La información central sí está confirmada: el 16 de diciembre de 2025 Estados Unidos designó al Clan del Golfo (también conocido como AGC/EGC) como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT). El anuncio fue atribuido al secretario de Estado Marco Rubio y, según Reuters, se publicó además un aviso en el sitio del Departamento del Tesoro.

De acuerdo con lo reportado, Rubio describió al grupo como una organización “violenta y poderosa”, señaló al tráfico de cocaína como su principal fuente de ingresos para financiar actividades violentas y afirmó que el grupo ha sido responsable de ataques contra funcionarios, fuerza pública, militares y civiles en Colombia. 

Sobre el alcance jurídico, es importante matizar: estas etiquetas no son solo simbólicas. La combinación FTO + SDGTsuele elevar el riesgo legal y financiero para cualquier actor que transfiera recursos, brinde servicios o facilite apoyo material a la organización (incluyendo exposición a sanciones y a investigaciones).

El propio Tesoro ha advertido que ciertas transacciones con entidades designadas pueden implicar sanciones y responsabilidades, y que el “material support” está penalizado en el marco legal estadounidense. 

En cuanto al contexto operativo, las notas de prensa señalan al Clan del Golfo como el mayor grupo armado ilegal de carácter criminal en Colombia; medios internacionales han citado estimaciones de alrededor de 9.000 integrantes / armados. 

Mientras se conoce esta designación, el grupo mantiene conversaciones con el Gobierno colombiano en Catar. La prensa colombiana reportó que en la ronda de Doha se acordó crear tres Zonas de Ubicación Temporal (en Belén de Bajirá y Unguía, Chocó; y Tierralta, Córdoba) para iniciar concentración gradual desde el 1 de marzo de 2026. 

Implicaciones probables para Colombia: en el plano de Paz Total, la designación puede encarecer y restringir la participación de terceros (verificadores, consultores, proveedores logísticos, e incluso canales financieros) por el temor a caer en figuras de apoyo o facilitación bajo leyes y sanciones de EE. UU. Esto no significa automáticamente que Colombia “no pueda” dialogar, pero sí puede reducir márgenes para esquemas de acompañamiento internacional y para la implementación práctica (pagos, contratos, transporte, servicios) en zonas de concentración, que requerirían blindajes legales y controles reforzados. 

En seguridad y justicia, el cambio suele traducirse en más presión financiera y más herramientas para perseguir redes y activos asociados. También puede aumentar la cooperación judicial y la prioridad política del tema en la relación bilateral, a la vez que introduce fricciones si el proceso de negociación incluye beneficios que Washington vea como incompatibles con su estrategia.

Para el sector privado y organizaciones en territorio, el impacto más inmediato suele ser de cumplimiento (compliance): podria llevar a mayor escrutinio de bancos y contrapartes, reforzamiento de listas y debida diligencia, y potencial “de-risking” en zonas donde haya extorsión o control criminal. En términos prácticos, aumenta la necesidad de documentar que no hay transferencias, pagos o servicios que puedan interpretarse como apoyo a una entidad designada, incluso cuando se trata de operar en regiones complejas.

Finalmente, sobre el dato de “cuatro grupos colombianos” en listas de terrorismo de EE. UU.: es consistente con antecedentes documentados para el ELN (designado en octubre de 1997) y para las disidencias FARC-EP y Segunda Marquetalia (designaciones de 2021), a lo que se sumaría ahora el Clan del Golfo.

LA JEFE DE GABINETE DE TRUMP HABLA SIN FILTRO Y DESTAPA TENSIONES EN LA CASA BLANCA

Durante meses, Susie Wiles ha sido descrita como la pieza que le dio orden a la segunda presidencia de Donald Trump. Pero una cadena de entrevistas publicadas por Vanity Fair muestra otra cara: la de una jefa de gabinete que, sin filtros, retrata un entorno de poder marcado por impulsos personales, choques internos y decisiones que avanzan aun cuando generan dudas dentro del propio equipo.

El punto más delicado de sus declaraciones gira en torno a la “retribución”. Wiles reconoce que intentó poner un freno temprano a la idea de convertir la Casa Blanca en un tribunal contra adversarios. Según cuenta, buscó un acuerdo informal para que, pasado el arranque del gobierno, se cerrara el capítulo de “cobros” políticos. Sin embargo, admite que la dinámica siguió viva: Trump —dice— no estaría obsesionado cada mañana con vengarse, pero cuando el escenario se presta, no desaprovecha la oportunidad.

Ese reconocimiento es relevante porque conecta con otra afirmación de alto voltaje: la posibilidad de que la persecución judicial sea utilizada como herramienta política. Aunque ella intenta matizar la motivación (“que no le pase a otros lo que le pasó a él”), en la práctica el resultado, admite, puede verse —y sentirse— como un ajuste de cuentas.

Las entrevistas también dibujan un mapa de tensiones dentro del círculo cercano del presidente. Wiles describe al vicepresidente JD Vance como alguien con trayectoria conspiracionista y sugiere que su transformación de crítico a aliado fue más estratégica que ideológica. Sobre Elon Musk, expone su incomodidad por decisiones abruptas que afectaron al Estado, incluida la sacudida a USAID, una agencia que ella misma defiende por su trabajo humanitario. En ese relato, Musk aparece como un actor disruptivo, con conductas impredecibles y capacidad de alterar políticas públicas sin los controles tradicionales.

El tema Epstein es otro foco central, no solo por su carga mediática, sino por su impacto directo en la base política de Trump. Wiles critica con fuerza el manejo inicial de la fiscal general Pam Bondi, a quien responsabiliza por alimentar expectativas con materiales que no respondían a lo que el público quería ver y por sugerir la existencia de una “lista” que, según ella, no existe. A la vez, ofrece una frase que busca contener daños: reconoce que el nombre de Trump figura en los documentos, pero afirma que no aparece asociado a conductas graves.

En ese mismo capítulo, Wiles contradice una narrativa repetida por Trump durante años: dice que no hay evidencia de que Bill Clinton haya visitado la isla de Epstein y que el presidente estaba equivocado al insinuarlo. La declaración es llamativa no solo por el contenido, sino por el hecho de que provenga de la persona encargada de administrar el día a día del mandatario.

Más allá de las polémicas personales, Wiles cuenta episodios donde intentó moderar decisiones clave: le habría pedido a Trump evitar indultar a los responsables más violentos del 6 de enero (no lo consiguió), y habría recomendado aplazar anuncios sobre aranceles por la falta de consenso interno (tampoco lo logró). En materia migratoria, admite fallas y plantea un principio: cuando haya duda, debería existir una segunda verificación para evitar deportaciones erróneas.

En política exterior, su relato sugiere que Trump busca aumentar la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, incluso con acciones agresivas en el mar, aunque reconoce que una escalada en tierra implicaría un umbral distinto: la autorización del Congreso.

Finalmente, Wiles intenta despejar rumores sobre el futuro político inmediato. Asegura que Trump no se presentaría en 2028 y que sus insinuaciones sobre un tercer mandato serían una provocación calculada. Mientras tanto, la carrera por el “día después” se asoma con nombres como Vance y Marco Rubio, a quienes Wiles retrata con perfiles distintos: uno más pragmático y ambicioso; el otro, más atado a principios y tiempos propios.

El conjunto deja una impresión inquietante: un gobierno que, aun con una estructura más disciplinada que en el pasado, opera bajo el peso de un liderazgo impulsivo, rivalidades internas y una agenda donde lo personal y lo institucional se mezclan de forma constante. Y, sobre todo, una jefa de gabinete que no se limita a administrar: también describe, juzga y, por momentos, parece advertir.

Si quieres, también puedo adaptarte este artículo original a un tono más institucional (tipo boletín), o más opinión/columna, según el público al que lo vayas a dirigir.

ESTADOS UNIDOS DEFENDIÓ ANTE EL CONGRESO SU OFENSIVA ANTINARCÓTICOS TRAS ATAQUES EN EL PACÍFICO ORIENTAL

El secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ofrecieron una sesión informativa clasificada a legisladores de la Cámara de Representantes y del Senado para defender la campaña militar antidrogas impulsada por la administración de Donald Trump. El briefing se realizó en medio del aumento de cuestionamientos en el Congreso sobre la legalidad, el alcance y los objetivos estratégicos de las operaciones, aunque la Casa Blanca insiste en que se trata de una respuesta legítima de seguridad nacional.

Tras la reunión con los senadores, Rubio sostuvo que la ofensiva cuenta con respaldo político transversal y afirmó que “es nuestro compromiso bipartidista número 22 o 23”. El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que el objetivo central es “desmantelar la infraestructura de estas organizaciones terroristas que están envenenando a los estadounidenses”, en referencia a las redes de narcotráfico que operan en corredores marítimos estratégicos.

Al término del briefing, Hegseth aclaró que el gobierno no tiene planes de divulgar al público el video completo y sin editar de los ataques realizados el 2 de septiembre contra una embarcación sospechosa de narcotráfico en el Caribe. Según explicó, la decisión responde a políticas históricas de seguridad y confidencialidad del Departamento de Guerra y del Departamento de Defensa, en un contexto en el que el material audiovisual ha intensificado las preocupaciones sobre la campaña militar en aguas cercanas a Venezuela.

“De acuerdo con la política de larga data del Departamento de Guerra y del Departamento de Defensa, por supuesto que no vamos a publicar un video completo, sin editar y de carácter ultrasecreto al público en general”, declaró Hegseth ante periodistas, al responder a las demandas de mayor transparencia por parte de los legisladores.

Pese a las explicaciones del Ejecutivo, legisladores demócratas consideraron que la sesión informativa fue insuficiente y no resolvió las dudas de fondo. “El gobierno llegó a esta sesión informativa con las manos vacías”, afirmó el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, quien agregó que “no sabemos cuál es el objetivo final” y que “el presidente dice cosas distintas en distintos momentos y se contradice”.

En contraste, los republicanos respaldaron mayoritariamente la ofensiva. El senador Lindsey Graham sostuvo que la campaña perdería legitimidad si no se traduce en un cambio político en Venezuela, al afirmar que “si Maduro es lo que dicen que es, necesita irse” y que “debería ser política de Estados Unidos que, cuando esto termine, ya no siga en el cargo”.

La sesión informativa se dio en el contexto de los ataques ejecutados el día de ayer en el Pacífico Oriental. Estados Unidos informó que eliminó a ocho narcotraficantes durante tres ataques contra embarcaciones que operaban en aguas internacionales, una operación confirmada por el Comando Sur de Estados Unidos como parte de una ofensiva sostenida contra las rutas marítimas del narcotráfico hacia Norteamérica.

“El 15 de diciembre, bajo la dirección del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta ‘Lanza del Sur’ realizó ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales”, señaló el Comando Sur. Según la autoridad militar, “la inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y se dedicaban al narcotráfico”, con un saldo de ocho muertos.

Desde septiembre, Estados Unidos ha intensificado los bombardeos y ataques selectivos contra embarcaciones sospechosas en corredores marítimos estratégicos. De acuerdo con cifras oficiales, el número de personas abatidas en el marco de esta campaña ya supera las 90, en operaciones dirigidas contra organizaciones catalogadas como terroristas extranjeras por Washington.

El presidente Donald Trump ha dado máxima prioridad a la ofensiva militar contra el narcotráfico y ha anunciado que se preparan nuevos operativos en territorio venezolano contra objetivos vinculados a estas redes. “No permitiremos que organizaciones criminales usen el mar para infiltrar drogas en nuestro país. Hemos salvado miles de vidas al cortar estas rutas”, declaró recientemente, reiterando sus acusaciones contra Nicolás Maduro y el llamado “Cártel de los Soles”.

FAA ADVIERTE SOBRE RIESGOS EN EL ESPACIO AÉREO DE VENEZUELA

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) renovó su advertencia a las aerolíneas comerciales sobre los riesgos de volar en el espacio aéreo venezolano, especialmente sobre el FIR de Maiquetía, que cubre áreas de Venezuela y el Caribe. Esta alerta, que entró en vigor este martes y se extenderá hasta febrero de 2026, se basa en el deterioro de la situación de seguridad, advirtiendo sobre posibles amenazas para las aeronaves a cualquier altitud, tanto en vuelo como durante las fases de llegada y salida.

Esta es la segunda advertencia emitida por la FAA en menos de un mes, tras la primera emitida el 22 de noviembre. La advertencia ocurre en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, particularmente debido a los operativos antinarcóticos realizados por el Comando Sur en la región y las recientes declaraciones del presidente Donald Trump sobre posibles acciones contra el narcotráfico en Venezuela.

El comunicado de la FAA destaca que los riesgos podrían afectar tanto a las aeronaves en vuelo como a los aeropuertos y aeronaves en tierra en la zona. En respuesta a la primera advertencia, varias aerolíneas optaron por cancelar o ajustar sus rutas hacia Venezuela, considerando que el espacio aéreo y algunas zonas del Caribe sur presentan un riesgo significativo para la seguridad de los vuelos comerciales.

La advertencia también se contextualiza en el despliegue militar estadounidense en el Caribe, en el marco de la lucha contra el narcotráfico proveniente de Suramérica. Sin embargo, este despliegue ha sido fuertemente criticado por el gobierno de Nicolás Maduro, que lo considera una amenaza a la soberanía nacional y un intento de desestabilizar el régimen venezolano.

Como consecuencia de la situación de inseguridad, la aerolínea panameña Copa Airlines anunció que extenderá hasta el 15 de enero la suspensión de sus vuelos hacia Caracas debido a los problemas operativos en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. A su vez, el presidente Trump indicó que el espacio aéreo venezolano podría permanecer cerrado por completo, lo que añade incertidumbre a las operaciones aéreas en la región.

CRECIMIENTO DEL EMPLEO EN EE. UU. SUPERA EXPECTATIVAS EN NOVIEMBRE, PERO EL DESEMPLEO SUBE A 4,6%

El crecimiento del empleo en Estados Unidos repuntó en noviembre tras la caída registrada en octubre, aunque el mercado laboral continúa mostrando señales de debilitamiento en un entorno marcado por la incertidumbre económica y la política comercial del presidente Donald Trump. Según el Departamento de Trabajo, la tasa de desempleo se ubicó en 4,6%, reflejando presiones persistentes sobre el empleo pese a la mejora mensual en la creación de puestos de trabajo.

Las nóminas no agrícolas aumentaron en 64.000 empleos en noviembre, superando las expectativas del mercado, de acuerdo con el U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS). En octubre, la economía había perdido 105.000 puestos de trabajo, una contracción asociada principalmente a la salida de más de 150.000 empleados federales que aceptaron planes de retiro diferido como parte del esfuerzo de la administración por reducir el tamaño del gobierno.

El informe de empleo de noviembre, junto con una actualización parcial de octubre, se publicó con retraso debido al cierre del gobierno durante 43 días, el más prolongado en la historia del país. Como resultado, el BLS no pudo recolectar datos de los hogares en octubre, lo que obligó a realizar ajustes metodológicos y dejó sin publicar indicadores clave de ese mes, incluida la tasa de desempleo.

El BLS explicó que, ante la falta de datos en octubre, se realizaron cambios en las ponderaciones de las estimaciones de la fuerza laboral. Además, advirtió que las cifras de noviembre presentan una variabilidad ligeramente mayor a la habitual, dado que participaron el doble de nuevos hogares en la encuesta y otros regresaron tras una pausa en su periodo de muestreo, lo que podría haber introducido un sesgo al alza en la tasa de desempleo.

Las percepciones de los hogares sobre el mercado laboral se deterioraron en noviembre, según economistas, en un contexto en el que las empresas han moderado sus decisiones de contratación. Analistas atribuyen este freno, en parte, al impacto de los amplios aranceles a las importaciones impulsados por la administración Trump, que han elevado los precios de numerosos bienes y reducido el consumo, especialmente entre los hogares de ingresos bajos y medios.

En el frente monetario, la Reserva Federal recortó la semana pasada su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, llevándola al rango de 3,5%–3,75%, aunque señaló que no prevé nuevas reducciones en el corto plazo. El presidente de la Fed, Jerome Powell, advirtió que el mercado laboral “parece tener riesgos significativos a la baja”, citando una revisión preliminar que sugiere que se crearon 911.000 empleos menos de lo estimado en los 12 meses hasta marzo. La revisión final se publicará en febrero, junto con el informe de empleo de enero.

VENTAS MINORISTAS EN EE. UU. SE ESTANCAN EN OCTUBRE PESE A PRESIONES DE PRECIOS

Las ventas minoristas en Estados Unidos se mantuvieron sin cambios en octubre, un resultado que sorprendió al mercado y reflejó una desaceleración puntual del consumo al inicio del cuarto trimestre. El dato, publicado por la Oficina del Censo del Departamento de Comercio, contrasta con la expectativa de los analistas, que proyectaban un crecimiento de 0,1%, y sigue a una revisión a la baja del aumento de septiembre a 0,1%.

El informe, que debía difundirse a mediados de noviembre, fue retrasado por el cierre del gobierno. El estancamiento del consumo se produce en un contexto de mayores costos de vida, impulsados por el encarecimiento de alimentos, muebles y otros bienes importados, como resultado de los amplios aranceles impuestos por la administración de Donald Trump. A estos factores se suman los aumentos en los costos de salud y vivienda.

Economistas advierten que los hogares de ingresos bajos y medios son los más afectados por la presión inflacionaria, lo que ha obligado a muchos a moderar su gasto. En el plano político, Trump, quien ganó las elecciones prometiendo controlar la inflación, ha alternado en las últimas semanas entre minimizar los problemas de asequibilidad, atribuirlos a la administración anterior y asegurar que sus políticas económicas comenzarán a beneficiar a los consumidores el próximo año.

Un informe del Bank of America Institute mostró que los hogares de mayores ingresos siguen impulsando el crecimiento del gasto discrecional, mientras los segmentos de menores ingresos ajustan con mayor fuerza su consumo. Los consumidores con ingresos anuales superiores a US$100.000 aumentaron su gasto en entretenimiento, ropa, viajes aéreos y estancias hoteleras, en contraste con los hogares de menores recursos, que redujeron de manera más significativa sus desembolsos en estos mismos rubros ante la presión del costo de vida.

En contraste, las ventas minoristas subyacentes —que excluyen automóviles, gasolina, materiales de construcción y servicios de alimentación— aumentaron 0,8% en octubre, tras una caída de 0,1% en septiembre. Este componente, estrechamente vinculado al consumo en el PIB, respalda la expectativa de que el gasto de los hogares haya sostenido el crecimiento económico, luego de que la Reserva Federal de Atlanta estimara una expansión del PIB de 3,6% anualizado en el tercer trimestre, cuyo dato oficial se conocerá la próxima semana.

PRESIDENTE TRUMP AMPLÍA EL VETO MIGRATORIO E INCORPORA NUEVOS PAÍSES A LAS RESTRICCIONES DE VIAJE

La administración del presidente Donald Trump anunció una ampliación del veto migratorio, sumando cinco nuevos países a la lista de prohibición total de ingreso a Estados Unidos e imponiendo nuevas restricciones parciales a ciudadanos de otros 15 países. La medida forma parte del endurecimiento de los estándares de entrada y control migratorio impulsado por la Casa Blanca en materia de seguridad nacional.

La decisión se produce días después del arresto de un ciudadano afgano acusado de haber disparado contra dos miembros de la Guardia Nacional durante el fin de semana de Acción de Gracias, un episodio que reforzó los argumentos del gobierno para fortalecer los mecanismos de verificación y admisión de extranjeros. Washington sostiene que enfrenta crecientes dificultades para evaluar riesgos provenientes de determinados países.

Con la ampliación anunciada, los países cuyos ciudadanos tienen prohibición total de ingreso a Estados Unidos son: Afganistán, Myanmar (Birmania), Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen —incluidos en la decisión original de junio— a los que ahora se suman Burkina Faso, Laos, Malí, Níger, Sierra Leona, Sudán del Sur y Siria. Adicionalmente, la administración impuso una restricción total a las personas que porten documentos de viaje emitidos por la Autoridad Palestina.

En paralelo, el gobierno estadounidense mantiene y amplía la lista de países sujetos a restricciones parciales de viaje. En este grupo permanecen Burundi, Cuba, Togo, Turkmenistán y Venezuela, y se añaden ahora Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malaui, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue.

La Casa Blanca justificó la medida señalando que muchos de los países afectados presentan “corrupción generalizada, documentos civiles fraudulentos o poco confiables y antecedentes penales incompletos”, lo que dificulta los procesos de verificación. También mencionó altas tasas de permanencia irregular, negativa a aceptar deportados y una “falta general de estabilidad y control gubernamental”. En la proclamación oficial, el gobierno afirmó que las restricciones son necesarias para “prevenir la entrada de extranjeros sobre los cuales Estados Unidos carece de información suficiente para evaluar los riesgos que representan” y para avanzar objetivos de seguridad nacional, política exterior y contraterrorismo.

La proclamación implica un endurecimiento formal del régimen de admisión a Estados Unidos con dos niveles de impacto. Para los países con prohibición total, la entrada queda suspendida tanto para inmigrantes como para no inmigrantes, lo que en la práctica bloquea nuevas visas y el ingreso de viajeros (turismo, negocios, estudio o residencia) provenientes de esos países, salvo excepciones puntuales y exenciones caso por caso por “interés nacional”; además, también se restringe plenamente el ingreso de personas que viajen con documentos emitidos o avalados por la Autoridad Palestina. Para los países con restricciones parciales, el enfoque es más selectivo: se limitan o suspenden categorías específicas de visas (principalmente B-1/B-2 y, en varios casos, F/M/J), se reduce la validez de otras visas cuando la ley lo permite y se incrementa el escrutinio consular, elevando tiempos, requisitos y probabilidad de negación. En ambos casos, la medida se justifica en deficiencias de verificación y documentación, altos riesgos de fraude y tasas de sobreestadía, y opera como herramienta de presión para que los gobiernos afectados mejoren cooperación e intercambio de información.

VICEPRESIDENTE, JD VANCE, REFORZÓ EN PENSILVANIA EL MENSAJE ECONÓMICO DE LA CASA BLANCA EN MEDIO DE LA PRESIÓN INFLACIONARIA

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, recorrió el Valle de Lehigh, en Pensilvania, para reforzar el mensaje económico de la administración Trump, una semana después de la visita del presidente Donald Trump a ese estado clave en el mapa electoral. La gira se inscribió en una estrategia de la Casa Blanca para afinar su discurso económico ante el creciente malestar de los votantes por el costo de vida y el enfriamiento del mercado laboral.

Durante un discurso en Allentown, Vance responsabilizó a los demócratas y al expresidente Joe Biden por la crisis de asequibilidad que enfrentan los hogares estadounidenses. “Si analizamos cada una de las crisis de asequibilidad de las que hablamos hoy en Estados Unidos, es porque heredamos una economía de pesadilla de Joe Biden”, afirmó, al tiempo que reconoció que los altos precios han golpeado los niveles de aprobación económica del presidente Trump.

El vicepresidente sostuvo que los principales desafíos económicos actuales responden a políticas de la administración anterior y al impacto de la inmigración. En ese sentido, vinculó directamente el aumento del precio de la vivienda con la entrada masiva de inmigrantes durante el gobierno Biden. “¿Por qué la vivienda se encareció tanto, duplicándose su precio, durante la administración Biden? Es porque Joe Biden dejó entrar a 20 millones de inmigrantes ilegales que ocuparon viviendas que, por derecho, deberían pertenecer a ciudadanos estadounidenses”, señaló.

Vance también instó al Congreso a actuar para evitar un aumento en las primas de la Ley de Atención Médica Asequible (ACA) y pidió un acuerdo bipartidista en materia de salud. “El Congreso tiene que conseguirnos algo para reducir el costo del seguro médico. Donald J. Trump quiere solucionarlo, pero el Congreso tiene que intervenir”, afirmó. No obstante, evitó respaldar un proyecto específico, pese a que reconoció que la Casa Blanca ha estado involucrada en “probablemente 10 proyectos de ley de atención médica diferentes”.

En el plano laboral, el vicepresidente defendió lo que describió como un sólido desempeño del empleo y los salarios bajo la administración Trump, incluso cuando nuevos datos oficiales mostraban señales de debilidad. “Tenemos dinero real, empleos reales y oportunidades reales”, dijo, y aseguró que en los últimos 11 meses se han creado cerca de 60.000 empleos en Pensilvania. Vance citó además la creación de 61.000 empleos en noviembre y un crecimiento salarial del sector privado de 4,2%, pese a que el U.S. Bureau of Labor Statistics informó que el desempleo subió a 4,6%, su nivel más alto en cuatro años, con un aumento neto de 64.000 puestos de trabajo.

LA FAA DESTINARÁ US$6.000 MILLONES A MODERNIZAR TELECOMUNICACIONES Y RADARES DEL CONTROL AÉREO

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) invertirá US$6.000 millones antes de que finalice el año en la modernización de la infraestructura de telecomunicaciones y de los sistemas de radar del control de tráfico aéreo, informó su director, Bryan Bedford. Los nuevos sistemas deberán estar plenamente desplegados a más tardar en 2028, como parte de un esfuerzo para renovar una red considerada obsoleta y vulnerable a fallas.

El Congreso ya aprobó US$12.500 millones para reformar el envejecido sistema de control aéreo, aunque la administración Trump busca otros US$19.000 millones o más para completar el proceso. La urgencia del plan se da tras una serie de fallas graves en las telecomunicaciones de la FAA, incluidos apagones que afectaron de manera significativa el tráfico aéreo en el área de Newark.

Bedford explicó ante un subcomité de aviación de la Cámara de Representantes que la FAA está comprimiendo el proceso de modernización de radares y telecomunicaciones a un plazo de tres años, frente a los 15 años inicialmente previstos. Según indicó, más de un tercio de la infraestructura basada en cobre ya ha sido reemplazada por fibra óptica. El funcionario también defendió los recortes de vuelos impuestos durante el prolongado cierre del gobierno y aseguró que la agencia garantizará la seguridad aérea en Washington pese a posibles cambios normativos que ampliarían los vuelos de helicópteros militares.

Como parte del proyecto, la FAA seleccionó a Peraton como gestora principal de la modernización del sistema de control aéreo. Bedford reveló que el presidente Donald Trump exigió que la compañía aceptara US$200 millones menos de lo previsto originalmente para supervisar el contrato. Informes previos han advertido que muchos de los sistemas de comunicación de la FAA llevan años obsoletos, con al menos 51 de sus 138 redes consideradas insostenibles, lo que vuelve a poner bajo escrutinio el ambicioso, pero problemático, programa “NextGen” de US$15.000 millones lanzado hace más de dos décadas.