El presidente Gustavo Petro sostuvo que la decisión de Estados Unidos de suspender su ayuda financiera a Colombia tendría un impacto limitado, con excepción de “algunos componentes puntuales” vinculados a cooperación militar. En una rueda de prensa ofrecida en la Casa de Nariño, el mandatario restó trascendencia al anuncio del presidente Donald Trump —quien afirmó haber detenido los pagos y subsidios a Colombia— en el contexto de tensiones bilaterales asociadas a la política antidrogas.

“¿Qué pasa si nos quitan la ayuda? En mi opinión, nada. Nunca he visto en el presupuesto de Colombia un solo dólar de ayuda”, dijo Petro, al reiterar que la mayor parte de los recursos de cooperación estadounidense se dirige a organizaciones ejecutoras a través de USAID y no al presupuesto nacional. A su juicio, ese esquema limita el impacto directo en las comunidades y ha privilegiado enfoques de erradicación forzada que “han condenado al país a la violencia”.

El jefe de Estado reconoció, sin embargo, que la suspensión podría incidir en la provisión de equipos de origen estadounidense, como armas y helicópteros de combate. “Ahí sí hay un problema, porque son equipos que se necesitan”, señaló. Agregó que su instrucción a las Fuerzas Militares es avanzar en sustitución de esos apoyos con recursos nacionales: “Colombia compra sus armas”, afirmó, al tiempo que destacó resultados en materia de incautaciones de cocaína.

Petro cuestionó además un informe reciente de la ONU sobre cultivos ilícitos, al considerar que presenta inconsistencias por no contabilizar zonas donde se abandonaron sembradíos. Según el mandatario, ese reporte habría contribuido al deterioro del ambiente bilateral y a la decisión de retirar a Colombia de la lista de países que colaboran activamente en la lucha contra el narcotráfico. Pese a ello, defendió que su administración “ha sido la más eficaz en incautaciones de cocaína”, con una política que busca convertir a los campesinos “en aliados del Estado”.

Finalmente, el presidente atribuyó parte de las tensiones a gestiones políticas de sectores opositores en el exterior. Señaló a “la derecha colombiana que vive en Miami” de promover un lobby ante Trump para afectar la cooperación bilateral. “Buscan aprovechar su cercanía para dañar la relación y beneficiarse del caos”, afirmó. Añadió que, en su criterio, dichas acciones se enmarcan en disputas regionales —incluida Venezuela— y en el escenario electoral de 2026.

EMBAJADOR GARCÍA-PEÑA RECHAZA INTENTO DE VINCULAR A PETRO CON NARCOTRÁFICO Y AFIRMA QUE “NO DEFIENDE AL RÉGIMEN DE MADURO”

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, calificó como “estrambótico” el intento de sectores republicanos de incluir al presidente Gustavo Petro en la lista Clinton, al afirmar que no existe ninguna evidencia ni comunicación oficial sobre ese tema. Según dijo, esa lista está destinada a personas o empresas con vínculos comprobados con el narcotráfico, y “obviamente ese no es el caso del presidente ni de su entorno”. El diplomático aseguró que no ha recibido notificación alguna de las autoridades estadounidenses sobre una posible investigación y pidió no especular sobre motivaciones políticas detrás de esa propuesta.

García-Peña reconoció que las tensiones bilaterales han aumentado desde las declaraciones del presidente Donald Trump, quien advirtió sobre posibles aranceles y el recorte de la ayuda a Colombia. Sin embargo, consideró que la ausencia de nuevas medidas es “una buena señal”, aunque admitió que “sería irresponsable garantizar que eso no vaya a suceder”. El embajador subrayó que el diálogo entre ambos gobiernos se mantiene activo, con contactos fluidos entre la Cancillería colombiana y el encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara.

El diplomático reveló que McNamara sostuvo una extensa reunión con el presidente Petro, en la que se abordaron los avances de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y el compromiso del Gobierno en esa materia. “Tenemos una muy buena relación con el encargado de negocios y esperamos que los mensajes transmitidos sirvan para disipar malentendidos”, señaló García-Peña, al insistir en que las decisiones finales dependen directamente del presidente Trump y su equipo en Washington.

Sobre el tema de Venezuela, García-Peña negó que el presidente Petro sea un defensor del régimen de Nicolás Maduro y aseguró que existen “tensiones reales” entre ambos gobiernos. “No se ha reconocido el supuesto triunfo de la elección y hay temas críticos como la situación de colombianos encarcelados en Venezuela”, explicó. Agregó que la posición del mandatario colombiano ha sido la defensa de la soberanía latinoamericana y el rechazo a cualquier tipo de intervención militar extranjera, no el respaldo a una dictadura.

Consultado sobre los reclamos del propio Petro por la falta de comunicación directa con la administración Trump, el embajador admitió la frustración del presidente, pero recordó que el mandatario estadounidense “no se ha reunido con ningún embajador del mundo” y que la interlocución diplomática se realiza principalmente con el Departamento de Estado. “Seguimos enviando información actualizada y mensajes sobre nuestros esfuerzos en seguridad y cooperación antidrogas”, puntualizó.

Finalmente, García-Peña confirmó que por ahora no tiene fecha de regreso a Washington tras haber sido llamado a consultas, aunque reiteró que los canales diplomáticos permanecen abiertos. “Las relaciones siguen siendo institucionales, respetuosas y con interlocución permanente”, aseguró. El embajador insistió en que Colombia cumple con sus compromisos internacionales y que espera que las tensiones actuales puedan resolverse sin afectar la cooperación histórica entre ambos países.

PRESIDENTE TRUMP CELEBRA “OPERACIÓN HISTÓRICA” CONTRA LOS CARTELES Y ANUNCIA MÁS DE 3.000 ARRESTOS EN UN MES

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó una rueda de prensa junto a la fiscal general Pamela Bondi, el secretario de Guerra Pete Hegseth y otros altos funcionarios para anunciar los “resultados espectaculares” de la operación antidrogas que su administración lanzó el mes pasado. Según explicó, el grupo de trabajo federal ha permitido la captura de más de 3.000 presuntos miembros de carteles y pandillas internacionales en pocas semanas, lo que calificó como “el mayor número de arrestos en la historia de Estados Unidos”.

Trump aseguró que la iniciativa constituye “una operación sin precedentes y de éxito histórico” y acusó al expresidente Joe Biden de haber “entregado el país a los carteles”. “Bajo nuestra administración tratamos a los carteles como lo que realmente son: una amenaza de seguridad nacional”, afirmó el mandatario, al prometer que su objetivo “no es mitigarlos, sino eliminarlos por completo”. También destacó que las incautaciones de drogas “han sido espectaculares” y que el tráfico marítimo de narcóticos se ha reducido a “menos del 5% de lo que era hace un año”.

La fiscal general Pamela Bondi informó que las fuerzas conjuntas han decomisado “91 toneladas de drogas solo en el último mes”, el equivalente a llenar cuatro camiones de carga completa. Por su parte, la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, señaló que se ejecutaron más de 400 operaciones que llevaron ante la justicia a 3.200 presuntos terroristas y que la entrada de fentanilo al país se redujo en un 50% desde septiembre. “El trabajo de septiembre fue un éxito total; estamos recuperando el control de nuestras fronteras”, afirmó.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, reforzó el discurso de Trump y dijo que los narcotraficantes “son el ISIS del hemisferio occidental”. Explicó que la estrategia militar incluye la identificación de redes, mapeo de conexiones y ataques cinéticos para desmantelar sus estructuras. “Los carteles son organizaciones terroristas y serán tratados como tales: los rastrearemos, los cazaremos y los eliminaremos”, declaró. Hegseth agregó que las recientes operaciones en el Caribe y el Pacífico reflejan este enfoque, con la destrucción de varias “narcolanchas” detectadas por inteligencia estadounidense.

Durante la conferencia, Trump fue interrogado sobre la posibilidad de capturar embarcaciones para mostrar públicamente las incautaciones de drogas. “Sabemos todo sobre ellas, de dónde vienen, quiénes las manejan y qué transportan. No están pescando”, respondió, antes de añadir que el flujo marítimo de drogas “ha caído drásticamente” y que el tráfico ahora se ha desplazado hacia rutas terrestres. “Ahora vienen por tierra y incluso la tierra está en peligro porque esa será la siguiente etapa. La tierra será lo próximo y quizá vayamos al Senado, quizá vayamos al Congreso y les contemos al respecto. No me imagino que vayan a tener ningún problema con ello”, advirtió Trump, anunciando además que informará a los legisladores si se emprenden acciones en territorio por tierra.

El presidente también se refirió a la situación regional y afirmó que “no estamos contentos con Venezuela por muchas razones, entre ellas las drogas”. Confirmó que ha ordenado la ejecución de operaciones encubiertas tras informes de que el narcotráfico utiliza territorio venezolano como escala antes de ingresar a Estados Unidos. “Venezuela ha estado enviando a sus prisioneros a nuestro país durante años bajo la administración Biden, y eso se acabó. Tenemos una frontera cerrada”, advirtió, desmintiendo al mismo tiempo reportes sobre el despliegue de bombarderos B-1 cerca del país.

En cuanto a Colombia, Trump afirmó que “es un antro de drogas” y que está produciendo cocaína “a niveles que nunca habíamos visto antes”. Acusó al presidente Gustavo Petro de ser “un pésimo líder, un tipo malo, un matón”, y advirtió que “no se van a salir con la suya por mucho más tiempo”. El mandatario agregó que su administración “no tolerará” que los carteles colombianos sigan operando con impunidad y aseguró que las acciones emprendidas —incluidos los ataques navales en el Caribe y el Pacífico— continuarán “día tras día, hasta erradicar por completo a estos terroristas del hemisferio occidental”.

EE. UU. ANUNCIA LA DESTRUCCIÓN DE UNA SEGUNDA “NARCOLANCHA” EN EL PACÍFICO; COLOMBIA RECHAZA EL ATAQUE

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que el Comando Sur llevó a cabo un nuevo “ataque cinético letal” contra una embarcación en el océano Pacífico, presuntamente involucrada en el tráfico de drogas. Según detalló, la operación, autorizada por el presidente Donald Trump, terminó con la muerte de tres tripulantes identificados por inteligencia como parte de redes de contrabando. Hegseth afirmó que estos operativos “continuarán día tras día” y calificó a los narcotraficantes como “la Al Qaeda del hemisferio occidental”.

El funcionario aseguró que la embarcación fue detectada en aguas internacionales próximas a las costas colombianas, convirtiéndose en el segundo ataque en menos de 24 horas y el noveno desde que el Pentágono inició su operación antidrogas regional. Hegseth explicó que los objetivos son “estructuras criminales transnacionales” que, según Washington, emplean rutas marítimas y aéreas para enviar cocaína desde Sudamérica hacia América Central y Norteamérica.

En declaraciones paralelas, el presidente Trump anunció la suspensión total de la ayuda económica a Colombia, acusando al mandatario Gustavo Petro de ser “un matón” y de “producir mucha droga”. También adelantó que su administración evalúa realizar ataques dirigidos a “objetivos en tierra” para cortar nuevas rutas de tráfico terrestre, aunque sin precisar los territorios involucrados. Trump sostuvo que notificará al Congreso en caso de ejecutar este tipo de operaciones.

La ofensiva estadounidense forma parte de una escalada militar que ha incluido al menos siete ataques previos en el Caribe, la mayoría frente a las costas de Venezuela, y dos más en el Pacífico. El Gobierno estadounidense justifica las acciones bajo la doctrina de “autoridades permanentes” del Comandante en Jefe, que le otorgan al presidente poderes para actuar contra organizaciones designadas como narcoterroristas.

Horas después del ataque, el Gobierno de Colombia expresó su rechazo y llamó a Washington a “cesar este tipo de acciones unilaterales”. En un comunicado, la Cancillería subrayó que el país “reitera su llamado a respetar el derecho internacional” y a mantener un diálogo bilateral para fortalecer estrategias conjuntas contra el narcotráfico. “Colombia ha trabajado durante décadas con Estados Unidos en esta lucha y considera esencial preservar la cooperación bajo principios de respeto mutuo y soberanía”, concluyó el pronunciamiento oficial.

MARCO RUBIO DICE QUE TRUMP EVALÚA OPERACIONES TERRESTRES CONTRA NARCOTRÁFICO Y LLAMA “LUNÁTICO” A PETRO

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el presidente Donald Trump está considerando la posibilidad de operaciones terrestres en el marco de su estrategia antidrogas, aunque evitó ofrecer detalles sobre la naturaleza o alcance de esas acciones. “Existen también rutas terrestres, somos conscientes de eso”, señaló el funcionario, al destacar la cooperación de Washington con autoridades de Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá y, “por cierto, históricamente también con las autoridades colombianas”.

Rubio elogió el papel de los cuerpos de seguridad colombianos, al considerar que el Ejército y la Policía “siguen siendo muy proestadounidenses”. Sin embargo, arremetió duramente contra el presidente Gustavo Petro, a quien calificó como “un lunático” y “muy impopular en Colombia”. “Es desafortunado que el pueblo colombiano tenga que soportar a ese tipo hasta mayo del próximo año”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense durante una entrevista con la prensa en Washington.

El funcionario se refirió también a la reciente votación en el Congreso colombiano para declarar al régimen de Nicolás Maduro como una organización narcoterrorista, destacando que el resultado —“creo que fue como 72 contra 20”— demuestra el aislamiento regional de Venezuela. “Eso muestra lo desafortunado que es que Petro esté del lado equivocado”, insinuó Rubio, quien ha sido uno de los principales impulsores de la línea dura hacia Caracas y La Habana.

Aunque evitó confirmar los planes operativos, Rubio aseguró que la administración Trump “está muy decidida a eliminar a estos narcoterroristas —la Al Qaeda del hemisferio occidental—”, en referencia a las organizaciones criminales que operan en el corredor andino y centroamericano. Reiteró que Estados Unidos cuenta con “socios muy capaces y cooperativos en toda la región” y que la estrategia continuará intensificándose en los próximos meses bajo la directriz del presidente.

REPUBLICANOS FRACASAN POR DUODÉCIMA VEZ EN INTENTO DE ACABAR CON EL CIERRE DE GOBIERNO EN EE. UU.

El Senado de Estados Unidos volvió a rechazar un plan de financiamiento provisional presentado por los republicanos, en lo que constituye el duodécimo intento fallido de poner fin al cierre del Gobierno federal. La votación obtuvo 54 votos a favor y 46 en contra, quedándose seis por debajo de los 60 necesarios para su aprobación. El bloqueo mantiene paralizadas múltiples agencias y programas federales, mientras el cierre se convierte en el segundo más largo de la historia del país.

Tres senadores de la oposición —los demócratas Catherine Cortez Masto y John Fetterman, y el independiente Angus King— votaron junto a los republicanos, sin lograr revertir el resultado. La sesión estuvo marcada por un discurso maratónico del demócrata Jeff Merkley, de Oregón, quien habló durante 22 horas y 39 minutos en defensa del mantenimiento de los subsidios del programa de salud Obamacare. Merkley acusó a la administración Trump de “usar el cierre como herramienta política” y de impulsar políticas “para beneficiar a los ricos a costa de las familias trabajadoras”.

Del lado republicano, el senador Rand Paul votó en contra del propio proyecto de su bancada, mientras que el líder del partido en el Senado, John Thune, cambió su voto a “no” al cierre de la sesión, una maniobra que le permitirá volver a presentar la medida en el futuro. La falta de cohesión dentro del bloque conservador refleja las tensiones internas sobre cómo manejar el creciente costo político del cierre y las exigencias de la Casa Blanca.

El Gobierno federal alcanzará este jueves 23 días de parálisis, superando el récord de 22 días y quedando solo por detrás del cierre de 35 días ocurrido entre diciembre de 2018 y enero de 2019, también bajo la presidencia de Donald Trump. Más de 1,3 millones de empleados públicos dejarán de recibir su quincena al final de la semana, lo que podría agravar el impacto económico y social en los hogares estadounidenses.

La disputa entre demócratas y republicanos gira principalmente en torno a la financiación de Obamacare. Mientras los demócratas insisten en mantener los subsidios para millones de beneficiarios, los republicanos buscan eliminarlos argumentando —sin pruebas— que favorecen a inmigrantes indocumentados. Con las posiciones cada vez más polarizadas, el Senado se encamina a un nuevo estancamiento que prolongaría el cierre y aumentaría la presión sobre la Casa Blanca y el Congreso para alcanzar un acuerdo bipartidista.

EE. UU. EMITE ORDEN DE EXTRADICIÓN CONTRA ALIAS ARAÑA, JEFE DEL COMANDO DE FRONTERAS

Estados Unidos emitió una orden de extradición contra Geovany Andrés Rojas, conocido como alias Araña, líder del Comando de Fronteras, por cargos de narcotráfico. El requerimiento proviene de una corte en California y fue remitido a la Corte Suprema de Justicia colombiana, que deberá emitir concepto antes de que el Gobierno de Gustavo Petro decida si procede con la entrega. El caso vuelve a poner a prueba el equilibrio entre la cooperación judicial con Washington y los procesos de paz en curso.

Alias Araña fue detenido el 19 de febrero de 2025 durante una reunión de la mesa de conversaciones entre la Coordinadora Nacional Bolivariana y delegados del Gobierno nacional. Su captura generó controversia, pues se produjo en el marco de un espacio de diálogo con actores armados. El detenido emergió como comandante del Comando de Fronteras tras la desintegración de la Segunda Marquetalia, una de las disidencias más visibles de las antiguas Farc que rechazaron el Acuerdo de Paz de 2016.

La Corte Suprema designó al magistrado José Joaquín Urbano para elaborar la ponencia que definirá si la extradición procede. El proceso avanza en un contexto de tensiones políticas: sectores de oposición, como la senadora Paloma Valencia, criticaron duramente la captura y afirmaron que el Gobierno protege a grupos que continúan delinquiendo bajo el pretexto de la negociación. Valencia sostuvo que alias Araña “debe ser extraditado” y pidió a la ciudadanía exigir transparencia en el trámite judicial.

Según Interpol, entre 2017 y 2025, alias Araña lideró las operaciones del Comando de Fronteras, estructura criminal con fuerte presencia en el sur de Colombia y estrechos vínculos con el narcotráfico internacional. El grupo estaría involucrado en la protección de cultivos ilícitos, el procesamiento de cocaína y el cobro de “impuestos” a redes de traficantes locales. Las autoridades lo acusan de coordinar envíos hacia América Central, México y Estados Unidos, lo que lo convirtió en un objetivo prioritario para Washington.

El caso ilustra las tensiones entre los esfuerzos de paz y la cooperación antidrogas. La participación de alias Araña en las mesas de diálogo reabre el debate sobre los límites de la negociación con grupos armados involucrados en el narcotráfico. Para Colombia, la decisión sobre su extradición será un test sobre la capacidad del Gobierno para equilibrar su agenda de paz total con los compromisos internacionales en materia de justicia y lucha contra el crimen transnacional.

TRUMP OTORGA PERDÓN TOTAL AL FUNDADOR DE BINANCE, “CZ” ZHAO, Y REAVIVA DEBATE SOBRE SU RELACIÓN CON LA INDUSTRIA CRIPTO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concedió un perdón total e incondicional a Changpeng Zhao, conocido como “CZ”, fundador del exchange de criptomonedas Binance, quien había sido condenado por violar las leyes federales contra el lavado de dinero. Según la Casa Blanca, la medida busca “reparar los abusos” del gobierno anterior en su “guerra contra las criptomonedas”. Zhao, uno de los empresarios más influyentes del sector, agradeció el gesto y prometió trabajar para que Estados Unidos se convierta en “la capital mundial del cripto”.

Zhao, de nacionalidad canadiense y origen chino, dimitió en 2023 como director ejecutivo de Binance tras declararse culpable de no implementar un programa efectivo de prevención de lavado de activos. Pagó una multa personal de US$ 50 millones y cumplió casi cuatro meses de prisión, mientras la empresa abonó una sanción de 4.300 millones. A pesar del fallo, mantuvo su participación accionaria en Binance, que continúa siendo la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo.

La Casa Blanca defendió la decisión argumentando que todas las solicitudes de clemencia fueron “cuidadosamente revisadas”, mientras la oposición demócrata denunció conflictos de interés por los vínculos financieros entre la familia Trump y proyectos cripto. La senadora Elizabeth Warren acusó al mandatario de “devolver favores” a Zhao, quien recientemente apoyó uno de los emprendimientos de la familia presidencial, World Liberty Financial, mediante la aceptación de su stablecoin USD1 en una inversión de US$ 2.000 millones.

El perdón a Zhao se suma a una serie de medidas similares otorgadas por Trump a figuras del sector tecnológico y financiero, entre ellas los cofundadores del exchange BitMEX y Ross Ulbricht, creador del mercado clandestino Silk Road. Desde su regreso a la Casa Blanca, el republicano ha promovido una agenda abiertamente favorable a las criptomonedas, prometiendo eliminar las restricciones impuestas durante la administración Biden y posicionar a EE. UU. como líder mundial en innovación digital.

Para la industria cripto, el indulto podría abrir la puerta al retorno de Zhao a Binance y facilitar la expansión de la compañía en el mercado estadounidense. Sin embargo, expertos en ética y reguladores advierten que esta política de clemencias masivas hacia empresarios condenados por delitos financieros sienta un precedente preocupante. Con más de 3.000 arrestos y sanciones anuladas desde enero, Trump continúa usando su poder de perdón de forma amplia y estratégica, reforzando su vínculo político con el sector financiero alternativo que respaldó su campaña de 2024.

GOBERNADOR DE VIRGINIA DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA PARA MANTENER LA AYUDA ALIMENTARIA DURANTE EL CIERRE DEL GOBIERNO FEDERAL

El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, declaró el estado de emergencia con el fin de garantizar la continuidad de la ayuda alimentaria a los residentes del estado ante la prolongación del cierre del Gobierno federal, que ya cumple tres semanas. La medida permitirá al Ejecutivo estatal utilizar fondos de emergencia para cubrir temporalmente la falta de recursos federales destinados a programas de asistencia alimentaria administrados por los estados.

Youngkin advirtió que más de 850.000 residentes de Virginia podrían verse afectados si los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) —conocido como cupones de alimentos— se agotan el 1 de noviembre. “Esta declaración nos permitirá actuar rápidamente para que ninguna familia quede sin apoyo mientras el Gobierno federal sigue paralizado”, explicó el gobernador republicano, quien insistió en la necesidad de una solución bipartidista en Washington.

Virginia se convierte así en el primer estado en emitir una declaración de emergencia por el impacto del cierre en los programas de alimentación. Otros estados ya habían advertido esta semana que los beneficiarios podrían no recibir sus ayudas el próximo mes si no se restablece la financiación federal. Actualmente, más de 41 millones de estadounidenses dependen del programa SNAP y casi 7 millones reciben asistencia a través del programa WIC, destinado a mujeres, bebés y niños.

El cierre del Gobierno federal alcanzó los 23 días, convirtiéndose en el segundo más largo de la historia de Estados Unidos, sin señales de un acuerdo entre republicanos y demócratas. Ambos partidos continúan culpándose mutuamente por el estancamiento, mientras los gobernadores estatales buscan medidas alternativas para mitigar el impacto sobre las familias más vulnerables y los servicios esenciales.

TRUMP ADVIERTE QUE ISRAEL PERDERÁ EL APOYO DE EE. UU. SI SE ANEXIONA CISJORDANIA: “ESTO NO PASARÁ”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Israel “perderá el apoyo estadounidense” si lleva a cabo la anexión de Cisjordania, tras la aprobación preliminar en la Knéset de un proyecto de ley en ese sentido. En una entrevista con la revista Time, el mandatario aseguró que “esto no sucederá” y reiteró que dio su palabra a los países árabes de que no permitiría una medida de ese tipo. “Eso no puede hacerse ahora”, insistió Trump, subrayando que una anexión rompería los compromisos alcanzados en torno al proceso de alto el fuego en Gaza y la estabilidad regional.

Desde Tel Aviv, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, también rechazó el proyecto y lo calificó de “maniobra política estúpida”. En declaraciones a la prensa antes de partir del aeropuerto Ben Gurión, Vance afirmó que la política de la administración Trump “sigue siendo que Cisjordania no será anexionada por Israel” y que se sintió “personalmente insultado” por la votación. Añadió que Washington “no está feliz” con lo ocurrido y que la iniciativa israelí amenaza los avances diplomáticos con los países árabes mediadores.

Por su parte, el primer ministro Benjamín Netanyahu atribuyó la votación a una “provocación deliberada” de la oposición, que, según dijo, buscó generar tensiones durante la visita de Vance. “Fue un intento de sembrar discordia”, señaló la oficina del primer ministro, asegurando que el proyecto no representa la posición del Gobierno. Netanyahu subrayó que la prioridad de Israel sigue siendo consolidar el alto el fuego en Gaza y mantener la coordinación con Washington en materia de seguridad y política regional.

En el territorio ocupado de Cisjordania, la Autoridad Nacional Palestina (ANP), encabezada por Mahmud Abás, continúa ejerciendo control limitado en áreas urbanas, mientras que Israel mantiene dominio militar y civil sobre el 60% del territorio, conocido como Área C. La región permanece fragmentada por cientos de puestos de control y un sistema de permisos que restringe la movilidad de los palestinos, reforzando las tensiones ante cualquier intento de anexión formal.

MAMDANI PROPONE VETAR LA COLABORACIÓN ENTRE ICE Y NUEVA YORK, MIENTRAS CUOMO SUGIERE “LLAMAR A TRUMP”

Los candidatos a la Alcaldía de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani y el independiente Andrew Cuomo, presentaron visiones opuestas frente a la reciente redada del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Manhattan, que dejó nueve detenidos y generó protestas. En su último debate antes de las elecciones del 4 de noviembre, ambos aspirantes coincidieron en que el operativo fue una intromisión del Gobierno federal, pero discreparon sobre la forma de responder ante Washington.

Mamdani, quien lidera las encuestas y pertenece al ala progresista del Partido Demócrata, calificó a ICE como una “entidad temeraria” y propuso poner fin a la cooperación entre la Alcaldía y el Gobierno federal. “Lo que necesitamos en nuestra ciudad es cerrar el capítulo de colaboración con ICE que vimos bajo el alcalde Adams”, afirmó. El legislador defendió además una reforma integral para regular la venta ambulante y proteger a los trabajadores del espacio público frente a políticas “que criminalizan la pobreza”.

El demócrata de origen ugandés-palestino insistió en que Nueva York debe oponerse al “enfoque de guerra” que, según él, promueve la administración de Donald Trump contra comunidades migrantes. “En lugar de cooperar con un presidente que busca declarar la guerra a nuestra gente trabajadora, debemos garantizarles dignidad y calidad de vida”, dijo Mamdani, marcando distancia con los sectores moderados del partido.

Por su parte, Cuomo apeló a su experiencia como exgobernador del estado y recordó que ya enfrentó acciones similares de ICE durante el primer mandato de Trump. Relató que en ese entonces “llamó al presidente y fue a la Casa Blanca” para exigir que no se realizaran redadas sin coordinación con la Policía local. “Yo habría hecho lo mismo ahora: decirle al presidente que está fuera de lugar y ordenar a nuestra Policía que frene a los agentes federales si invaden nuestra jurisdicción”, sostuvo.

El republicano Curtis Sliwa, también presente en el debate, coincidió parcialmente con sus rivales al señalar que ICE “no debería haber actuado sin coordinación”, aunque criticó las protestas ciudadanas contra las fuerzas del orden. En una ciudad de mayoría demócrata, el intercambio entre Mamdani y Cuomo dominó el encuentro, reflejando el contraste entre una visión de confrontación progresista con Washington y otra más pragmática, basada en la negociación directa con el presidente.

ÁLVARO LEYVA DENUNCIA A GUSTAVO PETRO ANTE LA FISCALÍA DE EE. UU. POR MITIN EN NUEVA YORK: “DEBE TERMINAR”

El excanciller Álvaro Leyva Durán presentó una denuncia ante la Fiscalía de Estados Unidos contra el presidente Gustavo Petro, luego de que este protagonizara un mitin en Nueva York con un megáfono en el que habría instado a soldados estadounidenses a “desobedecer al presidente Trump y obedecer a la humanidad”. En el documento, Leyva pide a la fiscal general Pamela Bondi abrir una investigación por presuntas “conductas violatorias de rigurosas normas, estatutos y leyes” estadounidenses.

Según el exministro, la intervención de Petro en territorio estadounidense podría constituir una falta grave de carácter penal. En su carta, sostiene que el mandatario “ha incurrido en conductas subsumidas por normas locales, sancionables al tenor de las mismas”, y subraya que los hechos fueron registrados por el propio presidente Trump, el Departamento de Estado y autoridades locales. Leyva plantea que el acto no se trató de una simple manifestación política, sino de “una exhortación directa a miembros de las fuerzas militares de EE. UU. a violar su juramento y desconocer la cadena de mando”.

El excanciller argumenta que Petro busca “llamar la atención del mundo entero a expensas del presidente Trump” y presentarse como víctima de la política estadounidense. En la denuncia, acusa al mandatario de intentar ridiculizar al jefe de Estado norteamericano y de “pretender ganar popularidad internacional” a través del conflicto diplomático. Recordó que ya había presentado una acusación similar ante la Fiscalía estadounidense el 25 de septiembre, sobre la cual aún no se conocen avances públicos.

Leyva también pidió que las autoridades federales determinen si las declaraciones y acciones del presidente colombiano configuran violaciones a las leyes estadounidenses. “Debe establecerse si su conducta tipifica antijuridicidades recogidas en normativas o leyes federales y, de ser el caso, se proceda conforme a los mandatos de los Estados Unidos de América”, señaló en el documento. A su juicio, la gravedad del episodio amerita una respuesta judicial contundente.

En su conclusión, el exdiplomático reclamó una intervención inmediata de las autoridades de Washington. “La irresponsable, suelta y dañina retórica de Gustavo Petro debe terminar”, afirmó. Leyva insistió en que las manifestaciones del mandatario colombiano en suelo estadounidense no solo comprometen la imagen del país, sino que podrían tener implicaciones legales internacionales, en un contexto ya marcado por fuertes tensiones políticas entre Bogotá y Washington.