El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que la administración del presidente Donald Trump podría levantar sanciones adicionales contra Venezuela tan pronto como la próxima semana, con el objetivo de facilitar la venta de petróleo y permitir que los ingresos regresen al país para apoyar la reconstrucción económica.

En una entrevista con Reuters, Bessent explicó que el Tesoro está analizando ajustes al régimen de sanciones para viabilizar la repatriación de los recursos provenientes del crudo actualmente almacenado, en su mayoría, en buques.

“Estamos “desancionando” el petróleo que va a ser vendido”, señaló Bessent, al indicar que el enfoque del gobierno es permitir que esos recursos se utilicen para el funcionamiento del Estado, los servicios de seguridad y el beneficio directo de la población venezolana.

Aunque no precisó qué sanciones específicas serían levantadas, indicó que la decisión podría materializarse en cuestión de días.

Estas medidas hacen parte de la estrategia de Washington para estabilizar Venezuela y estimular el retorno de productores petroleros estadounidenses, una semana después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

En paralelo, Bessent confirmó que se reunirá la próxima semana con los directivos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial para discutir una eventual reactivación de la relación de estas instituciones con Venezuela.

El funcionario señaló que cerca de 3,59 billones de Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI —equivalentes a unos US4.900 millones—, actualmente congelados, podrían convertirse en dólares y destinarse a la reconstrucción del país.

El FMI no ha realizado una evaluación formal de la economía venezolana desde 2004, y el Banco Mundial no financia al país desde 2007.

Bessent también destacó que las sanciones financieras han sido un obstáculo clave para una reestructuración de la deuda venezolana, estimada en unos US$150.000 millones, considerada fundamental para el retorno del capital privado.

Sobre el sector energético, el Secretario del Tesoro anticipó que empresas privadas más pequeñas podrían regresar rápidamente a Venezuela, mientras que las grandes petroleras siguen siendo más cautelosas. Señaló que Chevron, la única gran compañía estadounidense aún presente en el país, ampliaría de forma significativa su compromiso, y no descartó un papel del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Ex-Im Bank) para respaldar financieramente proyectos de reconstrucción del sector petrolero venezolano.

Principio del formulario

ESTADOS UNIDOS PROHÍBE EMBARGOS Y RECLAMOS LEGALES SOBRE FONDOS VENEZOLANOS BAJO CUSTODIA DEL TESORO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva mediante la cual declara una emergencia nacional para proteger los fondos del Gobierno de Venezuela que se encuentran bajo custodia del Gobierno estadounidense, con el objetivo de impedir que sean objeto de embargos, demandas judiciales u otros procesos legales.

La medida se adopta invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y la Ley de Emergencias Nacionales, y responde —según la Casa Blanca— a consideraciones de seguridad nacional y política exterior.

La orden establece que cualquier intento de embargo, gravamen, ejecución judicial o reclamo privado sobre estos recursos será considerado nulo y sin efecto, salvo que exista una autorización expresa del Gobierno de EE. UU. Los fondos, definidos como “Foreign Government Deposit Funds”, provienen principalmente de la venta de recursos naturales venezolanos, incluido petróleo, o de insumos asociados, y están depositados en cuentas designadas del Departamento del Tesoro en nombre del Estado venezolano, de su banco central o de PDVSA.

Según el texto, permitir que estos recursos sean reclamados por acreedores o actores privados interferiría gravemente con los esfuerzos de Washington para estabilizar económica y políticamente a Venezuela. El presidente Trump argumenta que dichos esfuerzos son clave para frenar el narcotráfico, reducir la migración irregular hacia Estados Unidos, contrarrestar la influencia de actores como Irán y Hezbollah, y promover la estabilidad regional en el hemisferio occidental.

La orden subraya que los fondos siguen siendo propiedad soberana del Estado venezolano, que Estados Unidos los mantiene únicamente en una capacidad custodial y gubernamental, y que no podrán ser utilizados para actividades comerciales dentro del territorio estadounidense.

Además, se especifica que la administración y eventual disposición de estos recursos se hará exclusivamente con fines públicos, gubernamentales o diplomáticos, bajo directrices del Departamento de Estado.

Finalmente, el documento autoriza al Departamento del Tesoro, en coordinación con el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Departamento de Energía, a emitir regulaciones, licencias y reportes periódicos al Congreso para implementar la orden. La Casa Blanca enfatiza que la medida no implica una renuncia a la inmunidad soberana de Venezuela ni crea derechos exigibles para terceros, sino que busca preservar estos fondos como instrumento central de la estrategia estadounidense hacia la reconstrucción y estabilización del país sudamericano.

PROTESTAS MASIVAS EN EE. UU. TRAS MUERTE DE MUJER EN OPERATIVO MIGRATORIO INTENSIFICAN DEBATE POLÍTICO

Miles de personas salieron a las calles en Minneapolis y en decenas de ciudades de Estados Unidos para protestar por la muerte de Renee Good, una mujer de 37 años que fue abatida el miércoles por un agente federal de inmigración, así como por el tiroteo de dos manifestantes en Portland, Oregón.

Las movilizaciones, convocadas por organizaciones sociales y de derechos migratorios, se produjeron en medio de un despliegue sin precedentes de agentes federales en Minnesota como parte de la ofensiva migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

En Minneapolis, epicentro de las protestas, miles de manifestantes marcharon pese a las bajas temperaturas, denunciando que la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha generado un clima de miedo e inseguridad.

Aunque la mayoría de las movilizaciones han sido pacíficas, autoridades locales reportaron incidentes violentos el viernes por la noche, con enfrentamientos entre manifestantes y la policía, que dejaron agentes heridos y decenas de personas citadas. El alcalde Jacob Frey y el gobernador Tim Walz hicieron un llamado a la protesta pacífica y advirtieron contra actos de vandalismo, al tiempo que criticaron duramente la estrategia federal de control migratorio.

El caso ha tenido un fuerte impacto político en Washington. Legisladores demócratas exigieron una investigación independiente sobre la muerte de Good y plantearon desde reformas a los protocolos de los operativos migratorios hasta la reducción de fondos para el Departamento de Seguridad Nacional e incluso la destitución de la secretaria Kristi Noem.

Aunque algunos republicanos expresaron preocupación y pidieron esclarecer los hechos, la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional y el vicepresidente JD Vance sostuvieron que el agente actuó en defensa propia, una versión que es cuestionada por autoridades estatales y congresistas demócratas tras la difusión de videos del incidente.

El episodio ocurre mientras el Congreso debate el presupuesto de Seguridad Nacional y a menos de un año de las elecciones legislativas de medio término, en un contexto en el que la política migratoria vuelve a convertirse en uno de los temas más polarizantes del panorama político estadounidense.

TESORO DE EE. UU. ASEGURA QUE TIENE RECURSOS PARA DEVOLVER ARANCELES SI LA CORTE SUPREMA FALLA CONTRA TRUMP

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que el país cuenta con recursos suficientes para devolver los aranceles de emergencia impuestos por el presidente Donald Trump, en caso de que la Corte Suprema falle en contra de su legalidad. No obstante, aclaró que cualquier reembolso se realizaría de manera gradual, a lo largo de semanas, meses o incluso hasta un año.

En declaraciones a Reuters, Bessent señaló que sigue siendo escéptico frente a la posibilidad de un fallo adverso para el gobierno y calificó los eventuales reembolsos como un “beneficio injustificado” para las empresas, argumentando que muchas de ellas trasladaron los costos arancelarios a los consumidores.

“Si se devuelve el dinero, ¿las compañías también se lo devolverán a sus clientes?”, cuestionó, al tiempo que rechazó que los aranceles hayan sido un factor relevante en la inflación.

El caso ante la Corte Suprema cuestiona el uso por parte de Trump de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles generalizados a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos. Aunque se esperaba una decisión esta semana, el tribunal no se pronunció y no hay claridad sobre cuándo lo hará. Según Bessent, mientras más se retrase el fallo, mayor es la probabilidad de que la Corte respalde la posición del Ejecutivo.

El Tesoro reportó que cuenta actualmente con cerca de US$774.000 millones en efectivo, cifra que podría aumentar a unos US$850.000 millones hacia finales de marzo de 2026, lo que garantizaría capacidad para afrontar eventuales devoluciones.