Una nueva controversia comercial llegó a la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos. El caso Learning Resources, Inc. et al. v. United States cuestiona los aranceles adicionales impuestos por la administración Trump bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 a importaciones procedentes de 60 economías, entre ellas Colombia. La medida entró en vigor el 24 de julio y establece gravámenes adicionales de 10% o 12,5%, dependiendo de las medidas adoptadas por cada socio comercial frente a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, USTR, sostiene que las medidas responden a investigaciones iniciadas en marzo de 2026 para determinar si la ausencia o insuficiente aplicación de prohibiciones contra bienes producidos con trabajo forzoso constituye una práctica irrazonable que afecta el comercio estadounidense. Según USTR, el proceso incluyó consultas con más de 45 gobiernos, dos etapas de audiencias públicas y más de 2.100 comentarios. La agencia concluyó en junio que las prácticas de las 60 economías investigadas eran susceptibles de acción bajo la Sección 301 y decidió aplicar una tarifa de 10% a países que ya cuentan con determinadas prohibiciones o compromisos en esta materia, y de 12,5% a la mayoría de los restantes. Colombia quedó incluida en este último grupo.

La discusión judicial no gira alrededor de si el trabajo forzoso debe combatirse. Los demandantes señalan expresamente que no respaldan esas prácticas. Su argumento central es jurídico: sostienen que USTR debía demostrar de manera individualizada, para cada una de las economías investigadas, que las políticas identificadas efectivamente restringen o afectan el comercio estadounidense y que el arancel adoptado constituye una respuesta apropiada para corregirlas. La demanda afirma que la Administración habría utilizado conclusiones demasiado generales para justificar un régimen arancelario de alcance casi global.

El caso adquiere mayor relevancia por sus antecedentes. Learning Resources fue también una de las empresas involucradas en el litigio que llevó a la Corte Suprema a examinar los aranceles impuestos previamente por el presidente Trump bajo la International Emergency Economic Powers Act —IEEPA—. En febrero de 2026, la Corte Suprema concluyó que esa ley no otorgaba al Presidente autoridad para imponer aranceles. El tribunal señaló que, cuando el Congreso ha querido delegar facultades arancelarias al Ejecutivo, lo ha hecho expresamente y bajo límites específicos.

La diferencia jurídica es importante. La decisión sobre IEEPA no significa automáticamente que los actuales aranceles de la Sección 301 sean ilegales. A diferencia de IEEPA, la Sección 301 sí contempla expresamente medidas comerciales, incluidos aranceles, frente a prácticas extranjeras consideradas injustificables, irrazonables o discriminatorias que afecten al comercio estadounidense. El debate actual será, por tanto, si la administración cumplió correctamente los requisitos sustantivos y procesales que establece esa ley y si existe una relación suficientemente demostrada entre las prácticas investigadas y la respuesta arancelaria adoptada.

El resultado puede tener consecuencias más amplias que las de las empresas que presentaron la demanda. Los 60 socios afectados representan, según USTR, alrededor del 99,4% de las importaciones estadounidenses, por lo que una decisión que limite o invalide las medidas podría modificar una parte importante de la actual arquitectura arancelaria de Estados Unidos. En sentido contrario, si los tribunales avalan la actuación de USTR, la decisión podría reforzar el uso de la Sección 301 como instrumento para vincular acceso al mercado estadounidense con cuestiones laborales y otros objetivos de política comercial.

Para Colombia, la controversia coincide con una coyuntura distinta en la relación bilateral. Tras el terremoto del 10 de agosto, el Gobierno colombiano solicitó a Washington una reducción o suspensión temporal de los aranceles para facilitar la recuperación económica. El 19 de agosto, el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, y el representante comercial Jamieson Greer acordaron avanzar de manera expedita en la negociación de un Acuerdo sobre Comercio Recíproco, mientras continúan las conversaciones sobre las medidas arancelarias. El Gobierno colombiano ha señalado que busca utilizar esa negociación para ampliar oportunidades comerciales y apoyar la reconstrucción.

Esto abre para Colombia varias rutas que pueden desarrollarse de manera simultánea: la evolución del litigio en las cortes estadounidenses, la negociación bilateral con USTR y la posibilidad de adoptar compromisos que permitan modificar su tratamiento bajo la propia estructura de la medida. La regulación estadounidense prevé precisamente una tarifa menor para economías que adopten o se comprometan, mediante acuerdos comerciales recíprocos, a establecer y aplicar prohibiciones efectivas contra la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

El caso plantea así una discusión que combina comercio, derechos laborales y límites jurídicos al poder ejecutivo. Para las empresas colombianas, el impacto inmediato está en el costo de acceso al mercado estadounidense y en la competitividad relativa frente a países sometidos a tarifas menores o productos exceptuados. Para la política comercial de Estados Unidos, la pregunta será hasta dónde puede utilizarse la Sección 301 para abordar asuntos de alcance global sin perder la conexión individual entre la conducta de cada socio comercial, el daño alegado y la medida adoptada. La respuesta de los tribunales podría convertirse en un nuevo referente sobre el alcance de las facultades comerciales del Ejecutivo estadounidense.

La próxima etapa clave será el 30 de septiembre, cuando la Corte de Comercio Internacional tiene prevista en Nueva York la audiencia sobre las solicitudes de summary judgment en Learning Resources, Inc. et al. v. United States, seleccionado como caso representativo para examinar los desafíos a los nuevos aranceles de la Sección 301.

La figura de summary judgment no es todavía necesariamente la sentencia definitiva ese mismo día. Es una audiencia en la que las partes buscan que el tribunal resuelva el caso, o cuestiones centrales del mismo, con base en el expediente jurídico, al considerar que no existen hechos materiales que requieran un juicio tradicional. La decisión puede conocerse posteriormente.

COMERCIO

Aranceles de 50% a Canadá ponen a prueba la integración automotriz de Norteamérica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que prevé imponer, a partir del 1.º de enero de 2027, aranceles de 50% a todos los automóviles, camiones y autopartes procedentes de Canadá. La medida ampliaría una disputa comercial que se intensificó tras el fracaso de las negociaciones bilaterales y la entrada en vigor de gravámenes de 50% sobre cerca de US$20.000 millones en productos canadienses.

El impacto potencial es especialmente relevante por el nivel de integración de la industria automotriz norteamericana. Durante más de tres décadas, primero bajo el NAFTA y luego bajo el USMCA, fabricantes y proveedores han organizado sus cadenas de producción como un mercado regional, en el que piezas y vehículos pueden cruzar varias veces la frontera antes del ensamblaje final. Un arancel general de 50%, dependiendo de sus excepciones y reglas de aplicación, podría elevar costos y obligar a revisar proveedores, producción e inversiones a ambos lados de la frontera.

La relación automotriz también presenta una diferencia frente al comercio bilateral total. Aunque Estados Unidos mantiene un déficit agregado con Canadá, en vehículos y autopartes ocurre lo contrario. En los primeros seis meses de 2026, Estados Unidos importó aproximadamente US$24.500 millones en vehículos y partes canadienses, mientras Canadá adquirió cerca de US$30.400 millones de productos estadounidenses del mismo sector. Esto equivale a un superávit estadounidense cercano a US$1.000 millones mensuales en comercio automotor.

Hasta ahora, el impacto de los aranceles existentes había sido parcialmente limitado por disposiciones que permiten reconocer el contenido estadounidense incorporado en vehículos fabricados en Canadá y por tratamientos favorables para determinados productos que cumplen con las reglas del USMCA. Una tarifa uniforme de 50% tendría un efecto sustancialmente mayor si reduce o elimina esas excepciones.

Las consecuencias tampoco se limitarían a Canadá. Las plantas canadienses dependen ampliamente de autopartes producidas en Estados Unidos, una industria que emplea a más de medio millón de trabajadores estadounidenses. A su vez, Canadá es un mercado importante para las plantas ubicadas en Estados Unidos: el año pasado compró alrededor de 663.000 vehículos fabricados en instalaciones estadounidenses, además de cantidades significativas de camiones, buses y vehículos especializados. Esto explica las advertencias sobre posibles efectos en empleo y producción en estados como Michigan, Ohio, Kentucky y Alabama.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha resaltado esa interdependencia y anunciado que Canadá responderá desde el 8 de septiembre con medidas equivalentes “dólar por dólar” sobre productos estadounidenses. Antes de la ruptura de las negociaciones, las partes habían discutido reducir los aranceles automotrices a 15%, una tasa similar a la acordada por Washington con Japón, Corea del Sur y la Unión Europea.

La disputa se produce además en un momento sensible para la próxima revisión del USMCA. Un aumento sustancial de los aranceles podría introducir nuevas tensiones sobre reglas de origen, contenido regional y localización de la producción. Para Washington, el objetivo es fortalecer la manufactura dentro de Estados Unidos; para Ottawa, preservar una industria construida durante décadas alrededor de una cadena productiva profundamente integrada.

El alcance final dependerá de cómo se estructure la medida y de si Estados Unidos y Canadá logran retomar las negociaciones. Más allá de la relación bilateral, un arancel de 50% pondría a prueba un modelo de producción norteamericano altamente interdependiente y podría tener efectos sobre costos, empleo, inversión y competitividad regional.

SANCIONES

Tesoro de EE.UU. lanza una nueva ofensiva económica contra Irán y amplía las sanciones a sectores clave

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes el inicio de la denominada Operación Economic Outcast, una nueva campaña económica contra Irán que busca restringir las fuentes de financiamiento del Gobierno iraní y aumentar la presión sobre empresas, personas y países que mantengan determinadas operaciones con Teherán. La medida fue ordenada por el presidente Donald Trump y contempla una ampliación de las sanciones secundarias estadounidenses.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que la estrategia pretende cortar las conexiones financieras internacionales utilizadas por Irán y advirtió que Washington aumentará la presión sobre los actores que continúen facilitando sus actividades económicas. “Nuestro objetivo es cortar toda vía económica que sostenga al régimen hasta que Teherán quede aislado”, afirmó Bessent, quien indicó que la campaña involucrará a distintas agencias del Gobierno estadounidense.

Como parte de las medidas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) amplió las actividades que pueden quedar expuestas a sanciones secundarias y emitió determinaciones sobre cinco sectores de la economía iraní: activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo. Con esta decisión, Washington podrá sancionar a personas o empresas extranjeras que operen o presten determinados servicios vinculados con estos sectores.

OFAC también sancionó a cerca de 60 entidades, personas y embarcaciones ubicadas en distintas jurisdicciones que, según el Tesoro, participan en redes relacionadas con la adquisición de tecnología nuclear y de misiles, operaciones cibernéticas y generación de ingresos petroleros para Irán. Las nuevas designaciones abarcan actores localizados, entre otros lugares, en China, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Suiza y varios países europeos.

Washington suspendió además varias licencias generales que permitían determinadas transferencias de remesas hacia Irán y algunas actividades relacionadas con el acceso iraní a los sistemas cultural y académico de Estados Unidos. OFAC publicó asimismo nuevas orientaciones sobre los riesgos de sanciones asociados con operaciones marítimas vinculadas a las exigencias de Teherán sobre el tránsito por el estrecho de Ormuz.

El Gobierno estadounidense anunció que funcionarios de los departamentos del Tesoro, Estado y Guerra mantendrán contactos con autoridades de otros países para solicitar el cierre de actividades relacionadas con Irán que Washington haya identificado como susceptibles de sanciones. Según el Tesoro, los países recibirán plazos definidos para adoptar medidas y las entidades que faciliten evasión de sanciones o lavado de dinero en beneficio de Irán podrían quedar excluidas del sistema financiero estadounidense.

Otra parte de la operación está dirigida contra redes que, según Estados Unidos, facilitan la adquisición iraní de tecnología sensible para programas nucleares y de misiles. OFAC designó a más de 20 personas y entidades relacionadas con operaciones de compra y logística en Oriente Medio y Asia Oriental, que Washington señala de utilizar empresas intermediarias y canales financieros para adquirir equipos destinados a instituciones vinculadas con el Ministerio de Defensa iraní.

Las sanciones también alcanzaron a integrantes de una red de actores cibernéticos que el Gobierno estadounidense vincula con el Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán. El Tesoro afirmó que estas personas participaron en intrusiones contra empresas estadounidenses de sectores como energía, defensa, salud, tecnología y servicios financieros, una acción coordinada con el Buró Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation, FBI), que la semana pasada anunció cargos contra 17 ciudadanos iraníes por presuntas actividades cibernéticas.

Washington amplió igualmente las medidas sobre las redes utilizadas para transportar y comercializar petróleo iraní, incluidas empresas, intermediarios y embarcaciones de la denominada flota en la sombra. Entre los objetivos se encuentran compañías y buques que, según el Tesoro, han participado en el traslado de millones de barriles de petróleo y productos derivados hacia mercados de Asia, así como intermediarios acusados de facilitar pagos y operaciones para entidades vinculadas con las fuerzas armadas iraníes.

Como resultado de las designaciones, los activos bajo jurisdicción estadounidense pertenecientes a las personas y entidades sancionadas quedan bloqueados y, salvo autorización de OFAC, las personas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con ellas. El Tesoro advirtió además que instituciones financieras y empresas extranjeras que faciliten operaciones significativas con los actores designados podrían enfrentar sanciones secundarias, incluidas restricciones para mantener cuentas corresponsales o realizar determinadas operaciones dentro del sistema financiero de Estados Unidos.

SANCIONES

Washington retira a Siria de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo

Estados Unidos formalizó este lunes el retiro de Siria de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, una vez concluido el periodo obligatorio de notificación de 45 días al Congreso. La administración del presidente Donald Trump también eliminó a Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) de la categoría de Terrorista Global Especialmente Designado, como parte del proceso de flexibilización de las restricciones estadounidenses sobre Siria.

La decisión se suma a las medidas adoptadas por Washington durante el último año para reducir las sanciones sobre el país. En junio de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que puso fin al programa de sanciones contra Siria y a la emergencia nacional relacionada con ese país, además de ordenar la revisión de otras sanciones y designaciones vinculadas con organizaciones terroristas.

El Gobierno estadounidense atribuyó las nuevas decisiones a las acciones y compromisos asumidos por la administración del presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, para distanciar al país de organizaciones terroristas internacionales. Según Washington, Siria se incorporó en noviembre a la Coalición Global para Derrotar a ISIS y ha desarrollado operaciones contra redes del Estado Islámico, Al Qaeda, Hizbulá y grupos alineados con Irán.

La administración Trump señaló que la eliminación de ambas designaciones busca retirar algunos de los principales obstáculos que permanecían para la inversión privada en Siria y facilitar su recuperación económica y reintegración a la economía internacional. Las medidas hacen parte de un proceso más amplio de normalización económica impulsado por Washington tras los cambios políticos registrados en el país.

MIGRACIÓN

Washington prepara revocación de hasta 200.000 visas B1/B2 mientras habilita en Bogotá el pago para acelerar entrevistas

La administración del presidente Donald Trump prepara la revocación de hasta 200.000 visas de negocios y turismo pertenecientes a extranjeros que solicitaron o se encuentran solicitando asilo en Estados Unidos, de acuerdo con documentos oficiales y funcionarios citados por The Associated Press. De concretarse en su alcance previsto, la medida constituiría la mayor revocación masiva de visas realizada por el país, aunque todavía no ha sido anunciada formalmente y podría enfrentar impugnaciones judiciales.

El Departamento de Estado de Estados Unidos prevé comenzar en las próximas semanas la revocación de visas B1 y B2 emitidas entre 2016 y 2026 a personas que posteriormente solicitaron asilo, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (U.S. Department of Homeland Security, DHS). El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, señaló que ambas instituciones están identificando a extranjeros que ingresaron como visitantes temporales y posteriormente iniciaron procesos para permanecer de manera permanente en el país.

La revocación de las visas no implicaría necesariamente la deportación inmediata de las personas afectadas. Según los funcionarios citados, quienes tengan solicitudes de asilo pendientes podrían ser reclasificados dentro del sistema migratorio, pero perderían su condición de viajeros de negocios o turismo; además, el número definitivo de revocaciones permanecerá sujeto a cambios debido a que el proceso se realizaría de manera gradual.

Las visas B1 se conceden principalmente para viajes de negocios, mientras las B2 cubren actividades como turismo, visitas familiares o atención médica. Actualmente, los solicitantes deben demostrar su intención de regresar a sus países de origen y declarar que no planean solicitar asilo en Estados Unidos, mientras el Departamento de Estado ha comenzado a revisar información sobre peticiones de protección proporcionada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS).

De manera paralela, el Departamento de Estado amplió el 18 de agosto la lista de sedes diplomáticas que participan en el programa piloto de citas aceleradas para visas de no inmigrante, en el cual quedó incluida la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, junto con las misiones estadounidenses en Canadá y las embajadas en Ciudad de Guatemala, San José y Tegucigalpa. El mecanismo fue creado mediante una regla temporal publicada el 9 de junio en el Registro Federal, comenzó a operar el 1 de julio y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

El programa permite a los solicitantes elegibles de visas B1/B2 acceder a una entrevista dentro de los diez días hábiles siguientes mediante el pago de una tarifa adicional de US$750, que se suma a los US$185 del trámite regular, para un total de US$935 por persona. El solicitante debe haber completado el formulario DS-160, pagado la tarifa estándar y programado su entrevista, y únicamente puede optar por el turno acelerado cuando exista cupo disponible en la sede correspondiente.

El Departamento de Estado precisó que el pago adicional no otorga ningún beneficio durante la evaluación de la solicitud y que los criterios de aprobación permanecen iguales para todos los solicitantes. La tarifa no es reembolsable si la persona falta o cancela la cita, cada integrante de un grupo familiar debe pagarla por separado y quienes renuevan su visa bajo el proceso de exención de entrevista no pueden acceder al mecanismo. Se mantiene además el canal gratuito de cita prioritaria para emergencias médicas, razones humanitarias y casos excepcionales, sujeto a evaluación consular.

La medida forma parte del endurecimiento de los controles migratorios implementado durante el segundo mandato de Trump. La administración ha aumentado la revisión de las redes sociales de solicitantes, establecido garantías económicas para determinados trámites y restringido la emisión de visas para ciudadanos de algunos países; además, durante los últimos 18 meses, el Departamento de Estado ha revocado aproximadamente 175.000 visas por diferentes motivos, incluidos antecedentes o acusaciones penales y otros criterios definidos por el Gobierno.

Las dos decisiones recaen sobre la misma categoría de visa y conviene leerlas en conjunto. La B1/B2 es el instrumento habitual de la movilidad corporativa hacia Estados Unidos, viajes comerciales, ferias, capacitaciones y reuniones con clientes, y queda expuesta a un doble movimiento: mayor escrutinio consular sobre el universo completo de titulares, derivado de la revisión masiva en preparación, y la apertura en Bogotá de un canal pago para reducir los tiempos de entrevista durante lo que resta del año.

MIGRACIÓN

Subsecretario Landau cuestiona el uso del sistema de asilo de Estados Unidos tras deportación de Beto Coral

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, cuestionó este lunes al activista colombiano Humberto “Beto” Coral y sostuvo que su caso refleja problemas en el funcionamiento del sistema de asilo estadounidense. A través de una publicación en X, el funcionario defendió la deportación de Coral a Colombia y afirmó que los mecanismos de protección migratoria deben reservarse para quienes cumplan los criterios establecidos por la legislación.

Landau señaló que el sistema ha estado durante años sometido a solicitudes que calificó como infundadas y sostuvo que los largos tiempos de procesamiento permiten que algunos solicitantes permanezcan y trabajen en Estados Unidos mientras se define su situación. “El asilo no debería ser una laguna legal para eludir las leyes de inmigración”, afirmó el funcionario, quien señaló que esta protección debe aplicarse a personas perseguidas por motivos contemplados en la legislación estadounidense.

Según el relato de Landau, Coral ingresó a Estados Unidos en diciembre de 2015 con una visa de turista y posteriormente solicitó asilo alegando ser víctima de “guerra e impunidad” en Colombia. El subsecretario cuestionó si esos argumentos cumplían con los requisitos legales para recibir protección y afirmó que Coral obtuvo posteriormente un permiso de trabajo que habría renovado durante cerca de una década.

El funcionario también cuestionó la actividad política desarrollada por Coral durante su permanencia en Estados Unidos y mencionó su respaldo al entonces presidente colombiano Gustavo Petro, su candidatura al Congreso de Colombia y sus disputas públicas con otras figuras políticas del país. Estas referencias fueron presentadas por Landau como parte de sus argumentos para cuestionar la solicitud de asilo del activista.

Landau también citó publicaciones en las que Coral acusó al Gobierno estadounidense de perseguir y maltratar a migrantes e hispanos, afirmaciones que el subsecretario rechazó y utilizó para cuestionar que mantuviera simultáneamente una solicitud de protección en Estados Unidos.

Sobre la deportación, Landau afirmó que la decisión fue adoptada por el Gobierno estadounidense y sostuvo que, una vez en Colombia, Coral fue recibido por integrantes del anterior Gobierno y se reunió con el entonces presidente Petro. El subsecretario también cuestionó posteriores declaraciones atribuidas al activista sobre su detención en Estados Unidos y sobre las elecciones colombianas, aunque estas afirmaciones corresponden a la versión expuesta por el funcionario estadounidense.

MIGRACIÓN

Gobierno Trump propone hacer permanente una tarifa de más de US$100.000 para nuevas visas H-1B

La administración del presidente Donald Trump propuso este lunes establecer de manera permanente una tarifa de US$103.265 para determinadas nuevas solicitudes de visas H-1B, utilizadas por empresas estadounidenses para contratar trabajadores extranjeros altamente calificados. La medida busca formalizar mediante regulación un cobro temporal impuesto el año pasado que fue bloqueado posteriormente por una corte federal.

La propuesta fue publicada en el Registro Federal por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (U.S. Department of Homeland Security, DHS) y podría quedar finalizada antes de terminar el año. El cobro temporal actualmente vigente expira en septiembre y elevó sustancialmente el costo de estas visas, cuyas tarifas se ubicaban generalmente entre US$2.000 y US$5.000 antes de la medida adoptada por Trump.

El programa H-1B permite a empleadores estadounidenses contratar trabajadores extranjeros para ocupaciones especializadas y contempla anualmente 65.000 visas, además de otras 20.000 destinadas a personas con títulos avanzados. La nueva tarifa no se aplicaría a extranjeros que ya se encuentren en Estados Unidos con visas de estudiante y posteriormente obtengan una H-1B, ni a las renovaciones de permisos existentes.

La medida enfrenta actualmente varios procesos judiciales. Un juez federal determinó en junio que el cobro era ilegal y bloqueó su aplicación, mientras una corte de apelaciones con sede en Boston revisa esa decisión. Entre quienes han cuestionado la tarifa se encuentran la Cámara de Comercio de Estados Unidos, varios estados gobernados por demócratas y una coalición de sindicatos y empleadores, que sostienen que el Ejecutivo no puede establecer este tipo de cobros sin autorización del Congreso.

El Gobierno ha defendido la medida al argumentar que el presidente cuenta con facultades migratorias para restringir la entrada de determinados extranjeros cuando considere que puede resultar perjudicial para los intereses estadounidenses. Trump y otros críticos del programa H-1B también han sostenido que algunas empresas utilizan estas visas para sustituir trabajadores estadounidenses por empleados extranjeros con menores costos laborales, mientras organizaciones empresariales afirman que el mecanismo es necesario para cubrir vacantes especializadas y atraer talento internacional.

La propuesta se suma a otros cambios impulsados por la administración Trump sobre el programa H-1B, entre ellos mayores controles para los solicitantes y un nuevo sistema de selección que favorecería a trabajadores con mayores niveles de calificación y remuneración. Además, el DHS aprobó este mes tarifas adicionales de hasta US$4.500 para determinadas solicitudes relacionadas con extensiones de estadía de trabajadores H-1B y transferencias de empleados desde otros países hacia Estados Unidos.

SEGURIDAD

Estados Unidos realiza nuevo ataque contra una embarcación en rutas de narcotráfico del Pacífico Oriental

El Comando Sur de Estados Unidos (U.S. Southern Command, SOUTHCOM) informó que fuerzas estadounidenses realizaron el 23 de agosto un ataque contra una embarcación que, según información de inteligencia citada por la institución, estaba involucrada en actividades de narcotráfico en el Pacífico Oriental. La operación dejó dos personas muertas, a quienes el comando identificó como “narcoterroristas”.

De acuerdo con SOUTHCOM, la acción fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental bajo la dirección del comandante del organismo, el general Francis L. Donovan. La institución señaló que la embarcación se desplazaba por “rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental” y difundió imágenes en las que se observa una nave en movimiento antes de ser alcanzada por un proyectil.

Donovan afirmó que la operación responde a los objetivos asignados a la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental, creada para coordinar las acciones estadounidenses contra organizaciones vinculadas al narcotráfico en la región. “Cuando ordené el establecimiento de la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental, fue precisamente con este propósito: acelerar, sincronizar y ejecutar acciones letales contra estas redes narcoterroristas desestabilizadoras”, señaló.

El comandante de SOUTHCOM sostuvo además que Estados Unidos continuará empleando sus capacidades militares para impedir que las organizaciones dedicadas al narcotráfico operen sin consecuencias en el hemisferio y que las drogas lleguen a las comunidades estadounidenses. “No permitiremos que los narcoterroristas operen con impunidad en el Hemisferio Occidental”, afirmó Donovan, quien presentó el operativo como una demostración de las capacidades militares de Washington contra estas redes.

La operación forma parte de la campaña que Estados Unidos desarrolla desde septiembre de 2025 contra organizaciones vinculadas al narcotráfico en América Latina. La administración del presidente Donald Trump ha sostenido que el país enfrenta un “conflicto armado” con los cárteles y otras organizaciones criminales de la región, mientras el mandatario ha defendido las operaciones militares como una medida destinada a reducir el ingreso de drogas y las muertes por sobredosis en territorio estadounidense.

Por su parte, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha señalado que la estrategia busca fortalecer la disuasión frente a las organizaciones dedicadas al narcotráfico y combinar las acciones militares con la cooperación de aliados regionales. Las autoridades estadounidenses también han afirmado que las operaciones emprendidas han contribuido a reducir en 56% los flujos de fentanilo y han obligado a las organizaciones criminales a modificar sus rutas y estrategias.

ECONOMÍA

Warsh llega a Jackson Hole bajo presión por inflación y aumento de los rendimientos de los bonos

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh, pronunciará este viernes su primer discurso en el simposio anual de Jackson Hole, en Wyoming, en medio de un aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y de expectativas crecientes sobre el rumbo de las tasas de interés. Inversionistas y analistas esperan que el funcionario ofrezca mayores señales sobre la evaluación de la economía por parte del banco central y sobre la posibilidad de nuevos incrementos de tasas si la inflación permanece por encima de la meta de 2%.

Warsh ha evitado hasta ahora ofrecer orientaciones detalladas sobre sus planes y ha señalado que prefiere esperar las recomendaciones de cinco grupos de trabajo creados al comienzo de su gestión. Sin embargo, integrantes del Comité Federal de Mercado Abierto (Federal Open Market Committee, FOMC) expresaron en su reunión de julio preocupación por la persistencia de la inflación y algunos señalaron que retrasar un eventual endurecimiento monetario podría exigir aumentos de tasas más pronunciados posteriormente.

Las condiciones de los mercados también han aumentado la atención sobre el discurso. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 30 años se encuentran cerca de sus niveles más altos desde 2007, mientras los de los títulos a 10 años rondan máximos desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump. Analistas atribuyen parte del movimiento a las preocupaciones por los elevados niveles de deuda pública, la persistencia de la inflación y un entorno internacional caracterizado por mayores necesidades de financiamiento e inversión.

La Fed mantiene actualmente sin cambios su tasa de referencia después del ciclo de recortes iniciado en septiembre de 2024 y continuado durante parte de 2025. Aunque la inflación disminuyó desde sus máximos anteriores, continúa por encima del objetivo de 2%, lo que ha reabierto el debate sobre si las condiciones monetarias actuales son suficientemente restrictivas para asegurar su retorno a la meta.

A este escenario se suma una participación más activa del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en el mercado de deuda, después de que el secretario Scott Bessent ampliara recientemente algunas operaciones de recompra de bonos. Economistas han señalado que la interacción entre las decisiones del Tesoro y la política monetaria podría adquirir mayor relevancia si los costos de financiamiento público continúan aumentando o si los movimientos de las tasas del mercado dificultan la gestión de los tipos de interés de corto plazo por parte de la Fed.

El comportamiento del dólar también forma parte de las variables que deberá evaluar el banco central, luego de que la moneda estadounidense registrara pérdidas frente a otras divisas durante el último mes. Una depreciación sostenida podría aumentar las presiones sobre los precios de bienes importados, mientras las condiciones financieras globales y el encarecimiento del financiamiento de largo plazo podrían afectar la inversión y la actividad económica.

El discurso estará además bajo atención por las dudas planteadas sobre la independencia de la Fed frente a la Casa Blanca. Senadores demócratas del Comité Bancario del Senado solicitaron información sobre las comunicaciones entre Warsh y Trump después de reportes sobre conversaciones frecuentes entre ambos, mientras el presidente no ha criticado públicamente al titular de la Fed pese a que las tasas no han disminuido. En este escenario, Jackson Hole será una de las primeras oportunidades de Warsh para precisar su lectura de la inflación, los mercados financieros y las próximas decisiones de política monetaria.

ECONOMÍA

California suspende conversaciones con Paramount sobre la compra de Warner Bros. Discovery

El fiscal general de California, Rob Bonta, canceló una reunión prevista para este lunes con representantes de Paramount Skydance que buscaba iniciar conversaciones para resolver la demanda presentada por el estado contra la propuesta de adquisición de Warner Bros. Discovery por US$110.000 millones. El proceso judicial es uno de los principales obstáculos pendientes para concretar la operación.

Paramount ha buscado alcanzar un acuerdo antes de que el caso llegue a juicio, previsto para marzo, debido a los costos y obligaciones financieras asociados con mantener vigente la transacción durante el litigio. California y otros estados que participan en la demanda han obtenido decisiones judiciales favorables en etapas previas, lo que ha fortalecido su posición en una eventual negociación.

Bonta acusó a Paramount de haber filtrado información sobre una reunión realizada el viernes y de haber presentado de manera incorrecta el contenido de esas conversaciones. Bonta condicionó la reanudación de los diálogos a un cambio de postura de la compañía, mientras la compañía negó haber sido la fuente de las filtraciones y manifestó su disposición a continuar las conversaciones.

La demanda fue presentada el 13 de julio por California y otros 11 estados, que sostienen que la adquisición podría crear una compañía con suficiente poder de mercado para elevar los precios en los sectores de cine y televisión. Bonta ha señalado anteriormente que, en este tipo de procesos, prefiere soluciones estructurales, como la venta de activos, frente a compromisos voluntarios asumidos por las empresas.

De acuerdo con información publicada por The Wall Street Journal, Bonta estaría considerando exigir a Paramount la venta de algunos canales de televisión por cable y mantener separado su estudio cinematográfico del de Warner Bros. antes de respaldar la operación. Paramount, por su parte, ha prometido aumentar la producción cinematográfica a 30 películas por año y mantenerlas de manera exclusiva en salas de cine durante 45 días.

POLÍTICA

Corte Suprema permite avanzar con orden de Trump que restringe el voto por correo

La Corte Suprema de Estados Unidos falló este lunes a favor de la administración del presidente Donald Trump en una disputa sobre la orden ejecutiva que busca restringir el voto por correo, permitiendo que el Gobierno avance con su implementación antes de las elecciones legislativas de noviembre. Sin embargo, todavía existen otros procesos judiciales que podrían limitar el alcance de la medida y el tiempo disponible para introducir cambios es reducido.

La orden ejecutiva, firmada por Trump en marzo, instruye a su administración a elaborar listas de votantes considerados elegibles y dispone que el Servicio Postal de Estados Unidos (U.S. Postal Service, USPS) entregue las papeletas enviadas por correo únicamente a quienes aparezcan en esos registros. La decisión de la Corte Suprema fue emitida sin una opinión firmada y contó con el desacuerdo de los tres magistrados de tendencia liberal.

Funcionarios demócratas de 23 estados y del Distrito de Columbia demandaron para bloquear la orden al considerar que la Constitución atribuye principalmente a los estados y al Congreso la administración de las elecciones. Los demandantes también señalaron que introducir cambios de esta magnitud pocas semanas antes de los comicios podría afectar los preparativos electorales, mientras decenas de funcionarios estatales y locales solicitaron mantener suspendida la medida.

Un tribunal federal de Massachusetts había bloqueado inicialmente la aplicación de la orden durante las elecciones legislativas en los estados demandantes y posteriormente extendió la suspensión a todo el país. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (U.S. Department of Justice, DOJ) recurrió ante la Corte Suprema y sostuvo que los estados habían presentado la demanda antes de que las políticas estuvieran completamente definidas, mientras otro tribunal federal en Washington había permitido previamente que el Gobierno continuara desarrollando el plan.

Trump ha defendido las restricciones al voto por correo como una medida para reforzar la integridad electoral y evitar que personas sin ciudadanía estadounidense participen en las elecciones. El mandatario ha cuestionado reiteradamente este mecanismo y ha vinculado el voto por correo con posibles irregularidades, aunque investigaciones y datos disponibles han encontrado que el fraude mediante esta modalidad es poco frecuente; un estudio de Brookings Institution publicado en 2025 estimó aproximadamente cuatro casos por cada 10 millones de votos enviados por correo.

La decisión se produce a pocas semanas de que algunos estados comiencen a distribuir las papeletas para las elecciones legislativas del 3 de noviembre, por lo que permanece abierta la posibilidad de nuevas disputas judiciales sobre la aplicación concreta de la orden. Según datos federales, cerca de 30% de los votos emitidos en las elecciones presidenciales de 2024 fueron enviados por correo, lo que convierte cualquier modificación al sistema en un asunto relevante para la organización de los próximos comicios.

POLÍTICA

Apoyo de los estadounidenses a la guerra con Irán cae a 31% y aprobación de Trump se mantiene en 33%

El apoyo de los estadounidenses a la acción militar de Estados Unidos contra Irán cayó a 31%, su nivel más bajo desde las primeras semanas del conflicto, según una encuesta de Reuters/Ipsos finalizada este lunes. La cifra representa una reducción frente al 37% registrado en marzo y al 34% observado a comienzos de agosto, mientras la aprobación del presidente Donald Trump se mantuvo en 33%, el nivel más bajo registrado por esta encuesta durante sus dos administraciones.

La disminución en el respaldo a la guerra estuvo impulsada en parte por una menor aprobación entre los votantes republicanos, de los cuales 69% manifestó apoyar el conflicto, frente al 77% registrado en marzo. La administración Trump ha sostenido que las operaciones militares iniciadas el 28 de febrero junto con Israel son necesarias para impedir que Teherán desarrolle un arma nuclear.

La encuesta también refleja preocupación por la duración del conflicto: 83% de los consultados considera que la guerra continuará durante “un periodo prolongado”, frente al 80% registrado a comienzos de agosto. Aunque la intensidad de las hostilidades ha disminuido durante los últimos meses, las restricciones de facto impuestas por Irán a las exportaciones de petróleo de la región han contribuido a elevar los precios de la gasolina en Estados Unidos.

De acuerdo con Reuters/Ipsos, los precios estadounidenses de la gasolina se encuentran actualmente más de US$1 por galón por encima de los niveles previos al inicio de la guerra, un factor que podría aumentar la presión política sobre la administración. Trump ha anunciado un fortalecimiento de las medidas económicas contra Irán, mientras el secretario del Tesoro, Scott Bessent, presentó este lunes una ampliación de las herramientas de sanciones dirigidas a actores que mantengan determinadas operaciones con Teherán.

Los resultados también muestran desafíos para el Partido Republicano de cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Entre los votantes independientes consultados, 33% indicó que votaría por candidatos demócratas al Congreso si las elecciones se celebraran actualmente, frente al 19% que respaldaría a republicanos. La encuesta fue realizada entre 1.215 adultos en Estados Unidos y tiene un margen de error de tres puntos porcentuales.