Un nuevo episodio de tensión en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos se desató tras una serie de declaraciones cruzadas entre el congresista republicano Carlos A. Giménez y el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña.

El legislador estadounidense, conocido por su postura crítica frente a gobiernos de izquierda en América Latina, afirmó en su cuenta de X: “I have a deep love and respect for the people of Colombia – they are brave, hard-working, and freedom-loving. But let’s be clear: Gustavo Petro doesn’t represent those values. His agenda is dangerous for Colombia and the region. I support those who respect the United States, but not Petro” (tengo un profundo amor y respeto por el pueblo colombiano — valiente, trabajador y amante de la libertad. Pero seamos claros: Gustavo Petro no representa esos valores. Su agenda es peligrosa para Colombia y la región. Respaldo a quienes respetan a Estados Unidos, pero no a Petro).

Ante estas afirmaciones, el embajador García-Peña envió una carta oficial, fechada el 30 de junio, en la que calificó los señalamientos del congresista como ofensivos y desinformativos. En la misiva, el embajador denunció un “agravio personal” y un “desprecio institucional”, al tiempo que defendió la legitimidad democrática del presidente Gustavo Petro, recordando que fue elegido por voto popular en un proceso libre, con la mayor votación en la historia del país y con amplio reconocimiento de observadores internacionales. Asimismo, reiteró que el respeto mutuo y el fortalecimiento institucional son pilares fundamentales en las relaciones entre democracias aliadas.

Las declaraciones del congresista Giménez reflejan una creciente polarización en el debate hemisférico sobre el rumbo político de la región y evidencian las tensiones ideológicas que, en ocasiones, se trasladan al ámbito diplomático.

Aunque las relaciones entre Colombia y Estados Unidos se mantienen como estratégicas, este tipo de intercambios subraya la necesidad de preservar canales de diálogo respetuosos, sustentados en la institucionalidad y la cooperación entre países aliados.

PRESIDENTE TRUMP ANUNCIA ACUERDO COMERCIAL CON VIETNAM EN EL QUE MANTIENE UN ARANCEL DEL 20 %

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, anunció este miércoles un nuevo acuerdo comercial con Vietnam que establece un arancel del 20 % a todos los bienes exportados desde ese país hacia el mercado estadounidense, así como un 40 % a las mercancías que utilicen territorio vietnamita como punto de transbordo. “Vietnam pagará a Estados Unidos un 20 % de arancel por cualquier bien que entre a nuestro territorio, y un 40 % si se trata de transbordo”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

Este anuncio se produce en la antesala del fin de la pausa de 90 días aplicada a su política de aranceles recíprocos, la cual será reemplazada por un nuevo esquema bilateral. Trump aseguró que, a cambio, Estados Unidos obtendrá acceso pleno al mercado vietnamita. “Vietnam hará algo que nunca había hecho: abrir su mercado a Estados Unidos, lo que significa que podremos vender nuestros productos en Vietnam con arancel cero”, afirmó. Asimismo, indicó que la negociación fue directa con el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a quien calificó como “un placer absoluto” de tratar, y destacó que “los vehículos SUV serán una maravillosa adición a los productos en Vietnam”.

Entre los principales productos que Vietnam exporta a Estados Unidos —y que ahora enfrentarán un arancel del 20 %— se destacan los electrónicos (en especial teléfonos móviles y componentes), maquinaria, muebles, textiles y confecciones, calzado, productos del mar (como camarones y pescado), bicicletas y productos de madera. Estos sectores representaron en conjunto más del 70 % de las exportaciones vietnamitas hacia EE. UU. en 2024, consolidando a Estados Unidos como su principal socio comercial. La medida podría impactar especialmente a industrias como la textil y del calzado, altamente dependientes del mercado estadounidense y sensibles a los costos logísticos y tarifarios.

Este acuerdo se enmarca en la estrategia del presidente Trump de renegociar acuerdos comerciales bilaterales antes del 9 de julio, fecha en la que entrará en vigor el nuevo régimen de aranceles recíprocos, sustituyendo el arancel universal del 10 % aplicado durante la tregua anterior. Aunque el anuncio fue bien recibido por algunos sectores del mercado —el índice S&P 500 registró una reacción positiva—, diversos analistas y economistas advierten que la medida podría elevar los precios al consumidor en EE. UU., particularmente en bienes de consumo masivo. La Reserva Federal ha señalado que los efectos de estos aranceles se sentirán con mayor fuerza durante el verano. No obstante, el presidente Trump defendió la decisión afirmando que sus políticas comerciales “traen miles de millones al Tesoro” y “no generan inflación”.

TRUMP IMPULSA LA ECONOMÍA DIGITAL Y ABRE OPORTUNIDADES PARA AMÉRICA LATINA

El 23 de enero de 2025, el presidente Donald J. Trump firmó la Orden Ejecutiva 14178, titulada Strengthening American Leadership in Digital Financial Technology, en la que prohibió a las agencias federales promover o desarrollar una moneda digital de banco central (CBDC) y creó el Grupo de Trabajo Presidencial sobre Mercados de Activos Digitales, presidido por el empresario David Sacks.

Esta iniciativa marcó un giro frente a la política de la administración anterior y posicionó a Estados Unidos como actor clave en el ecosistema de criptomonedas y tecnologías blockchain. El grupo recibió un plazo de 180 días —hasta el 22 de julio de 2025— para presentar un informe con recomendaciones regulatorias y legislativas sobre activos digitales, stablecoins, infraestructura tecnológica y protección al consumidor.

Posteriormente, el 6 de marzo, Trump firmó una segunda orden ejecutiva en la que estableció dos instrumentos sin precedentes: la Reserva Estratégica de Bitcoin (Strategic Bitcoin Reserve), conformada por más de 200.000 BTC incautados por el gobierno, que pasarán a formar parte de las reservas nacionales sin fines de venta; y el Acopio Nacional de Activos Digitales (U.S. Digital Asset Stockpile), que centraliza bajo custodia del Tesoro otras criptomonedas como Ethereum, Solana, Ripple o Cardano. Esta medida institucionalizó el uso estatal de criptoactivos como activos estratégicos y sentó las bases para futuras adquisiciones.

Aunque la fecha oficial de entrega del informe del grupo de trabajo es el 22 de julio, este martes 2 de julio diversos medios estadounidenses reportaron que el grupo ya finalizó su borrador técnico y que el informe está en proceso de revisión ejecutiva para su publicación y eventual adopción normativa.

Esto ha generado gran expectativa en el sector financiero, tecnológico y legislativo, dado que se anticipa un anuncio por parte de Trump con nuevas acciones regulatorias basadas en esas recomendaciones. Según filtraciones preliminares, el informe contendría propuestas para regular emisores de stablecoins, establecer requisitos de transparencia y custodia, y fortalecer la interoperabilidad entre agencias federales.

La noticia cobra mayor relevancia porque varios estados —incluidos Texas, Arizona y Nueva Hampshire— ya han comenzado a replicar este enfoque al crear sus propias reservas estatales de bitcoin, inspiradas en la estrategia nacional. Además, América Latina observa con atención este giro de Estados Unidos, especialmente por su potencial para facilitar inclusión financiera, reducir costos de remesas —que superaron los 161.000 millones de dólares en 2024 en la región— y permitir la tokenización de activos en sectores como el agro. Sin embargo, persisten desafíos regulatorios, técnicos y éticos, como el riesgo de lavado de activos, ataques a la privacidad o captura tecnológica, lo cual exigirá marcos normativos claros, cooperación internacional y políticas públicas inclusivas.

OBAMA Y BUSH CONDENAN EL CIERRE DE USAID ORDENADO POR TRUMP

Los expresidentes Barack Obama y George W. Bush criticaron duramente el cierre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), dispuesta por la administración de Donald Trump. Más del 80% de los programas de la agencia fueron cancelados en marzo, y el resto fue absorbido por el Departamento de Estado. Fundada en 1961, USAID era el mayor proveedor mundial de ayuda humanitaria, con más de 10.000 empleados, la mayoría desplegados en el extranjero. Según la revista médica The Lancet, los recortes podrían causar más de 14 millones de muertes adicionales para 2030.

En una videoconferencia con el cantante Bono, tanto Bush como Obama expresaron su indignación. Bush recordó que su programa contra el VIH/sida, gestionado por USAID, salvó 25 millones de vidas y afirmó: “¿Es de nuestro interés nacional que 25 millones de personas que habrían muerto ahora vivan? Yo creo que sí”. Obama fue más tajante: “Desmantelar USAID es una farsa y una tragedia”. Bono, veterano defensor de la ayuda internacional, lamentó que los trabajadores de la agencia fueran llamados “delincuentes” cuando, a su juicio, “eran los mejores de nosotros”.

El cierre de USAID responde a una política promovida por Donald Trump de reducir el gasto público y “priorizar los intereses nacionales”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que los programas restantes pasarán a su departamento y declaró: “Esta era de ineficiencia ha llegado oficialmente a su fin”. Trump, por su parte, reafirmó su compromiso con el principio de “Estados Unidos Primero”, asegurando que la asistencia exterior debe estar alineada con la agenda nacional. Esta visión ya ha sido replicada por países como Reino Unido, Francia y Alemania, que anunciaron sus propios recortes.

Las consecuencias del desmantelamiento son globales. Se han suspendido programas clave como el suministro de prótesis a soldados ucranianos, la eliminación de minas terrestres y el control del ébola en África. Las Naciones Unidas advirtieron que el sector humanitario internacional enfrenta “los recortes de financiación más profundos jamás sufridos”. Mientras la Casa Blanca argumenta eficiencia, múltiples organizaciones humanitarias consideran que se ha debilitado una herramienta estratégica vital para la diplomacia y la seguridad global de Estados Unidos.

20 ESTADOS DEMANDAN A TRUMP POR USO DE DATOS MÉDICOS DE MIGRANTES CON FINES DE DEPORTACIÓN

Una coalición de 20 fiscales generales estatales, liderada por el fiscal general de California, Rob Bonta, presentó una demanda contra el Gobierno de Donald Trump por compartir datos confidenciales de inscritos en el programa Medicaid con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional DHS. La información, procedente de estados que financian con recursos propios la cobertura médica de migrantes no ciudadanos, incluía nombres, direcciones, números de seguro social, estatus migratorio y datos de reclamaciones médicas.

La divulgación fue ordenada por asesores del secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Robert F. Kennedy Jr., y se dio en paralelo a un aumento en los operativos migratorios. Según el fiscal Bonta, esta acción viola leyes federales de privacidad médica, incluyendo la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA), y contraviene décadas de práctica legal que restringe el uso de datos de salud para fines no médicos.

El traspaso de información ocurre en el marco de una ofensiva del Gobierno Trump para utilizar datos de diversas agencias, como el Servicio de Impuestos Internos (IRS), con el fin de localizar y deportar migrantes. Aunque funcionarios de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid advirtieron que compartir esta información con el Departamento de Seguridad Nacional violaría leyes como la Ley de Privacidad de 1974 y la Ley del Seguro Social, el Departamento de Salud y Servicios Humanos ordenó la transferencia el 10 de junio.

El portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Andrew Nixon, defendió la legalidad de la medida, alegando que se busca garantizar que los beneficios del programa Medicaid se destinen exclusivamente a quienes tienen derecho legal. Sin embargo, decenas de legisladores demócratas de ambas cámaras del Congreso han exigido detener el intercambio de datos y que el Departamento de Seguridad Nacional destruya la información recibida, argumentando que se está instrumentalizando la política de salud pública con fines punitivos.

TRUMP LOGRA MILLONARIO ACUERDO CON CBS MIENTRAS CRECEN TENSIONES SOBRE LIBERTAD DE PRENSA Y REGULACIÓN MEDIÁTICA

El presidente Donald J. Trump alcanzó un acuerdo con Paramount Global, matriz de CBS News, tras una disputa legal relacionada con la edición de una entrevista a la vicepresidenta Kamala Harris emitida en el programa 60 Minutes durante la campaña presidencial de 2024. Trump alegó que la cadena manipuló de forma parcial y engañosa las declaraciones de Harris sobre Israel, afectando la equidad informativa durante un proceso electoral.

Aunque la demanda inicial pedía una compensación de 20.000 millones de dólares, el acuerdo cerrado este 2 de julio de 2025 establece un pago por 16 millones de dólares, recursos que, según el equipo legal del presidente, serán destinados íntegramente a su futura biblioteca presidencial. El acuerdo no incluyó una disculpa por parte de CBS, pero la cadena aceptó un compromiso editorial de publicar en adelante las transcripciones completas de entrevistas a candidatos presidenciales, salvo en casos de restricciones legales o de seguridad nacional.

La resolución se produjo en un momento clave para Paramount Global, que avanza en su proceso de fusión con Skydance Media, una operación valorada en aproximadamente 8.000 millones de dólares. Fuentes cercanas al proceso señalan que el acuerdo con Trump fue interpretado como una medida preventiva para evitar interferencias regulatorias que pudieran poner en riesgo la aprobación del negocio, que aún requiere el visto bueno de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), presidida por Brendan Carr, designado por Trump.

Aunque Carr ha declarado que la demanda no influirá en su decisión, sectores demócratas han advertido que, de percibirse el pago como una forma de presión política o “soborno indirecto”, podrían impulsarse investigaciones legales por presunta corrupción.

Internamente, el acuerdo generó una ola de tensiones en CBS News, que ya ha enfrentado salidas de figuras clave como Bill Owens y Wendy McMahon. Asimismo, organizaciones como la Freedom of the Press Foundation han expresado preocupación por posibles implicaciones para la libertad de prensa, advirtiendo que este tipo de acuerdos podrían generar efectos inhibitorios en la cobertura periodística, en contravía de lo dispuesto por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

Por su parte, Trump celebró públicamente el resultado, calificándolo como “una nueva victoria frente a los medios deshonestos”, mientras Paramount defendió la decisión como una estrategia pragmática para reducir riesgos legales y proteger el proceso de reestructuración corporativa en marcha.

TRUMP AMENAZA CON ARRESTAR A ZOHRAN MAMDANI SI SE NIEGA A COLABORAR CON REDADAS MIGRATORIAS

Durante una visita al nuevo centro de detención “Alligator Alcatraz” en Florida, el presidente Donald Trump declaró que “tendría que arrestar” a Zohran Mamdani si, como futuro alcalde de Nueva York, se niega a colaborar con las redadas migratorias federales. Trump calificó al candidato demócrata de “comunista” y aseguró: “Lo voy a vigilar muy de cerca”. Estas afirmaciones intensifican la presión sobre autoridades locales que han prometido políticas de no cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE.

Zohran Mamdani, nacido en Uganda y ciudadano estadounidense desde 2018, ha sido blanco de acusaciones infundadas. Trump sugirió que “mucha gente está diciendo que está aquí ilegalmente”, y afirmó que su administración revisará “todo” sobre su estatus. Paralelamente, el congresista republicano Andy Ogles ha solicitado una investigación sobre la ciudadanía de Mamdani, sin presentar pruebas. La candidatura de Mamdani ha ganado visibilidad tras vencer a Andrew Cuomo en las primarias demócratas con el 56% de los votos.

El discurso de Trump muestra un endurecimiento de su retórica electoral contra líderes locales que promueven políticas migratorias divergentes. Mamdani ha reiterado que no colaborará con operativos del ICE en caso de ser elegido, postura que ha provocado una fuerte reacción desde la Casa Blanca.

UN JUEZ FEDERAL BLOQUEA LA SUSPENSIÓN DE SOLICITUDES DE ASILO ORDENADA POR TRUMP

El juez Randolph Moss, del Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia, bloqueó este miércoles la orden del presidente Donald Trump que suspendía las solicitudes de asilo en la frontera con México. En una resolución de 128 páginas, el magistrado afirmó que el Ejecutivo “sobrepasó sus autoridades” y violó la ley migratoria de Estados Unidos. Según Moss, “el presidente no puede adoptar un sistema de inmigración alternativo que suplante los estatutos promulgados por el Congreso”. La decisión entrará en vigor en 14 días y se espera una apelación por parte del Gobierno.

El fallo responde a una demanda presentada por organizaciones defensoras de los derechos civiles y de inmigrantes, en nombre de varios solicitantes afectados directamente. El juez declaró que ni la Constitución ni las leyes actuales otorgan al presidente la autoridad para rechazar el asilo a personas ya en territorio estadounidense, sin importar cómo hayan ingresado. Además, certificó a los demandantes como una “clase”, permitiendo una demanda colectiva. Este bloqueo ocurre en un contexto legal complejo, pues el Tribunal Supremo había limitado recientemente la capacidad de los jueces federales para frenar acciones del Ejecutivo.

La administración Trump defendía la suspensión alegando una “emergencia nacional” ante una supuesta “invasión” migratoria. Sin embargo, el juez Moss señaló que estas justificaciones no pueden anular las protecciones legales del Congreso. Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), celebró el fallo al afirmar: “Esta sentencia significa literalmente la diferencia entre la vida y la muerte para muchas familias que escapan de la persecución religiosa y de otras formas”. El caso podría escalar a instancias judiciales superiores en las próximas semanas.

UN JUEZ FEDERAL FRENA LA CANCELACIÓN DEL TPS PARA HAITIANOS ORDENADA POR TRUMP

Un juez federal de Nueva York bloqueó el intento del Gobierno de Donald Trump de poner fin anticipadamente al Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 500.000 haitianos. El magistrado Brian Cogan calificó la medida como “ilegal”, al afirmar que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, “no tiene autoridad legal ni inherente” para anular una designación vigente. La decisión impide que las protecciones, previstas hasta febrero de 2026, expiren este septiembre, como había anunciado la administración republicana.

El TPS fue otorgado a los haitianos en 2010 tras el devastador terremoto y ha sido prorrogado debido al agravamiento de la crisis humanitaria en el país. Según la ONU, solo en 2024 más de 5.000 personas fueron asesinadas y un millón desplazadas. Noem argumentó que “las condiciones han mejorado lo suficiente” como para que los haitianos regresen, contradiciendo incluso al Departamento de Estado, que pidió a sus ciudadanos abandonar Haití “lo antes posible” días antes del anuncio oficial de cancelación.

El juez Cogan subrayó que los beneficiarios del TPS confiaron legítimamente en que su estatus se mantendría hasta 2026, y muchos han iniciado estudios, tratamientos médicos y trabajos. “El Gobierno no puede revocar arbitrariamente un beneficio antes de su expiración”, escribió en su decisión. La Casa Blanca, por su parte, declaró que apelará el fallo, al considerar que los tribunales de distrito “no pueden interferir con la aplicación de las leyes migratorias”. Noem defendió que el fin del TPS responde al “interés nacional”.

La resolución plantea un nuevo conflicto entre las cortes inferiores y el Gobierno de Trump, que ya logró en mayo la cancelación del TPS para 350.000 venezolanos por orden del Tribunal Supremo. El fallo de Cogan también pone a prueba los límites que la máxima corte impuso la semana pasada a los jueces federales. Para los defensores migratorios, el revés judicial ofrece un respiro a cientos de miles de familias haitianas que enfrentaban una inminente deportación pese a la violencia extrema en su país.

EL MERCADO LABORAL DE EE. UU. SUFRE PÉRDIDAS DE EMPLEO EN JUNIO SEGÚN ADP

El sector privado estadounidense perdió 33.000 empleos en junio, el primer descenso en más de dos años, según el informe de ADP, que contradijo las previsiones de una creación de 115.000 puestos. Economistas atribuyen la caída a una combinación de incertidumbre económica y cautela empresarial frente a las políticas del segundo mandato de Donald Trump. “La reticencia a contratar y reemplazar a trabajadores provocó pérdidas”, explicó Nela Richardson, economista jefe de ADP, mientras que Ron Hetrick de Lightcast añadió que “la incertidumbre arancelaria congeló los planes de contratación de muchas empresas”.

Estas pérdidas reflejan los efectos iniciales de medidas como los aranceles, los recortes federales, el endurecimiento migratorio y la iniciativa de despidos masivos impulsada por Trump y Elon Musk. Aunque la tasa de desempleo se mantiene relativamente baja, se ha elevado al 4,3 % y los indicadores muestran un mercado laboral estancado, con menos contrataciones y una caída en la participación laboral. “No tenemos un mercado laboral débil por falta de demanda, sino porque las empresas están perdiendo salud”, advirtió Hetrick. Además, se observa un descenso en la fuerza laboral debido a la reducción de la inmigración.

Si bien los despidos no han aumentado drásticamente, los anuncios de recortes alcanzaron su nivel más alto desde la pandemia, con casi el 40 % atribuibles a despidos gubernamentales. Analistas advierten que el efecto acumulado de los aranceles, la reducción del TPS y la desaceleración en la inmigración podría debilitar gravemente el mercado laboral. “Cada obstáculo por separado no bastaría para causar una recesión, pero su combinación podría hacerlo justo antes del impacto pleno de la guerra comercial”, concluyó Daniel Zhao, economista de Glassdoor.