La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó a las 3:54 p.m. (hora del Este) del viernes 13 de noviembre suspender todas las salidas de vuelos en Estados Unidos. La causa fue fallas intermitentes de telecomunicaciones que afectaron las comunicaciones y el radar de los centros de control de tránsito aéreo en ruta. El espacio aéreo se reabrió a las 8:15 p.m., después de más de cuatro horas. Cuando se dio la orden, unas 3.500 aeronaves estaban en el aire. Algunas fueron desviadas a otros aeropuertos y las demás continuaron a sus destinos.

El sábado, el secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que la falla comenzó mientras el contratista L3Harris hacía un mantenimiento de rutina en una instalación remota de la FAA, como parte del reemplazo de líneas de cobre por fibra óptica. Uno de los enrutadores en proceso de cambio empezó a saturar a los demás con más de 1.000 intentos de conexión cada cuatro o cinco segundos, lo que interrumpió las comunicaciones con las aeronaves y la señal de radar. Las autoridades aún no han determinado si se trató de un error del contratista o de una falla del equipo. Duffy anunció que se revisará el horario en que se hacen estos trabajos, que en este caso se adelantaron a media tarde. Tanto él como el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartaron un ciberataque.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, precisó que el incidente no hace parte del programa de modernización de US$12.500 millones que adelanta la agencia. Según Bedford, la FAA gasta cerca de US$1.000 millones al año en mantener su red de telecomunicaciones actual y está reemplazando unos 2.000 enrutadores.

El impacto en la operación fue amplio. Según Bedford, el viernes había 50.000 vuelos programados, de los cuales 30.000 ya se habían completado cuando se dio la orden. La plataforma FlightAware reportó más de 8.500 retrasos y cerca de 8.000 cancelaciones ese día.

El sábado, las cancelaciones superaban las 5.000 a media tarde, porque las aerolíneas seguían reubicando aviones y tripulaciones. La FAA prevé que la operación se normalice al cierre del domingo, en vísperas de la temporada de Acción de Gracias. Varias aerolíneas, como American Airlines, ofrecieron cambios de tiquete sin costo a los pasajeros afectados.

La suspensión también afectó las rutas internacionales. Eurocontrol detuvo el tráfico hacia Estados Unidos desde sus 42 Estados miembros, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México suspendió vuelos con ese destino y Air Canada canceló operaciones entre ambos países.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca el viernes en la noche, Duffy y Mullin pidieron al Congreso US$50.000 millones en fondos de emergencia para renovar el sistema de control aéreo, que describieron como muy antiguo. Un día antes, Duffy y el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, Russell Vought, habían solicitado formalmente US$30.100 millones. Esa solicitud incluía US$10.100 millones para modernizar el control aéreo, US$2.000 millones para torres de control y US$18.000 millones para proyectos aeroportuarios. El Congreso ya había aprobado US$12.500 millones para este fin en julio de 2025. El Gobierno busca que los nuevos recursos se aprueben antes de terminar el año, ya que en enero los demócratas asumirán el control de ambas cámaras. La semana pasada, la FAA anunció además que antes de finalizar 2028 reemplazará los disquetes que aún se usan en más de 400 instalaciones de control aéreo.

SEGURIDAD

Un reportaje de The New York Times reabre el debate sobre seguridad y derechos humanos en Colombia

Un reportaje publicado por The New York Times el 30 de octubre de 2026, elaborado por los periodistas Simón Posada, Annie Correal y Federico Ríos, examina las circunstancias de tres muertes ocurridas durante operaciones de la Fuerza Pública en Colombia. La investigación presenta testimonios de familiares, habitantes de las regiones y funcionarios de seguridad que ofrecen versiones diferentes sobre lo sucedido. Los casos han abierto una discusión sobre la estrategia de seguridad del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, la protección de la población civil y los mecanismos de control de las operaciones militares.

Los hechos se registraron en Guaviare, la región Caribe y Nariño, territorios donde persiste la presencia de organizaciones armadas ilegales vinculadas al narcotráfico y otras actividades criminales. El Gobierno ha impulsado una política de mayor confrontación contra estas estructuras, con el propósito de recuperar el control territorial y fortalecer la seguridad. Sus defensores consideran que esta estrategia es necesaria ante la continuidad de la violencia y las limitaciones de los procesos de negociación anteriores. Otros sectores han planteado inquietudes sobre las garantías para la población civil y la necesidad de verificar las circunstancias de las muertes reportadas durante los operativos.

Uno de los casos documentados corresponde a Luis Carlos Mojica, de 31 años, quien murió el 22 de septiembre durante una operación militar en el Guaviare. El Ejército informó que pertenecía al bloque Jorge Suárez Briceño, una estructura disidente de las antiguas FARC. Sin embargo, testigos entrevistados por el periódico, entre ellos Yuli Motta y Luis Carlos Guerrero, aseguraron que Mojica se encontraba desarmado cuando recibió los disparos. La versión oficial sostiene que estaba vinculado al círculo de seguridad de un comandante de la organización y que se encontraron armas en el lugar. Su familia y representantes de la comunidad han cuestionado esa información y solicitado el esclarecimiento de los hechos.

El segundo caso es el de Ricardo Martínez, de 18 años, quien falleció durante una operación contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, organización criminal que opera en la región Caribe. Su madre, Marelvis Rodríguez, afirmó que el joven no pertenecía al grupo y que había sido contratado para realizar labores de vacunación de ganado. Funcionarios de seguridad consultados por The New York Times ofrecieron una versión distinta y señalaron que Martínez portaba un arma y elementos asociados con actividades armadas. Las circunstancias de su muerte motivaron cuestionamientos públicos y solicitudes de investigación.

En Nariño, la muerte de Keiner Banguera, de 19 años, durante un operativo de la Fuerza Pública el 2 de octubre, también generó versiones contrapuestas. Según testimonios recogidos por el abogado y activista Alí Bantú Ashanti, el joven recibió disparos mientras conducía una embarcación por el río Tapaje. Las autoridades sostuvieron que los militares habían solicitado detener la embarcación y que se produjo una respuesta armada. La Defensoría del Pueblo pidió a la Fiscalía priorizar el esclarecimiento del caso y determinar las circunstancias en las que se desarrolló la operación.

El Ministerio de Defensa rechazó las versiones que considera contrarias a los hechos y defendió las actuaciones institucionales. Funcionarios de seguridad que hablaron con el medio estadounidense señalaron que existían elementos materiales que respaldaban las explicaciones oficiales, incluidos registros fotográficos de armas encontradas durante los procedimientos. El reportaje reconoce que persisten diferencias entre los testimonios y que parte de la información no pudo verificarse de manera independiente. Por ello, las denuncias no constituyen, por sí solas, una conclusión judicial sobre la legalidad de las operaciones ni sobre la responsabilidad de sus participantes.

La discusión ha adquirido especial relevancia por los antecedentes de ejecuciones extrajudiciales conocidas en Colombia como falsos positivos. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estableció una cifra preliminar de por lo menos 6.402 personas asesinadas y presentadas ilegítimamente como bajas en combate entre 2002 y 2008. Este antecedente explica parte de la sensibilidad que generan las denuncias actuales, aunque no permite establecer que los episodios recientes correspondan a las mismas prácticas. Esa determinación requiere investigaciones individuales, pruebas y decisiones de las autoridades judiciales competentes.

Las implicaciones de estos casos abarcan diferentes dimensiones. En materia de seguridad, el debate plantea cómo sostener operaciones eficaces contra organizaciones criminales y, simultáneamente, garantizar el cumplimiento de los protocolos militares y del derecho internacional humanitario. En el ámbito institucional, la transparencia de las investigaciones y la verificación independiente de los hechos son relevantes para la confianza ciudadana en la Fuerza Pública. Para las comunidades rurales, que en muchos territorios conviven con la presencia de grupos armados, resulta especialmente importante contar con mecanismos de protección y acceso efectivo a la justicia.

La publicación también tiene una dimensión internacional. Al tratarse de un reportaje de un medio estadounidense con circulación global, las denuncias adquieren visibilidad ante gobiernos, organismos internacionales y organizaciones defensoras de derechos humanos. Esto puede incrementar la atención sobre la implementación de la política de seguridad colombiana y sus mecanismos de supervisión, particularmente en el contexto de la cooperación internacional contra el narcotráfico y el crimen organizado.

La Defensoría del Pueblo ha insistido en la necesidad de que las autoridades competentes esclarezcan los casos y preserven las garantías del debido proceso. Las investigaciones permitirán establecer si las operaciones se desarrollaron conforme a la ley, si existieron responsabilidades individuales y qué medidas institucionales resultan pertinentes. El resultado será relevante tanto para las familias como para las instituciones encargadas de la seguridad.

DIPLOMACIA

Trump, Xi y Putin sostendrán en Shenzhen su primera reunión trilateral

La portavoz de la Casa Blanca Olivia Wales anunció el viernes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con el presidente de China, Xi Jinping, y el de Rusia, Vladímir Putin, al cierre de su visita a China. El encuentro será el jueves 19 de noviembre en Shenzhen, polo tecnológico del sur de China, al margen de la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Es la primera vez que los mandatarios de los tres países con los mayores arsenales nucleares se reúnen en este formato. El Kremlin confirmó la cita el sábado.

Según funcionarios estadounidenses, Trump planteará la reducción de los arsenales nucleares y la guerra en Irán, pero no tiene previsto abordar la guerra en Ucrania. Un alto funcionario explicó que la reunión busca iniciar una conversación sobre desarme y que no se espera anunciar acuerdos.

La reunión se da nueve meses después de que expirara el tratado New START, que limitaba los arsenales estratégicos de Estados Unidos y Rusia. Fue la primera vez en más de 50 años que ambos países quedaron sin topes. Trump rechazó la propuesta rusa de prorrogarlo por un año y pidió negociar un acuerdo “nuevo, mejorado y modernizado” que incluya a China. De acuerdo con estimaciones del Pentágono, China tiene más de 600 ojivas, frente a más de 5.000 de Estados Unidos y de Rusia cada uno. Pekín ha mostrado poco interés en un pacto de este tipo.

Antes de llegar a Shenzhen, Trump saldrá de Washington el lunes y viajará a Filipinas para asistir a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). En la ciudad china tendrá además un almuerzo de trabajo y una reunión bilateral con Xi el jueves. Será el  cuarto encuentro entre Trump y Xi desde que el mandatario estadounidense regresó a la Casa Blanca en 2025. No está prevista una reunión bilateral por separado con Putin.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó el encuentro de “extremadamente significativo” y señaló que los acuerdos que se alcancen en Shenzhen no podrán imponerse a otros países. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, expresó su preocupación de que la reunión sirva para discutir un acuerdo sobre la guerra sin la participación de Kiev.

 

DIPLOMACIA

Asfura destaca la alianza estratégica con EE. UU. tras su visita a Washington

 

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, afirmó que su reunión del viernes con el secretario de Estado, Marco Rubio, en el Departamento de Estado sirvió para fortalecer la alianza estratégica entre ambos países. En un mensaje en sus redes sociales, Asfura señaló que los dos gobiernos reafirmaron su compromiso con la seguridad, la cooperación y el respeto mutuo, y que Honduras actuará siempre en defensa de sus intereses nacionales. Por su parte, Rubio celebró volver a reunirse con Asfura, esta vez en Washington, y resaltó la solidez de la relación en defensa, seguridad e inmigración.

Fue el segundo encuentro entre ambos y el primero desde que Asfura asumió la presidencia, el 27 de enero. El anterior fue el 12 de enero, cuando todavía era presidente electo. Desde entonces, el mandatario hondureño se reunió con el presidente Donald Trump en Mar-a-Lago, en febrero. En marzo formalizó en Washington el regreso de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Grupo Banco Mundial.

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de Honduras adoptó en septiembre la designación que reconoció Rubio. Se basó en reformas al Código Penal e incluye, además de la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, al Cártel del Diablo. El 22 de septiembre, el Congreso Nacional aprobó por unanimidad la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional, que define el tratamiento carcelario de sus integrantes. Pocos días después, el Departamento de Estado felicitó a las autoridades hondureñas por la decisión.

La Coalición de las Américas contra los Carteles fue presentada en marzo y es la principal herramienta del Escudo de las Américas para coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado. Colombia formalizó su ingreso el 12 de agosto, en un foro en Ciudad de Panamá, y se convirtió en el miembro número 19. En esa ocasión, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció que la coalición redactaría un plan de campaña antes de noviembre.

La agenda de Asfura en Washington incluyó también, el 12 de noviembre, una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Lo acompañaron el presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos, y el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules. Honduras busca negociar un nuevo programa con el organismo. A comienzos de noviembre alcanzó un acuerdo técnico sobre la sexta y última revisión del programa firmado en 2023. Si el directorio del FMI lo aprueba, el país podría recibir un desembolso de US$120 millones.

DIPLOMACIA

EE.UU. busca facilitar un diálogo directo entre Rusia y Europa sobre la guerra en Ucrania

El enviado especial de la Casa Blanca para las negociaciones sobre la guerra en Ucrania, Jared Kushner, informó el sábado en la red social X que Estados Unidos trabaja para propiciar contactos directos entre Rusia y los países europeos aliados de Washington, y para definir la agenda de la siguiente ronda de negociaciones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Según Kushner, en las conversaciones recientes surgieron varias ideas nuevas que se están evaluando. Algunas podrían traducirse en avances directos y otras en propuestas para superar las diferencias pendientes.

El anuncio llega tras una semana de intensa actividad diplomática. Kushner y el enviado especial Steve Witkoff participaron en Abu Dabi en reuniones con delegaciones de Rusia, Ucrania y Europa. El 12 de noviembre fueron recibidos en Moscú por el presidente ruso, Vladímir Putin. Ese mismo día, Kushner afirmó que Rusia había aceptado la participación europea en las negociaciones. Según el enviado, eso permitiría abordar los acuerdos de seguridad para Europa en la posguerra junto con las cuestiones territoriales entre Ucrania y Rusia.

El Kremlin se mostró más cauto. Su portavoz, Dmitri Peskov, señaló el viernes que Moscú decidirá sobre un formato ampliado de diálogo cuando conozca la “intención genuina” de los europeos de contribuir al proceso de paz. Estados Unidos y Ucrania han pedido a los países europeos que designen un representante para las negociaciones, un punto que los líderes de la Unión Europea discutieron en Dublín.

Kushner sostuvo que, para el presidente Donald Trump, una paz duradera exige garantías de seguridad creíbles para Ucrania y acuerdos de seguridad de posguerra detallados y aplicables que reduzcan el riesgo de un nuevo conflicto. Agregó que la OTAN seguirá siendo un pilar de la seguridad europea y que las partes deberán hacer concesiones prácticas para poner fin a la guerra.

DIPLOMACIA

Cuba afirma que se prepara ante una eventual acción militar de EE. UU.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó el viernes 13 de noviembre, durante las actividades del Día Nacional de la Defensa, que su país está decidido a rechazar cualquier intento de agresión militar extranjera y que para eso se prepara. Díaz-Canel, quien preside el Consejo de Defensa Nacional, sostuvo que el sistema de preparación para la defensa fortalece al país cada día. Afirmó también que en las últimas semanas voceros y políticos del Gobierno estadounidense se han pronunciado de forma reiterada en favor de una acción militar contra la isla.

Las declaraciones llegaron un día después de una entrevista del presidente Trump con la cadena Salem News Channel. Ante la pregunta sobre una posible intervención militar en Cuba, el mandatario respondió que “lo consideraría”. Washington no ha anunciado ninguna operación. Trump ha calificado a Cuba como una “amenaza extraordinaria” para la seguridad de Estados Unidos y a comienzos de año habló de una posible “toma amistosa” de la isla.

Díaz-Canel sostuvo que lo que corresponde a Estados Unidos es levantar el embargo, que calificó de castigo colectivo contra la población. Agregó que Cuba es una nación pacífica y no representa una amenaza para la seguridad de ningún país.

Desde enero, tras la operación estadounidense en Venezuela, el Gobierno de Trump ha endurecido las restricciones al suministro de petróleo hacia Cuba. Al mismo tiempo, autorizó ventas de combustible al sector privado de la isla, y Estados Unidos se convirtió en uno de sus principales proveedores de gasolina y diésel. La isla atraviesa una profunda crisis económica, y esta semana renunciaron tres gobernadores provinciales. La Habana acusa además a Washington de presionar a varios países para que retiren su apoyo a la resolución que Cuba presenta cada año desde 1992 en la Asamblea General de la ONU contra el embargo.

 

ECONOMÍA

Inversionistas extranjeros regresan a Venezuela para explorar oportunidades en energía e infraestructura

La consultora Signum Global Advisors, con sede en Estados Unidos, organizó un nuevo viaje de inversionistas a Venezuela que comienza el 15 de noviembre. El grupo reúne a cerca de 65 participantes: inversionistas de petróleo y gas, infraestructura y químicos, además de tenedores de bonos y fondos de mercados emergentes. La agenda incluye reuniones con funcionarios del gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con representantes del Banco Central de Venezuela y de la estatal petrolera PDVSA, y con directivos del sector privado.

El presidente y fundador de Signum, Charles Myers, dijo a la agencia Reuters que la mayor oportunidad sigue estando en el petróleo, el gas y la infraestructura asociada. Según Myers, los tenedores de bonos buscan evaluar el desempeño de la economía. Agregó que el gobierno de Rodríguez ha superado ampliamente las expectativas en casi todos los indicadores que siguen los inversionistas extranjeros.

El viaje se da menos de dos semanas después de que el Partido Demócrata obtuviera el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato. Eso abre interrogantes sobre la continuidad de la actual política hacia Venezuela. Myers estimó que cualquier futura administración estadounidense, demócrata o republicana, querrá que el país tenga éxito. También consideró probable que Venezuela complete su transición democrática antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2028.

La primera misión de Signum, a finales de marzo, reunió a más de 50 ejecutivos de fondos de inversión y del sector petrolero, que se reunieron con Rodríguez en Caracas. Desde entonces, otras firmas financieras también han organizado visitas al país, que tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y una deuda en mora superior a US$100.000 millones pendiente de reestructuración.

El marco regulatorio estadounidense sigue condicionando las operaciones. El 28 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro actualizó las licencias generales 46E, 48D y 49B. En conjunto, permiten comerciar crudo venezolano con destino a Estados Unidos, suministrar bienes y servicios para los sectores de petróleo, gas y electricidad, y negociar contratos contingentes para nuevas inversiones. Esos contratos solo pueden ejecutarse con una autorización posterior y específica de la OFAC. El 4 de noviembre, la OFAC aplazó hasta el 18 de diciembre la entrada en vigor de la autorización relacionada con el bono PDVSA 2020.

POLÍTICA

Trump pide revertir la conmutación de penas de muerte anunciada por el gobernador de California

 

El presidente Donald Trump criticó en su red Truth Social la decisión del gobernador de California, Gavin Newsom, de conmutar por cadena perpetua las 548 condenas a muerte vigentes en el estado, y la calificó de “un desastre para la justicia en Estados Unidos”. Según el mandatario, la medida beneficia a algunos de los peores asesinos del país, muchos de ellos con varios homicidios, y deja devastados a los familiares de las víctimas. Trump expresó su deseo de que la decisión sea revocada.

Newsom presentó su decisión el 5 de noviembre en una carta en la que sostuvo que las ejecuciones ordenadas por el Estado son incompatibles con los valores de California. Precisó además que los beneficiarios no podrán acogerse a los nuevos mecanismos de revisión de condenas de la Junta de Audiencias de Libertad Condicional.

La medida no es automática en todos los casos. La Constitución de California permite al gobernador conmutar por sí solo las penas de quienes no tienen otras condenas por delitos graves. En los 382 casos de reclusos con más de una condena de ese tipo, la conmutación requiere el aval de al menos cuatro de los siete magistrados de la Corte Suprema estatal. El tribunal abrió el proceso de revisión y fijó el 24 de noviembre como plazo para recibir argumentos de las partes interesadas.

La decisión ha generado reacciones encontradas. La Fundación Legal de Justicia Penal, organización de defensa de los derechos de las víctimas, anunció que impugnará las conmutaciones ante la Corte Suprema estatal. En contraste, al menos 50 familiares de víctimas pidieron al tribunal respaldar el plan del gobernador. El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball-Binz, también celebró la medida.

California mantiene una moratoria de ejecuciones desde marzo de 2019 y no ejecuta a ningún reo desde 2006. El mandato de Newsom concluye en enero. Su sucesor, el gobernador electo Xavier Becerra, se comprometió a mantener la moratoria.

POLÍTICA

Demócrata Jonathan Kreiss-Tomkins gana la gobernación de Alaska, la primera para su partido desde 1998

 

El exrepresentante estatal demócrata Jonathan Kreiss-Tomkins fue proyectado el viernes 13 de noviembre como ganador de la elección a gobernador de Alaska. Según los resultados publicados esa noche por la División de Elecciones del estado, obtuvo el 50,8% de los votos de primera preferencia. Con eso superó el umbral que evita el conteo por voto preferencial, el sistema que Alaska aplica cuando ningún candidato alcanza la mayoría. Kreiss-Tomkins sucederá al gobernador republicano Mike Dunleavy, que no podía aspirar a un tercer mandato consecutivo. Será el primer demócrata elegido gobernador desde la reelección de Tony Knowles en 1998.

Kreiss-Tomkins fue el único demócrata en una contienda de cuatro candidatos. Sus tres rivales eran republicanos: Bernadette Wilson, con el respaldo del presidente Donald Trump; el exalcalde de Anchorage Dave Bronson, y el exfiscal general del estado Treg Taylor. Wilson y Bronson reconocieron el resultado, y Bronson felicitó al gobernador electo.

Durante la campaña, Kreiss-Tomkins sostuvo que Alaska necesita nuevas fuentes de ingresos para corregir su déficit estructural y depender menos de los vaivenes del precio del petróleo. Propuso, entre otras medidas, extender el impuesto de renta corporativo a la petrolera privada Hilcorp. También expresó su apoyo a incentivos tributarios para impulsar el proyecto de gas natural licuado Alaska LNG. En el corto plazo, los analistas fiscales del estado prevén un superávit cercano a US$1.000 millones, gracias a los altos precios del crudo asociados a la guerra con Irán.

En la misma jornada, los votantes de Alaska rechazaron una iniciativa para derogar las primarias abiertas y el voto preferencial en las elecciones generales. Es la segunda vez en dos años que se rechaza un intento de volver al sistema anterior.

 

COMERCIO

Secretario de Comercio comparecerá ante el Senado por las exportaciones de chips de Nvidia

 

Un portavoz del Departamento de Comercio informó que el secretario de esa cartera, Howard Lutnick, comparecerá de manera voluntaria el 10 de diciembre ante el Comité Bancario del Senado. La audiencia tratará el posible desvío a China de chips avanzados de inteligencia artificial de Nvidia, en contravía de los controles de exportación de Estados Unidos. El presidente del comité, el senador republicano Tim Scott, envió el jueves cartas a Lutnick y al exdirector ejecutivo de Nvidia Jensen Huang para pedirles que testifiquen a comienzos de diciembre. En su carta, Scott señaló que el papel central del Departamento de Comercio en la expedición y aplicación de esas regulaciones hace esencial su testimonio. Por su parte, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Brian Mast, afirmó que Huang aceptó presentarse ante ese comité.

La investigación se centra en Megaspeed, una empresa de centros de datos con sede en Singapur que en los dos últimos años compró chips avanzados de Nvidia por más de US$4.800 millones. Washington sospecha que la compañía desvió parte de esos equipos hacia China. Megaspeed niega cualquier irregularidad. La empresa estuvo vinculada a Alice Huang, la ejecutiva con quien Jensen Huang reconoció haber mantenido una relación personal y que, según reportes de prensa basados en evaluaciones de inteligencia estadounidenses, habría sido reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado de China. Huang renunció a la dirección de Nvidia el 12 de noviembre.

El caso también ha expuesto diferencias dentro del Gobierno. El viernes, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, atribuyó al Departamento de Comercio la falta de sanciones contra Megaspeed. Según Axios, Bessent ya había preguntado a Lutnick en una reunión en la Sala de Situaciones de la Casa Blanca por qué la empresa no figuraba en la Lista de Entidades, que restringe el acceso a tecnología estadounidense sensible. En el Senado, la principal demócrata del Comité Bancario, Elizabeth Warren, pidió a Lutnick y al subsecretario de Industria y Seguridad, Jeffrey Kessler, explicar por qué no se han cerrado los vacíos en los controles. Varios legisladores republicanos también respaldaron la comparecencia.

El tema coincide con una semana clave para la relación tecnológica con China. Nvidia presentará sus resultados del tercer trimestre el 17 de noviembre, y el presidente Donald Trump se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, el 19 de noviembre en Shenzhen. La tregua comercial entre ambos países vence el 10 de enero.