La Casa Blanca confirmó la reanudación de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá, luego de que el gobierno canadiense anunciara la eliminación del controvertido impuesto sobre los servicios digitales (DST), que había generado tensiones con las grandes empresas tecnológicas estadounidenses.

El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, declaró que las conversaciones se reanudarían “absolutamente” tras el anuncio del gobierno canadiense, ocurrido la noche del domingo. Además, Hassett expresó que, con este cambio, Estados Unidos espera que otros países sigan el mismo camino y eliminen sus propios impuestos sobre los servicios digitales, una cuestión central en las negociaciones comerciales globales que está llevando a cabo el gobierno de Trump.

El impuesto, que iba a entrar en vigor este lunes, tenía como objetivo gravar con un 3% los ingresos de más de 20 millones de dólares obtenidos por las grandes tecnológicas de Estados Unidos por los servicios digitales dirigidos a los residentes canadienses. El Departamento de Finanzas de Canadá había aprobado este gravamen en 2024, pero ante la ruptura de las negociaciones entre ambos países que Trump había anunciado el viernes, Ottawa decidió retirar la medida.

Trump había calificado el impuesto como un “ataque directo” a Estados Unidos, sobre todo porque lo veía como una medida perjudicial para las empresas tecnológicas del país. En su mensaje, Trump también aprovechó para criticar a Canadá por imponer altos aranceles a los productos lácteos de los agricultores estadounidenses, señalando que el comercio con el vecino del norte era “muy difícil” para su país.

A pesar de las tensiones previas, la decisión de Canadá de dar marcha atrás en el impuesto parece haber restablecido las condiciones para que ambas naciones continúen negociando, lo que podría favorecer a las grandes tecnológicas estadounidenses que se vieron amenazadas por la nueva normativa. Además, la Casa Blanca espera que esta medida canadiense pueda tener un efecto dominó, con otros países que podrían reconsiderar sus políticas fiscales hacia las empresas tecnológicas.

GOBIERNO DE TRUMP ACUSA A HARVARD DE ANTISEMITISMO Y AMENAZA CON QUITARLE MÁS SUBSIDIOS

El gobierno del presidente Donald Trump ha acusado a la Universidad de Harvard de violar la ley federal de derechos civiles al permitir acoso y discriminación hacia estudiantes judíos e israelíes. La acusación fue enviada mediante una carta formal por un grupo de trabajo contra el antisemitismo, creado por la administración, advirtiendo que si Harvard no toma medidas inmediatas, perderá todos sus fondos federales. La investigación fue liderada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que concluyó que la universidad no actuó eficazmente para detener el acoso antisemita dentro del campus.

Según la administración Trump, Harvard se ha convertido en un entorno donde la discriminación racial y el antisemitismo se han propagado sin control. Se señala que las tensiones aumentaron debido a las protestas por la guerra entre Israel y Hamas, generando un ambiente hostil que afectó directamente a los estudiantes judíos. El gobierno asegura que un número considerable de ellos se ha sentido discriminado e incluso físicamente inseguro, lo que representa una violación a las leyes de protección contra la discriminación por origen nacional.

El presidente de Harvard, Alan Garber, ha reconocido que existen problemas tanto de antisemitismo como de islamofobia en el campus, pero defendió las acciones tomadas por la universidad. Según Garber, la institución ha comenzado a implementar medidas concretas para combatir la intolerancia y crear un entorno más seguro para todos los estudiantes. No obstante, la administración Trump acusa a la universidad de actuar con “indiferencia deliberada”, señalando una falta de respuesta adecuada ante la propagación del odio.

La carta enviada por el gobierno cita el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación por raza, color y origen nacional, y afirma que Harvard ha violado esta normativa. A diferencia de administraciones anteriores, que solían buscar resoluciones mediante acuerdos voluntarios, la actual ha optado por una postura más severa, amenazando directamente con cortar la financiación federal. Esto podría tener consecuencias económicas y reputacionales significativas para la universidad.

Harvard, por su parte, ha comenzado conversaciones con el gobierno para evitar sanciones, publicando reportes internos que reconocen el problema y detallan los esfuerzos en marcha. Sin embargo, esta disputa se enmarca dentro de un intento más amplio de la administración Trump por reformar la cultura de las universidades de élite, en particular las políticas de diversidad, equidad e inclusión. El resultado de este conflicto podría marcar un precedente en la relación entre el gobierno federal y el sistema de educación superior en Estados Unidos.

PRESIDENTE TRUMP CONTINÚA SU CRUZADA CONTRA LOS ÁNGELES: DEMANDA A LA CIUDAD Y A SU ALCALDESA POR SUS POLÍTICAS DE CIUDAD SANTUARIO

En noviembre de 2024, Los Ángeles fue declarada ciudad santuario, lo que implicó la prohibición de usar recursos locales para cooperar con las autoridades federales en la persecución de inmigrantes indocumentados. Esta política generó fricciones con la administración de Donald Trump, que acusó a ciudades como Los Ángeles y Chicago de interferir en la aplicación de las leyes federales de inmigración.

El Departamento de Justicia de EE. UU. presentó una demanda contra Los Ángeles, su consejo municipal, la alcaldesa Karen Bass y otros funcionarios, acusándolos de obstruir la aplicación de las leyes federales. Según el Departamento de Justicia, las políticas de la ciudad contribuyeron a disturbios en junio de 2025, cuando 1.600 personas fueron detenidas por el ICE, lo que provocó manifestaciones y caos en Los Ángeles. La demanda sostiene que la negativa de la ciudad a colaborar con el ICE y el CBP incumple la legislación federal y alimenta la “anarquía” y la violencia.

El conflicto entre la administración Trump y las ciudades santuario se ha intensificado, con Trump acusando a estas ciudades de alimentar el caos, mientras que las autoridades locales defienden su derecho a proteger a los inmigrantes. Los disturbios, que fueron controlados por 2.700 efectivos federales, terminaron en una manifestación pacífica. La alcaldesa Bass aún no ha respondido públicamente a la demanda, pero el consejo municipal planea discutir medidas legales para proteger a los residentes de detenciones arbitrarias. Este litigio refleja la creciente tensión entre las políticas locales de inmigración y la postura firme de la administración Trump en materia migratoria.

TRUMP DICE QUE HABRÁ UN “PASE TEMPORAL” PARA INMIGRANTES QUE TRABAJAN EN GRANJAS Y HOTELES

En una reciente entrevista con Fox News, el presidente Donald Trump afirmó que su administración busca implementar un “pase temporal” para inmigrantes que trabajen en el sector agrícola y hotelero. Esta medida permitiría a los empleadores contratar a trabajadores migrantes de forma legal y controlada, mientras estos contribuyen al sistema fiscal a través del pago de impuestos. Trump indicó que esta iniciativa busca beneficiar tanto al país como a las industrias que dependen fuertemente de la mano de obra inmigrante.

Aunque Trump es ampliamente conocido por su política restrictiva en materia migratoria, en esta ocasión enfatizó que también es un firme defensor del campo estadounidense. Sostuvo que muchas granjas necesitan urgentemente trabajadores inmigrantes, ya que se trata de labores exigentes que pocos ciudadanos están dispuestos a realizar. Según él, no se trata de permitir la inmigración sin control, sino de facilitar un sistema regulado que asegure la disponibilidad de trabajadores esenciales.

El mandatario también destacó que los agricultores no contratan a personas con antecedentes delictivos y que, en muchos casos, existe una relación de confianza consolidada con los trabajadores migrantes. Señaló que las actuales políticas migratorias, al expulsar indiscriminadamente a trabajadores, han dejado a muchos empleadores sin opciones para cubrir sus necesidades operativas. Según Trump, “el agricultor lo sabe. No va a contratar a un asesino”, refiriéndose a la capacidad de los empleadores para evaluar el historial de sus trabajadores.

Además, el presidente criticó a la administración anterior por haber dificultado el acceso a trabajadores calificados, generando un vacío en sectores como la agricultura y la hotelería. A través de su red Truth Social, Trump afirmó que los empresarios están frustrados por no poder reemplazar a los “trabajadores veteranos” con experiencia, y prometió reformas migratorias que permitan retener a los buenos trabajadores mientras se expulsa a los criminales.

Este planteamiento revela el intento de Trump por conciliar su discurso de control migratorio con la realidad económica de sectores que dependen de la inmigración. Si bien busca mantener su imagen de mano dura contra la inmigración ilegal, también reconoce que la economía estadounidense, especialmente en el campo y el turismo, necesita de estos trabajadores para mantenerse operativa.

La propuesta del “pase temporal” apunta a una solución intermedia entre seguridad fronteriza y necesidades laborales.

TRUMP ASISTIRÁ A LA APERTURA DEL CENTRO DE DETENCIÓN DE INMIGRANTES “ALLIGATOR ALCATRAZ”, EN FLORIDA

La inauguración de Alligator Alcatraz en Florida ha generado un intenso debate tanto por sus implicaciones en la política migratoria de Donald Trump como por sus posibles efectos en el ecosistema de los Everglades. Este centro de detención, diseñado para albergar hasta 3,000 migrantes con antecedentes criminales, estará ubicado en un antiguo aeropuerto cerca de Miami. El presidente Trump, quien visitará Florida para presenciar la apertura, respalda firmemente el proyecto, que ha sido promovido por el gobernador Ron DeSantis, quien destaca la ubicación remota del centro como garantía de que no habrá fugas.

A pesar de su rapidez de construcción y la estimación de un coste de mantenimiento de 450 millones de dólares anuales, el proyecto ha recibido fuertes críticas. Los grupos ambientalistas afirman que el centro se construyó en una zona protegida de los Everglades, un ecosistema considerado vital para la biodiversidad del país. Además, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, ha expresado su descontento con el acuerdo de venta de la tierra, que no considera justo para el valor real de la propiedad.

El nombre del centro, Alligator Alcatraz, refleja la retórica severa de la administración Trump sobre inmigración, añadiendo a la imagen punitiva la amenaza natural de los caimanes locales, que supuestamente actuarán como un “elemento disuasorio” para quienes intenten escapar. Este centro se integra en la estrategia conjunta de Trump y DeSantis en Florida, que sigue siendo uno de los estados más activos en la implementación de políticas estrictas contra la inmigración ilegal, a pesar de que una gran parte de su población es inmigrante o descendiente de inmigrantes.

JUSTICIA DE ESTADOS UNIDOS ORDENA A ARGENTINA QUE ENTREGUE EL 51% DE LAS ACCIONES DE YPF

Argentina ha recibido un fuerte revés judicial en Nueva York, donde la jueza Loretta Preska ordenó que el país entregue el 51% de las acciones de YPF, que fueron nacionalizadas en 2012 bajo el gobierno de Cristina Kirchner. Esta decisión forma parte de un fallo previo de septiembre de 2023, en el que se condenó a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares a los accionistas que consideraron perjudicados por la expropiación, en su mayoría vinculados a Repsol y otras entidades españolas. A pesar de ser apelable, la sentencia implica que Argentina deberá transferir las acciones en un plazo de 14 días.

El presidente argentino, Javier Milei, reaccionó rápidamente, asegurando que apelará la decisión en todas las instancias posibles para proteger los intereses nacionales. Además, aprovechó para atacar a Axel Kicillof, el exministro de Economía que supervisó la expropiación de YPF, lo que refleja las tensiones internas sobre la gestión económica y la política exterior.

El proceso de expropiación de YPF en 2012 fue complejo, involucrando a actores internacionales como Repsol, que tenía el 57,5% de la compañía. La jueza Preska argumentó que Argentina debió ofrecer el mismo trato a los demás accionistas que el que recibió Repsol. Sin embargo, Argentina defendió que la expropiación fue legal dentro del marco normativo del país y buscó que el caso fuera resuelto en tribunales locales, algo que no fue aceptado por la justicia estadounidense.

Este fallo tiene repercusiones tanto económicas como políticas. La orden judicial está relacionada con demandas adquiridas por Burford Capital, un fondo especializado en la compra de derechos de juicio, en este caso vinculados a las participaciones de Petersen en YPF. La situación es aún más complicada debido a la crisis económica que atraviesa Argentina, que no cuenta con los recursos necesarios para cumplir con la indemnización, en medio de un alto déficit fiscal y su dependencia del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El gobierno argentino había intentado influir en la decisión, incluso con la intervención del Departamento de Justicia de los EE. UU., que en noviembre de 2024 solicitó desestimar la indemnización al considerar que violaba leyes locales. Sin embargo, la corte de Nueva York falló en contra de Argentina, lo que podría intensificar las tensiones bilaterales y agravar aún más la situación económica de la nación sudamericana.

EL SENADO DE EE. UU. INICIA MARATONICA JORNADA DE VOTACION SOBRE EL PROYECTO FISCAL DE TRUMP

El Senado de Estados Unidos comenzó este lunes una extensa sesión de votación sobre el ambicioso proyecto de ley fiscal y de política interna impulsado por el presidente Donald Trump, conocido popularmente como One Big Beautiful Bill.

La sesión, conocida como “vote-a-rama”, consiste en una serie ininterrumpida de votaciones sobre enmiendas que pueden modificar aspectos clave del proyecto. Algunas de estas enmiendas son de carácter técnico, mientras que otras buscan generar efectos políticos y exponer divisiones partidistas de cara a las elecciones de noviembre.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, señaló al iniciar la jornada que aún no está claro si cuentan con los votos necesarios para aprobar la legislación, aunque se mostró optimista: “Esperamos saberlo pronto, pero esto tomará algo de tiempo”. El presidente Trump ha presionado para que el Congreso le envíe el proyecto aprobado antes del 4 de julio.

La propuesta legislativa, de varios billones de dólares, contempla recortes fiscales a gran escala, un aumento significativo en el presupuesto del Pentágono y de seguridad fronteriza, y profundos recortes a programas sociales como Medicaid y los cupones de alimentos. Esto ha desatado una fuerte oposición por parte de los demócratas, quienes han centrado sus críticas en el impacto social de la reforma, especialmente sobre los sectores más vulnerables.

Durante el fin de semana, los demócratas utilizaron tácticas dilatorias, incluyendo la lectura completa del texto legislativo —de 940 páginas— para ralentizar el proceso. Luego de debates que se extendieron hasta la madrugada del lunes, los senadores reanudaron la sesión a las 9 a.m. para votar enmiendas, bajo un calendario legislativo extremadamente ajustado.

Uno de los puntos más controvertidos es la propuesta de recortes históricos al programa Medicaid. Según un análisis reciente de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), la versión del Senado dejaría a 11,8 millones de personas sin cobertura de salud hacia 2034, superando incluso el impacto de la versión aprobada en la Cámara de Representantes, que proyectaba 10,9 millones de personas sin seguro.

El proyecto del Senado prevé reducir el financiamiento federal para Medicaid en 930 mil millones de dólares durante la próxima década, frente a los 800 mil millones proyectados en la versión de la Cámara. Además, por primera vez en los 60 años de historia del programa, se impondrían requisitos laborales obligatorios para adultos sanos entre 19 y 64 años. La versión del Senado va más allá al incluir también a padres de niños mayores de 14 años, mientras que la propuesta de la Cámara los excluye.

La senadora republicana Lisa Murkowski, de Alaska, votó junto a los demócratas en varias enmiendas relacionadas con Medicaid, el programa de asistencia alimentaria (SNAP) y el financiamiento de hospitales rurales, aunque dichas propuestas fueron finalmente rechazadas. Su voto refleja las tensiones internas dentro del Partido Republicano sobre el alcance social de la reforma.

En paralelo, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, enfrenta presiones dentro de su bancada, especialmente del grupo conocido como Republican Main Street Caucus, conformado por republicanos moderados preocupados por los efectos del proyecto del Senado. Según fuentes legislativas, el administrador de los Centros de Medicare y Medicaid (CMS), el Dr. Mehmet Oz, fue convocado a una reunión privada con este grupo para atender sus inquietudes.

Otro aspecto central del debate es el impacto fiscal del proyecto. Aunque Trump y varios senadores republicanos impulsan un método de cálculo llamado “current policy baseline” —que subestima el impacto sobre el déficit al asumir la renovación automática de recortes fiscales de 2017—, la CBO utilizó su metodología tradicional (“current law baseline”) para evaluar los costos. Bajo esta medición, el proyecto del Senado añadiría 3,3 billones de dólares al déficit en los próximos 10 años, superando el impacto fiscal de la versión de la Cámara.

La diferencia se explica por la inclusión de recortes fiscales más profundos y menores medidas compensatorias en la versión del Senado. Según Marc Goldwein, director del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, “expandieron los beneficios fiscales y redujeron los ajustes necesarios para equilibrar la balanza”.

En cifras más optimistas, utilizando el cálculo preferido por los republicanos, el costo del proyecto se reduciría a unos 508 mil millones de dólares, aunque expertos advierten que esa cifra no refleja el verdadero impacto si los recortes fiscales temporales de 2017 no expiran, como establece la ley actual.

A medida que avanzan las votaciones y se acumulan las enmiendas, la aprobación final del proyecto aún está en suspenso. Si el Senado aprueba una versión modificada, esta deberá regresar a la Cámara de Representantes, añadiendo una nueva ronda de votaciones y negociaciones que podría extender el proceso más allá de lo deseado por la Casa Blanca.

El futuro del proyecto fiscal de Trump sigue siendo incierto, marcado por divisiones internas, resistencia demócrata y profundas implicaciones económicas y sociales. Lo que sí es claro es que el resultado de este debate podría redefinir el tamaño y la función del Estado en Estados Unidos por generaciones.

[ÓRDENES EJECUTIVAS]

AUTORIZANDO A JUNCTION PIPELINE COMPANY, LLC A CONSTRUIR, CONECTAR, OPERAR Y MANTENER INSTALACIONES DE DUCTO EN EL CONDADO DE TOOLE, MONTANA, EN LA FRONTERA INTERNACIONAL ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

El presidente de Estados Unidos otorgó un permiso a Junction Pipeline Company, LLC para construir, operar y mantener una instalación de oleoducto transfronteriza en el condado de Toole, Montana, que permitirá la importación desde Canadá de petróleo crudo y derivados del petróleo, excluyendo el gas natural sujeto a otras regulaciones. Esta infraestructura consistirá en una tubería de 30 pulgadas de diámetro desde la frontera hasta la primera válvula de cierre o estación de bombeo dentro del territorio estadounidense.

El permiso establece que cualquier modificación sustancial de las instalaciones fronterizas requerirá aprobación presidencial previa, aunque se permite ajustar la capacidad o el flujo sin necesidad de enmiendas. La construcción y operación estarán sujetas a inspección por autoridades federales, estatales y locales, así como al cumplimiento de todas las leyes aplicables, incluidos los requisitos de seguridad de tuberías y la obtención de permisos adicionales pertinentes.

En caso de revocación o terminación del permiso, el titular deberá retirar las instalaciones por su cuenta, salvo disposición contraria del presidente. El gobierno podrá tomar posesión temporal o permanente de las instalaciones en caso de considerarlo necesario para la seguridad nacional, compensando al titular por su uso y restaurando las condiciones previas, salvo por mejoras hechas por el gobierno.

Cualquier cambio de control, propiedad o nombre de la empresa deberá ser notificado, y el permiso seguirá vigente bajo sus condiciones actuales. La empresa será responsable de gestionar derechos de paso, mitigar daños ambientales y mantener las instalaciones en buen estado. Asimismo, deberá presentar informes y brindar información sobre sus actividades cuando sea requerido por las autoridades competentes.

Finalmente, el documento aclara que el permiso no otorga derechos legales exigibles contra el gobierno de Estados Unidos.

MEMORANDO PRESIDENCIAL DE SEGURIDAD NACIONAL/NSPM-5

El gobierno de Estados Unidos reafirma su compromiso con la promoción de la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba, donde el régimen comunista ha reprimido las aspiraciones legítimas del pueblo cubano. La política de la administración se centrará en desviar los recursos hacia el pueblo cubano y limitar el apoyo económico al gobierno cubano, que ha violado de manera sistemática los derechos fundamentales de su población. Estados Unidos continuará oponiéndose al levantamiento del embargo y a cualquier iniciativa internacional que favorezca al régimen cubano sin un cambio real en sus prácticas.

El Ejecutivo implementará medidas para restringir las transacciones financieras y los viajes a Cuba, prohibiendo las interacciones con entidades vinculadas al gobierno cubano, especialmente aquellas relacionadas con el ejército y los servicios de inteligencia. Además, se continuará apoyando a la sociedad civil cubana mediante el fomento de la libertad de expresión, el acceso a Internet y la expansión de la libre empresa en el país. Estados Unidos también desalentará el turismo no autorizado y asegurará que las interacciones con Cuba estén alineadas con los intereses de seguridad nacional y los principios de derechos humanos.

Se ajustarán las regulaciones para garantizar que las transacciones financieras no beneficien al régimen y que los viajes a Cuba se limiten a los fines permitidos, como la educación y el apoyo a la sociedad civil. La aplicación de estas políticas será supervisada mediante auditorías periódicas y la creación de un grupo de trabajo para fomentar la expansión de Internet y la libertad de expresión.

Este memorándum reemplaza los anteriores lineamientos de la política hacia Cuba, estableciendo una postura más firme contra el régimen y renovando el enfoque hacia el apoyo directo al pueblo cubano y a sus derechos fundamentales.

DISPONIENDO LA REVOCACIÓN DE LAS SANCIONES A SIRIA

El presidente de Estados Unidos emitió una orden ejecutiva mediante la cual se revocan varias sanciones impuestas previamente al gobierno de Siria. Esta decisión se fundamenta en cambios recientes en el liderazgo sirio y acciones tomadas por el nuevo gobierno bajo el presidente Ahmed al-Sharaa. A partir del 1 de julio de 2025, se pondrá fin a la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13338 de 2004 y se revocan otras cinco órdenes ejecutivas relacionadas con sanciones económicas, bloqueos de activos y restricciones a funcionarios sirios.

La orden establece que esta revocación no afecta procedimientos en curso ni sanciones impuestas antes del 1 de julio de 2025. Al mismo tiempo, se modifica la Orden Ejecutiva 13894 para ampliar el alcance de las sanciones a personas vinculadas al antiguo régimen sirio. Estas incluyen a quienes hayan participado en actividades que comprometan la estabilidad de Siria, violaciones a derechos humanos, desapariciones forzadas de ciudadanos estadounidenses, o en la producción y tráfico de captagon.

También se autoriza al Secretario de Estado, en consulta con el Secretario del Tesoro, a suspender total o parcialmente las sanciones impuestas bajo la Ley César de 2019, siempre que se cumplan los criterios establecidos en la sección 7431(a) de dicha ley. Además, se suspenden restricciones específicas de la Ley de Responsabilidad de Siria de 2003 y se certifica un cambio de liderazgo que permite levantar ciertas sanciones impuestas bajo la Ley de Armas Químicas y Biológicas de 1991.

La orden incluye instrucciones para revisar la designación de Siria como Estado patrocinador del terrorismo, así como mantener la designación de organizaciones como Hay’at Tahrir al-Sham y su líder, Ahmed al-Sharaa, como entidades terroristas bajo la legislación estadounidense vigente. Estas medidas buscan separar las acciones del nuevo gobierno sirio de grupos u organizaciones designadas bajo leyes antiterroristas.

Finalmente, se delega en los Departamentos de Estado, Tesoro y Comercio la implementación de la orden mediante regulaciones y procedimientos administrativos. Se autoriza la adopción de medidas en el marco de organismos internacionales como las Naciones Unidas, con el fin de coordinar acciones relacionadas con exportaciones, cooperación y levantamiento parcial de sanciones. La orden no crea derechos exigibles por terceros ni afecta competencias legales ya establecidas para otras agencias.

SIMPLIFICACIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA Y DE MINERALES Y MATERIALES CRÍTICOS

El presidente Trump ha emitido un memorando dirigido a altos funcionarios de su administración con el objetivo de optimizar el proceso de financiamiento federal para proyectos relacionados con infraestructura energética y materiales o minerales críticos. El propósito es alinear mejor las políticas entre agencias, reducir duplicaciones administrativas y fortalecer sectores estratégicos para la seguridad y estabilidad nacional.

Actualmente, los solicitantes de fondos deben presentar múltiples solicitudes similares ante distintas agencias, lo que representa una carga administrativa significativa. El memorando instruye a las agencias federales a compartir información sobre solicitudes y compromisos de financiamiento, con el fin de evitar redundancias y mejorar la eficiencia del proceso. Este intercambio estará sujeto a la obtención del consentimiento previo de los solicitantes cuando sea legalmente requerido.

Se asigna al Presidente del Consejo Nacional de Dominio Energético (NEDC) un rol coordinador en la recopilación y distribución de esta información interagencial. Si no se obtiene el consentimiento para compartir datos, no se autorizarán compromisos ni desembolsos de fondos hasta que la autorización correspondiente sea otorgada, conforme a la ley.

En un plazo de 60 días, cada agencia deberá revisar y ajustar sus políticas de intercambio de información, iniciando los procedimientos necesarios para su implementación normativa. Además, dentro de 180 días, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) y el NEDC, en coordinación con las agencias pertinentes, desarrollarán una solicitud común para aplicar a múltiples programas federales relacionados con energía y materiales críticos, simplificando así el acceso a los recursos.

Los responsables de cada agencia, en coordinación con OMB y NEDC, deberán definir los programas que usarán esta solicitud común, qué información incluirá, cómo será accesible y si requerirá condiciones específicas. El memorando no crea derechos exigibles por terceros y su implementación se realizará conforme a la legislación vigente. Su objetivo principal es acelerar y coordinar el financiamiento de proyectos prioritarios en los sectores energético y de minerales esenciales.

EL ORGULLO NACIONAL CAE A MINIMOS HISTORICOS EN ESTADOS UNIDOS, SEGUN GALLUP

El sentimiento de orgullo nacional entre los estadounidenses ha alcanzado su punto más bajo en más de dos décadas, de acuerdo con una encuesta reciente de Gallup.

Solo un 41 % de los adultos en Estados Unidos afirman sentirse “extremadamente” orgullosos de ser estadounidenses, una caída sostenida que pone en evidencia no solo diferencias generacionales, sino también profundas divisiones políticas. El dato más llamativo es la brecha entre demócratas y republicanos: mientras el 69 % de los republicanos reporta un alto nivel de orgullo por su país, apenas el 36 % de los demócratas expresa el mismo sentimiento. Esta diferencia de 33 puntos porcentuales —que llegó a ser de hasta 56 puntos en años anteriores— refleja cómo la noción de patriotismo se ha politizado en la sociedad estadounidense.

La tendencia también varía notablemente según la edad. Entre los jóvenes de la Generación Z, nacidos a partir de 1997, solo un 40 % afirma sentirse muy o extremadamente orgulloso de ser estadounidense. Los millennials, nacidos entre 1980 y 1996, presentan cifras algo más altas, cercanas al 60 %, mientras que los Baby Boomers y las generaciones mayores mantienen niveles de orgullo superiores al 70 %.

Esta disminución generacional del patriotismo no es nueva, pero sí se ha acentuado con los eventos políticos recientes. De hecho, el mandato de Donald Trump marcó un punto de inflexión: en 2017, el 67 % de los demócratas se sentía orgulloso del país, pero para 2020 esa cifra había caído al 42 %. Si bien con la llegada de Joe Biden se observó un leve repunte, los niveles no han regresado a los registrados antes del gobierno de Trump.

El debate sobre el significado del patriotismo se ha intensificado también en otros sondeos. En 2024, un estudio mostró que el 90 % de los republicanos consideraba que el patriotismo tenía un impacto positivo en el país, frente a solo un 45 % de los demócratas.

Además, un 37 % de los demócratas opinó que el patriotismo podía tener efectos negativos. Esta diferencia no se limita a lo simbólico: según una encuesta de CNN/SSRS de inicios de 2025, menos del 10 % de los ciudadanos —republicanos o demócratas— se siente orgulloso del sistema político actual, predominando sentimientos de frustración, desencanto y desapego hacia las instituciones.

Este declive en el orgullo nacional parece reflejar un distanciamiento progresivo entre la ciudadanía y las estructuras del Estado. Si bien la polarización política y la figura de Trump han influido en este cambio, también hay factores más profundos: la desigualdad económica, el desencanto con la clase dirigente, el debate sobre la identidad nacional y el peso de las redes sociales en la construcción de narrativas culturales. Como señaló Jeffrey Jones, editor senior de Gallup, cada generación reciente muestra niveles más bajos de patriotismo que la anterior, tendencia liderada en particular por los votantes demócratas más jóvenes.

En este contexto, el patriotismo en Estados Unidos ya no funciona como un valor compartido o una base de unidad nacional, sino como un concepto cada vez más fragmentado. Para algunos, sigue siendo un pilar de identidad; para otros, una noción cuestionada por el presente político y las tensiones sociales acumuladas. El reto, para líderes y ciudadanos por igual, será encontrar nuevas formas de construir cohesión cívica en una nación donde sentirse orgulloso del país se ha convertido, paradójicamente, en una cuestión cada vez más divisiva.