre de 2022 y huyó a Venezuela, donde fue arrestado por Interpol. Extraditado a EE.UU., un tribunal federal le impuso en 2024 una condena de 15 años, 20 millones de dólares en restitución y una multa de 150.000 dólares. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó en diciembre de 2025 su solicitud de reducción de sentencia.

El caso ilustra los riesgos de corrupción en la contratación pública con el sector defensa de EE.UU. y la importancia de los marcos de cumplimiento normativo en operaciones que involucran contratos gubernamentales, especialmente en sectores de logística, servicios portuarios e infraestructura con exposición a clientes del gobierno federal estadounidense.

Al Zaidi encabezará una delegación que sostendrá reuniones con el presidente Trump y con funcionarios de instituciones económicas y financieras estadounidenses. Según el portavoz del gobierno iraquí, la visita busca "dinamizar el diálogo" y traducirlo en "un mayor nivel de cooperación sobre el terreno".

Durante el encuentro se firmarán memorandos de entendimiento relacionados con los sectores de petróleo y gas, y se discutirá la entrada de empresas estadounidenses especializadas que contribuyan a aumentar la capacidad de producción energética de Irak y a encontrar soluciones para mitigar el impacto del cierre parcial del estrecho de Ormuz sobre la economía iraquí.

La visita llega en un momento de particular complejidad geopolítica. Irak comparte frontera con Irán, alberga instalaciones militares estadounidenses y ha sido señalado en repetidas ocasiones por Washington por sus vínculos con Teherán. Al Zaidi, quien asumió el cargo el 16 de mayo pasado, busca posicionar a su país como un actor de "relaciones exteriores equilibradas" capaz de tender puentes entre EE.UU. e Irán en un momento de escalada. El portavoz iraquí destacó que el gobierno trabaja para fortalecer su presencia regional y "desempeña un papel fundamental en el fomento del acercamiento", en referencia a los esfuerzos de mediación que Bagdad ha impulsado discretamente desde el inicio del conflicto.

El componente energético de la visita tiene implicaciones directas para los mercados globales. Irak es el segundo mayor productor de la OPEP y su infraestructura de exportación ha sido afectada de forma indirecta por las tensiones en torno al estrecho de Ormuz. La firma de acuerdos con empresas estadounidenses del sector energético podría ampliar las capacidades de exportación iraquíes por rutas alternativas, reduciendo la dependencia del estrecho. Para el sector empresarial con interés en los mercados de energía, infraestructura y servicios técnicos en Oriente Medio, la visita de Al Zaidi a Washington es una señal relevante sobre la apertura de Irak a la inversión estadounidense en un contexto de reconfiguración geopolítica regional.

El dato contrasta de forma marcada con el punto de partida del mandato: en las elecciones de 2024, cerca del 40% de los votantes señaló la economía como su principal preocupación, y ese segmento favoreció a Trump por 60% frente a 38%, atraído por sus promesas de controlar la inflación, reducir la regulación y recortar el gasto. Un año y medio después, el malestar se concentra en el costo de vida y en la percepción de que la administración ha priorizado la agenda exterior sobre la asequibilidad interna. El alza de los precios de la gasolina asociada al conflicto con Irán aparece como el factor más citado, con votantes que cuestionan el gasto destinado a la guerra argumentando que el presidente había prometido concentrar los recursos en el frente interno.

Los testimonios recogidos por The Wall Street Journal entre votantes de Trump en distintas regiones del país revelan una fractura entre quienes mantienen una evaluación positiva y quienes expresan decepción. Entre los primeros, se destacan el auge del mercado bursátil y una tasa de desempleo todavía relativamente baja. Entre los segundos, preocupa el impacto de los aranceles sobre los precios al consumidor y sobre las relaciones comerciales con países aliados. Un consultor de Boston que votó por Trump advirtió que la ofensiva arancelaria deteriora los vínculos con socios que EE.UU. necesita para hacer frente a China, a la que considera la mayor amenaza económica para el país.

La erosión del respaldo económico de Trump tiene implicaciones políticas de mediano plazo que el sector empresarial debe monitorear. Un presidente con baja aprobación en economía enfrenta mayor presión para ajustar su política antes de las elecciones de medio término de noviembre, lo que podría traducirse en cambios de postura en frentes como los aranceles, el gasto federal o la política energética. Para las empresas con operaciones o intereses comerciales en EE.UU., la evolución de la percepción económica del electorado es un indicador relevante sobre la dirección que podría tomar la política comercial y fiscal estadounidense en los próximos meses.

El acuerdo, cerrado tras semanas de negociaciones entre el secretario de Comercio Howard Lutnick y el ministro canadiense Dominic LeBlanc, establece que Estados Unidos recibirá el 50% de los ingresos por peajes del nuevo puente y tendrá poder de veto sobre cualquier aumento de tarifas que supere en 10% los niveles actuales. Canadá informó además que el pacto incluye medidas de cooperación en gobernanza y transparencia de peajes, así como la creación de un fondo de desarrollo económico regional a 15 años vinculado a una parte de los beneficios de la operación. Trump celebró el resultado en Truth Social afirmando que el acuerdo original "resultaba inaceptable" y que el nuevo es "excelente y justo".

La inauguración del puente, cuyo nombre honra al legendario jugador de hockey de los Detroit Red Wings, estaba prevista originalmente para junio, pero fue aplazada a petición del gobierno estadounidense. En febrero, Trump había amenazado con bloquear la apertura citando la negativa de Canadá a vender ciertas bebidas alcohólicas estadounidenses, los aranceles canadienses a los productos lácteos y las negociaciones comerciales de Ottawa con China. La construcción, iniciada en 2018, fue financiada íntegramente por Canadá ante la negativa de EE.UU. a participar, con un esquema de recuperación de costos vía peajes a 30 años cuyo calendario de pagos podría verse afectado por el nuevo reparto de ingresos.

El puente tiene una relevancia comercial significativa para el corredor fronterizo más importante entre ambos países. La nueva infraestructura aliviará el tráfico de camiones del puente Ambassador — el puerto de carga más grande de la frontera EE.UU.-Canadá, que gestionó comercio por 126.000 millones de dólares transportado en camiones comerciales en 2023. Según un estudio de la Universidad de Windsor, el nuevo cruce reducirá en 20 minutos el tiempo de tránsito, con un ahorro estimado de 2.300 millones de dólares para los transportistas en 30 años. El caso también tuvo un componente político interno: el puente se convirtió en tema central de la contienda por el Senado en Michigan, y el propietario del puente rival Ambassador — que durante años hizo campaña contra la nueva obra — se reunió con Lutnick en febrero tras donar un millón de dólares a un comité de acción política afín a Trump.

La resolución del diferendo es una señal relevante en dos frentes. Primero, confirma el patrón de la administración Trump de utilizar el apalancamiento sobre proyectos de infraestructura binacional para renegociar términos económicos a favor de EE.UU. — un precedente que otros socios comerciales deben tener presente en proyectos de cooperación. Segundo, la apertura del puente mejora la fluidez logística del principal corredor comercial de América del Norte, con efectos positivos para las cadenas de suministro regionales en un momento en que el futuro del T-MEC — cuya revisión Trump ha puesto en duda — introduce incertidumbre sobre el marco comercial de largo plazo entre los tres socios norteamericanos.