El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene a Colombia en nivel tres de advertencia, con la recomendación de “reconsiderar el viaje” al país por delincuencia, terrorismo, disturbios civiles, secuestro y desastres naturales (“Reconsider travel to Colombia due to crime, terrorism, civil unrest, kidnapping, and natural disasters”). Dentro de esa guía, varias zonas tienen un nivel de riesgo más alto. 

En particular, el aviso vigente señala que los ciudadanos estadounidenses no deben viajar a los departamentos de Arauca, Cauca —con excepción de Popayán—, Valle del Cauca —con excepción de Cali— y Norte de Santander por delincuencia y terrorismo (“Do Not Travel to: Arauca, Cauca, excluding Popayán, Valle del Cauca, excluding Cali, and Norte de Santander departments due to crime and terrorism”). El documento añade una instrucción categórica para esas áreas: “No viaje a estas zonas por ningún motivo” (“Do not travel to these areas for any reason”). 

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá emitió el 27 de abril una alerta de seguridad específica sobre el suroccidente colombiano, luego de que durante el fin de semana del 25 de abril se registraran 26 ataques contra corredores de transporte, accesos a instalaciones militares y estaciones de policía. Según esa comunicación, al menos 20 personas murieron y muchas más resultaron heridas (“At least 20 people were killed and many more were injured”). La alerta recordó que Cauca y Valle del Cauca, salvo Popayán y Cali, son consideradas zonas inseguras para viajeros, y advirtió que algunos funcionarios del gobierno estadounidense en Colombia tienen prohibido desplazarse allí por razones de seguridad (“some U.S. government employees working in Colombia are prohibited from traveling to these areas”). 

La advertencia se produjo después de una escalada de violencia en el suroccidente del país. El hecho de mayor impacto ocurrió en el sector de El Túnel, en Cajibío, sobre la vía Panamericana, donde la detonación de un artefacto explosivo contra vehículos civiles dejó al menos 20 personas muertas y decenas de heridas. La información disponible atribuye el ataque a estructuras disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, señaladas por las autoridades como responsables de varios de los hechos recientes en Cauca y Valle del Cauca. 

La Gobernación del Cauca declaró tres días de duelo departamental mediante el Decreto 0303-04-2026, firmado el 26 de abril, como homenaje a las víctimas y en solidaridad con sus familias. La administración departamental calificó el atentado como un acto “atroz e injustificable”, ordenó izar las banderas a media asta en entidades públicas e instituciones educativas e hizo un llamado a la unidad ciudadana y al rechazo de la violencia. 

En el Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro respondió a la advertencia estadounidense con un mensaje de respeto por las medidas de protección adoptadas por un país amigo, pero pidió evitar generalizaciones sobre la región. “Solicitamos que no se estigmatice a nuestra región”, dijo la mandataria, al tiempo que sostuvo que el departamento seguirá recibiendo visitantes y que los hechos violentos no representan la identidad cultural, económica y social del territorio. 

La mandataria vallecaucana también reclamó mayor apoyo del Gobierno nacional tras los ataques en Cali y Palmira. Después de la explosión cerca del Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, en Palmira, pidió “apoyo real, sostenido y efectivo”, más fuerza pública, más inteligencia y acciones claras contra las estructuras criminales que operan en el departamento. Posteriormente, la Gobernación del Valle anunció una inversión cercana a 70.000 millones de pesos para fortalecer la red crítica de comunicaciones de la Policía y conectar municipios con sistemas de cámaras, corredores seguros y plataformas de apoyo a la fuerza pública. 

En Cali, el alcalde Alejandro Eder informó que el ataque contra el Batallón Pichincha fue un intento fallido de atentado con cilindros explosivos. Según su declaración, uno de los artefactos no detonó y otro explotó dentro de una buseta, mientras las autoridades activaban un plan de cierre y búsqueda de responsables. El mandatario ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita capturar y judicializar a los responsables. 

En paralelo, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, afirmó que la situación en Cauca refleja una realidad territorial compleja, marcada por la presencia de múltiples estructuras ilegales, algunas de ellas por fuera de los procesos de negociación. Aunque señaló que la violencia exige una respuesta policial, militar y judicial, reiteró que el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de diálogo si los grupos armados muestran voluntad de participar: “a la menor señal que ellos tengan de querer participar en unos diálogos, ahí estará el Gobierno”. 

ESTADOS UNIDOS INICIA AUDIENCIAS SOBRE TRABAJO FORZOSO; PERU RESPONDE Y COLOMBIA SIGUE BAJO OBSERVACION

Estados Unidos abrió este martes una nueva etapa en la investigación comercial sobre presuntas fallas de varios socios comerciales para impedir el ingreso de bienes asociados al trabajo forzoso. Las audiencias públicas, convocadas por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (United States Trade Representative), se realizarán el 28 y 29 de abril en la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, en Washington D. C., como parte del proceso iniciado bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. 

El alcance de la investigación comprende 60 economías, entre ellas Colombia y Perú. El gobierno estadounidense sostiene que el proceso busca evaluar si los países investigados han adoptado y aplicado de manera efectiva prohibiciones a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso (“forced labor import prohibition”) y si la ausencia de esas medidas puede constituir una práctica que restringe o afecta el comercio de Estados Unidos (“burden or restrict U.S. commerce”). 

La novedad principal frente al anuncio inicial de marzo es la apertura de las audiencias y la reacción formal de Perú. Mediante una resolución publicada el 27 de abril, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú autorizó el viaje de funcionarios a Washington para participar en el proceso. En esa resolución, Perú afirma que aceptó las consultas solicitadas por Estados Unidos y que el 15 de abril remitió su informe de posición y la solicitud formal para intervenir en las audiencias públicas. También reitera su compromiso con los estándares laborales internacionales sobre trabajo forzoso, incluidos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y el capítulo laboral del acuerdo comercial entre Perú y Estados Unidos. 

De acuerdo con el cronograma oficial publicado por la autoridad comercial estadounidense, la delegación peruana intervendrá el miércoles 29 de abril en el panel 10, representada por José Luis Castillo Mezarina, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. En ese mismo panel figuran representantes gubernamentales de México, Guatemala y Ecuador. Colombia, aunque está incluida entre las economías investigadas, no aparece en el calendario público de expositores divulgado para estas audiencias. 

Hasta el momento, no se identifica una reacción pública reciente del Gobierno de Colombia, ni de autoridades departamentales o municipales, frente a esta fase específica de audiencias. En consecuencia, para Colombia el hecho nuevo verificable es que el país permanece dentro del universo de economías examinadas, pero sin una participación visible en el cronograma público de testimonios ni un pronunciamiento oficial reciente localizado en fuentes públicas. 

El proceso aún no implica la adopción automática de medidas comerciales. La autoridad estadounidense recibirá testimonios y comentarios posteriores a las audiencias antes de determinar si las prácticas investigadas son accionables bajo la Sección 301 y, de ser así, qué medidas podrían considerarse. Entre las opciones mencionadas en el aviso oficial figuran posibles aranceles (“duties”) o restricciones a las importaciones (“import restrictions”), aunque cualquier decisión dependerá del resultado de la investigación

ENCARGADO DE NEGOCIOS BARRETT REAFIRMA ESTRATEGIA ECONÓMICA DE EE.UU. PARA VENEZUELA

El encargado de Negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, sostuvo una reunión con la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (VenAmCham) con el objetivo de avanzar en la recuperación económica del país y reforzar el vínculo con el sector privado. El encuentro marca uno de los primeros movimientos del diplomático desde su llegada a Caracas, en una etapa donde Washington busca acelerar la reactivación económica mediante inversión y cooperación empresarial.

Durante la reunión, Barrett reiteró que el plan estadounidense para Venezuela se estructura en tres fases —estabilización, reconstrucción y transición— y subrayó que el sector privado será el eje central de este proceso. Según el funcionario, la prioridad es consolidar un entorno empresarial competitivo y atractivo para nuevas inversiones, en el marco de la reapertura de relaciones bilaterales.

El acercamiento se produce en medio de una nueva agenda entre ambos países que incluye energía, comercio e infraestructura, y que ha venido tomando forma desde inicios de año. Bajo este escenario, la administración de Donald Trump ha promovido contactos con actores económicos venezolanos para impulsar la participación de empresas en sectores estratégicos.

Barrett también hizo un llamado específico a la industria petrolera venezolana para aprovechar lo que calificó como una “oportunidad histórica”, derivada del nuevo escenario bilateral y de la apertura progresiva del sector energético. Estas señales apuntan a una estrategia orientada a movilizar capital privado como motor de recuperación en el corto y mediano plazo.

El diplomático asumió el cargo tras sustituir a Laura Dogu, en una transición que refleja el paso de una fase de restablecimiento institucional a otra centrada en la ejecución de acuerdos económicos. En este marco, VenAmCham se posiciona como un actor clave en la articulación entre inversionistas internacionales y el mercado venezolano.

CONSUMO EN EE.UU.: MEJORA LEVE, PERO EL FANTASMA DE LAS TASAS DE INTERÉS PERSISTE

La confianza del consumidor en Estados Unidos mostró un ligero avance en abril, de acuerdo con el índice publicado por The Conference Board, que subió 0.6 puntos hasta 92.8, desde una lectura revisada de 92.2 en marzo. El resultado refleja una mejora marginal en el sentimiento de los hogares, en medio de presiones inflacionarias persistentes y un entorno internacional marcado por tensiones en Medio Oriente que impactaron los precios energéticos.

El componente de situación actual registró una leve caída de 0.3 puntos hasta 123.8, evidenciando una percepción algo más débil sobre las condiciones presentes de negocio y empleo. En contraste, el índice de expectativas avanzó 1.2 puntos hasta 72.2, impulsado por una visión ligeramente más optimista sobre ingresos y mercado laboral a corto plazo, aunque todavía se mantiene en niveles históricamente bajos que suelen asociarse con riesgos de desaceleración económica.

Desde la perspectiva del mercado laboral, las percepciones mostraron una mejora moderada, con un aumento en la proporción de consumidores que consideran que hay empleos disponibles frente a quienes perciben dificultad para conseguirlos. Sin embargo, esta mejora no fue suficiente para compensar el deterioro en la evaluación de las condiciones empresariales, lo que sugiere un equilibrio frágil en las expectativas económicas de los hogares.

El comportamiento por grupos demográficos evidenció divergencias relevantes, con los consumidores menores de 35 años manteniéndose como los más optimistas, mientras que los mayores de 55 continúan mostrando mayor cautela. En términos de ingresos y afiliación política, la confianza presentó variaciones mixtas, aunque predominó un sesgo hacia menor optimismo en la mayoría de los segmentos.

Las preocupaciones de los consumidores continuaron concentrándose en el aumento de precios, particularmente en energía, así como en la evolución del conflicto en Medio Oriente. Aunque una tregua temporal y la recuperación de los mercados bursátiles durante el periodo de encuesta contribuyeron a aliviar parcialmente la incertidumbre financiera, las expectativas de inflación a 12 meses se mantienen elevadas y cerca de la mitad de los encuestados anticipa tasas de interés más altas.

En cuanto al comportamiento de consumo, se observó un desplazamiento en las intenciones de compra hacia una mayor cautela, con una reducción en la proporción de consumidores dispuestos a adquirir bienes de alto valor en los próximos seis meses. Aun así, categorías como vehículos usados, muebles y dispositivos electrónicos siguen liderando las preferencias, mientras que en vivienda se mantiene una inclinación hacia propiedades existentes frente a nuevas.

El gasto en servicios también mostró señales de moderación, con una caída generalizada en las intenciones de consumo futuro, salvo en segmentos específicos como el cuidado de mascotas. Las preferencias continúan orientándose hacia gastos esenciales y de menor costo, mientras que los planes de viaje reflejan una inclinación por destinos domésticos y una reducción en el interés por desplazamientos internacionales, consolidando un patrón de consumo más prudente en 2026.

USTR ABRE CONSULTA PÚBLICA PARA MODERNIZAR PROGRAMA COMERCIAL CON ÁFRICA

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos anunció la apertura de un proceso de comentarios públicos para evaluar la modernización de la Ley de Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA), un programa comercial vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. La iniciativa busca recopilar insumos de actores interesados para formular recomendaciones al Congreso sobre posibles reformas al esquema.

El proceso forma parte de la preparación de una eventual reautorización legislativa del programa, con el objetivo de ajustar su funcionamiento a las prioridades actuales de política comercial de Estados Unidos. Entre los temas bajo revisión se incluyen la mejora de las condiciones para trabajadores y empresas estadounidenses, el fortalecimiento de la seguridad económica y la optimización de los flujos comerciales con países beneficiarios.

El programa AGOA, en vigor desde el año 2000, otorga acceso preferencial al mercado estadounidense a países del África subsahariana que cumplan ciertos criterios económicos, políticos y laborales. Sin embargo, evaluaciones recientes indican que su impacto en la diversificación del comercio y en la participación de Estados Unidos en la región ha sido limitado, lo que ha impulsado la necesidad de ajustes estructurales.

Entre los aspectos que la USTR busca revisar se encuentran las barreras arancelarias y no arancelarias que enfrentan las exportaciones estadounidenses, las condiciones de acceso recíproco a mercados y el papel del programa en sectores estratégicos como minerales críticos y cadenas de suministro. También se evalúa la posibilidad de avanzar hacia esquemas más cercanos a acuerdos comerciales bilaterales con países que superen ciertos niveles de desarrollo.

La fecha límite para la presentación de comentarios es el 15 de mayo de 2026, y las contribuciones serán utilizadas para definir recomendaciones que orienten la discusión legislativa sobre el futuro del programa.

CORTE DE APELACIONES BLOQUEA DETENCIONES MIGRATORIAS SIN FIANZA EN EE.UU.

Una corte federal de apelaciones en Estados Unidos rechazó la política impulsada por la administración de Donald Trump que buscaba imponer la detención obligatoria de migrantes sin acceso a audiencias de fianza. El fallo marca un revés relevante para la estrategia migratoria, al considerar que la interpretación utilizada para sustentar la medida no se ajusta al marco legal vigente.

El panel de tres jueces del Segundo Circuito, con sede en Nueva York, concluyó que el gobierno adoptó una lectura “novedosa pero incorrecta” de una ley migratoria de décadas de antigüedad. La decisión respalda el criterio de más de 370 jueces de instancias inferiores que previamente habían rechazado la aplicación de esta política en casos similares.

El juez Joseph Bianco, autor de la opinión, señaló que aceptar la postura del gobierno habría implicado avalar el mandato de detención sin fianza más amplio en la historia del país, con potencial impacto sobre millones de no ciudadanos. El fallo también ratificó la orden de una corte inferior que permitió la liberación de un migrante brasileño detenido tras más de dos décadas de residencia en Estados Unidos.

La controversia surge a partir de la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de considerar que migrantes ya establecidos en el país podían ser clasificados como “solicitantes de admisión”, categoría que conlleva detención obligatoria sin derecho a fianza mientras se resuelven sus casos. Esta interpretación fue respaldada en su momento por la Junta de Apelaciones de Inmigración, dependiente del Departamento de Justicia.

El fallo se produce en un escenario de criterios judiciales divergentes, ya que otras cortes de apelaciones han validado la política en decisiones recientes. Esta división incrementa la probabilidad de que el caso llegue a la Corte Suprema de Estados Unidos, que tendría la última palabra sobre el alcance de las facultades del gobierno en materia de detención migratoria.

WASHINGTON SANCIONA REDES FINANCIERAS CLAVE DEL RÉGIMEN IRANÍ

Estados Unidos anunció nuevas acciones dirigidas a desmantelar los flujos financieros ilícitos vinculados al régimen iraní, en línea con su estrategia de máxima presión para limitar la capacidad de Teherán de financiar actividades consideradas desestabilizadoras. La medida apunta a restringir el acceso de estas redes al sistema financiero internacional y reducir su capacidad operativa.

En esta ocasión, las sanciones alcanzan a 35 entidades e individuos que, según Washington, forman parte de un entramado de “banca en la sombra” utilizado por Irán para movilizar decenas de miles de millones de dólares fuera de los canales regulados. Estas estructuras permiten evadir sanciones y facilitar ingresos derivados de la venta ilegal de petróleo, así como la adquisición de componentes sensibles para programas militares.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, estos mecanismos financieros han sido clave para sostener operaciones de la Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y para canalizar recursos hacia grupos aliados en Medio Oriente. La interrupción de estos circuitos busca debilitar la capacidad del régimen para proyectar influencia regional y sostener actividades que Washington considera amenazas directas a sus intereses.

Las autoridades estadounidenses señalaron que continuarán ampliando este tipo de acciones para bloquear las fuentes de financiamiento ilícito de Irán, subrayando que no reducirán la presión hasta limitar significativamente su capacidad de operar en el ámbito financiero internacional. La medida también refuerza el mensaje de que el uso de redes paralelas será objeto de vigilancia y sanción sistemática.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA IMPUTA NUEVAMENTE A EXDIRECTOR DEL FBI POR PUBLICACIÓN EN REDES

El Departamento de Justicia de Estados Unidos logró que un gran jurado imputara por segunda vez al exdirector del FBI, James Comey, en esta ocasión por una publicación en Instagram que generó cuestionamientos por parte de aliados del presidente Donald Trump. Aunque no se han detallado los cargos específicos, el caso estaría vinculado a un mensaje publicado en mayo de 2025.

La controversia gira en torno a una imagen compartida por Comey en la que se observaban conchas formando la cifra “8647”, acompañada del texto “Curiosa formación de conchas durante mi paseo por la playa”. El contenido fue interpretado por sectores cercanos a Trump como un mensaje político, dado que el número 86 puede asociarse en jerga con “eliminar” o “deshacerse de alguien”.

Esta imputación se produce después de que un tribunal federal desestimara en noviembre de 2025 un caso previo contra Comey, que incluía acusaciones de declaraciones falsas al Congreso y obstrucción a un procedimiento legislativo. En esa decisión también fue desestimado el proceso contra la fiscal general de Nueva York, al concluirse que la designación de la fiscal encargada del caso no cumplía con los requisitos legales.

Comey, quien fue destituido en 2017 durante el primer mandato de Trump mientras lideraba la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016, había anticipado la posibilidad de enfrentar nuevas acciones judiciales. La nueva imputación reabre el enfrentamiento entre el exfuncionario y la actual administración en un momento de alta sensibilidad política.

PRESIDENTE TRUMP ARREMETE CONTRA EL CANCILLER ALEMÁN MERZ POR POSTURA SOBRE IRÁN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió a las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz, y cuestionó su postura frente a la guerra contra Irán. A través de redes sociales, Trump afirmó que Merz “no sabe de lo que habla” al referirse a la posibilidad de que Teherán desarrolle un arma nuclear, y sostuvo que su administración está actuando en una dirección que otros gobiernos no han adoptado.

En su mensaje, Trump también vinculó las críticas del canciller con la situación interna de Alemania, señalando que “con razón” al país “le va tan mal, tanto en lo económico como en otros aspectos”. La declaración se produce después de que Merz cuestionara la estrategia estadounidense en Medio Oriente y advirtiera sobre la falta de una hoja de ruta clara en el conflicto con Irán.

El canciller alemán había señalado que no basta con iniciar una intervención militar sin definir una salida, haciendo referencia a precedentes como Afganistán e Irak. Sus declaraciones reflejan un endurecimiento progresivo de su postura, tras haber respaldado inicialmente los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Las tensiones se extienden a otros aliados europeos, ya que Trump ha criticado reiteradamente a gobiernos que no han respaldado plenamente las operaciones en Irán. Entre ellos, mencionó a España, cuyo gobierno decidió restringir el uso de su espacio aéreo y de instalaciones militares para operaciones vinculadas al conflicto.

Las declaraciones del mandatario se producen en un momento de fricciones dentro de la alianza occidental, marcado por diferencias en la conducción del conflicto con Irán y en el nivel de apoyo esperado por Washington. Este intercambio evidencia las divergencias entre Estados Unidos y algunos de sus socios europeos en materia de política exterior y seguridad.

REY CARLOS III REAFIRMA ALIANZA ENTRE EE.UU. Y REINO UNIDO ANTE EL CONGRESO EN MEDIO DE TENSIONES POR IRÁN

El rey Carlos III intervino ante una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos y afirmó que, pese a las diferencias entre ambos países, la relación bilateral se mantiene basada en la defensa conjunta de la democracia. En su discurso, señaló: “cualesquiera que sean nuestras diferencias, seguimos unidos en nuestro compromiso de proteger a nuestros ciudadanos y defender nuestros valores”.

La intervención tuvo lugar durante el segundo día de su visita de Estado a Washington, en un momento marcado por tensiones entre ambos gobiernos relacionadas con la guerra con Irán. El presidente Donald Trump ha criticado públicamente al primer ministro británico, Keir Starmer, por no respaldar plenamente la ofensiva militar.

Durante la jornada, Carlos III sostuvo reuniones con legisladores republicanos y demócratas, además de un encuentro privado con Trump en la Casa Blanca. La visita busca reforzar los vínculos históricos entre ambos países, en un escenario en el que la cooperación bilateral enfrenta fricciones en materia de política exterior y defensa.

El discurso del monarca, uno de los pocos pronunciados por un soberano británico ante el Congreso, se produce mientras crecen las presiones dentro de Estados Unidos para que sus aliados incrementen su apoyo en conflictos internacionales, particularmente en Medio Oriente y Europa del Este.

Por su parte, Trump destacó durante la visita la relación histórica entre ambos países, haciendo referencia a su cooperación en conflictos pasados y subrayando la continuidad de los lazos estratégicos. Sin embargo, reportes recientes sugieren que Washington evalúa aspectos de su respaldo a posiciones británicas en escenarios sensibles, en medio de diferencias sobre la política hacia Irán.

La agenda de la visita incluye actos oficiales y una cena de Estado en la Casa Blanca, en un intento por mantener la coordinación bilateral en un entorno internacional marcado por conflictos y ajustes en las alianzas tradicionales.