La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (U.S. Trade Representative, USTR) anunció el inicio de una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para determinar si las políticas de Alemania en materia de precios de medicamentos innovadores son irrazonables o discriminatorias y si generan una carga para el comercio estadounidense. La investigación se produce después de varios meses de conversaciones entre ambos gobiernos sin que se lograra una solución sobre este tema.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó que el presidente Donald Trump ha dejado claro que los pacientes estadounidenses no deberían asumir una proporción desmedida de los costos mundiales de investigación y desarrollo farmacéutico. Greer expresó además su preocupación por la propuesta legislativa que impulsa Alemania para reducir aún más el gasto en medicamentos innovadores y advirtió que esta iniciativa representa un retroceso en los esfuerzos por lograr un sistema de compensación más equitativo para la industria farmacéutica.

Por su parte, el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (U.S. Department of Health and Human Services, HHS), Robert F. Kennedy Jr., sostuvo que la lucha contra las enfermedades constituye una responsabilidad compartida entre las economías desarrolladas y pidió a Alemania asumir una mayor parte de los costos asociados a los tratamientos innovadores que utilizan sus ciudadanos. Según Washington, una compensación más justa fortalecería la innovación médica y contribuiría al desarrollo de la próxima generación de tratamientos y curas.

El Gobierno estadounidense argumenta que las prácticas alemanas han permitido mantener los precios de los medicamentos por debajo de su valor de mercado, trasladando una parte desproporcionada de los costos de investigación y desarrollo a los consumidores estadounidenses. De acuerdo con la información recopilada por la USTR, los consumidores de Estados Unidos pagan aproximadamente 3,9 veces más que los consumidores alemanes por medicamentos de marca, lo que, según la entidad, reduce los incentivos para la innovación y distorsiona el financiamiento global de la investigación farmacéutica.

La investigación se centrará inicialmente en algunos mecanismos específicos utilizados por Alemania, entre ellos la exigencia de descuentos del 9% para mantener la confidencialidad de los precios negociados y la propuesta de introducir nuevos reembolsos obligatorios para medicamentos patentados a partir de 2027. Según una de las estimaciones citadas por la USTR, este esquema de descuentos variables podría alcanzar el 20% hacia 2030.

Como parte del proceso, la USTR solicitó consultas formales con el Gobierno alemán y abrió un periodo de recepción de comentarios públicos y solicitudes de participación en audiencias. Las partes interesadas podrán presentar observaciones y solicitar intervenir en las audiencias hasta el 10 de agosto de 2026, mientras que la audiencia pública del Comité de la Sección 301 se celebrará el 22 de septiembre en Washington.

La investigación podría derivar en la adopción de medidas comerciales si Estados Unidos concluye que las prácticas de Alemania son accionables bajo la Sección 301. Entre las posibles respuestas se contemplan acciones arancelarias y no arancelarias, en un nuevo frente de tensión comercial que amplía el uso de los instrumentos de política comercial estadounidense hacia temas relacionados con la innovación y el financiamiento de la industria farmacéutica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que fue Irán quien buscó un acercamiento con Washington y afirmó que Teherán no recibirá recursos contemplados en el reciente memorando de entendimiento para poner fin a la guerra entre ambos países. A través de un mensaje en Truth Social, el mandatario señaló que Irán está “acabado” y advirtió que no entregará “ni diez centavos” al gobierno iraní.

Las declaraciones de Trump se producen en medio de un nuevo deterioro de las condiciones para avanzar en las negociaciones entre ambas naciones. Las conversaciones nucleares que debían comenzar este viernes en Suiza fueron aplazadas debido al recrudecimiento de las hostilidades en el Líbano, donde los recientes ataques israelíes han elevado nuevamente la tensión regional y puesto en riesgo el proceso diplomático.

Desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, responsabilizó a Estados Unidos de los últimos ataques israelíes en territorio libanés y aseguró que Irán tomará las medidas necesarias para proteger a sus aliados en la región. El funcionario sostuvo que Washington tiene una “responsabilidad directa” en las acciones de Israel y recordó que el fin de las hostilidades en el Líbano hace parte de los compromisos establecidos en el memorando firmado entre Trump y el presidente iraní, Masud Pezeshkian.

La situación se agravó después de que Israel lanzara este viernes nuevos ataques en el Líbano que, según los reportes iniciales, dejaron al menos 18 muertos. Irán ha advertido en repetidas ocasiones que la continuidad de las operaciones militares israelíes en territorio libanés constituye una línea roja que podría hacer fracasar cualquier entendimiento con Estados Unidos y afectar la implementación de los acuerdos alcanzados recientemente.

En paralelo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reiteró que las fuerzas israelíes continuarán ocupando parte del sur del Líbano y mantendrán las operaciones contra Hizbulá. Fuentes iraníes indicaron que su delegación suspendió en el último momento el viaje previsto a Suiza debido a los ataques israelíes y exigió el cese de la ocupación del sur libanés, en un contexto en el que cada vez son más evidentes las diferencias públicas entre Washington y el Gobierno de Israel respecto al manejo del proceso de paz con Irán.

El Gobierno de Suiza confirmó este viernes el aplazamiento de la reunión que estaba prevista entre Estados Unidos, Irán y los dos países mediadores en las conversaciones para alcanzar un cese de las hostilidades, Catar y Pakistán. El encuentro debía celebrarse en la localidad alpina de Bürgenstock y era considerado un nuevo intento por impulsar una salida diplomática a la crisis regional.

A pesar de la suspensión de la cita, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza señaló que los trabajos preparatorios en Bürgenstock continúan y reiteró la disposición del país europeo para facilitar las conversaciones entre las partes involucradas. Las autoridades suizas no precisaron las razones del aplazamiento ni anunciaron una nueva fecha para la reunión.

La expectativa por el encuentro había llevado al despliegue de un amplio dispositivo de seguridad en la zona. Las autoridades habían puesto en marcha un plan especial para garantizar la protección de los negociadores y mediadores en este exclusivo complejo turístico ubicado sobre el lago de Lucerna, conocido por su aislamiento y por las condiciones que ofrece para la celebración de reuniones de alto nivel.

El complejo de Bürgenstock presenta características que facilitan su resguardo, ya que cuenta con una única carretera de acceso y un histórico teleférico que lo conecta con la orilla del lago. Como parte de las medidas de seguridad, la policía cantonal instaló puestos de control para restringir el ingreso únicamente a huéspedes y personal autorizado, además de suspender temporalmente el servicio del teleférico.          

La elección de Bürgenstock como sede de las conversaciones no era casual. El complejo ya había acogido en 2024 la Cumbre de Paz para Ucrania, que reunió a representantes de 92 países y consolidó al lugar como uno de los principales escenarios internacionales para iniciativas de mediación y diplomacia multilateral.

Cinco ciudadanos colombianos se unieron a una demanda colectiva presentada ante una corte federal de Nueva York contra el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el Departamento de Estado, por la suspensión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre ellos Colombia. El caso busca determinar si la administración de Donald Trump excedió sus facultades al paralizar miles de procesos migratorios legales, incluidos algunos que ya se encontraban en etapas finales de aprobación, de acuerdo con un reporte publicado por el diario El Tiempo.

Los demandantes sostienen que la medida, anunciada el 21 de enero de 2026, detuvo procesos avanzados sin realizar evaluaciones individuales y basándose únicamente en la nacionalidad de los solicitantes. Según los abogados del caso, si la política permanece vigente podría afectar cerca de la mitad de la inmigración legal hacia Estados Unidos y sentar un precedente sobre el alcance de las restricciones migratorias que puede imponer el Gobierno federal.

Los cinco colombianos forman parte de un grupo de 11 demandantes individuales respaldados por organizaciones de defensa de los inmigrantes, entre ellas el National Immigration Law Center (NILC), la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), Justice Action Center, LatinoJustice PRLDEF, UndocuBlack Network y la clínica jurídica de inmigración de la Universidad de Yale. La demanda fue presentada en representación de personas que aseguran haber sido perjudicadas pese a haber seguido vías legales de inmigración basadas en méritos académicos, experiencia profesional o proyectos considerados de interés nacional para Estados Unidos.

Entre los colombianos que participan en el litigio figura Fernando Lizcano Losada, médico endocrinólogo y fundador de un centro de investigación biomédica de la Universidad de La Sabana, cuya petición migratoria EB-1A había sido aprobada antes de que su proceso quedara suspendido tras asistir a su entrevista consular en enero de 2026. Según el expediente judicial, el investigador planeaba continuar en la Universidad de Harvard sus estudios sobre enfermedades metabólicas y distintos tipos de cáncer.

También aparecen en la demanda Juan David Buitrago Cagua, ingeniero especializado en sistemas solares y almacenamiento de energía, y Mayra Alejandra Alcendra Moscote, profesional con experiencia en finanzas y regulación de los sectores minero, petrolero y energético. Ambos habían obtenido la aprobación de sus respectivas peticiones migratorias por interés nacional y completado los trámites requeridos, pero posteriormente recibieron la notificación de que la emisión de sus visas quedaba suspendida.

Otro de los demandantes es Andrés Alfonso Medina Ramírez, arquitecto especializado en gestión pública e infraestructura, quien presentó una propuesta para desarrollar viviendas sostenibles y resilientes frente a fenómenos climáticos en comunidades vulnerables de Estados Unidos. Su petición migratoria había sido aprobada en abril de 2025, pero el proceso quedó igualmente paralizado por la nueva política migratoria.

La administración Trump ha defendido la suspensión de las visas argumentando que busca revisar los procedimientos de evaluación de los solicitantes y evitar que inmigrantes de determinados países se conviertan en una carga para los programas de asistencia pública. Los demandantes rechazan esta justificación y sostienen que la medida revive prácticas basadas en cuotas migratorias por origen nacional y sustituye la evaluación individual de cada caso por una prohibición general. El proceso, identificado como CLINIC v. Rubio, continúa su curso en los tribunales federales y aún no existe una decisión definitiva sobre la legalidad de la política.

Un grupo de congresistas republicanos de Estados Unidos expresó públicamente su respaldo al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella y rechazó las acusaciones formuladas esta semana por un grupo de legisladores demócratas que solicitó al Gobierno estadounidense investigar sus presuntos vínculos con antiguos líderes paramilitares, el empresario Alex Saab y diversas operaciones corporativas e inmobiliarias en Florida.

La representante republicana por Florida María Elvira Salazar publicó un mensaje en sus redes sociales en el que calificó las elecciones presidenciales colombianas como una de las decisiones más trascendentales en la historia del país y afirmó que los colombianos deberán escoger entre “la libertad y el fracaso”. Además, acusó al ala socialista del Partido Demócrata de intentar influir en una elección soberana mediante una campaña de desprestigio contra De la Espriella.

De manera paralela, Salazar, junto con los representantes republicanos Carlos Giménez, Christopher Smith y Bill Huizenga, envió una carta al secretario de Estado, Marco Rubio; al fiscal general encargado, Todd Blanche; y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, en la que pidió desestimar las acusaciones contra el candidato colombiano y respaldar su aspiración presidencial.

En la comunicación, los congresistas sostienen que las acusaciones presentadas por los legisladores demócratas constituyen un intento político para favorecer al presidente Gustavo Petro y aseguran que las denuncias carecen de fundamento. Asimismo, destacan que De la Espriella ha sido un abogado exitoso en el sur de Florida y afirman que no existe evidencia que justifique las investigaciones solicitadas por los congresistas demócratas.

La carta también resalta las propuestas económicas y de seguridad planteadas por el candidato colombiano. Los legisladores republicanos afirman que De la Espriella busca recuperar la prosperidad económica, fortalecer la seguridad y reducir el gasto público, al tiempo que presentan su proyecto político como una alternativa frente a las políticas impulsadas por el actual Gobierno colombiano.

El pronunciamiento de los congresistas republicanos profundiza la división política que ha surgido en Washington en torno a las elecciones presidenciales de Colombia y evidencia cómo la contienda electoral colombiana se ha convertido en un tema de debate dentro del Congreso estadounidense.

La victoria de Janeese Lewis George en la primaria demócrata para la alcaldía de Washington, D.C. marca un nuevo momento político para la capital de Estados Unidos. Aunque la elección general será en noviembre, el resultado la deja en una posición favorable en una ciudad de amplia mayoría demócrata y abre una discusión que trasciende la administración local: la relación entre el gobierno federal, la autonomía del Distrito y las prioridades urbanas de una de las ciudades más estratégicas del país.

Lewis George, integrante del Concejo de D.C. por Ward 4 y asociada al ala progresista del Partido Demócrata, derrotó a Kenyan McDuffie, una figura de perfil más moderado. Su triunfo refleja una tendencia que también se ha observado en otras grandes ciudades estadounidenses, donde candidatos con agendas centradas en asequibilidad, vivienda, servicios públicos y mayor intervención social han ganado espacio frente a sectores más tradicionales del partido.

Washington, D.C. tiene una particularidad institucional: no es solo una ciudad, sino la sede del gobierno federal, del Congreso, de agencias estratégicas, embajadas, organismos multilaterales, centros de pensamiento y gremios empresariales. Al mismo tiempo, su autonomía local está limitada por la supervisión del Congreso, lo que convierte cualquier tensión entre la alcaldía y el gobierno federal en un asunto de alcance nacional.

Ese será uno de los principales puntos de atención. El presidente Donald Trump ha advertido que podría buscar una mayor intervención federal sobre la capital si Lewis George llega a la alcaldía. Sin embargo, cualquier cambio estructural en el régimen de autogobierno de D.C. requeriría procesos institucionales y participación del Congreso.

Por ello, más que anticipar escenarios extremos, el hecho debe leerse como una señal de posibles tensiones políticas y administrativas entre el gobierno local y el federal.

La Casa Blanca pospuso la publicación de un informe del Gobierno estadounidense que identifica vulnerabilidades significativas en las máquinas de votación utilizadas en el país, a pocos meses de las elecciones legislativas de noviembre. El documento, elaborado por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (Office of the Director of National Intelligence, ODNI), concluye que estos sistemas podrían fortalecerse mediante medidas como la actualización de su software, aunque no sostiene que las vulnerabilidades hayan provocado alteraciones en los resultados electorales.

Según fuentes familiarizadas con las deliberaciones internas, algunos funcionarios de la Casa Blanca consideran que la publicación del informe podría afectar la confianza de los votantes, especialmente entre los republicanos. Otros, por el contrario, estiman que el documento no aporta elementos suficientes para respaldar las afirmaciones del presidente Donald Trump sobre un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2020, denuncias que fueron rechazadas en distintos procesos judiciales.

La discusión sobre el informe se produce en un contexto de transición en la dirección de la ODNI. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, quien impulsó las investigaciones sobre las máquinas de votación y la búsqueda de evidencia relacionada con las denuncias de fraude electoral, deja el cargo este viernes. Su reemplazo interino será Bill Pulte, actual regulador federal de vivienda, a quien Trump ha pedido investigar las presuntas “elecciones amañadas” en el país.

Diversos funcionarios y expertos que han asesorado a la ODNI habían recomendado desde el año pasado que la administración comenzara a corregir las fallas identificadas en los sistemas de votación, dado que el proceso requiere una coordinación extensa con las autoridades estatales. Entre las vulnerabilidades mencionadas se encuentran el uso de programas informáticos desactualizados y la capacidad de algunas máquinas para conectarse a internet, factores que podrían ser aprovechados por actores maliciosos.

No obstante, todas las fuentes consultadas señalaron que no tienen conocimiento de evidencia que demuestre manipulación de votos en las elecciones estadounidenses. De hecho, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA) ha afirmado previamente que no encontró pruebas de interferencia extranjera en los comicios de 2020 y calificó esas elecciones como “las más seguras de la historia” del país.

El informe de la ODNI hace parte de un esfuerzo más amplio de la administración Trump para investigar posibles irregularidades electorales tras la firma de una orden ejecutiva en febrero de 2025 destinada a ampliar el papel del Gobierno federal en la supervisión de los procesos electorales. Esta iniciativa ha generado preocupación entre algunos demócratas y analistas, quienes advierten sobre una posible utilización política de las investigaciones de cara a las elecciones de medio mandato.

La Casa Blanca y la ODNI también mantienen sin publicar un segundo informe elaborado por la firma Mojave Research, que analizó máquinas de votación incautadas en Puerto Rico y no encontró evidencia de que hubieran sido vulneradas. Aunque el estudio recomendó implementar un plan de actualización urgente de los sistemas utilizados por los estados, fuentes cercanas al proceso señalaron que dicha iniciativa no ha sido puesta en marcha.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó este viernes sus críticas contra la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, después de que la dirigente italiana calificara como un “invento” la afirmación del mandatario de que ella le había suplicado tomarse una fotografía durante la reciente cumbre del Grupo de los Siete (G7) celebrada en Francia.

Consultado por NBC sobre la controversia, Trump no respondió directamente sobre la supuesta solicitud de la fotografía y afirmó que Meloni “era una gran admiradora”. Sin embargo, añadió que no la quería como admiradora porque, según él, Italia no estuvo junto al grupo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (North Atlantic Treaty Organization, NATO) en lo relacionado con “el estrecho”, en aparente referencia a sus llamados para que los aliados europeos participen más en los esfuerzos de Washington para garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz.

Meloni respondió en sus redes sociales que las declaraciones de Trump eran “totalmente inventadas” y aseguró estar “atónita” por sus afirmaciones. La primera ministra italiana agregó que ni ella ni Italia habían suplicado nada, en respuesta a una entrevista telefónica concedida por Trump al canal italiano La 7, cuya transcripción fue difundida por ese medio.

Según la versión publicada por La 7, Trump afirmó que Meloni le pidió insistentemente una fotografía durante el encuentro de líderes en Francia y que él aceptó porque le dio pena. La mandataria italiana cuestionó posteriormente el comportamiento del presidente estadounidense hacia sus aliados y dijo lamentar que, a su juicio, no muestre la misma determinación frente a los enemigos de Occidente y de Estados Unidos.

La controversia derivó en una reacción diplomática desde Roma. El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, anunció la cancelación de la visita que tenía prevista a Estados Unidos el domingo y lunes, y sostuvo que las palabras de Trump contra Meloni eran graves, ofensivas y afectaban a toda Italia. Durante la cumbre del G7, la primera ministra había intentado restar importancia a sus diferencias con Trump y había señalado que la relación entre ambos no había cambiado, atribuyendo los desacuerdos al carácter fuerte de los dos líderes en la defensa de sus intereses nacionales.