El canciller iraní Abbas Araghchi se reunió el sábado con su homólogo de Omán para discutir los mecanismos que garanticen el paso seguro de buques por el estrecho de Ormuz, tras varios días de ataques contra embarcaciones y represalias militares que pusieron en entredicho el acuerdo provisional alcanzado el mes pasado. Omán informó que ambas partes acordaron continuar el diálogo sobre la vía marítima a nivel técnico y político, un día después de que Washington instara a Teherán a declarar públicamente que el estrecho está abierto y que los buques no serán atacados. Araghchi acusó a su vez a Estados Unidos de violar el memorando de entendimiento al suspender las exenciones que permitían a Irán vender petróleo crudo en el mercado abierto en dólares, una medida que Washington adoptó en respuesta a los ataques contra embarcaciones comerciales.

El escenario se complicó con la primera declaración pública del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, quien prometió vengar el asesinato de su padre, el ayatolá Ali Khamenei, ocurrido el 28 de febrero durante los primeros ataques de la guerra. "Esa venganza es la voluntad de nuestra nación y sin duda debe llevarse a cabo", afirmó Khamenei en un comunicado transmitido por la televisión estatal, horas después de que Trump anunciara en redes sociales que mil misiles están listos para ser lanzados contra Irán y que miles más seguirían de inmediato si el gobierno iraní ejecuta sus amenazas. Trump vinculó su advertencia a los carteles que pedían su muerte exhibidos durante el funeral de Khamenei en Teherán.

Funcionarios estadounidenses señalaron bajo condición de anonimato que la reanudación de los ataques en los últimos días fue impulsada por una facción disidente de línea dura iraní que habría intentado sabotear el alto el fuego, una caracterización que Irán rechaza al insistir en que su gobierno está unificado bajo el nuevo liderazgo. En paralelo, se registraron ataques adicionales contra territorio iraní cuya autoría no fue reivindicada por Israel, lo que abre la posibilidad de que estados árabes del Golfo hayan actuado para disuadir a Teherán de nuevas represalias, después de que Irán atacara el jueves instalaciones en Baréin, Jordania, Kuwait y Qatar. Los ataques de los últimos dos días dejaron al menos 17 muertos y 115 heridos en territorio iraní, según el Ministerio de Sanidad del país.

El futuro del estrecho de Ormuz sigue siendo el nudo central del conflicto. Irán mantiene su postura de ejercer control soberano sobre la vía y cobrar tarifas a los buques que la transiten, mientras Estados Unidos instruye a los marineros a usar una ruta alternativa al sur, a través de aguas territoriales de Omán. La tensión sobre esta vía marítima — por la que transitaba antes de la guerra aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural comercializado a nivel mundial — tiene consecuencias directas sobre los mercados energéticos globales. Aunque los precios del crudo han caído significativamente desde los máximos de 120 dólares por barril registrados durante el conflicto, la incertidumbre sobre la normalización del tránsito mantiene una prima de riesgo que afecta los costos logísticos y energéticos para empresas con cadenas de suministro internacionales, incluidas las colombianas con exposición a mercados de exportación e importación dependientes del comercio marítimo global.

En el quinto aniversario de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, el secretario de Estado Marco Rubio publicó una declaración oficial en la que recuerda que miles de cubanos salieron a las calles para exigir un futuro mejor y que el régimen respondió con detenciones masivas. Rubio señaló que hasta hoy cientos de cubanos permanecen detenidos injustamente por reclamar derechos básicos, dignidad y oportunidades, y reiteró el llamado a su liberación inmediata. En paralelo, a través de su cuenta en X, Rubio subrayó que EE.UU. seguirá utilizando todos los medios a su disposición para impulsar reformas económicas y políticas en Cuba y para proteger a los estadounidenses de las amenazas que, según Washington, emanan de la isla a menos de 150 kilómetros del territorio estadounidense.

El comunicado oficial del Departamento de Estado detalla que la administración Trump ha ofrecido a Cuba asistencia humanitaria, apoyo para la reconstrucción y la promesa de una nueva relación bilateral, condicionada a que el régimen acepte llevar a cabo reformas políticas y económicas que permitan al país avanzar hacia la prosperidad. Rubio señaló que la economía cubana está en caída libre, con apagones generalizados, escasez de alimentos y condiciones de privación para la población, mientras las élites del régimen continúan consolidando su control económico y transfiriendo recursos al exterior.

Washington mantiene además una preocupación de seguridad nacional explícita: el comunicado señala que Cuba alberga operaciones militares, de inteligencia y de carácter subversivo de potencias extranjeras a menos de 150 kilómetros del territorio estadounidense, y que el régimen apoya redes consideradas peligrosas para los intereses de EE.UU. Rubio indicó que Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas disponibles para enfrentar estas amenazas, al tiempo que mantiene abierta la posibilidad de una relación renovada si La Habana decide comprometerse con reformas reales antes de que sea demasiado tarde.

La postura de Washington hacia Cuba tiene implicaciones indirectas pero relevantes en el contexto regional. La política estadounidense hacia La Habana forma parte de una estrategia hemisférica más amplia que también abarca a Venezuela y Nicaragua, e incide en las condiciones de seguridad, flujos migratorios y estabilidad política en el Caribe y Centroamérica — variables que afectan las cadenas logísticas, los corredores de comercio y el entorno de inversión en la región.

Según el informe de la Agencia Internacional de Energía, la demanda mundial de petróleo promedió 97,9 millones de barriles diarios en mayo de 2026, un descenso de 5,3 millones de barriles diarios frente al año anterior. La caída es la primera desde el punto más crítico de la pandemia de COVID-19 en 2020 y tiene dos causas principales: el alza sostenida de los precios del crudo y las interrupciones en el suministro físico derivadas de la guerra entre Estados Unidos e Irán, que dejó embarcaciones cargadas de petróleo varadas en el Golfo Pérsico durante más de tres meses, imposibilitadas de transitar con seguridad por el estrecho de Ormuz. La mayor caída por país correspondió a China, con una reducción de 1,5 millones de barriles diarios, equivalente a una disminución del 9%.

China jugó un papel determinante en la moderación de los precios globales del crudo. Ante el alza de precios durante la primavera, el país redujo drásticamente sus compras en el mercado internacional — en casi seis millones de barriles diarios en el momento más crítico — y recurrió a sus inventarios estratégicos, a los que había estado añadiendo barriles a un ritmo cercano a un millón diario. Investigadores del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia estiman que China registrará pérdidas de demanda de entre 500.000 y 600.000 barriles diarios de gasolina y diésel, aceleradas por el creciente uso de vehículos eléctricos. Esta decisión de Beijing contribuyó a evitar que los precios del petróleo se dispararan aún más ante las nuevas tensiones militares registradas a comienzos de julio.

La principal excepción a la caída global del consumo fue precisamente Estados Unidos. A pesar de que los precios en las estaciones de servicio superaron los 4,50 dólares por galón en mayo — más de un 50% por encima de los niveles anteriores al conflicto —, el consumo de gasolina aumentó en el segundo trimestre del año. Analistas señalan que una de las razones es que el porcentaje del ingreso familiar destinado a la gasolina en EE.UU. lleva años disminuyendo, y que la reincorporación masiva al trabajo presencial elevó la demanda de movilidad. Para los hogares de ingresos medios y altos, el incremento en el precio de la gasolina generó malestar político pero no modificó significativamente los patrones de conducción.

El estrecho de Ormuz sigue siendo el factor de mayor incertidumbre para los mercados energéticos globales. Un frágil alto el fuego permitió que algunos buques transitaran por la vía en junio, lo que facilitó el ingreso de más petróleo al mercado y contribuyó a una baja de precios. Sin embargo, las renovadas tensiones militares entre EE.UU. e Irán a comienzos de julio no generaron una nueva escalada en los precios, en parte porque hay menos compradores disponibles para absorber la oferta liberada: además de la reducción china, varias refinerías en Rusia sufrieron daños por ataques con drones ucranianos y las refinerías de Oriente Medio aún operan con capacidad reducida por los efectos del conflicto. Expertos de S&P Global Energy advierten que el futuro del estrecho es "probablemente más incierto hoy que al comienzo de la guerra", lo que mantiene elevada la prima de riesgo geopolítico en los mercados energéticos internacionales.

Para el sector empresarial colombiano, el escenario tiene implicaciones directas. Colombia es un país exportador de petróleo y sus ingresos fiscales están vinculados al precio del crudo; una caída sostenida de la demanda global presiona los ingresos del Estado y el tipo de cambio. Al mismo tiempo, las empresas con cadenas de suministro que dependen de fletes marítimos o insumos energéticos deben monitorear de cerca la evolución del estrecho de Ormuz y la estabilidad del suministro desde Oriente Medio, en un entorno donde la incertidumbre geopolítica puede traducirse en volatilidad de costos con poco margen de anticipación.

La ley entró en vigor en las primeras horas del sábado conforme a la Constitución, que establece que un proyecto aprobado por el Congreso se convierte automáticamente en ley si el presidente no lo firma ni lo veta dentro del plazo establecido. Trump se negó a firmarla en protesta por el fracaso del Senado en aprobar la Ley SAVE America, una iniciativa de identificación de votantes que el presidente considera prioritaria. El mandatario había cancelado previamente una ceremonia de firma apenas dos horas antes de que comenzara y calificó la reforma de "un gran bostezo", pese a que la propia secretaria de prensa de la Casa Blanca la había descrito como "una de las leyes más importantes sobre asequibilidad de la vivienda en la historia de Estados Unidos". La medida fue aprobada por el Congreso con una amplia mayoría bipartidista: 85 votos contra 5 en el Senado y 358 contra 32 en la Cámara de Representantes.

La ley combina 47 disposiciones orientadas a aumentar la oferta de vivienda, reducir costos y ampliar el acceso a inmuebles asequibles. Entre sus medidas más relevantes figuran incentivos para la construcción de viviendas prefabricadas, programas para la conversión de edificios de oficinas en apartamentos, subvenciones para la reparación de viviendas deterioradas y mecanismos para alentar a los gobiernos estatales y locales a flexibilizar sus normas de zonificación. Un informe de Goldman Sachs de 2025 estima que la flexibilización regulatoria del uso del suelo podría añadir 2,5 millones de viviendas adicionales en la próxima década. La ley también establece una restricción sin precedentes para los grandes inversores institucionales: prohíbe que cualquier entidad con más de 350 viviendas unifamiliares adquiera propiedades adicionales, aunque no obliga a quienes ya superan ese umbral a vender.

Los expertos advierten que el alivio para propietarios e inquilinos no será inmediato. Construir nuevas viviendas lleva tiempo, y la implementación de la ley impondrá una carga significativa sobre agencias federales que ya operan con personal reducido tras los recortes de la administración Trump. El Urban Institute identificó 35 programas, reglamentos y estudios que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano deberá implementar, en un momento en que la agencia enfrenta escasez de personal y sin asignaciones presupuestarias adicionales para contratación. Investigadores del Urban Institute señalan que la capacidad del HUD para ejecutar esta agenda será limitada sin recursos adicionales.

La ley tampoco resuelve todos los factores que alimentan la crisis de asequibilidad. No aborda el denominado efecto de bloqueo —millones de propietarios que se niegan a vender porque obtuvieron hipotecas a tasas ultrabajas antes de 2022 y no quieren asumir nuevas hipotecas al 6% o más—, ni los altos costos de construcción derivados de escasez de mano de obra, aranceles e inflación, ni la presión que ejerce la demanda sobre una oferta insuficiente. Trump ha señalado que la bajada de tasas de interés sería más efectiva que la legislación, pero la Reserva Federal proyecta un aumento de tasas a finales de año por el repunte inflacionario asociado al conflicto con Irán. Para el sector empresarial con operaciones en Estados Unidos, la ley introduce cambios relevantes en el mercado de vivienda que afectarán estrategias de atracción de talento, costos de vida de empleados y oportunidades en sectores de construcción, materiales y financiamiento hipotecario.

La operación, formalizada el 2 de julio, incluyó la compra del Centro de Detención de Otay Mesa — ubicado en la frontera entre California y México, con capacidad para 1.994 personas — por 739,2 millones de dólares, y del Centro de Detención de California City — recientemente inaugurado en el condado de Kern, con capacidad para 2.560 personas — por 732,6 millones de dólares. Ambas instalaciones pertenecían a la compañía privada CoreCivic, que informó que continuará gestionando las operaciones diarias de los centros bajo los contratos vigentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La adquisición convierte al gobierno federal en propietario directo de dos de las instalaciones de detención migratoria más grandes del estado.

La compra se enmarca en la aprobación reciente por parte del Congreso de un paquete de 70.000 millones de dólares destinado a financiar a ICE, la Patrulla Fronteriza y otras agencias federales de control migratorio durante el resto del mandato de Trump. La expansión de la infraestructura de detención es un componente central de la política migratoria de la administración, que ha elevado de forma sostenida el número de arrestos y deportaciones desde el inicio del segundo mandato. La adquisición de instalaciones propias, en lugar de arrendadas, busca además reducir los costos operativos de largo plazo y asegurar capacidad suficiente para las metas de deportación anunciadas.

Las instalaciones de detención migratoria bajo la administración Trump han estado bajo escrutinio público creciente. En los primeros seis meses de 2026 se reportaron 52 fallecimientos de personas bajo custodia de ICE. Un análisis reciente de CBS encontró además que al menos 15 de los 45 centros de detención con capacidad para 500 o más personas no han sido inspeccionados en el último año, pese a denuncias de irregularidades formuladas por organizaciones humanitarias, y que al menos cinco instalaciones no tienen registro alguno de inspección. Estos hallazgos han intensificado el debate en el Congreso y entre organizaciones de derechos civiles sobre los estándares de supervisión y rendición de cuentas en el sistema de detención federal.

La expansión de la infraestructura de detención y el incremento en las operaciones de deportación tienen implicaciones directas en la disponibilidad de fuerza laboral en sectores como agricultura, construcción, servicios y manufactura, donde la participación de trabajadores inmigrantes es significativa. Las empresas con operaciones en California y en estados fronterizos deben monitorear de cerca la evolución de esta política, sus efectos sobre el mercado laboral local y los marcos de cumplimiento normativo en materia migratoria aplicables a sus operaciones.

Los cuatro periodistas del New York Times que recibieron las citaciones — Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager y Eric Schmitt — fueron notificados el viernes en la noche por agentes federales que se presentaron en sus domicilios. Las citaciones buscan obligarlos a testificar ante un gran jurado federal en Manhattan el próximo miércoles, en relación con una presunta violación de la ley federal criminal. El caso se origina en dos reportajes publicados esta semana: el primero reveló que el Servicio Secreto recomendó a Trump viajar a la reciente cumbre de la OTAN en Turquía en el avión presidencial anterior en lugar del nuevo Boeing 747-8 donado por Qatar; el segundo detalló que la aeronave donada carece de contramedidas defensivas avanzadas, incluyendo capacidades antimisiles presentes en el modelo anterior.

El Departamento de Justicia defendió las citaciones señalando que su objetivo son los funcionarios de la administración que filtraron información clasificada, no los periodistas. Sin embargo, el New York Times rechazó esa caracterización y calificó la acción como un acto de intimidación. El abogado del medio, David McCraw, afirmó que "la aparición de agentes federales en la puerta de los reporteros debería impactar la conciencia de cualquier estadounidense que crea en la Constitución y la libertad de prensa que esta protege". Organizaciones de libertad de prensa como el Club Nacional de Prensa y la Freedom of the Press Foundation se sumaron al rechazo y pidieron al DOJ retirar las citaciones.

La emisión de citaciones a periodistas representa una escalada significativa en el esfuerzo del presidente Trump por presionar a organizaciones de noticias independientes mediante el poder del gobierno federal. A principios de este año, el Departamento de Justicia emitió citaciones similares contra reporteros de The Washington Post y The Wall Street Journal; en ambos casos, el DOJ retiró posteriormente las citaciones. El patrón incluye también demandas civiles y acciones penales federales contra medios como ABC News, CBS News, la BBC y otros desde el inicio del segundo mandato. Las citaciones fueron emitidas por Jay Clayton, fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, quien comparecerá ante el Comité de Inteligencia del Senado el mismo miércoles en que los periodistas deberán testificar.

La acción del DOJ introduce una variable relevante en el debate sobre el estado de la libertad de prensa en el país. La credibilidad del entorno informativo y la independencia de los medios son indicadores que los mercados financieros, las calificadoras de riesgo y los organismos multilaterales monitorean como parte de la evaluación del clima institucional de una economía. La resolución de este caso — y si el DOJ mantiene o retira las citaciones como lo hizo en casos anteriores — será un indicador sobre los límites que la administración está dispuesta a establecer en su relación con la prensa independiente.

La nueva regla, finalizada el viernes, elimina la definición amplia de "daño" que rigió durante más de cinco décadas bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción de 1973, bajo la cual la destrucción o degradación de hábitat era considerada una forma de perjuicio a las especies protegidas. Bajo el nuevo marco, actividades como la perforación petrolera, la minería, la tala y otros proyectos de desarrollo podrán llevarse a cabo en zonas de hábitat crítico siempre que no resulten en la muerte o lesión directa de los animales protegidos. El secretario del Interior, Doug Burgum, señaló que la norma anterior había "convertido actividades rutinarias en una trampa regulatoria" y que la medida devuelve la interpretación de la ley a su texto original, en línea con una decisión del Tribunal Supremo de 2024 que limitó la capacidad de las agencias federales para interpretar leyes ambientales del Congreso.

El cambio revierte una interpretación que el propio Tribunal Supremo había avalado en 1995, en el caso Babbitt v. Sweet Home, cuando ratificó por 6 votos contra 3 que la definición amplia de "daño" — incluyendo la afectación indirecta por alteración de hábitat — era compatible con la ley y necesaria para su propósito. La diferencia clave ahora es la composición más conservadora del tribunal, lo que anticipa que los desafíos legales que presentarán grupos ambientales enfrentarán un escenario judicial diferente al de hace tres décadas. Organizaciones como Earthjustice y Oceana ya anunciaron su intención de impugnar la norma en los tribunales, argumentando que la pérdida de hábitat es la principal causa de extinción de especies y que la nueva regla vacía de contenido una de las protecciones más importantes de la ley.

La medida es la más reciente en una serie de ajustes regulatorios ambientales de la administración Trump. A principios de 2026, el gobierno aprobó una exención total de la Ley de Especies en Peligro para la industria petrolera en el Golfo de México, en un proceso que involucró al Comité de Especies en Peligro — instancia que no se había convocado en décadas. La nueva norma fue recibida positivamente por sectores como la industria maderera, la minería y el petróleo y gas, cuyos representantes han argumentado durante años que la interpretación amplia de la ley imponía restricciones desproporcionadas al desarrollo económico y a los derechos de propiedad privada.

Para las empresas con operaciones, inversiones o proyectos de desarrollo en Estados Unidos, la norma reduce las barreras regulatorias ambientales en sectores como energía, minería, construcción e infraestructura. Sin embargo, la incertidumbre jurídica que generará la litigación en los próximos meses introduce un riesgo de cumplimiento que conviene monitorear: proyectos que arranquen bajo el nuevo marco podrían verse afectados si los tribunales emiten medidas cautelares o revierten la norma. Para empresas latinoamericanas con cadenas de suministro vinculadas a materias primas extraídas en EE.UU., o con socios comerciales en sectores extractivos, este cambio regulatorio puede traducirse en menores costos operativos de corto plazo y en mayor disponibilidad de áreas de desarrollo, con la salvedad de los riesgos reputacionales y legales que pueden derivarse de operar en zonas anteriormente protegidas.

Según la investigación del Wall Street Journal, el CEO de Apple, Tim Cook, viajó a Washington el año pasado para persuadir a la administración Trump de abandonar su plan de imponer aranceles del 100% a todas las importaciones de semiconductores, una medida que habría elevado drásticamente los precios de los iPhones, iPads y computadores Mac. En el curso de esas reuniones, el presidente Trump y el secretario de Comercio Howard Lutnick plantearon a Cook la situación de Intel como parte de la negociación. Apple obtuvo la exención arancelaria después de comprometerse a invertir cientos de miles de millones de dólares adicionales en manufactura en EE.UU. El acuerdo con Intel fue el componente clave de ese compromiso.

En junio de 2026, Trump confirmó públicamente a través de Truth Social que Apple fabricará chips en asociación con Intel, como parte de su estrategia para relocalizar la producción de semiconductores en territorio estadounidense. Apple depende actualmente de manera casi exclusiva de la taiwanesa TSMC para fabricar los procesadores que impulsan sus productos, una dependencia que la administración Trump ha señalado como un riesgo de seguridad nacional. El acuerdo con Intel permitiría a Apple diversificar su cadena de suministro de chips, aunque de forma acotada: Intel fabricaría chips de gama media usando su proceso 18A-P, mientras TSMC seguiría produciendo los procesadores de alta gama para los iPhones y Macs más recientes, donde Intel aún no puede igualar la densidad de transistores de TSMC.

El acuerdo tiene implicaciones que van más allá de Apple e Intel. La administración Trump tomó el año pasado una participación del 10% en Intel — valorada entonces en cerca de 8.900 millones de dólares y hoy estimada en más de 60.000 millones — como parte de su estrategia para fortalecer la industria nacional de semiconductores y garantizar una cadena de suministro doméstica para fines de seguridad nacional. En el mismo anuncio, Trump mencionó que Nvidia acordó fabricar sus primeros chips con Intel y que Elon Musk comprometió la construcción de TeraFab, un complejo de manufactura de chips en Austin, Texas, diseñado junto con el equipo tecnológico de Intel. Las acciones de Intel subieron cerca del 10% tras el anuncio presidencial.

Para el sector empresarial con interés en la cadena de valor tecnológica, el caso ilustra cómo la política arancelaria de la administración Trump está siendo utilizada como palanca para redirigir inversiones y compromisos de manufactura hacia EE.UU. La vinculación entre exenciones arancelarias y decisiones de localización industrial establece un precedente relevante para empresas de tecnología, manufactura avanzada y cualquier sector que dependa de insumos importados y busque operar en el mercado estadounidense sin las cargas arancelarias vigentes.