Estados Unidos Y 12 Países Emiten Declaración Conjunta En Defensa De La Transición Institucional En Colombia -  AmCham Colombia
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Estados Unidos y 12 países emiten declaración conjunta en defensa de la transición institucional en Colombia

10 de julio de 2026

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó una declaración conjunta firmada por los gobiernos de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, en la que expresan preocupación por declaraciones y acciones que, sin fundamentos debidamente sustentados, cuestionan la integridad del proceso electoral colombiano y generan incertidumbre sobre el curso normal de la transición institucional.

El documento reafirma que en toda democracia constitucional la voluntad soberana de los ciudadanos, expresada libremente en las urnas y formalizada por las autoridades electorales competentes, constituye el único fundamento de la legitimidad del poder público. Los trece gobiernos firmantes señalan que desconocer los resultados proclamados oficialmente por dichas autoridades representa un desacato grave a la voluntad popular y a los principios que sustentan el Estado de Derecho.

La declaración rechaza de manera explícita cualquier acción, declaración o decisión que busque deslegitimar el mandato conferido por la ciudadanía, desacreditar sin fundamento a las autoridades electorales competentes u obstaculizar el proceso de empalme. Los firmantes subrayan que la transición entre gobiernos no constituye una concesión política sino un deber constitucional e institucional destinado a garantizar la continuidad del Estado, la estabilidad democrática y el cumplimiento efectivo de la voluntad popular.

El comunicado concluye con un llamado firme a todas las autoridades colombianas a actuar en estricta sujeción a la Constitución, la ley y los principios democráticos; a respetar los resultados oficialmente proclamados por las autoridades electorales competentes; y a garantizar una transición pacífica, ordenada y transparente, conforme a los más altos estándares del Estado de Derecho.

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo respondió a la declaración agradeciendo al secretario de Estado Marco Rubio y a los gobiernos signatarios por su respaldo a la democracia colombiana y al Estado de Derecho. "Colombia necesita que la transición entre gobiernos se desarrolle con pleno apego a la Constitución, las instituciones y la transparencia. Ese ha sido, y seguirá siendo, nuestro compromiso", afirmó Restrepo, quien reiteró la disposición del gobierno entrante para trabajar de manera constructiva con Estados Unidos y sus aliados en una relación basada en el respeto mutuo, la cooperación y la defensa de las instituciones democráticas.

Desde Washington, el senador republicano Bernie Moreno también se pronunció en respaldo al proceso colombiano y anunció que participará en una delegación de alto nivel de Estados Unidos para la posesión presidencial del 7 de agosto. "EE.UU. está listo para apoyar a la nueva administración y contribuir a la seguridad y prosperidad de ambas naciones", escribió Moreno, cuya presencia en la inauguración refuerza la señal de respaldo bipartidista que Washington ha enviado al gobierno entrante en las últimas semanas.

La declaración conjunta y las reacciones que generó constituyen la señal hemisférica más contundente hasta ahora en respaldo a la transición democrática en Colombia. El alineamiento del Departamento de Estado, doce gobiernos del hemisferio, el vicepresidente electo y miembros del Senado estadounidense en torno a los mismos principios configura un entorno de respaldo institucional sólido para el nuevo gobierno que asumirá el 7 de agosto, con implicaciones directas para la estabilidad del clima de inversión y la previsibilidad de la relación bilateral.

 

DIPLOMACIA

Gobierno electo de Colombia inicia la próxima semana una agenda de alto nivel en Washington para relanzar la relación bilateral con EE.UU.

 

El gobierno electo de Colombia iniciará la próxima semana una agenda de alto nivel en Washington, D.C., con el propósito de abrir una nueva etapa de diálogo con Estados Unidos y presentar las prioridades de la administración entrante en materia de comercio, inversión, seguridad, energía y cooperación institucional.

 

La visita, prevista entre lunes y jueves, contempla reuniones con entidades clave del gobierno estadounidense, entre ellas el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Energía, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), el Departamento de Comercio, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), Exim Bank y la Cámara de Comercio de Estados Unidos. También se esperan encuentros con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.

 

Otra de las reuniones de la agenda será el evento organizado por el Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Council, dedicado al nuevo gobierno colombiano y al camino que se abre para la relación bilateral. En este foro, el vicepresidente electo Restrepo y ministros designados participarán en un diálogo sobre la transición política en Colombia, las prioridades de la nueva administración y las oportunidades para fortalecer la cooperación con Estados Unidos. El encuentro reunirá a analistas, académicos, empresarios y tomadores de decisión de Washington.

 

El Atlantic Council tiene, además, un vínculo institucional con Restrepo, quien se incorporó en octubre de 2025 como investigador senior no residente del centro. Desde ese espacio ha contribuido con análisis sobre comercio exterior, inversión, crecimiento económico sostenible y oportunidades para América Latina.

 

La agenda también incluirá acercamientos con el Congreso de Estados Unidos. Se prevén reuniones bipartidistas con congresistas y oficinas legislativas interesadas en la relación con Colombia, incluyendo contactos con el Colombia Caucus, liderado por los representantes Mario Díaz-Balart y Henry Cuellar, así como con senadores y representantes de ambos partidos, entre ellos Bernie Moreno, Rubén Gallego, Gregory Meeks y María Elvira Salazar.

 

La visita ocurre en un momento de renovado interés en Washington frente al rumbo de Colombia. Distintos analistas han señalado que la reconstrucción de canales de confianza con Estados Unidos será una prioridad para la nueva administración, especialmente en áreas como seguridad, inteligencia, lucha contra organizaciones criminales, comercio, inversión y desarrollo energético. En ese contexto, el nombramiento de Restrepo como vicepresidente ha sido leído por sectores empresariales y financieros como una señal de pragmatismo económico y apertura al diálogo internacional.

 

En materia económica, uno de los desafíos será recuperar el clima de inversión. Análisis recientes han advertido que la inversión extranjera directa en Colombia se redujo frente a los niveles observados en 2022, lo que convierte la confianza empresarial, la estabilidad regulatoria y la atracción de capital en ejes centrales de la agenda que la nueva administración buscará presentar en Washington.

 

La misión representa una señal temprana de que el gobierno entrante considera la relación con Estados Unidos como una prioridad estratégica. La agenda cubre frentes especialmente relevantes para el sector privado —comercio, inversión, energía, infraestructura, seguridad y acceso a mercados— y refleja el interés de abrir canales de interlocución desde el inicio de la transición.

 

Para Colombia, el reto será convertir este acercamiento en una hoja de ruta concreta, con resultados verificables y una coordinación sostenida entre gobierno, sector privado, Congreso estadounidense, agencias federales y organismos multilaterales. Para Washington, la visita ofrece una oportunidad de conocer de primera mano las prioridades del nuevo gobierno y evaluar espacios de cooperación en una relación bilateral que sigue siendo central para la estabilidad, la seguridad y el crecimiento económico de ambos países.

ECONOMÍA

Estados Unidos amplía su apuesta por proyectos de desarrollo en América Latina

Estados Unidos busca ampliar su participación en proyectos de desarrollo económico e infraestructura en América Latina, como parte de una estrategia que conecta la cooperación internacional con sus intereses de seguridad nacional y comerciales. La Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos (U.S. Trade and Development Agency, USTDA) se encuentra en una fase de expansión regional tras varios años de bajo perfil.

Thomas Hardy, subdirector y director de Operaciones de la USTDA, explicó que la agencia tiene como propósito apoyar el crecimiento económico de los países socios, pero bajo un enfoque que también genere beneficios para Estados Unidos. Esta orientación responde a la política de “Estados Unidos primero”, que combina objetivos de seguridad nacional con la promoción de intereses comerciales y tecnológicos estadounidenses.

El funcionario aseguró que actualmente existe una relación más estrecha con los gobiernos y el sector privado de América Latina, cuyos actores están buscando nuevas formas de profundizar sus vínculos con Washington. Según Hardy, los recientes cambios políticos en varios países de la región han favorecido una mayor disposición para trabajar con la Administración estadounidense y acelerar iniciativas que anteriormente avanzaban con mayor lentitud.

La nueva estrategia contempla un mayor impulso a proyectos de infraestructura y desarrollo, en medio de la competencia de Estados Unidos con China y Rusia por ampliar su presencia en el hemisferio occidental. Washington busca ofrecer alternativas de inversión y cooperación que, además de fortalecer las economías de sus socios, permitan aumentar la participación de empresas y tecnologías estadounidenses en sectores considerados estratégicos.

Entre los proyectos recientes, Hardy destacó el acuerdo firmado en marzo con el presidente de Honduras, Nasry Asfura, para acelerar el desarrollo de un corredor de transporte terrestre que conectará el mar Caribe con el océano Pacífico. El funcionario anticipó que podrían surgir más iniciativas de este tipo y señaló específicamente las elecciones en Colombia, El Salvador y Ecuador como procesos que podrían abrir espacio para nuevos proyectos.

Hardy sostuvo que el mayor interés de los países latinoamericanos por fortalecer sus relaciones con Estados Unidos está acompañado por una reorganización interna y la incorporación de nuevo personal en la USTDA. Para el funcionario, estos cambios reflejan la creciente importancia estratégica que Washington concede al hemisferio occidental y su intención de utilizar la asistencia al desarrollo como una herramienta de política exterior.

La ampliación del trabajo de la USTDA no se limita a América Latina, ya que la agencia también participa en iniciativas de conectividad internacional, como la expansión del cable submarino de fibra óptica Medusa entre África occidental y España. Sin embargo, el renovado énfasis en la región muestra que Estados Unidos busca reforzar su presencia económica y tecnológica mediante proyectos que combinen desarrollo, oportunidades comerciales y objetivos de seguridad nacional.

 

ECONOMÍA

Administración Trump permite que la reforma de vivienda entre en vigor sin firma presidencial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, permitirá que una amplia reforma bipartidista de vivienda se convierta en ley sin su firma, como protesta por la falta de avances en el Senado para aprobar una legislación más estricta sobre identificación de votantes. El mandatario dejó vencer el plazo para actuar sobre la iniciativa y optó por no vetarla, lo que permite su entrada en vigor pese a que no cuenta con su respaldo expreso.

Trump afirmó que se negó a firmar la ley de vivienda porque el Senado no ha logrado aprobar la Ley SAVE America, una iniciativa que exigiría pruebas de ciudadanía a los votantes. El presidente ya había cancelado el 24 de junio una ceremonia de firma prevista en el Capitolio y había condicionado su apoyo a la reforma de vivienda a que los legisladores avanzaran primero con la legislación electoral, que no cuenta con suficiente respaldo republicano para superar el trámite en el Senado.

La Ley ROAD to Housing del Siglo XXI constituye el esfuerzo federal más amplio en décadas para enfrentar los problemas de acceso a la vivienda en Estados Unidos y busca reducir costos, acelerar la construcción y disminuir las barreras regulatorias. Economistas de la Casa Blanca estimaron este año que el país enfrenta un déficit de 10 millones de viviendas y que la nueva legislación podría contribuir a cerrar una parte de esa brecha.

La reforma pretende reducir regulaciones federales, agilizar las revisiones ambientales, acelerar la construcción de nuevas viviendas y limitar la capacidad de las corporaciones para comprar casas unifamiliares. Sin embargo, la iniciativa no aborda otros factores que presionan el mercado, como la escasez de trabajadores de la construcción, el aumento de los costos de los seguros y el crecimiento insuficiente de los salarios frente a los precios que enfrentan compradores y arrendatarios.

La decisión de Trump generó tensiones con miembros de su propio partido, pese al amplio respaldo que recibió la iniciativa en el Congreso, donde fue aprobada por 85 votos contra 5 en el Senado y por 358 contra 32 en la Cámara de Representantes. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, había expresado su expectativa de que Trump firmara la ley, aunque reconoció que la decisión del mandatario buscaba elevar la presión política para avanzar con la reforma electoral.

El debate ocurre mientras la vivienda continúa siendo uno de los principales factores detrás de las presiones sobre el costo de vida en Estados Unidos. El precio medio de venta alcanzó en junio los US$440.600, un aumento de 1,8% frente al mismo mes del año anterior y el nivel más alto desde que comenzaron los registros en 1999, una situación que ha dejado a numerosos compradores por fuera del mercado y mantiene la asequibilidad como una preocupación central para los votantes.

 

SEGURIDAD

Trump acepta retomar el diálogo con Irán pese al fin del alto el fuego

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Washington accedió a continuar las conversaciones con Irán después de que Teherán solicitara mantener abierto el canal diplomático, aunque advirtió que el alto el fuego entre ambos países ya terminó. El mandatario señaló que Estados Unidos dejó clara su posición mientras se abre una nueva etapa de negociaciones tras las hostilidades de los últimos días.

El anuncio se produjo después de una nueva serie de ataques aéreos contra territorio iraní cuya autoría no ha sido reivindicada, ocurridos luego de que Estados Unidos informara el cierre de sus operaciones militares. Los bombardeos golpearon varias zonas del sur de Irán mientras el país se preparaba para sepultar al fallecido líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, aunque las autoridades iraníes no responsabilizaron directamente a ningún actor.

Las tensiones también continúan alrededor del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por la que circula cerca de una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo. Estados Unidos y los países del Golfo insisten en que la vía debe permanecer abierta al tránsito internacional, mientras Irán sostiene que debe quedar bajo su control exclusivo y que los buques tendrían que pagar tasas a Teherán para atravesarla.

El conflicto por el control del estrecho desencadenó una crisis energética mundial y llevó los precios del petróleo hasta US$120 por barril durante los momentos más intensos de la guerra, aunque posteriormente registraron una fuerte caída. En paralelo, Israel, que participó en el conflicto contra Irán, tampoco se ha atribuido los ataques más recientes registrados sobre territorio persa.

El Comando Central de Estados Unidos (U.S. Central Command, CENTCOM) informó que había concluido una ronda de operaciones en la que fueron alcanzados cerca de 90 objetivos, pero poco después medios iraníes reportaron nuevas explosiones en las provincias de Bushehr y Sistán y Baluchistán, así como en Ahvaz, Chabahar y otras zonas. La falta de claridad sobre la autoría de estos ataques mantiene elevada la incertidumbre sobre el alcance real del fin de las operaciones estadounidenses.

Irán respondió con una ofensiva más amplia contra objetivos en Baréin, Jordania, Kuwait y Qatar, donde se activaron alertas de misiles y los sistemas de defensa aérea interceptaron proyectiles. Mientras los países del Golfo intensifican sus contactos diplomáticos y Qatar y Pakistán mantienen sus esfuerzos de mediación, la decisión de Washington y Teherán de continuar las conversaciones abre una vía diplomática que, por ahora, convive con la persistencia de los ataques y el riesgo de una nueva escalada regional.

 

SEGURIDAD

Trump amenaza con una ofensiva sin precedentes contra Irán si es asesinado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que dejó instrucciones al Pentágono para lanzar una ofensiva contra Irán a una escala “nunca antes vista” en caso de que sea asesinado como resultado de un complot atribuido a la República Islámica. El mandatario aseguró que Teherán lo considera uno de sus principales objetivos desde hace años y sostuvo que Washington respondería de manera contundente si se produjera un ataque en su contra.

Las declaraciones surgieron después de informaciones según las cuales Israel habría advertido a Estados Unidos sobre un supuesto nuevo plan iraní para asesinar al presidente, aunque el propio Trump negó haber recibido una alerta reciente de ese tipo. El mandatario afirmó que lleva mucho tiempo entre los principales objetivos de Irán y vinculó nuevamente las amenazas con la operación estadounidense que causó la muerte del general iraní Qasem Soleimani en 2020, durante su primer mandato.

La advertencia se produce en medio de una nueva escalada entre Washington y Teherán, tras los recientes enfrentamientos militares que pusieron fin al alto el fuego acordado el mes pasado. Irán también sepultó al fallecido líder supremo, Alí Jameneí, muerto durante el primer día de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, mientras persisten las dudas sobre el estado y el paradero de su hijo y sucesor, Mojtaba Jameneí.

Pese al aumento de las amenazas, Trump anunció que Estados Unidos aceptó continuar las negociaciones después de que Irán solicitara mantener abierto el canal diplomático. El presidente insistió, sin embargo, en que el alto el fuego terminó, pese al memorando de entendimiento firmado el 17 de junio para poner fin a la guerra, desbloquear el estrecho de Ormuz y abrir conversaciones sobre el programa nuclear iraní.

Los intercambios de ataques registrados durante los últimos días en el golfo Pérsico han dejado al menos 14 muertos en territorio iraní y profundizaron las diferencias sobre la vigencia del acuerdo. Teherán sostiene que las acciones estadounidenses dejaron sin efecto partes fundamentales del memorando, mientras Trump dio por terminado el alto el fuego y combina la continuidad de las negociaciones con la amenaza de una respuesta militar de gran escala ante cualquier atentado en su contra.

 

SEGURIDAD

Senadores de EE.UU. acuerdan con la Casa Blanca impulsar nuevas sanciones contra Rusia y sus compradores de energía

Un grupo de senadores republicanos y demócratas anunció que alcanzó un acuerdo con la Administración Trump para avanzar con una nueva legislación que endurecerá las sanciones contra Rusia. La iniciativa busca ampliar las herramientas de presión económica sobre Moscú y sobre los países que continúan comprando petróleo y gas natural rusos, en un intento por aumentar el costo de la guerra en Ucrania y favorecer un eventual proceso de negociación.

Los senadores Richard Blumenthal, Lindsey Graham, Jeanne Shaheen y Roger Wicker informaron que el texto actualizado cuenta con el respaldo de la Casa Blanca y será presentado próximamente. Según los legisladores, el proyecto responde a la intensificación de los ataques rusos contra la población civil y pretende fortalecer la coordinación entre el poder Ejecutivo y el Congreso para incrementar la presión sobre el Kremlin.

La propuesta contempla sanciones contra países que mantengan relaciones comerciales con Rusia, especialmente aquellos que continúan adquiriendo sus exportaciones de petróleo y gas. Graham aseguró que el acuerdo con la Casa Blanca permitirá que la iniciativa avance hasta convertirse en ley y ofrecerá al presidente Donald Trump nuevas herramientas para intentar poner fin al conflicto, que ya supera los cinco años.

El anuncio coincidió con la visita de Graham a Kiev, donde sostuvo un encuentro con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. El mandatario ucraniano celebró el respaldo del senador y afirmó que el fortalecimiento de las sanciones es fundamental para aumentar la presión sobre Moscú y mejorar las condiciones para una salida diplomática al conflicto.

El avance de la iniciativa se produce en un contexto de tensiones en los mercados energéticos por la situación en Oriente Medio y después de que Estados Unidos dejara expirar una licencia que permitía a algunos países importar petróleo ruso transportado por vía marítima. Además, el reciente acercamiento entre Trump y Zelenski, que incluyó el compromiso estadounidense de otorgar a Ucrania una licencia para fabricar interceptores de misiles Patriot, refleja un cambio en la relación entre ambos gobiernos y un renovado respaldo de Washington a la capacidad de defensa ucraniana.

 

SEGURIDAD

Departamento de Estado anuncia la expulsión de un ciudadano extranjero condenado por abuso sexual infantil

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que fue revocado el estatus legal de Tou Lue Vang, un ciudadano extranjero condenado por abuso sexual contra una menor de 10 años, quien posteriormente fue expulsado del país. La decisión fue presentada por las autoridades estadounidenses como parte de las acciones para reforzar la protección de las familias y evitar que personas condenadas por este tipo de delitos permanezcan en territorio estadounidense.

Según el comunicado oficial, Vang había admitido los hechos y, de acuerdo con las autoridades, intentó pagar a la víctima para que guardara silencio, además de minimizar la gravedad de los delitos cometidos. El Departamento de Estado sostuvo que el condenado estaba próximo a ser deportado, pero recibió un indulto por parte del gobernador de Minnesota, Tim Walz, lo que le permitió recuperar su libertad antes de la intervención del Gobierno federal.

El Gobierno estadounidense afirmó que ningún ciudadano extranjero condenado por delitos sexuales contra menores debe permanecer en el país debido al riesgo que representa para la seguridad pública. En ese sentido, señaló que la cancelación de su estatus migratorio permitió reactivar el proceso de expulsión y garantizar que no pueda regresar a Estados Unidos.

El Departamento de Estado agradeció la colaboración del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Department of Homeland Security, DHS) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE), entidades que participaron en el procedimiento de deportación y en la ejecución de las medidas adoptadas por el Gobierno federal.

 

SANCIONES

Tesoro de EE.UU. intensifica las sanciones contra la red financiera del régimen iraní

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC), anunció una nueva ronda de sanciones contra Ali Ansari, señalado como uno de los principales operadores financieros del liderazgo iraní, así como contra varias casas de cambio y empresas que, según Washington, facilitan el movimiento de miles de millones de dólares para bancos iraníes sancionados. La medida fue adoptada tras la reanudación de los ataques iraníes contra la navegación internacional en el estrecho de Ormuz.

De acuerdo con el Tesoro, Ansari habría construido una amplia red internacional de activos inmobiliarios y comerciales para beneficiar a Mojtaba Jameneí, hijo y sucesor del fallecido líder supremo Alí Jameneí, así como a otras figuras de la élite del régimen y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Estados Unidos sostiene que el empresario desvió recursos públicos mediante esquemas de corrupción y utilizó empresas fachada y cuentas bancarias en distintas jurisdicciones para ocultar esos activos.

Las autoridades estadounidenses señalaron que Ansari utilizó su antigua posición al frente del ya desaparecido Banco Ayandeh para otorgar préstamos a compañías vinculadas con él y apropiarse de miles de millones de dólares. Según el Gobierno estadounidense, parte de esos recursos fueron destinados a financiar inversiones en bienes raíces y negocios ubicados en Alemania, España, Luxemburgo, Reino Unido, Chipre, Emiratos Árabes Unidos y otros países, a través de la sociedad Smart Global Limited.

La decisión también incluyó sanciones contra tres importantes casas de cambio iraníes y varios de sus directivos, acusados de facilitar operaciones financieras para bancos iraníes previamente sancionados. Según el Departamento del Tesoro, estas entidades administran y movilizan cada año miles de millones de dólares mediante complejas redes de empresas de cobertura, lo que permite ocultar el origen y el destino final de los recursos vinculados con el régimen iraní.

Asimismo, Washington sancionó dos compañías utilizadas como empresas fachada en Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos, las cuales, de acuerdo con la investigación, servían para ejecutar transacciones financieras en apoyo de las casas de cambio iraníes. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas disponibles para aislar al liderazgo iraní del sistema financiero internacional y preservar esos activos en beneficio del pueblo iraní.

Las nuevas designaciones fueron emitidas al amparo de varias órdenes ejecutivas relacionadas con los sectores financiero y petrolero de Irán, las actividades del liderazgo del régimen y las normas estadounidenses de lucha contra el terrorismo. Con estas medidas, la Administración Trump busca reforzar la presión económica sobre Teherán, dificultar el acceso de sus principales dirigentes a los mercados internacionales y limitar los mecanismos utilizados para eludir las sanciones vigentes.