La Casa Blanca publicó la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, el documento que ordena la política antidrogas de Estados Unidos para los próximos años. No es un pronunciamiento simbólico ni una declaración de buenas intenciones. Es, en la práctica, un plan de acción del gobierno federal para enfrentar el tráfico de drogas, reducir las muertes por sobredosis, blindar la cadena de suministro, endurecer el control fronterizo, perseguir las finanzas criminales y alinear a las agencias de seguridad, justicia, salud y política exterior bajo un mismo enfoque. El texto fija una meta general clara: reducir las muertes por sobredosis, con una línea base de 79.384 en 2024, una meta de 71.630 en 2026 y otra de 60.000 en 2029. 

Lo primero que revela el documento es un cambio de tono. La lucha contra las drogas deja de aparecer solo como un asunto de salud pública y se consolida como una prioridad de seguridad nacional. La estrategia plantea una ofensiva de “todo el gobierno” contra las organizaciones criminales que producen, transportan y distribuyen drogas ilícitas, con énfasis en fentanilo, metanfetamina, opioides sintéticos y cocaína. El mensaje de fondo es claro: Estados Unidos no quiere administrar la crisis, sino reducirla con herramientas de frontera, inteligencia, sanciones, persecución penal, control logístico y resultados medibles. 

El documento se organiza sobre dos grandes pilares. El primero es una ofensiva contra la oferta: asegurar la cadena global de suministro, frenar químicos y equipos usados para fabricar drogas, fortalecer puertos de entrada, atacar la producción en origen y desmantelar redes criminales y financieras. El segundo es una respuesta de salud pública: prevención, tratamiento, recuperación y respuesta a sobredosis. Es decir, Washington quiere actuar al mismo tiempo sobre el origen del problema y sobre el daño que ese problema produce dentro de su territorio. 

Uno de los ejes más importantes de la estrategia es la seguridad de la cadena de suministro. El documento parte de una idea con consecuencias directas para Colombia: el narcotráfico ya no se mueve solo por corredores clandestinos, sino que explota el comercio formal, la paquetería, los operadores logísticos, la información incompleta de los envíos y las debilidades de supervisión sobre industrias químicas y farmacéuticas. Por eso propone ampliar programas de comercio confiable, exigir más datos a empresas químicas, farmacéuticas y logísticas, y pedir a los países de origen y tránsito que desarrollen esquemas compatibles. 

En el plano internacional, la señal es todavía más explícita. Estados Unidos dice que va a usar todas las herramientas disponibles para asegurar que los países de origen y tránsito tomen medidas creíbles contra la producción y el tráfico de drogas y de químicos asociados. Y en esa lista menciona de forma expresa a Colombia, al señalar que una prioridad será llevar al país a reducir cultivos de coca y desarticular las redes criminales que prosperan con la producción de cocaína. Esto confirma que, para Washington, Colombia sigue siendo un socio estratégico, pero también un país al que se le van a pedir mejores resultados en materia de seguridad y narcotráfico.

La estrategia también distribuye prioridades según el papel que cada país cumple en la cadena del narcotráfico. A China le asigna el problema de los precursores; a India, la regulación de su industria química y farmacéutica; a México, la producción e incautación de insumos; a Canadá, el intercambio de inteligencia; y a Colombia, la reducción de coca y el golpe a las redes criminales asociadas a la producción de cocaína. Esa diferenciación es importante porque muestra que Washington no está leyendo el problema de forma homogénea para todo el hemisferio, sino organizando su cooperación con criterios funcionales y por resultados.

El texto no se queda en declaraciones. Establece un proceso de implementación y un sistema de medición. La ejecución se divide en corto plazo, entre cero y seis meses; mediano plazo, entre siete y dieciocho meses; y largo plazo, entre diecinueve y veinticuatro meses. Además, el Director de la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas debe realizar una evaluación anual de la estrategia, mientras la coordinación entre agencias se hará a través de reuniones periódicas. En paralelo, el sistema de revisión de desempeño fija una línea base 2024, una meta a dos años y una meta a cinco años para cada indicador. 

Ese sistema de seguimiento es, probablemente, una de las partes más reveladoras del documento. Allí se ve que Washington quiere pasar de una conversación general sobre cooperación a una lógica mucho más concreta de desempeño. Para el caso colombiano, la variable más directa es la que mide el número de incidentes reportados por China, Colombia, India y México en el sistema internacional de comunicación sobre precursores, químicos relacionados y equipos usados para fabricar drogas. La línea base de 2024 fue de 11 incidentes combinados; la meta para 2026 es 48 y para 2029 es 208. El propio documento explica la lógica: en el primer tramo espera un reporte por país al mes y en el segundo uno por semana. Esa es una señal muy clara de que la trazabilidad, el reporte técnico y la cooperación sobre insumos serán una parte central de la evaluación sobre Colombia. 

Hay otras metas que, aunque no nombran a Colombia individualmente, sí la afectan de manera directa. La primera es la cocaína retirada antes de entrar a Estados Unidos. La Guardia Costera tiene una línea base de 106,3 toneladas métricasen 2024 y una meta de 210 toneladas para 2026, que se mantendría hasta 2029. La segunda es el total de drogas incautadas por la autoridad fronteriza estadounidense: de 807.131 libras en 2024 a 887.844 en 2026. La tercera es el aumento en el número de organizaciones de narcotráfico y lavado desarticuladas, así como en arrestos por fabricación o venta de drogas y capturas de objetivos prioritarios. En otras palabras, Estados Unidos está armando un tablero en el que la cocaína que sale de Sudamérica, los corredores de tránsito y las redes que la sostienen van a ser monitoreados con mucha más intensidad. 

Otro frente que gana importancia es el financiero. La estrategia busca aumentar sanciones contra personas y entidades vinculadas al narcotráfico global y activar nuevas medidas especiales para aislar a quienes facilitan lavado de dinero y otras transacciones asociadas. La meta es pasar de 142 nuevas sanciones en 2024 a 148 en 2026 y 156 en 2029, y de cero medidas especiales en 2024 a cinco en 2026 y doce en 2029. El mensaje es evidente: la presión no va a venir solo por cultivos, laboratorios o incautaciones, sino también por el frente financiero, por los facilitadores y por las empresas que no aseguren adecuadamente sus cadenas de suministro. 

Para Colombia, la implicación más profunda es que la agenda antidrogas ya no se limita al campo o al laboratorio. También se desplaza hacia aduanas, puertos, zonas logísticas, industria química, transporte, trazabilidad comercial y sistemas de información. En otras palabras, seguridad y operación económica empiezan a cruzarse mucho más que antes. De ahí que la respuesta colombiana no pueda ser únicamente policial o diplomática: tendrá que ser también regulatoria, logística, judicial y empresarial. Ese punto es clave, porque el nuevo entorno estadounidense medirá no solo hectáreas o decomisos, sino también capacidad de control y confiabilidad operativa.

Ese es precisamente el punto en el que la hoja de ruta que ha venido construyendo AmCham Colombia cobra valor. Lo que este documento de la Casa Blanca confirma es algo que la Cámara ha venido alertando desde hace meses: la relación con Estados Unidos ya no se puede administrar desde la coyuntura ni desde reacciones improvisadas. Se tiene que conducir con método, prioridades y resultados verificables. Por eso, el pasado 21 de abril, AmCham Colombia presentó una hoja de ruta Colombia–Estados Unidos 2026–2030 que propone empezar por seguridad, establecer señales claras desde las primeras 72 horas y construir una secuencia de acción que permita llegar al 15 de septiembre con evidencia, coordinación y resultados medibles. La propuesta no termina allí: plantea usar los primeros 180 días para consolidar credibilidad y convertir esa base en agenda de mediano plazo que permita no solo sostener la relación, sino escalarla hasta 2030. 

La importancia de esa hoja de ruta está en que interpreta el momento. La estrategia de Estados Unidos no puede leerse solo como presión. También debe leerse como una ventana para reconstruir confianza en una relación que sigue siendo estratégica para Colombia y como una oportunidad para fortalecer la respuesta del país frente a un flagelo que cobra vidas, deteriora territorios, alimenta economías criminales y debilita la seguridad. La seguridad vuelve a convertirse en la puerta de entrada de la relación bilateral, pero también puede ser el punto de partida para ampliar comercio, inversión, turismo y cooperación si el país logra responder con una estrategia seria, coordinada y basada en resultados, apoyada en más cooperación y en mejores herramientas para enfrentar el narcotráfico. Esa es la apuesta que AmCham ha puesto sobre la mesa: convertir un frente sensible en una base de credibilidad y, a partir de ahí, escalar la relación. 

Y ese punto no es menor. En el nuevo marco de Washington, la seguridad ya no es solo un tema de cooperación entre gobiernos. También pesa sobre la confianza, la inversión, el acceso real al mercado, la logística y la percepción de riesgo país. Si la conversación bilateral se vuelve más exigente en precursores, redes criminales, trazabilidad y control territorial, eso puede traducirse en mayor escrutinio sobre sectores logísticos, comercio sensible, operadores portuarios, industria química y estándares de cumplimiento. Por eso la agenda de seguridad ya no puede tratarse como un compartimento separado del resto de la relación: hoy es una de las condiciones para proteger y escalar comercio, inversión y cooperación.

La estrategia 2026 confirma, además, que la administración Trump está reordenando su política exterior bajo una lógica de seguridad nacional, cadenas confiables, control operativo y medición de resultados. En ese marco, el hemisferio occidental recupera peso estratégico. Para Colombia, eso abre una oportunidad y un riesgo al mismo tiempo. La oportunidad es que un país con cercanía, relación histórica y tratado comercial con Estados Unidos puede reposicionarse si llega con propuestas útiles y ejecutables. El riesgo es que, si no lo hace, el mismo contexto lo deje más expuesto a fricciones, exigencias y pérdida relativa de relevancia. 

Por eso, la pregunta para Colombia no es solo qué dice el documento, sino cómo avanzar en una coordinación sobre temas de interés común. Si Washington va a operar con un tablero de metas, tiempos y revisión de desempeño, Colombia no puede contestar con mensajes generales. Necesita un esquema propio de conducción: interlocutores claros, coordinación interinstitucional, capacidad de respuesta rápida, métricas compartidas y una oferta concreta de cooperación en seguridad. De lo contrario, la relación puede entrar en una fase de mayor cautela, más presión y más exigencia sin una contraparte preparada para responder.

La conclusión es sencilla, pero exigente. La Casa Blanca ya definió qué va a priorizar, cómo lo va a medir y qué tipo de cooperación espera de sus socios. Para Colombia, la discusión ya no es si tiene que anticiparse. La discusión es si va a llegar con narrativa o con resultados. El nuevo documento antidrogas de Estados Unidos no es solo una estrategia sobre drogas. Es también una señal de cómo Washington va a leer la credibilidad de sus socios en seguridad, gobernanza y capacidad de ejecución. Y en esa lectura, Colombia está claramente en el tablero. La diferencia, de aquí en adelante, estará en quién llegue con una hoja de ruta y quién llegue improvisando.

Matriz ejecutiva – Estrategia antidrogas de EE. UU. y lectura para Colombia

Horizonte	Meta	Indicador	Fuente	Lectura para Colombia
Corto plazo0–6 meses desde la entrada en ejecución de la estrategia 2026	Reducir cultivos de coca y golpear redes criminales	Colombia es mencionada de forma expresa como país sobre el cual se priorizarán líneas de acción para reducir cultivos de coca y desarticular redes criminales	National Drug Control Strategy 2026, capítulo 2	La seguridad vuelve a ser la puerta de entrada de la relación. Colombia queda bajo una expectativa explícita de resultados, no solo de cooperación declarada.
Corto plazo0–6 meses	Mejorar el reporte sobre precursores, químicos relacionados y equipos	Incidentes reportados por China, Colombia, India y México en el sistema internacional de incidentes de precursores: base 2024 = 11, meta 2026 = 48, meta 2029 = 208	Sistema de Revisión de Desempeño, medida 3.1.1	Esta es la variable pública más directa para Colombia. Exige más trazabilidad, más reporte y mejor cooperación técnica.
Corto plazo0–6 meses	Acelerar datos útiles para actuar más rápido	Número de fuentes clave con al menos 80% de datos completos, procesados y disponibles meses: base 2024 = 10, meta 2026 = 13, meta 2029 = 17	Sistema de Revisión de Desempeño, medida 1.2.1	Medir cada vez más con evidencia oportuna. Para Colombia, eso implica calidad y velocidad de información, no solo buena interlocución.
Corto plazo0–6 meses	Coordinar mejor inteligencia y operaciones	Respuesta a solicitudes de información de las fuerzas de tarea de seguridad interna: meta 2026 = 90%, meta 2029 = 95%	Sistema de Revisión de Desempeño, medida 4.1.1	La coordinación entre inteligencia, interdicción y judicialización será más exigente. Colombia necesita una arquitectura interinstitucional más robusta.
Mediano plazo 7–18 meses desde la entrada en ejecución	Aumentar la cocaína retirada antes de entrar a EE. UU.	Cocaína removida por la Guardia Costera: base 2024 = 106,3 toneladas, meta 2026 = 210, meta 2029 = 210	Sistema de Revisión de Desempeño, medida 3.2.1	Esto aumenta la presión sobre los corredores de salida desde Sudamérica y el Caribe. Se medirá por el impacto real sobre el flujo.
Mediano plazo 7–18 meses	Subir las incautaciones totales en frontera	Libras incautadas por la autoridad fronteriza: base 2024 = 807.131, meta 2026 = 887.844, meta 2029 = 887.844	Sistema de Revisión de Desempeño, medida 3.2.2	La presión sobre puertos, frontera, carga y trazabilidad será mayor. Se debe responder con más control logístico y cooperación en cadena de suministro.
Mediano plazo 7–18 meses	Desarticular más organizaciones criminales	Organizaciones de narcotráfico y lavado desarticuladas: base 2024 = 3.209, meta 2026 = 3.337, meta 2029 = 3.530	Sistema de Revisión de Desempeño, medida 3.3.1	No solo incautar. La presión será por resultados contra estructuras completas: finanzas, logística, mandos y redes.
Mediano plazo 7–18 meses	Aumentar arrestos de alto valor y de redes de distribución	Arrestos en lista prioritaria: base 2024 = 7, meta 2026 = 9, meta 2029 = 12. Arrestos por venta o fabricación: base 2024 = 78.367, meta 2026 = 81.502, meta 2029 = 86.204	Sistema de Revisión de Desempeño, medidas 4.2.1 y 4.2.2	La exigencia sube sobre resultados visibles contra actores y estructuras de mayor valor. Resultados sobre golpes verificables, no solo operaciones dispersas.
Mediano plazo 7–18 meses	Aumentar sanciones y presión financiera	Nuevas sanciones a actores del narcotráfico global: base 2024 = 142, meta 2026 = 148, meta 2029 = 156. Nuevas medidas financieras especiales: meta 2026 = 5, meta 2029 = 12	Sistema de Revisión de Desempeño, medidas 4.4.1 y 4.4.2	El frente financiero gana peso. Colombia necesita fortalecer trazabilidad financiera, lavado de activos y cooperación.
Largo plazo19–24 meses desde la entrada en ejecución	Fortalecer comercio confiable y seguridad de cadena	Empresas químicas y farmacéuticas en programas de comercio confiable: base 2024 = 428, meta 2026 = 445, meta 2029 = 471. Consolidadores de carga: 769 → 800 → 846. Empresas en programas equivalentes reconocidos: 23.142 → 24.068 → 25.465	Sistema de Revisión de Desempeño, medidas 2.1.1, 2.1.2 y 2.1.3	Esto sí toca directamente a Colombia como socio comercial. La competitividad ya no se medirá solo por arancel, sino también por seguridad logística, estándares y cadena de custodia.
Largo plazo19–24 meses	Consolidar una estrategia basada en resultados medibles	Evaluación anual de efectividad de la estrategia y coordinación mediante reuniones periódicas entre agencias	Apéndice de implementación	La señal para Colombia es clara: la relación se moverá menos por afinidad política y más por cumplimiento, revisión y desempeño verificable.

EE.UU. RELAJA SANCIONES PARA FACILITAR ASESORÍA EN REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA DE VENEZUELA Y PDVSA

Estados Unidos anunció la emisión de una licencia que permite a firmas legales, consultoras y asesores financieros prestar servicios al gobierno de Venezuela y a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), con el objetivo de avanzar en la preparación de una eventual reestructuración de deuda. La medida, formalizada a través de la licencia general 58 del Departamento del Tesoro, flexibiliza parcialmente el régimen de sanciones al habilitar contactos técnicos y análisis preliminares sobre los pasivos del país.

La autorización contempla actividades como la “evaluación, el desarrollo o la preparación de opciones de reestructuración de la deuda, propuestas y materiales de apoyo relacionados”, permitiendo así que actores especializados comiencen a estructurar escenarios financieros. Sin embargo, el alcance de la licencia sigue siendo limitado, ya que mantiene prohibidas operaciones directas como la reestructuración formal, renegociación, transferencia o quita de deuda.

Este paso se produce en un entorno en el que se busca reactivar canales técnicos con Venezuela, en línea con movimientos recientes como el restablecimiento de relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). No obstante, tanto organismos multilaterales como acreedores privados aún enfrentan restricciones para participar plenamente en procesos de refinanciamiento, lo que sugiere que el avance hacia una reestructuración efectiva será gradual y condicionado.

La decisión de Washington también abre la puerta a que Venezuela contrate asesores para iniciar conversaciones preliminares con acreedores, en lo que se considera un paso clave hacia la resolución de aproximadamente US$60 mil millones en bonos impagados. Esta señal tuvo un impacto inmediato en los mercados, donde los bonos venezolanos registraron valorizaciones tras el anuncio.

El marco regulatorio resultante facilita el acercamiento entre acreedores y la administración venezolana, encabezada por Delcy Rodríguez, en relación con una deuda en mora desde 2017 que asciende a cerca de US$170 mil millones, incluyendo préstamos bilaterales, compromisos comerciales, laudos arbitrales y bonos soberanos. No obstante, la licencia deja claro que aún no se autorizan negociaciones directas ni acuerdos vinculantes, lo que limita el alcance inmediato de cualquier avance.

OPERACIÓN EN ORMÚZ SE MANTIENE COMO DEFENSIVA MIENTRAS PERSISTE EL ALTO EL FUEGO CON IRÁN

Estados Unidos reafirmó que su actual despliegue en el estrecho de Ormuz responde a una estrategia estrictamente defensiva y que el alto el fuego con Irán sigue vigente, pese a los recientes incidentes en la zona. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, sostuvo que los ataques iraníes contra buques y fuerzas estadounidenses no han superado el “umbral” necesario para justificar una reanudación de las hostilidades a gran escala, lo que permite preservar, por ahora, el cese de las operaciones militares directas entre ambos países.

En su primera rueda de prensa desde el inicio del Proyecto Libertad, impulsado por el presidente Donald Trump, Hegseth explicó que esta iniciativa es independiente de ofensivas previas y cuenta con un alcance limitado, carácter temporal y enfoque focalizado. Según detalló, la misión central consiste en garantizar la seguridad del transporte marítimo comercial frente a acciones iraníes, enfatizando que Washington anticipaba cierto nivel de actividad al inicio del despliegue, sin que ello implique una escalada automática del conflicto.

Las declaraciones se producen en medio de acusaciones de Teherán, que sostiene que Estados Unidos ha puesto en riesgo la seguridad del estrecho al violar el alto el fuego mediante una operación que incluye aeronaves, destructores y drones. Sin embargo, Hegseth subrayó que las fuerzas estadounidenses no requieren ingresar en territorio iraní para cumplir sus objetivos y reiteró que la intención no es provocar un enfrentamiento, sino impedir que Irán restrinja el acceso a una de las principales rutas marítimas globales, calificando estas acciones como una forma de “extorsión internacional”.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, precisó que desde la entrada en vigor del alto el fuego Irán ha atacado en nueve ocasiones a buques comerciales y ha incautado dos portacontenedores, además de realizar más de diez acciones contra fuerzas estadounidenses. No obstante, insistió en que todos estos eventos se mantienen por debajo del umbral de escalamiento, aunque advirtió que las fuerzas conjuntas continúan en estado de alerta y listas para retomar operaciones de combate si reciben la orden correspondiente.

Finalmente, Hegseth advirtió que la actual intervención es una solución transitoria destinada para estabilizar el tránsito en el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. En ese sentido, señaló que la comunidad internacional deberá asumir progresivamente la responsabilidad de garantizar la seguridad de esta vía estratégica, mientras que comentarios sobre supuestos usos de animales como armas por parte de Irán fueron descartados por las autoridades estadounidenses, restándoles credibilidad en el marco de la coyuntura actual.

SECRETARIO RUBIO SOSTIENE QUE ACCIÓN MILITAR BUSCA PROTEGER EL TRÁNSITO MARÍTIMO

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que la actual acción militar en torno a Irán, desarrollada durante el alto el fuego, corresponde a una “operación defensiva”, subrayando que no habrá uso de la fuerza salvo en respuesta a ataques directos. Sus declaraciones se producen mientras continúa el bloqueo en el estrecho de Ormuz y tras la confirmación de que fuerzas estadounidenses han derribado varias embarcaciones iraníes en la zona.

Desde la Casa Blanca, Rubio explicó que la operación se enmarca en una lógica de contención, en la que las fuerzas estadounidenses buscan evitar ataques contra buques sin escalar el conflicto.

El funcionario describió el denominado “Proyecto Libertad” como una “burbuja protectora” diseñada para garantizar el paso seguro de buques comerciales a través del estrecho, considerado una de las rutas energéticas más críticas a nivel global. Según Rubio, esta iniciativa representa el primer paso hacia la reapertura completa de la vía, en medio de lo que calificó como una estrategia iraní para ejercer presión económica mediante la interrupción del tránsito marítimo.

Rubio defendió además el uso combinado de sanciones económicas y presencia naval como herramientas necesarias para salvaguardar el comercio internacional, señalando que el bloqueo afecta a múltiples países que no participan directamente en el conflicto. Advirtió que los buques varados enfrentan deterioro en sus condiciones operativas, con escasez de suministros básicos y mayor exposición a riesgos como la piratería, lo que eleva la dimensión humanitaria de la crisis.

En esta línea, sostuvo que varias naciones han solicitado a Washington intervenir para restablecer la libertad de navegación en la región, destacando que el estrecho de Ormuz constituye una arteria vital para el comercio global. Asimismo, reiteró que no se puede permitir que Irán controle o limite el acceso a esta vía, ni que convierta estas restricciones en una práctica permanente dentro del sistema internacional.

El secretario también cuestionó los intentos de Teherán por normalizar acciones como ataques a buques o la colocación de minas, advirtiendo que estas conductas no pueden ser aceptadas como parte del funcionamiento regular del tránsito marítimo.

Finalmente, Rubio confirmó que la fase de combate iniciada en febrero, conocida como “Epic Fury”, ha concluido, dando paso a una nueva etapa centrada en la estabilización y reapertura del estrecho. No obstante, dejó abierta la posibilidad de retomar acciones militares si fracasan las negociaciones o si Irán rompe el alto el fuego, al tiempo que indicó que temas como el programa nuclear iraní serán abordados en el marco de las conversaciones en curso.

En este frente, el Departamento de Estado informó que Estados Unidos, junto con Baréin y otros socios del Golfo, promovió una resolución ante el Consejo de Seguridad de la ONU que exige a Irán cesar estas actividades, revelar la ubicación de las minas marinas y cooperar en su desactivación, además de facilitar un corredor humanitario. La iniciativa, que será sometida a votación en los próximos días, busca reforzar la presión multilateral sobre Teherán y consolidar un marco internacional que respalde la reapertura segura del estrecho y la normalización del tránsito marítimo.

DÉFICIT COMERCIAL DE EE.UU. SE AMPLÍA EN US$2,5 MIL MILLONES EN MARZO

Estados Unidos registró un déficit comercial de bienes y servicios de US$60,3 mil millones en marzo de 2026, lo que representa un incremento de US$2,5 mil millones frente a febrero, según datos publicados por la Oficina de Análisis Económico (Bureau of Economic Analysis, BEA). La ampliación del déficit refleja un crecimiento más acelerado de las importaciones frente a las exportaciones, en un entorno donde la demanda interna continúa sosteniendo el flujo de compras externas.

Las exportaciones totales alcanzaron US$320,9 mil millones en marzo, con un aumento mensual de US$6,2 mil millones, impulsadas principalmente por el desempeño de los bienes, que crecieron hasta US$213,5 mil millones. Dentro de este segmento, destacaron los envíos de suministros industriales y materiales, con un incremento de US$5,0 mil millones, así como el petróleo crudo, que sumó US$2,8 mil millones, reflejando tanto precios como volúmenes favorables en el mercado energético.

En contraste, las exportaciones de servicios registraron una leve contracción de US$0,3 mil millones, ubicándose en US$107,4 mil millones, afectadas principalmente por una caída en los ingresos por viajes. Este comportamiento sugiere una moderación en algunos componentes del comercio de servicios, aunque sectores como transporte y servicios financieros mostraron avances marginales que compensaron parcialmente la disminución.

Por el lado de las importaciones, el crecimiento fue más pronunciado, con un aumento de US$8,7 mil millones hasta alcanzar US$381,2 mil millones. Las compras externas de bienes lideraron este comportamiento, con un alza de US$10,6 mil millones, destacándose el incremento en vehículos automotores, bienes de consumo y bienes de capital, lo que apunta a una demanda interna robusta, especialmente en sectores asociados al consumo y la inversión.

En términos de composición, el déficit de bienes se amplió en US$4,1 mil millones hasta US$88,7 mil millones, mientras que el superávit de servicios aumentó en US$1,6 mil millones hasta US$28,4 mil millones. Este desbalance refleja una dinámica estructural en la que el comercio de bienes continúa presionando el resultado externo, mientras los servicios mantienen su rol compensatorio, en un contexto donde las tendencias de consumo e inversión siguen siendo determinantes para la trayectoria del déficit comercial estadounidense.

WASHINGTON EVALÚA SANCIONES DE VISADO A CHINA POR BAJA COOPERACIÓN EN DEPORTACIONES

Estados Unidos advirtió que está preparado para imponer nuevas restricciones de visado a China ante lo que considera una disminución en la cooperación para repatriar a ciudadanos chinos en situación migratoria irregular. Un alto funcionario de la administración de Donald Trump señaló que Pekín ha ralentizado estos procesos en los últimos meses, lo que podría derivar en medidas adicionales si no se revierte esta tendencia, en un momento particularmente sensible previo a la visita del mandatario estadounidense a China.

El posible endurecimiento de las medidas migratorias surge a pocos días del viaje de Trump a Beijing, donde tiene previsto reunirse con Xi Jinping. Este encuentro no solo abordará temas comerciales, sino también el manejo de deportaciones, en un contexto en el que la política migratoria se ha convertido en un eje central de la agenda interna y externa de Washington, especialmente de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha impulsado una estrategia más estricta en materia migratoria, que incluye deportaciones aceleradas, revocación de visados y mayor escrutinio sobre los antecedentes de los inmigrantes. En este marco, la cooperación de los países de origen es clave para ejecutar las órdenes de expulsión, sin embargo, China ha mostrado resistencia histórica a aceptar el retorno de sus ciudadanos, argumentando que estos procesos requieren verificación y tiempo.

Según el funcionario, tras haber aceptado alrededor de 3.000 deportados en 2025, China ha reducido significativamente su colaboración en los últimos seis meses. Actualmente, más de 100.000 ciudadanos chinos se encuentran en situación irregular en Estados Unidos, de los cuales más de 30.000 tienen órdenes finales de deportación. Ante este escenario, Washington evalúa medidas como el aumento de garantías financieras en solicitudes de visa, mayores rechazos y restricciones de entrada, invocando herramientas legales como la Sección 243(d) de la legislación migratoria.

El endurecimiento de la postura estadounidense también responde a una percepción de que China utiliza estos procesos como mecanismo de presión en su relación bilateral, en ocasiones vinculando la repatriación de migrantes con solicitudes propias, como la extradición de individuos buscados por delitos económicos o políticos. En este entorno, la disputa migratoria se suma a una agenda más amplia de tensiones entre ambas potencias, donde convergen intereses comerciales, políticos y de seguridad.

GOBIERNO DE EE.UU. ACCEDERÁ ANTICIPADAMENTE A MODELOS DE IA PARA EVALUAR RIESGOS DE SEGURIDAD

Las compañías tecnológicas Microsoft, Google y xAI, vinculada a Elon Musk, acordaron otorgar al gobierno de Estados Unidos acceso anticipado a sus nuevos modelos de inteligencia artificial con el objetivo de someterlos a pruebas de seguridad nacional antes de su despliegue. La iniciativa responde a la creciente preocupación en Washington por las capacidades de estas tecnologías, especialmente tras la aparición de sistemas avanzados como Mythos, desarrollado por Anthropic, que ha encendido alertas sobre su potencial uso en ciberataques.

El acuerdo fue coordinado por el Centro de Estándares e Innovación en IA del Departamento de Comercio, que evaluará los modelos antes de su lanzamiento público y realizará investigaciones para medir sus capacidades y riesgos. Este mecanismo da cumplimiento a un compromiso asumido por la administración de Donald Trump en julio de 2025, enfocado en fortalecer la cooperación con el sector tecnológico para identificar amenazas asociadas a la inteligencia artificial desde una perspectiva de seguridad nacional.

En este marco, Microsoft trabajará con científicos del gobierno estadounidense para someter sus sistemas a pruebas diseñadas para detectar comportamientos inesperados, además de desarrollar conjuntos de datos y metodologías compartidas que permitan estandarizar la evaluación de modelos. Este tipo de colaboración ya había sido implementado previamente con el Instituto de Seguridad de IA del Reino Unido, reflejando una tendencia hacia la coordinación internacional en materia de gobernanza tecnológica.

El creciente interés por estos controles responde a la rápida evolución de modelos de frontera, como Mythos, cuya capacidad para potenciar actividades de hacking ha generado inquietud tanto en el ámbito gubernamental como en el corporativo. Según el director del centro, Chris Fall, contar con métricas rigurosas e independientes resulta fundamental para comprender el impacto de estas herramientas y anticipar posibles usos indebidos, en un entorno donde la sofisticación tecnológica avanza más rápido que los marcos regulatorios.

La iniciativa se suma a acuerdos previos alcanzados con otras empresas como OpenAI y Anthropic desde 2024, cuando el organismo aún operaba bajo otra denominación. En paralelo, el Departamento de Defensa ha ampliado sus alianzas con múltiples compañías de inteligencia artificial para integrar estas capacidades en redes clasificadas, evidenciando un enfoque más amplio del gobierno estadounidense para incorporar y, al mismo tiempo, supervisar el desarrollo de tecnologías críticas con implicaciones estratégicas.

PRIMARIAS EN INDIANA Y OHIO MIDEN LA INFLUENCIA DE TRUMP EN EL PARTIDO REPUBLICANO

Los estados de Indiana y Ohio celebran este martes elecciones primarias de cara a los comicios de medio mandato de noviembre, en una jornada que servirá para evaluar el peso político del presidente de Estados Unidos, Donald Trump dentro del Partido Republicano. Los resultados serán observados como un indicador clave sobre la capacidad del mandatario para moldear candidaturas y definir el rumbo electoral de su partido en un escenario marcado por tensiones internas.

En Indiana, Trump busca castigar políticamente a siete senadores estatales republicanos que se opusieron a su propuesta de rediseño de distritos electorales el año pasado, una iniciativa que buscaba ampliar la representación republicana en el Congreso. Para ello, ha respaldado activamente a sus rivales en las primarias, con el objetivo de impedir que estos legisladores obtengan la nominación y compitan en las elecciones generales.

El desempeño de estos candidatos permitirá medir si el respaldo de Trump continúa siendo un activo electoral o si, por el contrario, su influencia enfrenta límites en un contexto donde su popularidad se ha visto presionada por factores recientes como la guerra con Irán. Este test interno resulta particularmente relevante para otros líderes republicanos que deberán definir su cercanía o distancia frente al presidente en futuras contiendas.

En Ohio, la atención se concentra en la carrera por la nominación republicana a la gobernación, donde el empresario Vivek Ramaswamy lidera con un perfil cercano a Trump, enfrentando al ingeniero Casey Putsch, quien ha construido su campaña con críticas al partido a nivel nacional. En el frente demócrata, la exdirectora de Salud Pública Amy Acton compite sin oposición, mientras que la contienda por el Senado, tras la salida de JD Vance, perfila un enfrentamiento entre Sherrod Brown y Jon Husted, con implicaciones para el control de la Cámara Alta.

Adicionalmente, el estado de Michigan celebra elecciones especiales para cubrir una vacante en su Senado estatal, lo que también podría alterar el equilibrio político regional. Estas votaciones representan un punto de referencia para medir dinámicas internas del Partido Republicano y anticipar posibles configuraciones de poder de cara a las elecciones legislativas, en un entorno donde la figura de Trump sigue siendo determinante pero cada vez más puesta a prueba.

PRESIDENTE LULA VIAJARÁ A WASHINGTON PARA REUNIRSE CON TRUMP EN MEDIO DE FRICCIONES DIPLOMÁTICAS

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, realizará esta semana una visita oficial a Washington para sostener un encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en un momento marcado por tensiones diplomáticas entre ambos países. El viaje, previsto para el jueves, ocurre tras varios episodios recientes que han deteriorado la relación bilateral y que han elevado el tono político entre las dos administraciones.

La visita fue confirmada por el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, aunque hasta ahora no ha sido formalmente anunciada por la Presidencia ni por la Cancillería de Brasil. Alckmin señaló que el encuentro podría contribuir a “fortalecer la buena química” entre ambos mandatarios, subrayando la relevancia del diálogo entre dos economías de peso dentro del escenario internacional.

El viaje se produce tras un episodio reciente que intensificó las fricciones, luego de que Estados Unidos expulsara a un agente policial brasileño en Miami acusado de irregularidades en un operativo vinculado al exjefe de inteligencia del gobierno de Jair Bolsonaro. Como respuesta, Brasil retiró las credenciales a un funcionario estadounidense en Brasilia y presentó una protesta formal, elevando el nivel de tensión diplomática.

A estos hechos se suman desacuerdos previos, como la negativa de Brasil a otorgar una visa a un asesor cercano a Trump que buscaba visitar a Bolsonaro en prisión, así como el aplazamiento sin explicación de una visita inicialmente prevista para marzo. Paralelamente, Lula ha endurecido sus críticas a la política exterior estadounidense en un escenario doméstico complejo, marcado por una caída en las encuestas de cara a las elecciones de octubre, donde enfrentará a Flávio Bolsonaro.

Pese a este entorno, ambos líderes han mantenido previamente una relación cordial, con encuentros en espacios multilaterales y reuniones bilaterales en 2025, donde se destacó una interacción fluida y comentarios positivos por parte de Trump hacia la trayectoria política de Lula. El nuevo encuentro en Washington será clave para evaluar si esa dinámica puede sostenerse en un entorno de mayor presión política y diplomática.