Los precios al productor en Estados Unidos se mantuvieron sin cambios en julio, debido a una caída en los precios de los bienes y un incremento moderado en los servicios, según informó el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (U.S. Department of Labor, DOL). El resultado reforzó las expectativas de los mercados de que la Reserva Federal podría mantener sin cambios las tasas de interés en su reunión de septiembre.

El Índice de Precios al Productor (PPI) para la demanda final registró una variación mensual de 0% en julio, después de una caída revisada de 0,1% en junio, mientras los economistas consultados por Reuters esperaban un aumento de 0,2%. Frente al mismo mes del año anterior, el indicador aumentó 4,7%, moderándose frente al crecimiento de 5,5% registrado en junio.

Los precios de los bienes disminuyeron 0,7%, impulsados por una caída de 3,1% en energía y de 0,9% en alimentos. Los precios mayoristas de la gasolina retrocedieron 5,7% y los de las verduras frescas y secas cayeron 34,9%, mientras los huevos aumentaron 37% y los cereales avanzaron 14,8%; al excluir alimentos y energía, los bienes registraron un incremento de 0,1%.

Por su parte, el costo de los servicios aumentó 0,2%, por debajo del 0,5% del mes anterior, con un crecimiento de 6,5% en las tarifas de administración de portafolios y de 0,9% en servicios hospitalarios ambulatorios. En contraste, las tarifas aéreas disminuyeron 3,4%, los precios de hoteles y moteles retrocedieron 0,2% y el transporte de carga por carretera cayó 1,8%.

Los datos del PPI, junto con el comportamiento reciente de los precios al consumidor, llevaron a los economistas a proyectar una inflación moderada en el índice de gastos de consumo personal (PCE), la principal referencia utilizada por la Fed para su meta de inflación de 2%. Las estimaciones apuntan a un aumento mensual de 0,1% en el PCE general de julio y de alrededor de 0,2% en su componente subyacente, aunque este último continuaría por encima del objetivo del banco central en términos anuales.

Las expectativas sobre la política monetaria también cambiaron después del reporte de empleo de la semana pasada, que mostró una pérdida inesperada de puestos de trabajo en julio. De acuerdo con la herramienta FedWatch de CME, los mercados asignaban una probabilidad cercana a 67,6% a que la Fed mantenga su tasa de referencia en el rango de 3,50%-3,75% durante su reunión del 15 y 16 de septiembre, frente a una probabilidad de 32,4% de un aumento.

Sin embargo, algunos economistas consideran que una nueva subida de tasas todavía podría producirse si los próximos indicadores muestran persistencia de las presiones inflacionarias. La Reserva Federal conocerá los datos de inflación y empleo de agosto antes de su reunión de septiembre, mientras otro informe del Departamento de Trabajo mostró que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo aumentaron en 9.000, hasta 209.000, aunque los despidos continúan en niveles bajos.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que el Pentágono busca aplicar contra los cárteles del narcotráfico capacidades desarrolladas durante las últimas décadas en operaciones contra organizaciones como ISIS y Al-Qaeda. Durante una intervención ante militares en Panamá, señaló que las estructuras que trafiquen drogas o amenacen a ciudadanos estadounidenses o a sus socios pueden convertirse en objetivos de la estrategia de seguridad de Washington.

Hegseth explicó que la campaña involucrará al Comando Sur de Estados Unidos (U.S. Southern Command, SOUTHCOM) y al Comando Norte de Estados Unidos (U.S. Northern Command, NORTHCOM), mediante una coordinación orientada a combatir redes vinculadas con el tráfico de cocaína, fentanilo y otras actividades ilícitas. Según el funcionario, Estados Unidos pretende trasladar al hemisferio capacidades de inteligencia, identificación y acción desarrolladas durante aproximadamente 25 años de operaciones contra organizaciones terroristas.

El secretario indicó además que la estrategia no estará limitada a las rutas marítimas y que Washington trabaja con Colombia, Ecuador y otros socios para ampliar las acciones contra estas organizaciones en tierra. Hegseth destacó la incorporación de Colombia a los mecanismos regionales de cooperación y afirmó que el país puede convertirse en un socio relevante dentro del nuevo esquema impulsado por Estados Unidos contra las redes del narcotráfico.

En su intervención, Hegseth también vinculó la política de seguridad con la competencia de Estados Unidos frente a China, Rusia e Irán en América Latina. El funcionario cuestionó la actuación de estos países en la región y sostuvo que los recientes cambios políticos y de seguridad en Venezuela y Colombia, así como nuevas decisiones relacionadas con infraestructura portuaria, han fortalecido la posición estadounidense en el hemisferio, según su interpretación.

Panamá ocupó igualmente un lugar central en el discurso, después de que Estados Unidos y el Gobierno panameño ampliaran su cooperación mediante un nuevo memorando de entendimiento. Hegseth señaló que actualmente existe una mayor presencia de personal militar estadounidense en el país y destacó la cooperación en instalaciones como Fort Sherman y la Escuela de la Selva, además del ejercicio Panamax, orientado a la preparación para la defensa del Canal de Panamá.

Sobre el canal, el secretario recordó que la administración del presidente Donald Trump lo considera un activo estratégico para los intereses estadounidenses y aseguró que Washington pretende proteger esos intereses mientras mantiene la cooperación con Panamá bajo el principio de respeto a su soberanía. El funcionario agregó que el despliegue incluye capacidades militares, cibernéticas y logísticas de distintas entidades de Estados Unidos.

Las declaraciones forman parte de una estrategia regional más amplia de la administración Trump para aumentar la cooperación militar y de seguridad frente al narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales. Hegseth presentó este enfoque como una red de actuación coordinada entre Estados Unidos y sus socios del hemisferio, con mayores capacidades operativas tanto en el ámbito marítimo como terrestre.

El plan del Gobierno de Estados Unidos de destinar hasta US$20 millones a la compra de guantes de descarga eléctrica para agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE) provocó reparos de congresistas demócratas y organizaciones defensoras de migrantes, que cuestionaron el uso de estos dispositivos en operativos migratorios.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (U.S. Department of Homeland Security, DHS) anunció esta semana un contrato para adquirir los guantes CTG-5, equipados con electrodos en la palma que emiten pulsos eléctricos al entrar en contacto con la piel. La institución los describió como dispositivos destinados a la “desescalada” de situaciones y señaló que ICE evalúa de manera permanente el equipamiento requerido por sus agentes.

Entre las críticas, la presidenta del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (National Immigration Law Center, NILC), Kica Matos, cuestionó la medida y solicitó al Congreso limitar los recursos destinados a ICE. La representante demócrata por Illinois Delia Ramírez sostuvo que el DHS no debería disponer de este tipo de equipamiento y promovió su iniciativa legislativa para reducir fondos destinados a detenciones migratorias, mientras el representante demócrata por Florida Maxwell Alejandro Frost también cuestionó el gasto.

La Red Nacional de Organización de Jornaleros también rechazó la medida y pidió eliminar ICE, mientras las críticas se producen en un contexto de cuestionamientos recientes a algunos operativos de detención de la agencia. En los últimos meses, distintos incidentes con víctimas mortales durante intervenciones migratorias han generado protestas y nuevas demandas de supervisión sobre las actuaciones del organismo.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que Washington mantiene “todas las opciones sobre la mesa”, incluidas las militares, frente al Gobierno de Cuba. Durante una visita a Panamá, donde participó en un evento de la Coalición contra Cárteles de las Américas (A3C), el funcionario sostuvo que La Habana debería prestar atención a la disposición del presidente Donald Trump de defender lo que la administración considera los intereses estratégicos estadounidenses.

Hegseth señaló que recientes actuaciones de Estados Unidos en otros escenarios muestran el alcance de las alternativas consideradas por la Casa Blanca y agregó que, desde la perspectiva de Washington, la presencia de actores como China y Rusia en el hemisferio no modifica significativamente el equilibrio regional de poder. También mencionó a Rusia, Cuba, Irán y Venezuela al referirse a la posición de estos países frente a Estados Unidos y la coalición regional contra los cárteles.

Las declaraciones se producen después de que el presidente Donald Trump volviera a referirse públicamente a Cuba y afirmara que la isla “se está acercando” a Washington después de décadas de distanciamiento. Días antes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había anunciado nuevas sanciones contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, el expresidente Raúl Castro y otros altos funcionarios del Gobierno de la isla.

Trump también había mencionado en junio la posibilidad de adoptar acciones militares frente a Cuba similares a operaciones realizadas por Estados Unidos en Venezuela e Irán, aunque entonces señaló que mantenía una posición “flexible” respecto a La Habana. El mandatario aseguró además que las autoridades cubanas estaban interesadas en mantener conversaciones con Washington, en medio de la creciente presión de su administración sobre el Gobierno cubano.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó esta semana que espera que Cuba avance hacia una “senda irreversible hacia un futuro muy diferente” antes del final del actual mandato de Trump, previsto para enero de 2029. Rubio sostuvo que una eventual transición en la isla requeriría tiempo y señaló que una Cuba “segura, estable y alineada con Estados Unidos” responde, según su posición, a los intereses nacionales estadounidenses.

El secretario de Estado agregó que Cuba enfrenta un escenario distinto al de décadas anteriores debido, según explicó, a la pérdida de respaldo externo y a una mayor atención de Washington sobre la situación de la isla. Rubio relacionó este contexto con la captura en enero de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y con las posteriores restricciones petroleras impuestas por la administración Trump a Cuba, medidas que han incrementado la presión económica sobre el país.

En paralelo, Cuba atraviesa una prolongada crisis energética que en los últimos días provocó dos apagones masivos en menos de 24 horas. La estatal Unión Eléctrica (UNE) informó que el miércoles el déficit de generación dejó simultáneamente sin electricidad al 69% del país y que, para el horario de mayor demanda, se esperaba una capacidad de 1.053 megavatios frente a una demanda de 3.250 MW; las autoridades cubanas atribuyen la situación a problemas estructurales del sistema eléctrico, falta de inversión y restricciones externas vinculadas a las medidas estadounidenses.

Fuerzas policiales y militares de Estados Unidos y México realizaron este jueves un ejercicio conjunto de seguridad fronteriza en el área del Río Grande, entre El Paso y Ciudad Juárez, con el objetivo de evaluar capacidades de respuesta rápida y coordinación ante posibles emergencias o amenazas. El despliegue fue encabezado por el Sector El Paso de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y contó con la participación de distintas agencias federales estadounidenses y fuerzas militares mexicanas.

Por parte de Estados Unidos participaron agentes de Operaciones Especiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (U.S. Customs and Border Protection, CBP), personal del Departamento Militar de Texas, soldados del Departamento de Guerra y otros cuerpos federales de seguridad. Durante el ejercicio, integrantes de Operaciones Especiales fueron trasladados hasta la zona fronteriza mediante un helicóptero de Operaciones Aéreas y Marítimas de la CBP.

Del lado de México, integrantes de las Fuerzas Armadas realizaron un denominado “patrullaje espejo”, mediante un despliegue simultáneo frente a las unidades estadounidenses ubicadas al otro lado del Río Grande. La operación generó un amplio movimiento de personal, vehículos y equipos especializados en ambos lados de la frontera, como parte de la demostración de las capacidades disponibles para responder de manera coordinada.

La Patrulla Fronteriza señaló que el ejercicio se desarrolló en un contexto de mayor atención de Estados Unidos sobre las organizaciones criminales que operan en la zona y después de que el Gobierno estadounidense designara al Cártel de Juárez como Organización Terrorista Extranjera. Las autoridades no informaron que el despliegue correspondiera a una operación directa contra integrantes específicos de esa organización.

El subjefe del Sector El Paso de la Patrulla Fronteriza, Roberto Domínguez, afirmó que el operativo también buscaba enviar un mensaje a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, personas y otros bienes ilícitos en la frontera. Según explicó, la coordinación entre las fuerzas de Estados Unidos y México pretende mostrar su capacidad para responder frente a estas actividades, mientras las autoridades estadounidenses mantienen recursos legales y operativos para presentar cargos contra personas vinculadas con este tipo de delitos.

Domínguez agregó que el Sector El Paso, que cubre aproximadamente 260 millas de frontera, dispone de personal y recursos para atender incidentes de seguridad en la zona y sostuvo que el ejercicio constituye una muestra de esas capacidades. La Patrulla Fronteriza indicó que este tipo de entrenamientos busca fortalecer la interoperabilidad entre las agencias estadounidenses y sus socios militares mexicanos ante eventuales situaciones de seguridad fronteriza.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la eliminación de contenidos relacionados con diversidad, equidad e inclusión (DEI) de los programas de capacitación del Servicio Exterior, como parte de una revisión impulsada por la administración del presidente Donald Trump para orientar la formación de los diplomáticos hacia competencias prácticas, criterios de mérito y los objetivos de política exterior del Gobierno.

Según el Departamento de Estado, una revisión interna identificó materiales y lineamientos DEI incorporados durante la administración anterior en currículos de formación y documentos de personal. La institución sostuvo que algunos de esos contenidos se alejaban de las funciones centrales del Servicio Exterior y afirmó que su eliminación busca modificar los criterios utilizados en la preparación y evaluación de los funcionarios diplomáticos.

Entre los materiales señalados por el Departamento figuraban listas de lectura para instructores que incluían textos sobre teoría crítica de la raza, racismo, reparaciones y políticas antirracistas. La institución también indicó que existían orientaciones para que los funcionarios abordaran asuntos de diversidad e inclusión con representantes de gobiernos extranjeros y demostraran conocimientos sobre estas materias como parte de determinados criterios de promoción profesional.

La revisión también identificó herramientas de capacitación que incorporaban discusiones sobre conceptos como “privilegio blanco” y “racismo sistémico” en cursos de idiomas, incluyendo ejercicios relacionados con Black Lives Matter en bengalí, urdu y hebreo. Asimismo, el Departamento señaló que algunos materiales recomendaban evitar determinados términos relacionados con inmigración irregular y contenían orientaciones sobre el uso de pronombres no binarios y conceptos como microagresiones y sesgos inconscientes.

De acuerdo con la institución, los contenidos DEI también habían sido incorporados directamente a varios programas de formación, entre ellos un día y medio dentro del curso de orientación de cinco semanas para miembros del Servicio Exterior y una jornada completa dentro de un programa de cinco días sobre fundamentos de diplomacia pública. El Departamento afirmó que estas modificaciones habían ocupado espacio que ahora será destinado a otras áreas de preparación profesional.

La administración Trump señaló que la reforma forma parte de un proceso más amplio de modernización del Servicio Exterior, con el que busca concentrar la capacitación en herramientas vinculadas con diplomacia, seguridad nacional, combate al narcotráfico, migración y otros objetivos de política exterior. El Departamento de Estado agregó que continuará promoviendo el ingreso al Servicio Exterior de ciudadanos que cumplan con los requisitos profesionales para representar a Estados Unidos en el exterior.

La junta directiva del Kennedy Center aprobó este jueves volver a incorporar el nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la fachada del complejo de artes escénicas y avanzar con un cierre de dos años para realizar obras de renovación. La información fue confirmada por la representante demócrata Joyce Beatty, integrante de la junta por su cargo en el Congreso, y por sus abogados.

La decisión abre un nuevo capítulo en la disputa judicial alrededor de la institución, luego de que el juez federal Christopher Cooper determinara en mayo que la instalación previa del nombre de Trump en el edificio había sido realizada de manera ilegal. El magistrado ordenó retirar las letras y también bloqueó un cierre que debía comenzar el 5 de julio, al considerar que una votación anterior de la junta sobre la medida había sido adoptada sin suficiente deliberación.

Beatty cuestionó la nueva decisión y sostuvo que busca eludir el fallo judicial y las disposiciones aprobadas por el Congreso. La congresista afirmó que continuará oponiéndose a los cambios, mientras que el Kennedy Center no había emitido de inmediato una respuesta pública sobre la nueva votación; el nombre de Trump había sido retirado del edificio en junio y el espacio donde se encontraba permanece actualmente cubierto.

Desde el inicio del segundo mandato de Trump, el Kennedy Center ha experimentado cambios relevantes en su dirección. En enero de 2025, el presidente reemplazó a parte del liderazgo de la institución y conformó una nueva junta directiva que posteriormente lo nombró presidente del órgano, mientras su administración ha defendido una transformación más amplia de la gestión y la infraestructura del centro cultural.

La dirección del Kennedy Center sostiene que el edificio requiere reparaciones de gran escala. El director ejecutivo y jefe de operaciones, Matt Floca, explicó anteriormente que existen daños por agua, deterioro en componentes de acero y equipos de climatización con varias décadas de antigüedad, por lo que recomendó concentrar las obras en un cierre completo de dos años en lugar de realizar intervenciones parciales mientras el centro continúa operando.

La controversia forma parte de una serie de proyectos impulsados por Trump para modificar espacios e infraestructura en Washington, entre ellos obras en la Casa Blanca, el Lincoln Memorial Reflecting Pool y East Potomac Park, además de la propuesta de construir un arco monumental cerca del Cementerio Nacional de Arlington. Varias de estas iniciativas también han enfrentado cuestionamientos judiciales o políticos, mientras la administración sostiene que buscan modernizar y renovar instalaciones de la capital.

Un juez federal de Boston desestimó este jueves una demanda presentada por la administración del presidente Donald Trump contra la Universidad de Harvard, en la que el Gobierno acusaba a la institución de no haber protegido adecuadamente a estudiantes judíos frente a episodios de acoso y discriminación ocurridos en el campus.

El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Richard G. Stearns concluyó que la administración no logró demostrar la existencia de una violación continua de las leyes federales de derechos civiles. Según el magistrado, la mayoría de los hechos incluidos en la demanda correspondían al año académico 2023-2024, junto con algunos incidentes registrados en marzo de 2025, y resultaban “demasiado aislados y episódicos” para establecer un patrón persistente.

La demanda, presentada en marzo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (U.S. Department of Justice, DOJ), sostenía que Harvard no había protegido a estudiantes judíos durante las protestas propalestinas desarrolladas después de los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023. El Gobierno afirmó que algunos estudiantes fueron objeto de hostigamiento y agresiones, mientras Harvard ha señalado que mantiene su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus comunidades judía e israelí.

La universidad también ha informado sobre distintas medidas adoptadas para enfrentar el antisemitismo, entre ellas la creación de un grupo de trabajo especializado, cambios en cargos directivos y reformas a sus políticas disciplinarias. El presidente de Harvard, Alan M. Garber, ha sostenido que estas modificaciones buscan aplicar las normas internas de manera más consistente y efectiva.

El Gobierno buscaba además recuperar miles de millones de dólares en fondos federales para investigación entregados a Harvard desde octubre de 2023, argumentando que la institución había incumplido el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación por motivos de raza u origen nacional. La fiscal general adjunta para Derechos Civiles del Departamento de Justicia, Harmeet Dhillon, manifestó su desacuerdo con la decisión y señaló que la administración está evaluando sus próximos pasos.

La demanda forma parte de una disputa más amplia entre la administración Trump y Harvard, que también ha incluido intentos de reducir su financiación federal y limitar su capacidad para matricular estudiantes extranjeros y miembros de las Fuerzas Armadas. En otro proceso judicial, un juez federal ordenó anteriormente restablecer más de US$2.600 millones en fondos que habían sido recortados a la universidad, mientras ambas partes han mantenido negociaciones sin alcanzar hasta ahora un acuerdo definitivo.