La visita del vicepresidente electo José Manuel Restrepo y del ministro de Comercio designado, Mauricio Gómez Amín, a Washington marca una de las primeras señales internacionales del gobierno entrante para relanzar la agenda bilateral con Estados Unidos. La misión se desarrolla en un momento especialmente relevante para Colombia: hay interés político en recomponer la relación, pero también asuntos comerciales, fiscales y regulatorios que requieren gestión temprana y técnica.

 

Durante la jornada de hoy, la agenda estuvo concentrada en el frente económico y financiero. La delegación sostuvo reuniones con organismos multilaterales, entre ellos el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, y avanzó contactos con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y Exim Bank. De acuerdo con reportes de prensa, el FMI manifestó preocupación por la situación fiscal de Colombia y ofreció acompañamiento técnico para evaluar con mayor precisión el estado de las finanzas públicas. El mensaje central fue la importancia de preservar la sostenibilidad fiscal como condición para fortalecer crecimiento, inversión y confianza.

 

La agenda también contempla encuentros con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Atlantic Council, donde se espera que la delegación presente las prioridades de la nueva administración en materia de estabilidad macroeconómica, inversión, comercio, seguridad y cooperación institucional. Estos espacios son relevantes porque permiten enviar señales tempranas a gobiernos, multilaterales, analistas, empresarios y tomadores de decisión en Washington.

 

Uno de los momentos más importantes de la visita será la reunión prevista con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, USTR. El encuentro ocurre mientras sigue pendiente la definición del proceso iniciado bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. En el caso de Colombia, el debate no se refiere a exportaciones colombianas producidas con trabajo forzoso, sino a la ausencia de una prohibición efectiva para impedir el ingreso al mercado colombiano de bienes producidos bajo esas condiciones en otros países.

 

El calendario es estrecho. USTR inició las investigaciones el 12 de marzo de 2026; publicó sus hallazgos y acciones propuestas el 2 de junio; el plazo para comentarios escritos cerró el 6 de julio; y las audiencias públicas se realizaron entre el 7 y el 9 de julio. Hasta ahora, USTR no ha publicado una decisión final país por país. En las audiencias, varios gobiernos y sectores productivos solicitaron exenciones o cuestionaron el alcance de las medidas propuestas, lo que indica que el proceso sigue abierto.

 

Para Colombia, el tema tiene implicaciones comerciales concretas. USTR propuso aranceles adicionales de 10% para economías que ya cuentan con prohibiciones, compromisos o regímenes parciales frente a bienes producidos con trabajo forzoso, y de 12,5% para las demás. En el caso colombiano, una porción estimada cercana al 28% de la canasta exportadora hacia Estados Unidos permanece sujeta al arancel recíproco de 10%, y esa misma base podría quedar expuesta a un incremento hasta 12,5% si USTR concluye que el país no ha adoptado acciones suficientes frente al ingreso de bienes producidos con trabajo forzoso en terceros países.

 

La reunión con USTR también será clave para abordar otros asuntos sensibles de la agenda comercial bilateral. Entre ellos están la equivalencia regulatoria y las barreras técnicas, particularmente en sectores como vehículos y autopartes; la propiedad intelectual, donde la brecha principal está más en la ejecución y observancia que en el marco normativo; y los temas de infraestructura digital, confianza tecnológica, servicios en la nube y flujos de datos. Son asuntos técnicos, pero de alto impacto para el comercio, la inversión y la operación de empresas de ambos países.

 

La visita se produce en un ambiente de gran optimismo y expectativa frente al nuevo gobierno colombiano. Washington observa señales sobre el manejo fiscal, la recuperación del clima de inversión, la cooperación en seguridad, la política energética y la capacidad de Colombia para resolver asuntos pendientes de acceso a mercado.

 

ECONOMÍA

Doce estados demandan para bloquear la fusión Paramount-Warner Bros. de 110.000 millones de dólares, la mayor en la historia de Hollywood

 

La demanda, presentada este lunes en una corte federal de California, argumenta que la fusión — la mayor en la historia de Hollywood — combinaría dos de los cinco grandes distribuidores cinematográficos y dos de los cinco principales propietarios de canales de cable básico del país, eliminando la competencia entre ambas compañías. Según el fiscal general de California, Rob Bonta, quien lideró la coalición y anunció la acción en una rueda de prensa junto al letrero de Hollywood, la entidad combinada controlaría cerca de un tercio de las películas en salas de cine y casi un tercio de la programación de cable básico en Estados Unidos. "Esta fusión sofocaría la competencia, elevaría los precios, reduciría la calidad del contenido y produciría menos películas y series cada año", afirmó Bonta. La coalición solicitó a las empresas abstenerse de cerrar la operación hasta que concluya el proceso judicial.

 

El elemento más significativo de la demanda es su dimensión institucional: los doce estados — todos con fiscales generales demócratas — actúan en contradicción directa con el gobierno federal, cuyo Departamento de Justicia aprobó la transacción sin condiciones en junio. La acción estatal se convierte así en el principal obstáculo legal para el cierre de la operación y pone a prueba la capacidad de los estados para bloquear fusiones que la administración federal ha avalado. El caso tiene además un trasfondo corporativo complejo: Paramount Skydance se impuso en una disputada batalla por Warner Bros. Discovery que incluyó una oferta rival de Netflix, y la operación ya cuenta con aprobaciones regulatorias en varios mercados internacionales.

 

Paramount anunció que combatirá la demanda "vigorosamente", calificándola de "errada tanto en los hechos como en el derecho". La compañía sostiene que los estados tergiversan la naturaleza de la competencia en la industria actual del entretenimiento — donde plataformas de streaming como Netflix, Amazon y Apple han transformado las dinámicas del mercado — y que la fusión "fortalece la competencia" al crear un actor con escala suficiente para competir con los gigantes tecnológicos. El desenlace del litigio definirá la estructura de una industria en plena consolidación y sentará precedente sobre el margen de acción de los estados en materia antimonopolio cuando el gobierno federal opta por no intervenir.

 

Para el sector empresarial, el caso ofrece dos lecturas relevantes. Primero, evidencia que en el sistema estadounidense la aprobación federal de una fusión no garantiza su cierre: los estados conservan herramientas antimonopolio propias que pueden activar de forma independiente, un factor que las empresas con operaciones o inversiones en EE.UU. deben incorporar en el análisis de riesgo de operaciones de consolidación. Segundo, el litigio anticipa el tono del debate regulatorio sobre concentración de mercados en industrias de contenido y tecnología, un frente que seguirá activo con independencia de la orientación de la administración de turno en Washington.

 

ECONOMÍA

La primera gran decisión de Warsh al frente de la Fed: definir si revierte los recortes de tasas de 2025 ante la inflación persistente

 

Según reportó The Wall Street Journal, la disyuntiva central que define el arranque de la gestión de Warsh es si la Fed debe revertir los tres recortes consecutivos de un cuarto de punto que su antecesor Jerome Powell aplicó a finales de 2025 para apuntalar un mercado laboral debilitado. Aquellas reducciones — concebidas como "recortes de seguro" — dejaron la tasa de referencia en el rango de 3,50%-3,75%, donde se ha mantenido durante cuatro reuniones consecutivas. Pero el contexto cambió: la inflación PCE, el indicador preferido de la Fed, alcanzó 4,1% en mayo con una lectura subyacente de 3,4%, muy por encima de la meta del 2%, impulsada en parte por el choque energético derivado del conflicto con Irán. El índice de precios al consumidor superó el 4,2% anual.

 

Las proyecciones del propio banco central reflejan el giro. En la reunión de junio — la primera presidida por Warsh —, la mediana de la proyección de tasas para el cierre de 2026 subió a 3,8%, frente al 3,4% de marzo, y nueve de los dieciocho miembros del comité anticiparon al menos un alza este año, seis de ellos dos incrementos. Es un cambio drástico frente a marzo, cuando ningún funcionario proyectaba subidas y el comité en conjunto preveía un recorte. Las minutas de esa reunión, publicadas el 8 de julio, confirmaron que la mayoría de los participantes considera que los riesgos inflacionarios están sesgados al alza. Warsh, quien declinó presentar su propia proyección, ha evitado comprometerse públicamente: el 1 de julio, en el foro del Banco Central Europeo en Sintra, señaló que "los riesgos de inflación han bajado" en las últimas semanas, sin ofrecer señales sobre la decisión de julio.

 

Los analistas están divididos sobre la magnitud del eventual ajuste. El economista jefe para EE.UU. de BNP Paribas, James Egelhof, proyecta que la Fed eliminará por completo los recortes de 2025 con tres alzas sucesivas a partir de diciembre, bajo el argumento de que la inflación está "crónicamente estancada en un nivel moderadamente elevado" y la política monetaria ya no está conteniendo la economía. Estrategas de RBC Wealth Management plantean un escenario binario: o la Fed no sube tasas, o las sube tres veces — la apuesta del mercado de futuros por una sola alza sería solo un punto medio estadístico. El dato de inflación de junio, que se publica el martes, y el comportamiento de los precios del petróleo tras la nueva escalada en el estrecho de Ormuz serán determinantes para la decisión del 29 de julio.

 

El rumbo de las tasas de la Fed es una de las variables externas de mayor impacto directo. Un ciclo de alzas en EE.UU. fortalecería el dólar, presionaría las monedas emergentes — incluido el peso colombiano —, encarecería el financiamiento externo de gobiernos y empresas de la región y podría redirigir flujos de capital hacia activos estadounidenses. Para Colombia, con una tasa de política monetaria en 10,25% y una deuda pública cercana al 60% del PIB, el endurecimiento monetario en Washington reduciría el margen del Banco de la República para relajar su propia política y elevaría el costo del servicio de la deuda externa, en un momento en que el gobierno entrante busca precisamente estabilizar las finanzas públicas y atraer inversión.

 

SEGURIDAD

EE.UU. se declara "guardián" del estrecho de Ormuz, anuncia un cargo del 20% sobre la carga en tránsito y restablece el bloqueo a Irán

 

A través de Truth Social, Trump declaró que Estados Unidos será conocido "de ahora en adelante como ‘EL GUARDIÁN DEL ESTRECHO DE ORMUZ’" y que, "como cuestión de justicia, será reembolsado a una tasa del 20% sobre toda la carga transportada, por todos los costos necesarios para brindar seguridad a esta sección tan volátil del mundo". El presidente aseguró que el estrecho "está abierto y permanecerá abierto, con o sin Irán", y anunció el restablecimiento del bloqueo naval —que denominó "el bloqueo iraní"— dirigido exclusivamente a impedir la entrada y salida de buques iraníes o de sus clientes, mientras "todos los demás países tendrán un uso justo y abierto del estrecho". Según el ejército estadounidense, el bloqueo se reactivará este martes a las 4:00 p.m. hora del este. El anuncio impactó de inmediato los mercados: el barril de Brent subió 7,8% hasta 81,92 dólares, todavía lejos de los casi 120 dólares alcanzados en el punto más álgido de la guerra.

 

La medida representa un giro respecto a la posición que Washington sostuvo durante meses. El propio secretario de Estado Marco Rubio declaró el 25 de junio en Baréin que "no hay una nación en la Tierra que apoye tener que pagar para transitar por los estrechos" y que los cobros "no van a suceder, no pueden ser parte de esto". La Organización Marítima Internacional (OMI) reaccionó al anuncio reiterando su posición institucional: "No existe base legal para introducir peajes obligatorios por el simple tránsito por un estrecho de navegación internacional". Un portavoz del CENTCOM declinó precisar si el ejército sería el encargado de recaudar los cobros y remitió las preguntas a la Casa Blanca. El canciller iraní Abbas Araghchi respondió con ironía en X, apropiándose del argumento estadounidense: "El presidente tiene toda la razón. Quien provea el paso seguro de buques comerciales por el estrecho de Ormuz debe ser compensado por ese servicio. Irán siempre ha sido el GUARDIÁN del estrecho y lo será PARA SIEMPRE. El 20% es, por supuesto, demasiado. Nosotros seremos justos".

 

La escalada verbal se produce en paralelo a la militar. La Guardia Revolucionaria declaró que el estrecho es "nuestro territorio" y advirtió a los países vecinos del Golfo contra cooperar con Washington, mientras el CENTCOM informó que utilizó por primera vez drones marítimos para atacar un submarino iraní y una instalación en la base naval de Bandar Abbas. Las sirenas antimisiles sonaron tres veces en Baréin — sede de la Quinta Flota —, Kuwait interceptó fuego hostil y Jordania derribó cuatro misiles iraníes. El deterioro amenaza directamente la negociación en curso: ambos países están cerca de la mitad del período de 60 días pactado para alcanzar un fin permanente de la guerra y un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Trump afirmó que en una reunión de once horas el domingo "todo estaba acordado", pero que los negociadores iraníes llamaron después para plantear "un par de cambios" que no especificó.

 

Para el sector empresarial, la medida introduce un factor inédito en la estructura de costos del comercio marítimo global. Un cargo del 20% sobre la carga que transita por la vía que canalizaba una quinta parte del petróleo y el gas mundial tendría — de materializarse — un impacto directo sobre los precios de la energía, los fletes y los seguros marítimos, con efectos en cascada sobre las cadenas de suministro internacionales. La falta de claridad sobre el mecanismo de implementación, la ausencia de base legal según la OMI y el rechazo tanto de Teherán como de los organismos multilaterales configuran un escenario de alta incertidumbre que las empresas con exposición a mercados energéticos y logísticos globales deben monitorear con atención prioritaria.

 

POLÍTICA

Coalición conservadora propone al Congreso una enmienda constitucional para fijar en nueve el número de magistrados de la Corte Suprema

 

La carta, liderada por el presidente de Advancing American Freedom, Tim Chapman, y la directora ejecutiva del Liberty Justice Center, Sara Albrecht, insta a los legisladores a activar el proceso de enmienda constitucional para blindar la independencia del tribunal. La Constitución estadounidense no establece un número fijo de magistrados, pero la composición de nueve — un presidente y ocho magistrados asociados — se mantiene sin cambios desde 1869. "Ampliar la Corte ahora no serviría a otro propósito que politizarla y, con ello, socavar la legitimidad del tribunal y sus fallos", señala el documento, firmado por líderes de organizaciones como la John Locke Foundation, Americans for Limited Government, el Independent Women’s Law Center y el exsenador republicano Rick Santorum.

 

Los firmantes advierten que la ampliación del tribunal por cualquiera de los dos partidos "sería devastadora para el Estado de derecho" y desencadenaría un ciclo de represalias: "La primera ronda de ampliación socavaría de inmediato la independencia de la Corte y solo conduciría a ampliaciones retaliatorias cuando cambiara la mayoría del Congreso. La Corte Suprema se convertiría en un brazo del partido en el poder, en lugar de un contrapeso real". La carta recuerda que tanto republicanos como demócratas rechazaron el intento del presidente Franklin Roosevelt de ampliar el tribunal en los años treinta, y cita el caso de Venezuela como ejemplo de cómo el control político de un alto tribunal puede desmantelar la independencia judicial de un país.

 

El momento de la iniciativa responde al ciclo electoral. Aunque los llamados demócratas a ampliar la Corte se moderaron con el control republicano del Congreso y la Casa Blanca, varios candidatos demócratas han renovado esas propuestas de cara a las elecciones de medio término de noviembre, en las que el control de ambas cámaras aparece disputado. El trasfondo es la mayoría conservadora de 6-3 del tribunal, que sectores progresistas consideran desalineada con el electorado. Sin embargo, el término judicial que acaba de concluir complica la narrativa de una Corte subordinada al Ejecutivo: el tribunal falló contra los aranceles globales de Trump, contra su orden sobre ciudadanía por nacimiento y contra su intento de destituir a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, entre otras decisiones adversas al presidente.

 

El debate sobre la composición de la Corte Suprema es un indicador estructural del entorno institucional estadounidense. La estabilidad del máximo tribunal —árbitro final en materia regulatoria, comercial, tributaria y de poderes del Ejecutivo— es un componente central de la previsibilidad jurídica que valoran los mercados y los inversionistas extranjeros. Una eventual ampliación politizada del tribunal, o la percepción de que su composición puede alterarse con cada cambio de mayoría, introduciría un factor de incertidumbre de largo plazo sobre la solidez de los contrapesos institucionales en la principal economía del mundo, con efectos sobre la confianza en el sistema legal que sustenta los contratos, las inversiones y las disputas comerciales internacionales.

 

POLÍTICA

Trump recomienda a la hermana del senador Lindsey Graham para completar su mandato en el Senado hasta enero

 

"Le recomendé al gobernador Henry McMaster que la maravillosa hermana de Lindsey Graham, Darline, sirva como senadora interina del gran estado de Carolina del Sur", escribió Trump en Truth Social. "¡Sería un tributo fabuloso para Lindsey, que la amaba profundamente!". La recomendación se produjo horas antes de la rueda de prensa convocada por el gobernador Henry McMaster para anunciar oficialmente su designación, y fuentes citadas por CBS News indicaron que el gobernador nombrará efectivamente a Graham Nordone para ocupar el escaño. El senador Tim Scott, también de Carolina del Sur y presidente del Comité Nacional Republicano Senatorial, respaldó la elección señalando que "no hay nadie mejor que entienda el amor de Lindsey por la familia, nuestro estado y nuestro país".

 

La oficina del fallecido senador informó que, según los hallazgos preliminares del médico forense del Distrito de Columbia, la causa de la muerte fue una disección aórtica derivada de una enfermedad cardiovascular arterioesclerótica. Graham, de 71 años, falleció el sábado horas después de regresar de un viaje a Ucrania. La relación entre el senador y su hermana tenía un trasfondo personal singular que explica el peso simbólico de la recomendación: tras la muerte de sus padres con 15 meses de diferencia, Graham —entonces de 22 años— adoptó legalmente a Darline, que había quedado huérfana a los 13, y asumió su tutela mientras cursaba la universidad. Graham Nordone, quien nunca ha ocupado un cargo público, sostuvo la Biblia en la ceremonia de juramentación de su hermano en 2015.

 

La designación interina es solo el primer paso de un proceso electoral acelerado. Dado que Graham buscaba la reelección este año, la ley de Carolina del Sur activa una primaria especial que se celebrará el 11 de agosto, con inscripción de candidatos a partir del 21 de julio. El ganador de esa contienda enfrentará en noviembre a la demócrata Annie Andrews por un mandato completo de seis años. Entre los republicanos que evalúan postularse figuran los representantes Nancy Mace y Ralph Norman, mientras que la vicegobernadora Pamela Evette también estaría recibiendo llamadas para entrar en la contienda. El senador Scott ha promovido la fórmula de un designado que actúe como "guardián del escaño" sin aspirar al período completo, dejando la decisión final a los votantes.

 

La sucesión de Graham es un proceso a monitorear por su impacto en el equilibrio legislativo. El Senado mantiene una mayoría republicana ajustada de 53 a 47, y el escaño de Carolina del Sur — que Graham convirtió en una plataforma influyente en política exterior, defensa y presupuesto — definirá parte del margen de maniobra de la administración en los frentes legislativos pendientes del segundo semestre, incluyendo el presupuesto federal y el paquete de sanciones contra Rusia que el propio Graham negoció días antes de su muerte.

 

POLÍTICA

Las primarias demócratas en Michigan y Wisconsin se convierten en escenario clave para definir el rumbo del partido antes de las elecciones de noviembre

 

La contienda de mayor peso es la primaria demócrata al Senado por Michigan, programada para el 4 de agosto. Tras el retiro de la senadora estatal Mallory McMorrow, la carrera quedó reducida a un duelo directo entre dos visiones del partido: la representante Haley Stevens, moderada con trayectoria de victorias en distritos competitivos y respaldada por el líder de la minoría en el Senado Chuck Schumer, la ex presidenta de la Cámara Nancy Pelosi y el grupo pro-Israel AIPAC; y Abdul El-Sayed, exdirector de salud del condado de Wayne, respaldado por el senador Bernie Sanders, la representante Alexandria Ocasio-Cortez y el sindicato United Auto Workers. Encuestas recientes muestran a El-Sayed con una ventaja aproximada de cinco puntos, y el ganador enfrentará en noviembre al republicano Mike Rogers por el escaño que deja el senador Gary Peters.

 

El peso estratégico de la contienda excede lo estatal. Michigan es el único escaño demócrata abierto en el Senado en un estado que Trump ganó en 2024, y los demócratas necesitan retenerlo para tener una ruta viable hacia la ganancia neta de cuatro escaños que requieren para recuperar la mayoría de la cámara alta. Sectores del partido en Washington expresan preocupación de que una nominación de El-Sayed — crítico de Wall Street y de la política estadounidense hacia Israel — aleje al votante moderado e independiente que define las elecciones en ese estado péndulo. Los progresistas argumentan lo contrario: que el mensaje económico populista que llevó a Zohran Mamdani a la alcaldía de Nueva York puede replicarse en estados competitivos, y citan encuestas que muestran a El-Sayed como la opción más fuerte contra Rogers.

 

En Wisconsin, la primaria demócrata a la gobernación del 11 de agosto refleja la misma tensión. La representante estatal Francesca Hong, socialista demócrata, ha escalado en las encuestas frente a figuras más convencionales del partido como el ex vicegobernador Mandela Barnes y la actual vicegobernadora Sara Rodríguez. El fenómeno se inscribe en una tendencia más amplia del ciclo 2026: candidatos respaldados por los Socialistas Demócratas de América han derrotado a legisladores en ejercicio en primarias de Nueva York y Colorado, aunque siempre en distritos profundamente demócratas. Michigan y Wisconsin representan la primera prueba real de si esa corriente puede ganar — primero la primaria y luego la elección general — en territorios donde el electorado es genuinamente competitivo.

 

El desenlace de estas primarias tiene implicaciones concretas de mediano plazo. La definición del perfil demócrata en estados industriales del Medio Oeste —región central para la manufactura, la industria automotriz y el comercio con Canadá— incidirá en la composición del Congreso que negociará los temas de la agenda económica estadounidense a partir de 2027: política arancelaria, revisión del T-MEC, impuestos corporativos y regulación. Un Partido Demócrata escorado hacia posiciones de populismo económico implicaría mayor presión regulatoria y fiscal sobre las empresas, mientras que la consolidación del ala moderada apuntaría a una agenda más cercana al statu quo. Las primarias del 4 y el 11 de agosto serán la señal más clara hasta ahora sobre cuál de esas dos rutas gana tracción.

 

SANCIONES

Jueza federal sanciona a abogados del caso Trump-IRS y cuestiona el acuerdo de inmunidad tributaria

 

En una opinión de 56 páginas, Williams determinó que la demanda presentada por Trump contra el IRS — por la filtración de sus declaraciones de impuestos hace seis años — fue interpuesta de mala fe y con un "propósito impropio". Según la jueza, "la naturaleza misma de la demanda y la conducta de las partes y de los abogados desde su presentación dejan claro que este fue un intento de utilizar al tribunal para dar cierta legitimidad a un acuerdo destinado a conceder inmunidad a personas y entidades vinculadas con el presidente y a destinar miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses para reparar agravios que la ley no contempla". La demanda dio origen al fondo de 1.776 millones de dólares contra la supuesta "instrumentalización política" de las instituciones — posteriormente descartado tras críticas bipartidistas — y a una orden que otorgaba a Trump, su familia y sus empresas inmunidad frente a asuntos tributarios del pasado.

 

Las consecuencias disciplinarias alcanzan a los niveles más altos del Departamento de Justicia. Williams ordenó remitir su opinión a los organismos disciplinarios de abogados de Nueva York y Washington, que ya revisan denuncias previas contra el secretario de Justicia interino Todd Blanche y el secretario adjunto Stanley Woodward. La jueza señaló que ambos debieron inhibirse del caso por su trabajo previo como abogados privados de clientes que podían beneficiarse del acuerdo: Blanche fue abogado personal de Trump en varios procesos penales, y Woodward representó a acusados por el ataque al Capitolio y a un colaborador del presidente en el caso de los documentos clasificados. Williams también remitió al Colegio de Abogados de Florida a uno de los abogados privados de Trump y prohibió a otro comparecer ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida durante un año.

 

La jueza sostuvo además que la orden de amnistía tributaria firmada por Blanche "contraviene directamente" una ley federal que prohíbe a los presidentes y altos funcionarios del Ejecutivo influir en auditorías fiscales, y planteó la posibilidad de que sea inconstitucional. El momento de la decisión añade presión política: Blanche comparece este miércoles ante el Comité Judicial del Senado en su audiencia de confirmación como titular permanente del Departamento de Justicia. En una nota al pie, Williams expresó estar "sumamente preocupada" por el testimonio que Blanche ofreció al Congreso en mayo, al calificarlo de "en el mejor de los casos engañoso y, en el peor, poco sincero". El equipo legal privado de Trump defendió la demanda original argumentando que el IRS permitió que un empleado "con motivaciones políticas" filtrara información confidencial del presidente, y los abogados de los jueces retirados que solicitaron la revisión calificaron la decisión como "una contundente victoria para el Estado de derecho".

 

Para el sector empresarial, la decisión es relevante en dos dimensiones. Primero, debilita la base jurídica del acuerdo de inmunidad tributaria que protegía a Trump y sus empresas, lo que reabre la posibilidad de acciones futuras de un gobierno posterior — un factor de riesgo político de mediano plazo. Segundo, el fallo constituye una señal del papel activo que el poder judicial mantiene como contrapeso institucional frente a acuerdos del Ejecutivo que exceden el marco legal, un elemento central para la previsibilidad del sistema de justicia estadounidense que los inversionistas y las empresas con operaciones en EE.UU. consideran al evaluar el entorno institucional del país.

 

SANCIONES

Departamento de Estado sanciona a diez entidades cubanas vinculadas al financiamiento y al aparato de seguridad del régimen

 

Las designaciones, anunciadas dos días después del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, se estructuran en dos frentes. El primero apunta a los instrumentos de represión del régimen: las Milicias de Tropas Territoriales — fuerza paramilitar civil bajo el mando del ya sancionado Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias —, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, que según el Departamento de Estado realiza vigilancia sobre disidentes por instrucción del Ministerio del Interior, las Brigadas de Respuesta Rápida — grupos parapoliciales civiles armados organizados por el gobierno — y la corporación ANTEX S.A., entidad estatal que gestiona la exportación de trabajo forzoso cubano hacia Angola y que está vinculada al conglomerado militar GAESA.

 

El segundo frente golpea las fuentes de financiamiento del régimen. Fueron designadas las empresas energéticas Enetec S.A. y Coreydan S.A., dedicadas a la importación de combustibles; el Grupo Empresarial de Comercio Exterior (GECOMEX), que maneja una porción significativa de las importaciones y exportaciones del país; la aseguradora estatal CAUDAL; el Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR); y el Ministerio de Turismo de Cuba (MINTUR), descrito por el Departamento de Estado como el mayor actor del sector turístico fuera de GAESA. Las sanciones se emiten bajo la Orden Ejecutiva 14404, que autoriza medidas contra personas y entidades vinculadas a la represión en Cuba y a amenazas contra la seguridad nacional estadounidense.

 

Las implicaciones para terceros son el componente de mayor alcance práctico. Todos los activos de las entidades designadas bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados, al igual que cualquier entidad en la que las sancionadas posean el 50% o más de participación. Las transacciones de personas estadounidenses con los designados quedan prohibidas salvo licencia de la OFAC. Pero la advertencia se extiende explícitamente a actores extranjeros: las personas y empresas no estadounidenses — incluyendo instituciones financieras — que realicen transacciones con los designados, o que operen en los sectores de energía, defensa, metales y minería, servicios financieros o seguridad de la economía cubana, quedan expuestas a sanciones secundarias. El Departamento de Estado subrayó que el objetivo de las sanciones "no es castigar, sino generar un cambio positivo de comportamiento", y recordó que existen mecanismos formales de petición para la exclusión de la lista.

 

La medida tiene implicaciones directas de cumplimiento normativo. La inclusión del Ministerio de Turismo y de los principales grupos de comercio exterior, transporte marítimo y seguros de Cuba amplía significativamente el perímetro de riesgo para cualquier empresa de la región con operaciones, proveedores o clientes que tengan vínculos comerciales con la isla. Las compañías colombianas y latinoamericanas con exposición a los sectores turístico, logístico, energético o financiero deben revisar sus matrices de riesgo y cadenas de contrapartes a la luz del alcance de las sanciones secundarias, dado que las operaciones con las entidades designadas pueden comprometer el acceso al sistema financiero estadounidense.

 

COMERCIO

Greer lleva la agenda comercial de EE. UU. a Colorado y Utah con foco en industria, agro y cadenas de suministro

 

La visita del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, a Colorado y Utah esta semana ofrece una señal clara sobre las prioridades actuales de la política comercial estadounidense: fortalecer la producción nacional, escuchar a sectores productivos regionales y reducir vulnerabilidades en cadenas de suministro consideradas estratégicas. Para Colombia, el tema es relevante porque confirma que la agenda comercial de Washington se está construyendo cada vez más alrededor de seguridad económica, manufactura, agroindustria, minerales críticos y resiliencia productiva.

 

Greer, quien lidera la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos —USTR—, realizará una gira de tres días por ambos estados para reunirse con ganaderos, fabricantes y líderes empresariales. La agenda incluye visitas a instalaciones industriales y productivas, así como espacios de conversación pública en foros especializados. El recorrido iniciará en Colorado, donde Greer participará en un diálogo en el Aspen Security Forum junto con Anja Manuel.

 

La presencia del representante comercial en un foro de seguridad es significativa: refleja la forma en que Estados Unidos está vinculando cada vez más el comercio exterior con temas de seguridad nacional, competencia estratégica, suministro de insumos críticos y capacidad industrial. En Utah, la agenda tendrá un componente más productivo y territorial. Greer visitará Liberty Safe, fabricante estadounidense de cajas fuertes; participará en una conversación con Jeremy Andrus, CEO de Traeger Grills, durante un evento del World Trade Center Utah; y sostendrá encuentros en Jorgensen Farms, Ionic Mineral Technologies y Stadler Rail.

 

La selección de empresas y sectores muestra una agenda amplia: agricultura, manufactura, minerales críticos, transporte ferroviario e industria de consumo. El mensaje de fondo es consistente con la política comercial de la administración Trump. Washington busca presentar el comercio no solo como una herramienta de apertura de mercados, sino como un instrumento para fortalecer industrias nacionales, proteger empleos, atraer inversión productiva y asegurar cadenas de suministro. En esa lógica, el contacto directo con empresas regionales permite al Gobierno federal recoger preocupaciones de productores y alinear la política comercial con prioridades internas.

 

Para los socios comerciales de Estados Unidos, incluido Colombia, esta orientación tiene implicaciones prácticas. El acceso al mercado estadounidense dependerá cada vez más de factores como trazabilidad, cumplimiento de estándares laborales, origen de insumos, seguridad de cadenas, capacidad productiva y alineación con sectores estratégicos. La conversación sobre comercio ya no se limita a aranceles o tratados, sino que incorpora criterios de seguridad económica, sostenibilidad regulatoria y confiabilidad de proveedores. El énfasis en minerales críticos también merece atención. Estados Unidos busca reducir dependencias externas en insumos esenciales para tecnología, defensa, energía y manufactura avanzada. Para Colombia, que tiene potencial en minerales, energía, infraestructura y encadenamientos industriales, esta agenda puede abrir oportunidades si el país logra presentar proyectos confiables, sostenibles y compatibles con los estándares exigidos por Washington.

 

COMERCIO

Un año después de los aranceles automotrices, la relocalización de la producción hacia EE.UU. avanza de forma limitada

 

Toyota anunció la semana pasada que producirá la mitad de sus camionetas Tacoma — las más vendidas de su categoría — en una planta ampliada en San Antonio, Texas, donde ya fabrica la Tundra y el SUV Sequoia, manteniendo en paralelo su producción en México. El presidente Trump celebró la decisión en Truth Social como prueba de que "¡los aranceles están funcionando!". Sin embargo, la propia compañía evitó atribuir el traslado a la política arancelaria: "Si bien nos vemos afectados por la evolución de las políticas comerciales, nuestras inversiones son decisiones a largo plazo con base en objetivos estratégicos más amplios", declaró a CNN.

 

Analistas del sector señalan que la consolidación en San Antonio responde también a la lógica comercial del negocio de camionetas de Toyota en EE.UU., cuyo pilar ya era esa planta.

 

Los datos agregados muestran que la relocalización masiva no se ha materializado. El 46% de los automóviles comprados por los consumidores estadounidenses el año pasado fueron importados, apenas por debajo del 47,7% de 2024, según Mobility Global. La mayoría de los fabricantes ha optado por pagar los aranceles antes que comprometer capital en nuevas instalaciones: Toyota pagó 8.400 millones de dólares en aranceles en su último ejercicio fiscal — lo que convirtió sus resultados en Norteamérica de ganancias a pérdidas —, General Motors desembolsó 3.100 millones en 2025 y Ford 1.000 millones. Los movimientos de producción que sí han ocurrido, como el traslado de dos SUV de GM desde México, se han dirigido a plantas existentes con capacidad ociosa — en parte liberada tras el recorte de inversiones en vehículos eléctricos —, no a fábricas nuevas.

 

La razón de fondo, según los expertos, es la asimetría entre los tiempos de la política y los de la industria. Construir una planta automotriz toma años y requiere miles de millones de dólares, mientras las políticas comerciales pueden cambiar con cada administración. "Construir una fábrica supone un compromiso enorme, y hacerlo por capricho sería una locura", señaló Ivan Drury, director de análisis de Edmunds. "Lo más seguro es no hacer nada". A esa incertidumbre se suma la renegociación del T-MEC: Trump sugirió el mes pasado que abandonaría el acuerdo si no se producen cambios sustanciales a favor de las empresas estadounidenses, un escenario que preocupa a los fabricantes cuyas cadenas de producción dependen del flujo libre de autopartes entre EE.UU., México y Canadá. El Consejo de Políticas de los Fabricantes de Automóviles Estadounidenses — que representa a GM, Ford y Stellantis — pidió "una resolución rápida y duradera que garantice la certeza a largo plazo necesaria para las inversiones intensivas en capital del sector".

 

Para el sector empresarial latinoamericano, el caso automotriz ofrece una lectura relevante sobre los límites reales de la política arancelaria como instrumento de relocalización industrial. La evidencia de un año muestra que los aranceles elevan los costos —que en parte se trasladan a los consumidores— sin generar necesariamente el retorno masivo de la manufactura, mientras la incertidumbre sobre el T-MEC mantiene en suspenso las decisiones de inversión en toda la cadena automotriz de América del Norte. Para los países que negocian o mantienen acuerdos comerciales con Washington, el episodio confirma que la previsibilidad de las reglas — más que el nivel de los aranceles — es el factor que las empresas ponderan al decidir dónde localizar su producción.

 

TECNOLOGÍA

El auge de centros de datos de IA en Texas enfrenta creciente resistencia rural y presiona un giro regulatorio en el estado

 

Texas se ha convertido en el epicentro nacional de la infraestructura de inteligencia artificial gracias a su tierra barata, energía disponible, red de fibra óptica y entorno regulatorio flexible. Pero el ritmo de expansión ha activado una resistencia creciente en las zonas rurales donde se concentran los proyectos. En el condado de Hood, un solo desarrollador ha propuesto tres centros de datos que consumirían electricidad equivalente a la de tres millones de hogares. Comunidades desde Waco hasta San Marcos han llenado los cabildos municipales para oponerse a proyectos por el ruido, el tráfico de construcción, el impacto paisajístico y, sobre todo, la presión sobre recursos hídricos ya tensionados: partes de Texas central acumulan un déficit de lluvias equivalente a un año y algunos acuíferos que abastecen a cerca de 100.000 residentes están declarados en sequía excepcional.

 

Los agricultores han emergido como el nuevo frente de oposición. Según reportó The Wall Street Journal, productores, ganaderos y empresas agrícolas advierten que demasiada tierra cultivable está siendo destinada a centros de datos que además compiten por el agua. El sector agrícola texano ya estaba bajo presión: el estado perdió cerca de 18.000 granjas entre 2017 y 2022 por sequías, costos crecientes y consolidación, según el censo agrícola del USDA. Expertos en política hídrica señalan además una vulnerabilidad estructural: los planes regionales de agua no incorporan las proyecciones de demanda de los centros de datos, y en zonas rurales una sola instalación puede convertirse de la noche a la mañana en el mayor consumidor de agua de la comunidad. La asimetría regulatoria agrava el problema: mientras las ciudades tienen poder de zonificación para rechazar proyectos — como lo hizo San Marcos —, los condados rurales carecen de autoridad para bloquear construcciones, razón por la cual los desarrolladores privilegian las áreas no incorporadas.

 

La presión política ya produjo un giro notable. El gobernador Greg Abbott, quien celebraba a Texas como "el epicentro del desarrollo de IA" tras la inversión de 40.000 millones de dólares de Google en noviembre, pasó a anunciar que la regulación de la industria será prioridad legislativa. En junio, Abbott instruyó a las empresas de servicios públicos garantizar que los costos de infraestructura para atender centros de datos no se trasladen a los consumidores, y publicó recomendaciones regulatorias que incluyen la eliminación de las exenciones tributarias al sector — que cuestan al estado más de 1.300 millones de dólares anuales en 2026 y se proyectan en 3.200 millones para los próximos dos años. Tanto republicanos como demócratas han manifestado su intención de eliminar estos incentivos, y el operador de la red eléctrica ERCOT está endureciendo la evaluación de los proyectos de gran consumo que buscan conectarse al sistema.

 

Para el sector empresarial, el caso texano es un referente obligado en la discusión global sobre la infraestructura de IA. La tensión entre el desarrollo tecnológico y los recursos locales — agua, energía, tierra — anticipa los debates regulatorios que enfrentarán otros mercados receptores de inversión en centros de datos, incluida América Latina, donde varios países compiten por atraer estos proyectos. Las lecciones son concretas: la licencia social y la planeación hídrica y energética son ahora variables tan determinantes como los incentivos fiscales en la viabilidad de largo plazo de la infraestructura digital, y el giro de Texas — de la promoción agresiva a la revisión regulatoria en menos de un año — muestra la velocidad con la que puede cambiar el entorno de inversión cuando las comunidades locales perciben que los costos superan los beneficios.

 

MIGRACIÓN

Ciudadano colombiano de 26 años muere en tiroteo con un agente del ICE en Maine

 

El tiroteo ocurrió en la mañana del lunes en Biddeford, ciudad al sur de Maine, cuando el joven se dirigía a su trabajo, según la Coalición por los Derechos del Inmigrante de Maine (MIRC). Las organizaciones MIRC y Presente! Maine informaron que la víctima contaba con autorización para trabajar en Estados Unidos y número de seguridad social. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, indicó al senador Angus King que sobre el joven pesaba una orden de salida del país y que, según la versión oficial preliminar, habría utilizado su vehículo de forma que el agente percibió como una amenaza antes de disparar. Sin embargo, horas después la oficina del senador King precisó un dato central: el colombiano no era la persona que los agentes federales buscaban con la orden de arresto. La identidad de la víctima no ha sido divulgada oficialmente, y la Embajada de Colombia en Washington informó que trabaja para ayudar a identificarla y confirmar su nacionalidad.

 

La investigación involucra a múltiples autoridades. La Fiscalía General de Maine lidera la indagación con apoyo de la Policía estatal y la Oficina del Médico Forense, mientras la senadora Susan Collins informó que la oficina del Inspector General del DHS en Boston asumió la investigación federal en cooperación con el FBI. Un elemento crítico del caso es la ausencia de cámaras corporales: según relató King, el secretario Mullin reconoció que los agentes del ICE en Biddeford no contaban con ese equipo, que llegaría "posiblemente en 45 días". La gobernadora Janet Mills señaló que situaciones como esta "son alarmantes y aterradoras" y aseguró la cooperación estatal para esclarecer los hechos, mientras Collins — republicana — exigió "una investigación completa e imparcial". Las organizaciones de derechos de los inmigrantes reclamaron una investigación "pronta, independiente y transparente", advirtiendo que el ICE "no puede investigarse a sí mismo ni controlar la narrativa pública" de una muerte en la que su personal estuvo involucrado. El DHS y el ICE no respondieron a las solicitudes de comentarios de los medios, y en el centro de Biddeford se registraron protestas durante la jornada.

 

El caso se inscribe en un patrón que ha intensificado el escrutinio sobre las operaciones del ICE. Es la segunda muerte en una semana: el 7 de julio, un agente federal mató al ciudadano mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un control de tráfico en Houston, lo que desató protestas masivas. Al menos seis personas han muerto este año por disparos de agentes migratorios en EE.UU., incluyendo dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota en enero. Este mismo lunes, el gobierno de México anunció que presentará denuncias ante el Departamento de Justicia y fiscalías estatales por la muerte de 17 mexicanos en operativos o centros de detención del ICE — un precedente de acción diplomática y legal que podría ser relevante para el caso colombiano. El gobierno de Colombia no se había pronunciado oficialmente al cierre de esta edición.

 

El caso llega en un momento particularmente delicado: coincide con la visita a Washington de la delegación del gobierno electo colombiano, que busca relanzar la relación con EE.UU., y a tres semanas de la posesión del nuevo gobierno. La gestión diplomática del caso — la exigencia de esclarecimiento, la protección consular a la familia y la eventual reclamación ante las autoridades estadounidenses— será una primera prueba de la capacidad del canal bilateral para procesar incidentes sensibles sin afectar la agenda estratégica de comercio, inversión y cooperación que ambos gobiernos buscan construir.