En un comunicado emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, se comunicó que:

“El Secretario de Estado, Marco Rubio, llamó a Washington a John T. McNamara, Encargado de Negocios interino de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, para consultas urgentes tras declaraciones infundadas y reprensibles de los más altos niveles del Gobierno de Colombia. Además del retiro del Encargado, Estados Unidos está adoptando otras medidas para dejar clara nuestra profunda preocupación por el estado actual de nuestra relación bilateral. A pesar de las diferencias políticas con el gobierno actual, Colombia sigue siendo un socio estratégico esencial. Nos comprometemos a una estrecha cooperación en diversas prioridades compartidas, como la seguridad y la estabilidad regionales, y seguimos comprometidos con los esfuerzos que mejoran la vida de estadounidenses y colombianos por igual.”

EE. UU. revocaría visas a funcionarios de Petro que pertenecieron a grupos al margen de la ley

En medio de la creciente tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump habría comenzado a revocar visas a altos funcionarios del gabinete de Gustavo Petro que, en el pasado, estuvieron vinculados a grupos al margen de la ley. Entre los señalados figuran los ministros Antonio Sanguino (Trabajo) y Germán Ávila (Hacienda), así como el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez.

Según el medio Cambio, también estarían afectados Jorge Lemus, director de Inteligencia; Otty Patiño, comisionado de Paz; Álvaro Jiménez, negociador de paz; y Fernando García, embajador en México. A pesar de la medida, la visa del presidente Petro seguiría vigente.

Esta acción se suma a la reciente decisión del secretario de Estado Marco Rubio de llamar a consultas al encargado de negocios en Bogotá, John McNamara.

Petro responde a Washington y propone agenda estratégica bilateral de siete puntos

El presidente Gustavo Petro respondió a la decisión del Gobierno de EE. UU. de llamar a consultas a John T. McNamara, encargado de negocios en Colombia, con una medida equivalente: llamó a consultas al embajador Daniel García-Peña en Washington. En su cuenta de X, Petro afirmó: “Todas mis cartas y comunicaciones al presidente Trump las he escrito personalmente, y este comunicado igualmente lo hago desde mi pensamiento y mis manos”. En paralelo, el Departamento de Estado justificó el retiro de McNamara por “declaraciones infundadas y reprochables” del gobierno colombiano.

Petro aprovechó la coyuntura para plantear una agenda común de siete puntos, orientada a relanzar la relación bilateral desde una perspectiva estratégica y progresista. Entre los temas clave está la descarbonización de la economía, incluyendo una interconexión eléctrica continental. También propuso la revitalización de la Amazonía y el Chocó biogeográfico como sumideros globales de carbono, y un ataque coordinado al narcotráfico internacional, denunciando la existencia de una “junta del narcotráfico” con sede en Dubái.

Otro eje relevante es la negociación de un tratado migratorio basado en la dignidad humana, junto con el impulso de una reforma al sistema financiero mundial que permita intercambiar deuda por acción climática, con un potencial de hasta 25 billones de dólares. El mandatario incluyó además una propuesta para resolver pacíficamente los conflictos en Venezuela, Cuba y Haití, y construir una “paz integral en el Gran Caribe”, en alianza con Estados Unidos.

Finalmente, Petro instó a Estados Unidos a sumar esfuerzos en la solución de los conflictos globales, en especial el de Ucrania y Palestina, y propuso la realización de una cumbre entre EE. UU. y CELAC. En contraste, el Departamento de Estado reafirmó que Colombia “sigue siendo un socio estratégico esencial”, aunque advirtió que se tomarán medidas adicionales.

Petro niega vínculo de Marco Rubio en supuesto Golpe de Estado

El presidente Gustavo Petro negó cualquier implicación del Secretario de Estado de estadounidense Marco Rubio en los rumores sobre un intento de golpe de Estado en su contra. “No creo que Marco Rubio esté en un golpe de Estado contra Petro, porque los señores de la extrema derecha que estaban en eso, no llegaron a la oficina de Marco Rubio”, afirmó el mandatario. Con estas palabras, descartó una conexión directa entre el legislador republicano y los presuntos planes para desestabilizar su gobierno.

Petro enfatizó que no le corresponde a él investigar el caso, sino a las autoridades judiciales competentes en Colombia. “Es un asunto que la Fiscal General de la Nación tiene que establecer, no yo”, señaló, dejando en manos del ente acusador cualquier indagación sobre la veracidad de los señalamientos. Su declaración se dio en un contexto de creciente tensión diplomática con Estados Unidos y tras el llamado a consultas de su embajador en Washington.

En un análisis más amplio, el jefe de Estado consideró improbable que el gobierno estadounidense esté detrás de un intento de golpe en Colombia, aludiendo a su ocupada agenda internacional. Según Petro, Washington enfrenta prioridades como su rivalidad con Irán, la amenaza nuclear, los conflictos en Gaza y Ucrania, y las tensiones con Rusia. Estos desafíos, en su opinión, reducirían la posibilidad de que se involucre en desestabilizar democracias aliadas en América Latina.

Congresistas nacionales del Pacto Histórico, Partido Comunes, Alianza Verde y Partido de la U piden a EE. UU. investigar a Republicanos por presunta injerencia en Colombia

Treinta congresistas colombianos, pertenecientes al Pacto Histórico, Partido Comunes, Alianza Verde y Partido de la U, enviaron una carta formal a la Comisión de Ética del Congreso de Estados Unidos. En ella solicitan una investigación contra los representantes republicanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez por presuntas acciones injerencistas en los asuntos internos de Colombia. La iniciativa surge en medio de crecientes tensiones diplomáticas entre ambos países.

La misiva se basa en audios publicados por El País, en los que el excanciller Álvaro Leyva hace referencia a reuniones entre él y los congresistas Díaz-Balart y Giménez. Según los firmantes, dichos encuentros habrían tenido como objetivo discutir acciones contrarias al orden constitucional colombiano. De comprobarse esta intención, advierten que podrían constituir una violación a las normas éticas que rigen el comportamiento parlamentario en Estados Unidos.

Respecto a la congresista Salazar, los firmantes señalan que habría emitido declaraciones públicas en medios y redes sociales que podrían interpretarse como deslegitimadoras del presidente Gustavo Petro y su administración. Si bien reconocen la libertad de expresión y la presunción de inocencia, advierten que dichos comportamientos podrían afectar negativamente la legitimidad del gobierno colombiano democráticamente electo.

Por estas razones, los congresistas colombianos solicitan una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar si hubo transgresiones a los códigos de conducta parlamentaria de EE. UU. También piden que, en caso de comprobarse faltas, se apliquen las sanciones correspondientes. Consideran que estos actos no solo tendrían consecuencias políticas, sino que podrían deteriorar las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos.

Por su parte, los representantes republicanos involucrados se refirieron al respecto. Carlos A. Giménez afirmó: “Petro no puede seguir amenazando a Estados Unidos y luego creer que puede salirse con la suya. Apoyamos al pueblo colombiano, amante de la libertad, no al narcoterrorista socialista que vive en la Casa de Nariño”. María E. Salazar declaró: “Levantar la voz no es injerencia, es deber moral. Como representante de miles de colombianos-americanos, no me quedaré callada ante un gobierno que destruye la economía, alimenta la violencia política y deja que el narcotráfico se dispare. ¿Injerencia? No. Injerencia es convertir a Colombia en otra Venezuela. La amenaza no somos quienes denunciamos el caos, sino quienes lo provocan”.

Cancillería de Colombia reafirma la alianza con Estados Unidos pese a escalada de tensiones

En respuesta a los señalamientos de congresistas republicanos contra el presidente Gustavo Petro y al llamado a consultas del embajador interino de EE. UU., la Cancillería de Colombia emitió un mensaje institucional reafirmando que la relación bilateral con Washington es estratégica, duradera y va más allá de coyunturas políticas. El viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo, enfatizó que “Colombia y Estados Unidos son y serán aliados” y que el diálogo debe mantenerse en el marco del respeto mutuo y la soberanía.

La Cancillería también subrayó que el vínculo entre ambos países no se limita a los mandatarios, sino que involucra a las sociedades civiles, los congresos y diversos sectores. Reiteró el compromiso del país con la cooperación en temas clave como la lucha contra el narcotráfico, la migración con enfoque en derechos humanos, el crimen organizado y la transición energética. Pese a la crisis, el Ministerio insistió en que “las buenas relaciones se han dado incluso con gobiernos de distinto color político”.

Frente a las acusaciones del congresista Carlos Giménez, quien calificó a Petro de “narcoterrorista socialista”, y a los reclamos de otros republicanos, el Gobierno colombiano defendió la dignidad institucional. Además, respaldó la solicitud de 30 congresistas al Comité de Ética del Congreso estadounidense para que investigue posibles injerencias. No obstante, la Cancillería insistió en que continuará el diálogo directo con la administración Biden-Trump, reiterando que Colombia “ha sido y seguirá siendo un aliado leal de los Estados Unidos”.

Embajador García-Peña llama a la mesura y reafirma compromiso con EE. UU. en medio de tensiones

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, pidió moderación en las declaraciones públicas tras las agresiones verbales del congresista Carlos Giménez, quien calificó al presidente Petro como “matón narcoterrorista socialista”. En medio del cruce de llamados a consultas diplomáticas entre Bogotá y Washington, García-Peña subrayó que tales afirmaciones no contribuyen al fortalecimiento del diálogo bilateral y reiteró que Colombia sigue comprometida con una relación basada en el respeto, la cooperación y el entendimiento compartido.

García-Peña enfatizó que el llamado a consultas es una herramienta legítima del oficio diplomático y no debe interpretarse como una ruptura. Además, afirmó que Colombia promoverá un diálogo respetuoso con Estados Unidos para abordar los intereses comunes, incluyendo temas sensibles como el crimen organizado, la migración y la transición energética. “Las opiniones especulativas o inflamatorias no aportan al fortalecimiento de la conversación bilateral”, puntualizó el embajador.

En respaldo a su posición, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) rechazó en un comunicado las declaraciones de Giménez, calificándolas como una ofensa a la dignidad nacional y una deslegitimación del mandato democrático. Asimismo, el presidente Petro aseguró no sentirse intimidado por los ataques verbales y reiteró su compromiso con la soberanía y la justicia en Colombia. Tanto el embajador como el Gobierno destacaron la importancia de preservar la estabilidad de una relación histórica, sin permitir que narrativas agresivas socaven el respeto mutuo entre ambas naciones.

Ministros de Trabajo y del Interior responden a las declaraciones del representante de EE. UU. Carlos A. Giménez

Frente a las declaraciones del representante a la Cámara de EE. UU., Carlos A. Giménez sobre el presidente Petro: “Petro no puede seguir amenazando a Estados Unidos y luego creer que puede salirse con la suya. Apoyamos al pueblo colombiano, amante de la libertad, no al narcoterrorista socialista que vive en la Casa de Nariño”, altos funcionarios del gobierno de Colombia han salido a rechazar el mensaje del representante.

A través de X, el ministro de Trabajo Antonio Sanguino afirmó: “Que un Congresista cubano/estadounidense agreda verbalmente al presidente de Colombia es una inaceptable afrenta a nuestra nación y soberanía. Su actitud fascistoide contra Colombia reniega de su origen latinoamericano. Creyéndose gringo, nacionalidad obtenida a costa de su pueblo, pretende pisotearnos y no lo logrará. La dignidad de Colombia se respeta”.

Por su parte, el ministro de Interior también respondió a través de su cuenta oficial en X: “Qué paradoja que alguien con nombres latinos prefiera que lo llamen Peter o George. Para un latino, no hay peor ataque que el de otro latino que se cree superior simplemente por tener la ciudadanía estadounidense, sobre todo cuando ni sus padres ni sus abuelos la tenían. Este hombre no respeta ideologías ajenas a sus convicciones ultraderechistas; cree en razas superiores, imperios e invasiones. Con semejante lenguaje e ideas, uno podría pensar que apoyaría un golpe de estado”.

Alfredo Saade rechaza insultos de congresista estadounidense contra Petro

El jefe de Despacho de la Presidencia, Alfredo Saade, criticó duramente las declaraciones del congresista republicano Carlos Antonio Giménez, quien calificó a Gustavo Petro como un “matón narcoterrorista”. Saade aseguró que las relaciones diplomáticas deben estar basadas en el respeto y que los ataques verbales al presidente colombiano afectan no solo su dignidad personal, sino también la imagen del país. Subrayó que, al ser latinos, los congresistas como Giménez deben recordar sus raíces y actuar con coherencia.

Giménez, de origen cubano, ha intensificado sus críticas a Petro desde redes sociales, vinculándolo al narcotráfico y cuestionando incluso su salud mental y consumo de sustancias. Aunque Petro integró el M-19 en el pasado, no ha sido condenado por narcotráfico ni terrorismo, y ha negado las acusaciones de consumo de drogas, atribuyéndolas a una campaña de desprestigio liderada por antiguos aliados como el excanciller Álvaro Leyva. Estas tensiones coinciden con la crisis diplomática entre EE. UU. y Colombia.

AmCham Colombia hace un llamado a que la prudencia y diplomacia guíen las acciones del Gobierno Nacional en el manejo de su relación con EE. UU.

Desde la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, hacemos un llamado respetuoso a que la prudencia, la mesura y la diplomacia guíen las acciones del Gobierno de Colombia en el manejo de su relación con los Estados Unidos, especialmente en este momento de evidente tensión bilateral.

La decisión del Gobierno de los Estados Unidos de llamar a consultas a su Embajador en Colombia debe entenderse como una señal seria que requiere reflexión y atención cuidadosa. A lo largo de nuestra historia, los canales diplomáticos han sido el vehículo adecuado para tratar las diferencias entre ambos países, siempre bajo el principio del respeto mutuo.

En ese sentido, consideramos que las declaraciones recientes, así como los señalamientos realizados a través de redes sociales y otros espacios públicos, no contribuyen a fortalecer la relación bilateral. Las preocupaciones o divergencias entre gobiernos deben ser tramitadas por las vías diplomáticas tradicionales, que permiten la gestión constructiva de desacuerdos sin afectar el vínculo entre nuestras naciones.

Reiteramos que la relación entre Colombia y Estados Unidos ha sido esencial para el desarrollo económico, la seguridad, la inversión, la cooperación en múltiples frentes y el fortalecimiento institucional de nuestro país. Es fundamental preservarla con responsabilidad y visión de largo plazo.

Desde AmCham Colombia confiamos en que este impase podrá superarse mediante el diálogo respetuoso y el uso adecuado de los canales institucionales. Colombia y Estados Unidos han demostrado, durante décadas, que pueden resolver sus diferencias sin perder de vista los valores y objetivos que comparten.

Es clave entender el alcance real del llamado a consultas del embajador de EE.UU., lo que debe incentivar a la prudencia y al uso de los canales diplomáticos.

Proceso y tiempos (promedios):

1. Decisión política: EE.UU. ordena su regreso (día 1)
2. Regreso a Washington: 24–72 horas. Señal de malestar, no de ruptura
3. Consultas internas: con altos funcionarios (semana 1)
4. Evaluación (semana 2):

• Regreso del embajador = desescalamiento
• Permanencia en EE.UU. = tensión sostenida
• Nuevas medidas = posible endurecimiento

5. Gestos diplomáticos de Colombia pueden facilitar la normalización.

Este tipo de llamada a consultas no es del todo inusual pero sí infrecuente entre EE. UU. y Colombia, sin precedentes en la historia reciente de la relación bilateral. La última escalada en las tensiones diplomáticas ocurrió en enero de 2025, cuando EE. UU. suspendió temporalmente el otorgamiento de visas a ciudadanos colombianos como respuesta a la negativa de Colombia de aceptar vuelos militares con deportados, generando tensiones que se resolvieron en cuestión de días mediante negociaciones. En esa ocasión, también se dieron amenazas sobre la imposición de aranceles por parte de EE. UU. a los productos colombianos, que no llegaron a materializarse.

En este caso, al no contar con detalles concretos sobre los requerimientos o las medidas que se piensan tomar por parte del Departamento de Estado y el gobierno estadounidense, es difícil estimar un impacto real. Pese a esto, es posible afirmar que, al ser una decisión del Secretario Rubio sobre la que el presidente Trump aún no se pronuncia, es improbable que la medida se vea acompañada por represalias comerciales como aranceles, ya que a lo largo de su segundo mandato el presidente Trump se ha encargado de anunciar las amenazas e imposiciones arancelarias directamente, tal y como hizo en el impasse del 26 de enero, cuando anunció un arancel del 25% para Colombia si no se cumplían sus condiciones.

TRUMP CELEBRA SU PRIMERA GRAN VICTORIA LEGISLATIVA EN SU SEGUNDO MANDATO CON LA APROBACIÓN DEL “BIG BEAUTIFUL BILL”

La Cámara de Representantes aprobó por estrecho margen (218-214) el megaproyecto de ley de Donald Trump, que combina recortes de impuestos y reducción del gasto social por un total de 4,5 billones de dólares. La medida, descrita por Trump como “una gran y hermosa ley”, se convirtió en el mayor logro legislativo de su segundo mandato, justo a tiempo para el 4 de julio. La votación se logró tras intensas negociaciones del liderazgo republicano y la presión directa del presidente a congresistas escépticos.

El paquete extiende los recortes fiscales de 2017 y agrega nuevas deducciones, incluyendo exenciones por propinas y horas extra. También destina 350 mil millones de dólares a seguridad nacional y políticas migratorias, mientras recorta 1,2 billones en Medicaid y cupones de alimentos, imponiendo requisitos laborales. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que aumentará el déficit en 3,3 billones de dólares y dejará a 11,8 millones sin cobertura médica.

Los demócratas se opusieron en bloque y denunciaron la ley como un ataque contra los sectores más vulnerables. El líder Hakeem Jeffries pronunció un discurso de casi nueve horas en el pleno, calificando el proyecto como “una escena del crimen” y afirmando que “no queremos ser parte de esto”. Mientras tanto, los republicanos celebraron con canciones de campaña y aplausos, defendiendo la ley como una victoria para el crecimiento económico y la seguridad.

La ley también representa un desmonte de políticas emblemáticas de Barack Obama y Joe Biden, especialmente en salud y cambio climático. Mientras los republicanos aseguran que buscan eficiencias y combatir fraudes, los demócratas advierten que millones perderán acceso a alimentos y atención médica. El impacto sobre Medicaid y SNAP podría ser devastador para comunidades de bajos ingresos, veteranos y adultos mayores.

El proceso fue tenso y polarizado. Algunos republicanos, como Thomas Massie y Brian Fitzpatrick, votaron en contra por los recortes a Medicaid. Otros cedieron ante la presión política y promesas del Ejecutivo. La aprobación marca un punto de inflexión en la administración Trump, consolidando su control sobre el Congreso y dando forma a una nueva era legislativa con fuertes implicaciones sociales, fiscales y políticas.

PUTIN REITERA A TRUMP QUE NO CEDERÁ EN UCRANIA, PERO DEJA ABIERTA LA PUERTA A UNA TREGUA

Durante su sexta conversación con Donald Trump desde que este regresó a la Casa Blanca, el presidente ruso, Vladimir Putin, ratificó que no renunciará a sus objetivos en Ucrania. Aunque se mostró abierto a negociar una tregua, dejó claro que no devolverá los territorios ocupados o anexados tras la invasión iniciada en 2022. Trump, por su parte, reiteró su interés en lograr un alto al fuego, pero el Kremlin insiste en que su prioridad es eliminar las “causas profundas” del conflicto.

Entre las condiciones de Rusia para una posible paz se incluye la retirada total de tropas ucranianas de cuatro regiones parcialmente controladas por Moscú: Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia. También exige que Ucrania detenga el envío de armas occidentales, ponga fin a la ley marcial y organice elecciones en 100 días. Estas propuestas fueron presentadas en un “memorando de paz”, aunque Kiev ha rechazado frontalmente tales exigencias por considerarlas inaceptables.

Putin también propone que Ucrania declare su neutralidad, renuncie a unirse a la OTAN, limite el tamaño de sus fuerzas armadas y reconozca el idioma ruso como oficial. Para el Kremlin, estas medidas son clave para firmar un tratado de paz integral. A pesar de los intercambios humanitarios recientes entre ambos países, las condiciones impuestas por Moscú son vistas en Ucrania como un intento de rendición disfrazado de diplomacia.

En el fondo, Rusia sigue argumentando que Ucrania pertenece a su esfera histórica y cultural, y considera que su acercamiento a la OTAN y la Unión Europea representa una amenaza existencial. Desde 2014, con la anexión de Crimea, el Kremlin ha endurecido su postura frente a la presencia militar occidental en Europa del Este. Mientras tanto, el camino hacia una solución negociada sigue siendo incierto, con Putin reafirmando su determinación y Trump intentando posicionarse como mediador.