Estados Unidos e Irán intercambiaron nuevos ataques por segundo día consecutivo, una escalada que volvió a poner en duda la continuidad del acuerdo provisional alcanzado hace tres semanas y elevó el temor a un conflicto de mayor alcance en Medio Oriente. Las fuerzas estadounidenses golpearon cerca de 90 objetivos iraníes después de haber atacado otros 80 el día anterior, mientras Teherán respondió contra instalaciones militares de Estados Unidos y sus aliados en Baréin, Kuwait y Qatar.

El Comando Central de Estados Unidos (United States Central Command, CENTCOM) aseguró que la ofensiva buscó seguir reduciendo la capacidad iraní para atacar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz e incluyó sistemas de defensa aérea, activos de vigilancia costera y depósitos de misiles y drones. Medios iraníes también informaron de bombardeos contra infraestructura ferroviaria, lo que obligó a suspender una línea que conecta Teherán con Mashad, donde será sepultado el fallecido líder supremo Alí Khamenei.

Irán respondió con una nueva ofensiva contra posiciones estadounidenses en el golfo Pérsico, mientras Kuwait informó que interceptó tres misiles balísticos, un misil de crucero y diez drones que ingresaron en su espacio aéreo. En Baréin, las autoridades activaron las sirenas y pidieron a la población dirigirse a refugios seguros, en tanto la Guardia Revolucionaria Islámica amenazó con ampliar sus operaciones si continúan los ataques estadounidenses.

La escalada ocurre apenas tres semanas después de que Washington y Teherán firmaran un acuerdo provisional que abrió un período de 60 días para negociar los asuntos pendientes del conflicto, aunque las conversaciones se encuentran suspendidas durante una semana de funerales por la muerte de Khamenei y hasta ahora no han logrado avances significativos. El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos responderá con una fuerza muy superior a cualquier nuevo ataque iraní y aseguró que su país podría ganar rápidamente una eventual guerra abierta, aunque posteriormente sostuvo que las negociaciones todavía podrían continuar.

La tensión también volvió a concentrarse en el estrecho de Ormuz, donde el tránsito marítimo quedó prácticamente paralizado mientras los operadores evalúan los riesgos para el suministro energético de Medio Oriente. Estados Unidos revocó una exención que permitía nuevas ventas de petróleo iraní en respuesta a los ataques contra buques comerciales atribuidos a Teherán, mientras Irán sostiene que mantiene el control del paso y los movimientos de embarcaciones se concentran principalmente en una ruta aprobada por sus autoridades.

Los mercados reaccionaron con inquietud ante el riesgo de una nueva interrupción del suministro de crudo y la posibilidad de que el enfrentamiento se amplíe, después de que el petróleo Brent subiera más de 5% el miércoles antes de moderarse hasta cerca de US$77,50 por barril. Trump también amenazó con restablecer un bloqueo de los puertos iraníes y atacar infraestructura como plantas desalinizadoras y centrales eléctricas, mientras la continuidad de las negociaciones sigue condicionada por las diferencias sobre Ormuz, la liberación de activos iraníes congelados y, posteriormente, el programa nuclear de Teherán.

SEGURIDAD

Alemania acuerda la compra de misiles Tomahawk a Estados Unidos para reforzar su defensa

El canciller alemán, Friedrich Merz, anunció este jueves que Estados Unidos accedió a vender a Alemania misiles de crucero Tomahawk de largo alcance, que serán desplegados en territorio alemán como parte de los esfuerzos para reforzar las capacidades de defensa del país. El acuerdo fue alcanzado con el Gobierno estadounidense al margen de la reunión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Ankara y permitirá a Berlín incorporar sistemas capaces de alcanzar objetivos situados a una distancia de hasta 1.600 kilómetros.

Durante una declaración ante la Cámara Baja del Parlamento alemán, Merz sostuvo que la adquisición permitirá cerrar una brecha estratégica en la defensa del país, mientras Europa continúa trabajando en el desarrollo de sus propias capacidades de ataque de largo alcance. El canciller explicó que los Tomahawk funcionarán como una solución para reforzar la disuasión en el corto plazo, sin abandonar el objetivo de desarrollar y desplegar sistemas europeos que reduzcan la dependencia militar del continente frente a Estados Unidos.

La decisión retoma parcialmente un acuerdo alcanzado en 2024 entre el entonces presidente Joe Biden y el anterior canciller alemán, Olaf Scholz, que contemplaba el despliegue desde 2026 de misiles estadounidenses convencionales en Alemania para fortalecer la disuasión frente a Rusia. Sin embargo, Washington había descartado posteriormente suministrar los Tomahawk bajo las condiciones inicialmente previstas, al señalar que sus propias existencias eran insuficientes, lo que llevó al Gobierno alemán a iniciar conversaciones para adquirir directamente estos sistemas.

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, había explicado que la incorporación de los misiles estadounidenses sería una solución temporal mientras los países europeos desarrollan capacidades propias para realizar ataques de precisión a larga distancia. Alemania y el Reino Unido trabajan desde 2023 en sistemas de este tipo, aunque los proyectos todavía no han alcanzado un nivel que permita cubrir plenamente la brecha existente, por lo que Berlín considera necesario recurrir mientras tanto a tecnología estadounidense.

El anuncio se produjo después de varios meses de negociaciones y sorprendió porque, apenas un día antes, Merz había afirmado que las conversaciones todavía no habían concluido, mientras Pistorius señalaba que existían avances, pero aún no un resultado definitivo. Los Tomahawk, fabricados por Raytheon, pueden ser lanzados desde buques, submarinos y plataformas terrestres, y su futura presencia en Alemania ampliará las capacidades de ataque de largo alcance disponibles para la defensa europea.

SEGURIDAD

Estados Unidos consulta a más de 20 embajadas sobre grupos de “extrema izquierda”

El Gobierno de Estados Unidos pidió a más de 20 de sus embajadas, incluida la sede diplomática en México, recopilar información sobre presuntos grupos de “extrema izquierda”, según documentos revisados por The Washington Post. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración de Donald Trump para identificar organizaciones que Washington considera potencialmente vinculadas con el extremismo transnacional, aunque ha generado dudas entre funcionarios estadounidenses, gobiernos aliados y expertos en contraterrorismo.

De acuerdo con el diario estadounidense, el Departamento de Estado de Estados Unidos envió a mediados de junio un cable diplomático a embajadas ubicadas en más de 20 países, entre ellos México, Argentina, Italia y Albania, para solicitar información sobre la presencia y las actividades de estos grupos. La consulta estaría relacionada con la atención que la Casa Blanca ha puesto sobre el movimiento antifascista conocido como “antifa”, al que considera parte de una amenaza de seguridad más amplia.

The Washington Post señaló que varias embajadas respondieron a la solicitud, aunque ninguna coincidió con la evaluación de la Casa Blanca sobre la magnitud del riesgo que representan estos movimientos. La diferencia de criterios habría generado cuestionamientos dentro del propio aparato diplomático estadounidense, especialmente porque algunos funcionarios consideran que la amenaza no tiene la misma presencia ni las mismas características en todos los países consultados.

La recopilación de información forma parte de una ofensiva diplomática más amplia encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien convocó a ministros de más de 60 países a una reunión sobre lo que la administración Trump denomina el resurgimiento del “terrorismo transnacional de extrema izquierda”. Según la lista revisada por el medio, la invitación incluye a la mayoría de los países europeos, importantes naciones latinoamericanas y varios Estados asiáticos, entre ellos India, Indonesia y Singapur.

La convocatoria ha provocado inquietud en algunas cancillerías y entre funcionarios estadounidenses de carrera, de acuerdo con el reportaje, mientras gobiernos aliados han expresado dudas sobre la forma en que Washington define la amenaza. Diplomáticos europeos consultados por el diario señalaron que no identifican en sus países organizaciones comparables con la caracterización estadounidense de “antifa”, por lo que algunos cuestionaron incluso la necesidad de participar en la reunión promovida por Rubio.

El debate también se concentra en las posibles consecuencias legales de una eventual designación de estos movimientos como organizaciones terroristas extranjeras. Un funcionario estadounidense citado por The Washington Post advirtió que una decisión de este tipo podría habilitar herramientas adicionales de investigación y vigilancia, lo que ha generado preocupación sobre el alcance que tendría la estrategia tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

La iniciativa ocurre después de que el Departamento de Estado designara en noviembre a cuatro grupos europeos como organizaciones terroristas extranjeras, una decisión que también fue recibida con escepticismo por especialistas en contraterrorismo. Mientras Washington avanza en su estrategia internacional, la Embajada de Estados Unidos en México no ha informado públicamente cuál fue su respuesta al cable ni qué grupos fueron incluidos en la información remitida.

SEGURIDAD

Estados Unidos y Honduras amplían la cooperación contra el narcotráfico regional

Estados Unidos y Honduras reafirmaron su compromiso de fortalecer la cooperación en seguridad y defensa durante la visita oficial del vicealmirante Jeffrey K. Randall, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-S). La agenda se concentró en las acciones conjuntas contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, así como en el avance de los mecanismos bilaterales de interdicción aérea.

Randall se reunió con autoridades de las Fuerzas Armadas de Honduras, encabezadas por el subjefe del Estado Mayor Conjunto, general de brigada Luis Alonso Rosales Cardoza, junto con integrantes de la Junta de Comandantes y Directores del Estado Mayor Conjunto. En el encuentro también participó la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, Colleen A. Hoey, como parte del seguimiento a la agenda bilateral de seguridad.

Durante las conversaciones, ambas delegaciones acordaron profundizar el intercambio de información estratégica, el desarrollo de capacidades operativas y la ejecución de acciones coordinadas para enfrentar las redes criminales que utilizan Centroamérica como corredor del tráfico internacional de drogas. Las autoridades destacaron que una mayor coordinación permitirá fortalecer la vigilancia y la interdicción marítima y aérea en una región clave para las rutas del narcotráfico.

La reunión también permitió revisar los avances de las fases cero y uno del Memorándum de Entendimiento sobre Interceptación Aérea y Asistencia Conexa, firmado por ambos países en enero de 2023. El acuerdo establece mecanismos para detectar, monitorear e interceptar aeronaves sospechosas de participar en actividades vinculadas con el narcotráfico, al tiempo que contempla asistencia técnica e intercambio de inteligencia para mejorar las capacidades de las instituciones hondureñas.

Las autoridades hondureñas señalaron que la cooperación con Estados Unidos permite acceder a tecnología especializada e información en tiempo real sobre movimientos relacionados con el tráfico de drogas. Oficiales del país trabajan de manera coordinada con la JIATF-S y reciben datos que son transmitidos de inmediato a las fuerzas de seguridad, lo que facilita operaciones conjuntas con otros países comprometidos en combatir las estructuras criminales transnacionales.

La cooperación también fue vinculada con la iniciativa estadounidense Escudo de las Américas, orientada a fortalecer la coordinación regional frente al narcotráfico y otras amenazas transnacionales. Con sede en Cayo Hueso, Florida, la JIATF-S forma parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos (United States Department of Defense, DOD) y coordina con países aliados operaciones para detectar y monitorear actividades ilícitas en el Caribe, Centroamérica y el Pacífico Oriental.

DIPLOMACIA

Congresista republicano respalda a De la Espriella y pide garantías para una transición pacífica en Colombia

El congresista republicano Carlos Giménez expresó su respaldo al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, y pidió al Gobierno de Gustavo Petro garantizar una transición pacífica. A través de una publicación en X, el legislador afirmó que desde el Congreso de Estados Unidos existe apoyo al mandatario electo y señaló que no tolerarán obstáculos durante el proceso de cambio de Gobierno.

“Desde el Congreso de Estados Unidos, brindamos nuestro total respaldo al presidente electo Abelardo de la Espriella de Colombia y exigimos una transición pacífica por parte del gobierno de turno”, señaló Giménez. El congresista agregó que no aceptarán ningún impedimento que pueda imponer Petro, en un mensaje dirigido directamente al presidente saliente.

Giménez ya había manifestado anteriormente su apoyo a De la Espriella y aseguró que el presidente electo habría obtenido una victoria más amplia de no haber sido por supuestas “trampas del partido de Petro”. Sin embargo, el propio legislador reconoció que no tenía pruebas para sustentar esa afirmación y argumentó que su señalamiento se basaba en su percepción sobre la forma de actuar del oficialismo colombiano.

El congresista también destacó el respaldo que De la Espriella habría recibido entre los colombianos que votaron en el exterior y sostuvo que Estados Unidos no reconocería un Gobierno distinto al del presidente electo. Según Giménez, el resultado de la votación fuera del país mostró un apoyo de entre 70% y 80% a De la Espriella frente a Iván Cepeda.

DIPLOMACIA

Encargado de negocios Hugo Guevara visita Chiquinquirá con De la Espriella en señal de acercamiento bilateral

Guevara participó este jueves en una eucaristía en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, en Chiquinquirá, Boyacá, a invitación del presidente electo Abelardo de la Espriella. La visita constituye uno de los primeros acercamientos públicos entre el diplomático estadounidense y el mandatario electo antes de su posesión el 7 de agosto, y se produce apenas días después de que Guevara asumiera formalmente sus funciones como máxima autoridad diplomática de Estados Unidos en Colombia.

A través de su cuenta en X, Guevara expresó su entusiasmo por comenzar a conocer el país y destacó la experiencia en la basílica, uno de los principales santuarios religiosos de Colombia. “Estoy emocionado de comenzar a conocer este hermoso país y de trabajar juntos por una región más segura, fuerte y próspera”, escribió el diplomático, en un mensaje que refleja el tono de apertura con el que la Embajada estadounidense ha acompañado el proceso de transición política colombiana.

El gesto tiene un valor simbólico relevante en el contexto bilateral. La visita a Chiquinquirá se produce en un período de recomposición de las relaciones entre Bogotá y Washington, que durante el gobierno de Gustavo Petro atravesaron momentos de tensión en materia de política antidrogas, extradición y cooperación en seguridad. La presencia de Guevara junto a De la Espriella en un escenario de alta significación cultural y religiosa para los colombianos envía una señal clara de disposición al diálogo y a la construcción de una agenda bilateral renovada desde el inicio del nuevo gobierno.

El acercamiento temprano entre la Embajada de Estados Unidos y el gobierno entrante es un indicador positivo sobre el clima en el que se desarrollará la relación bilateral a partir del 7 de agosto, con implicaciones directas para la cooperación en comercio, inversión, seguridad y los marcos regulatorios que inciden en el entorno de negocios colombiano.

ECONOMÍA

El FMI evalúa liberar recursos de Venezuela para atender la emergencia por los terremotos

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantiene conversaciones con el Gobierno interino de Venezuela para facilitar el acceso del país a parte de los activos que conserva en el organismo y destinarlos a la emergencia humanitaria provocada por los terremotos del pasado 24 de junio. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, abordó esta semana el asunto con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, en medio de los esfuerzos para movilizar recursos con rapidez.

Las conversaciones se concentran inicialmente en el llamado tramo de reserva de Venezuela, que asciende a cerca de US$350 millones y constituye una fuente de liquidez de acceso relativamente inmediato. La portavoz del FMI, Julie Kozack, explicó que estos recursos podrían movilizarse rápidamente para atender las necesidades humanitarias urgentes derivadas del desastre y confirmó que es el mecanismo que las autoridades venezolanas han manifestado interés en utilizar.

El tramo de reserva es distinto de los Derechos Especiales de Giro (DEG) retenidos por el organismo, cuyo valor ronda los US$4,5 mil millones, por lo que los activos venezolanos vinculados al FMI se acercan en conjunto a US$5 mil millones. Aunque ambos son considerados activos de reserva, provienen de fuentes diferentes y se registran por separado, lo que implica procedimientos distintos para que Venezuela pueda disponer de ellos.

El organismo aseguró que trabaja con las autoridades venezolanas para facilitar el acceso a los recursos propios del país, en un nuevo avance dentro del proceso de restablecimiento de las relaciones entre ambas partes. El FMI y Venezuela retomaron los contactos en abril, después de una suspensión que se prolongaba desde 2019, y desde entonces han mantenido conversaciones regulares para completar los procedimientos técnicos que podrían permitir al país volver a acceder a instrumentos financieros del organismo.

La presión para acelerar este proceso aumentó esta semana, cuando más de 100 economistas y académicos pidieron al FMI facilitar el acceso de Venezuela a mecanismos financieros internacionales, especialmente a los DEG, para responder a la magnitud de la emergencia. El doble terremoto del 24 de junio ha dejado hasta ahora 3.811 muertos y 16.749 heridos, según el balance oficial, lo que ha elevado las necesidades de financiamiento para las labores humanitarias y de recuperación.

MIGRACIÓN

Trump buscará que la Corte Suprema reabra el caso sobre la ciudadanía por nacimiento

El presidente Donald Trump anunció que solicitará de manera inmediata a la Corte Suprema de Estados Unidos una nueva audiencia para que reconsidere el fallo que bloqueó su intento de restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento. El mandatario calificó la decisión como un “error judicial” y adelantó que su Gobierno recurrirá a un procedimiento extraordinario para tratar de revertir una sentencia que confirmó la protección constitucional de este derecho.

Hasta la noche del miércoles, los abogados del Gobierno no habían presentado formalmente la solicitud, aunque las reglas del máximo tribunal permiten pedir una reconsideración después de una sentencia. Sin embargo, este mecanismo se concede en circunstancias excepcionales y la Corte rara vez vuelve a examinar casos ya resueltos, pues la última vez que modificó una decisión después de reabrir un proceso ocurrió en 1965.

La Corte Suprema resolvió el pasado 30 de junio que la ciudadanía otorgada a casi todos los niños nacidos en territorio estadounidense está protegida por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. La mayoría de los jueces concluyó que la orden ejecutiva de Trump violaba esa disposición y mantuvo vigente el principio según el cual las personas nacidas en Estados Unidos adquieren automáticamente la ciudadanía, salvo excepciones específicas como los hijos de diplomáticos extranjeros.

Trump había firmado la orden ejecutiva en 2025, durante su primer día de regreso a la Casa Blanca, como parte de su política migratoria. La medida establecía que solo serían reconocidos como ciudadanos al nacer los hijos de al menos un padre estadounidense o residente permanente legal, lo que habría excluido a los hijos de inmigrantes en situación irregular, visitantes temporales y personas que permanecen legalmente en el país sin intención de establecer una residencia permanente.

El presidente vinculó su decisión de pedir una reconsideración con denuncias sobre anuncios que supuestamente promocionaban servicios de maternidad en la frontera sur y en México como una vía para obtener la ciudadanía estadounidense. Trump afirmó que ese derecho “no está a la venta” y sostuvo que la existencia de estas ofertas demostraba que el fallo de la Corte era equivocado, en aparente referencia a un hospital de Texas que promocionó paquetes de parto mediante publicidad dirigida al público mexicano.

El caso mencionado por Trump llevó al gobernador de Texas, Greg Abbott, a ordenar una investigación sobre el hospital, mientras el centro médico aseguró que retiró el material publicitario debido a un “malentendido involuntario”. A pesar del nuevo intento del presidente, la posibilidad de que la Corte Suprema reabra el proceso es limitada por el carácter excepcional del procedimiento, por lo que la ciudadanía por derecho de nacimiento continúa vigente mientras el Gobierno prepara su solicitud.

SALUD

Nueva York lleva a juicio a grandes químicas por décadas de contaminación con PFAS

La Fiscalía del estado de Nueva York presentó una demanda contra 3M, DuPont, Chemours y otras compañías químicas por haber contaminado durante décadas el medioambiente y expuesto a la población a sustancias perfluoroalquiladas y polifluoradas (PFAS), conocidas como “químicos permanentes”. La fiscal estatal, Letitia James, sostiene que las empresas fabricaron, promocionaron y comercializaron estos compuestos pese a conocer sus riesgos para la salud y el medioambiente.

La acción judicial, presentada ante un tribunal estatal en Albany, acusa a las compañías de engañar al público sobre los peligros asociados con la exposición a los PFAS y busca que asuman los costos derivados de la contaminación. La Fiscalía reclama compensaciones por los daños ocasionados, recursos para las labores de limpieza y la divulgación de información sobre los riesgos de estas sustancias, que pueden permanecer durante largos períodos en el ambiente y el organismo humano.

Los PFAS comenzaron a desarrollarse en la década de 1940 y posteriormente se incorporaron a numerosos productos de consumo por sus propiedades resistentes al agua, la grasa y las manchas. Estas sustancias han sido utilizadas en ropa, embalajes, utensilios de cocina antiadherentes y cosméticos, aunque la demanda sostiene que las empresas conocían información sobre su toxicidad desde alrededor de la década de 1970 y continuaron comercializándolas ampliamente.

James afirmó que durante demasiado tiempo las comunidades han asumido los costos de proteger a la población y limpiar la contaminación provocada por estos compuestos, por lo que pidió que las empresas responsables rindan cuentas ante la justicia. La demanda también incluye a Corteva y EIDP, compañías vinculadas anteriormente con DuPont, y se suma a miles de procesos individuales, colectivos y gubernamentales presentados en Estados Unidos y otros países.

El nuevo proceso ocurre después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (United States Department of Justice, DOJ) y la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA) alcanzaran a finales de junio un acuerdo federal con Chemours por US$450 millones. El pacto buscó resolver acusaciones de contaminación con PFAS en ríos de Carolina del Norte, Nueva Jersey y Virginia Occidental, y se convirtió en un nuevo precedente dentro de la creciente presión judicial contra los fabricantes de estos compuestos.