Una nueva crisis diplomática se desató entre Estados Unidos y Colombia luego de que el presidente Donald J. Trump acusara a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser “un líder del narcotráfico” y anunciara la suspensión inmediata de todos los pagos y subsidios que Washington entrega al país. En su mensaje publicado en Truth Social, Trump afirmó que “Colombia se ha convertido en el mayor negocio de drogas” y advirtió que, si Petro no actúa, “Estados Unidos cerrará los campos de muerte por él, y no será de manera amable”.

El presidente Petro respondió desde su cuenta de X señalando que Trump está “engañado por sus asesores” y aseguró que ha sido “el principal enemigo del narcotráfico en el siglo XXI”. En otro mensaje, acusó al mandatario estadounidense de ser “grosero e ignorante con Colombia” y defendió su gestión al afirmar: “yo no hago negocios, soy socialista, creo en el bien común y en la vida”.

La tensión se enmarca en una serie de pronunciamientos recientes del presidente Petro, quien en días pasados cuestionó el enfoque de Washington en la lucha contra las drogas y denunció acciones militares de EE. UU. en el Caribe. En particular, afirmó que el ataque del 15 de septiembre, atribuido al Comando Sur estadounidense, habría tenido como blanco una lancha colombiana, dejando un ciudadano muerto, lo que calificó como “una violación a la soberanía nacional”, esto a partir de declaraciones de la familiar del ciudadano Alejandro Carranza quien se presume habría muerto en esta acción.

En respuesta a las declaraciones de Trump, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un comunicado en el que rechaza las acusaciones “ofensivas y desobligantes”, las califica como “una amenaza directa contra la soberanía nacional” y advierte que Colombia acudirá “a todas las instancias internacionales en defensa de su dignidad y de la cooperación legítima entre ambos países”.

La Cancillería también subrayó que “sin cooperación, ganan las organizaciones transnacionales dedicadas al narcotráfico y pierde toda la región”.

Desde Estados Unidos, varios congresistas respaldaron la postura de Trump. La representante María Elvira Salazar afirmó que “la decisión del presidente Trump de quitar los subsidios a Colombia es culpa de Petro”, mientras que el representante Carlos Gimenez aseguró que “los Estados Unidos no financiarán un narcoestado”.

El senador Bernie Moreno sostuvo que Petro “promueve el apaciguamiento de criminales” y anticipó que “el mundo observará las elecciones en Colombia el próximo año”.

La senadora Ashley Moody menciono “Nuestro Estado del Sol (Florida) es hogar de la comunidad de colombo americanos más grande de Estados Unidos, quienes tristemente han visto cómo el socialista Gustavo Petro se rinde ante los carteles de la droga. Estados Unidos no puede seguir siendo la fuente vital de estos carteles criminales a costa del bienestar de nuestro pueblo.”

Por su parte, el senador Lindsey Graham reveló haber conversado con Trump y afirmó que el presidente “anunciará importantes aranceles contra Colombia, golpeando donde más duele: el bolsillo”.

Sobre este mensaje del senador Graham, desde AmCham Colombia expresamos al congresista que “la asociación entre Estados Unidos y Colombia fue construida por nuestros pueblos, más allá de cualquier gobierno. Golpear “el bolsillo” no afecta a un presidente; impacta a los trabajadores, agricultores y pequeñas empresas, y repercute también en las compañías y consumidores estadounidenses. Trabajemos juntos por la seguridad y la prosperidad compartida”.

En relación con la nueva crisis en la relación Colombia-Estados Unidos, este fue el mensaje de AmCham Colombia:

“1/ Una vez más, la diplomacia es el mejor camino. Los llamados a la confrontación y a buscar culpables solo elevan la tensión y no aportan respuestas que pongan primero el bienestar de los colombianos.

2/ El respeto mutuo entre los dos gobiernos es indispensable. Cuidar el tono y los canales institucionales permite tramitar diferencias, proteger la agenda bilateral y enfocarnos en soluciones.

3/ No se pueden tomar a la ligera las implicaciones del mensaje de EE. UU.: sus efectos pueden golpear economía, empleo y programas sociales. Cuidar la relación bilateral es cuidar oportunidades para millones de familias.

4/ Sin embargo, más allá de personas y coyunturas, están las instituciones—jueces, fiscales y Fuerza Pública, con medios y sociedad civil—que sostienen una lucha permanente contra el narcotráfico.

5/ Colombia, que con esfuerzo ganó reputación de país decidido contra el narcotráfico, no puede pasar de ejemplo a paria. Debemos proteger esa credibilidad con hechos, resultados y transparencia.

Mensajes principales del post

• Ataque personal directo a Petro: lo califica de “illegal drug leader” y lo responsabiliza de incentivar la producción de drogas. Es un framing ad hominem más que institucional. 
• Amenaza de cortar “toda” la ayuda: afirma que, “desde hoy”, no se harán más pagos ni subsidios de EE. UU. hacia Colombia. En términos administrativos, esto sugiere una orden a las agencias para congelar nuevas obligaciones y desembolsos no exigidos por ley.
• Amenaza de acción coercitiva: advierte que EE. UU. “cerrará” los “killing fields” si Colombia no lo hace, “y no será de forma agradable”, es decir, sugiere posibles acciones unilaterales contra objetivos en territorio colombiano o en su periferia. 

El mensaje llega tras choques por operativos de EE. UU. contra una semi sumergible en el Caribe y la repatriación de sobrevivientes, que subieron la tensión bilateral

¿Puede “retirar” la ayuda si ya fue aprobada por el Congreso?

Depende del estado de esos fondos. En EE. UU. la ruta de los recursos tiene tres etapas: apropiación (Congreso), obligación/compromiso (contratos/ convenios) y desembolso.

• Fondos ya obligados (contratos/grants firmados): el Ejecutivo no puede cancelarlos arbitrariamente; tendría que terminar contratos conforme a sus cláusulas (y pagar costos de terminación) o cumplirlos.
• Fondos apropiados pero no obligados: aquí es donde la Casa Blanca puede actuar. La Ley de Control de Impagos (ICA) prohíbe que el Presidente “congele” por razones de política lo que el Congreso ya aprobó, salvo que pida una rescisión al Congreso o acredite un “programmatic delay” legítimo. La GAO ya dictaminó que un “congelamiento” por política violó la ICA en el caso de Ucrania (2020). 
• ¿Qué cambió en 2025? En septiembre, la Corte Suprema permitió provisionalmente al Gobierno retener US$4.000 millones de ayuda extranjera mientras sigue el litigio, lo que de facto amplía su margen para no comprometer fondos a tiempo y dejar que expiren (lo que la prensa describió como “pocket rescission”). Fue una medida en el docket de emergencia; no resolvió el fondo de si viola la ICA, pero sí habilita al Ejecutivo a parar muchos pagos en lo inmediato. 

En conclusión:

·         Puede detener o retrasar gran parte de la ayuda no obligada (y hoy tiene respaldo judicial provisional para ello).

·         No puede anular por sí solo partidas ya obligadas ni cancelar permanentemente lo que el Congreso dispuso, sin pasar por los mecanismos de la ICA. Pero en la práctica, sí puede cerrar el flujo de nuevas obligaciones y dejar expirar recursos.

Importante mencionar que la decertificación bajo la ley antidrogas (sección 706 de la FRAA) activa restricciones (p. ej., votar contra préstamos en bancos multilaterales), pero el propio Trump concedió una exención por “interés nacional” para Colombia, que mantiene ayuda crítica. Esa exención puede retirarse políticamente si decide endurecer el rumbo. 

¿Qué puede seguir después de este mensaje? Escenarios probables

• Congelación administrativa de nuevas obligaciones y desembolsos por parte de Estado/OMB, preservando solo pagos exigidos por ley/contrato. (Hoy tiene cobertura judicial provisional). 
• Endurecimiento de la decertificación: retiro de la exención por interés nacional para Colombia → más recortes y votos de EE. UU. contra créditos multilaterales. 
• Sanciones focalizadas (Kingpin Act/IEEPA) contra individuos/empresas vinculadas a narcotráfico, con efectos en banca corresponsal, visas y comercio. 
• Acciones de interdicción reforzadas en el Caribe/alta mar y frontera marítima. Operaciones dentro de Colombia sin consentimiento seria problemáticas en derecho internacional

¿Qué otras acciones podrían tomar EE. UU.?

·         Sanciones financieras: designaciones bajo el Foreign Narcotics Kingpin Act (OFAC), que bloquean activos de personas/empresas y prohíben transacciones con ellas para bancos y compañías estadounidenses (y, en la práctica, muchas fuera de EE. UU.). 

·         Visas: negación/revocación amplia por “razón para creer” participación o asistencia en tráfico (incluye, en supuestos específicos, a cónyuges e hijos que se beneficiaron a sabiendas).

·         Comercio/medidas económicas: si la Casa Blanca declara una emergencia bajo IEEPA, puede imponer aranceles/restricciones vinculadas a la lucha antidrogas (ya lo ha hecho en 2025 en otro frente). Sería controvertido y litigable, pero jurídicamente posible. 

·         Multilaterales: con la retirada de la exención, Tesoro instruye a votar en contra de nuevos préstamos del Banco Mundial/BID, lo que puede ralentizar o encarecer el financiamiento (aunque un voto en contra no siempre bloquea por sí solo). 

Impacto para Colombia (Estado y economía)

La crisis entre el presidente Trump y el presidente Petro tiene implicaciones en el corto plazo sobre recursos de cooperación no comprometidos, pero puede escalar a escenarios que golpearían directamente el bolsillo de los colombianos. Una suspensión de fondos afectaría programas sociales, desarrollo rural, empleo y proyectos de seguridad.

Y si escala a aranceles, el impacto no sería para el Gobierno sino para millones de trabajadores, agricultores y pymes, además de empresas y consumidores en ambos países.

TRUMP ANTICIPA ARANCELES PARA COLOMBIA

A bordo del Air Force One, 19 de octubre de 2025. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó la tensión con Colombia al anunciar el fin de la asistencia y anticipar nuevos aranceles a las exportaciones colombianas. En mensajes públicos y durante un intercambio con periodistas a bordo del Air Force One, Trump acusó al presidente Gustavo Petro de no combatir el narcotráfico y de liderarlo ilegalmente. 

Qué dijo exactamente (citas textuales)

Trump sostuvo que Estados Unidos dejará de hacer “pagos” a Colombia: “AS OF TODAY, THESE PAYMENTS, OR ANY OTHER FORM OF PAYMENT, OR SUBSIDIES, WILL NO LONGER BE MADE TO COLOMBIA.”También describió a Colombia como “a drug manufacturing machine” y llamó a Petro “an illegal drug leader.”  A bordo del avión presidencial, añadió sobre la lucha antidrogas: “They don’t have a fight against drugs — they make drugs.” 

¿Qué le preguntaron sobre los aranceles?

Consultado por los aranceles, Trump respondió a los reporteros que los detalles se anunciarían el lunes (“details of the new tariffs would be announced on Monday”). No se difundió una transcripción oficial con la pregunta literal del “gaggle”, pero los corresponsales consignaron esa respuesta en cobertura.

¿Por qué dijo que tomará estas medidas?

Trump argumentó que Colombia “no hace nada” para frenar la producción de drogas y que, pese a “pagos y subsidios” estadounidenses, el problema persiste; por eso ordenó cortar la asistencia y anunció aranceles como siguiente paso de presión.

DEPARTAMENTO DE GUERRA DE EE.UU. CONFIRMA NUEVO ATAQUE EN EL CARIBE A LANCHA VINCULADA AL ELN

Paralelamente al cruce de mensajes entre los presidentes Trump y Petro, el Departamento de Guerra de Estados Unidos (hasta hace poco el Departamento de Defensa), informó en redes sociales que “el 17 de octubre, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra estadounidense llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación afiliada al Ejército de Liberación Nacional (ELN) que operaba en el área de responsabilidad del USSOUTHCOM” (Comando sur de Estados Unidos)

Según la nota, la embarcación transportaba cantidades sustanciales de narcóticos y circulaba por una ruta conocida de narcotráfico. De acuerdo con el informe, en el ataque, realizado en aguas internacionales, murieron tres presuntos “narco-terroristas” y no hubo bajas entre las fuerzas estadounidenses.

El comunicado compara a los cárteles con “Al Qaeda del hemisferio occidental” y los acusa de usar violencia y terrorismo para amenazar la seguridad nacional y “envenenar” a la población.

Finalmente, el Secretario afirma que las fuerzas armadas de EE. UU. tratarán a esas organizaciones como a terroristas: serán perseguidas y eliminadas.

RUBIO HABRÍA PROMETIDO ENTREGAR INFORMANTES DE EE. UU. A BUKELE PARA CONCRETAR ACUERDO CARCELARIO

Según una investigación del Washington Post, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se habría comprometido a entregar a El Salvador nueve líderes de la pandilla MS-13, algunos de ellos informantes protegidos por el gobierno estadounidense, a cambio de que el presidente Nayib Bukele aceptara recibir migrantes deportados desde EE. UU. en el penal de máxima seguridad CECOT.

De acuerdo con el reportaje, la conversación entre Rubio y Bukele ocurrió el 13 de marzo, y formó parte de las negociaciones para implementar uno de los programas emblemáticos del presidente Donald Trump, enfocado en realizar “la mayor deportación en la historia de Estados Unidos”. El pacto, sin embargo, habría implicado romper acuerdos de confidencialidad y protección que el Departamento de Justicia mantenía con miembros de MS-13 que colaboraban con investigaciones sobre vínculos entre la pandilla y funcionarios salvadoreños.

Exfuncionarios del Departamento de Justicia advirtieron que el gesto representaría “una traición profunda” a los agentes que arriesgaron su vida para capturar a los pandilleros y podría dañar la credibilidad de EE. UU. ante futuros informantes. Los informantes habrían entregado pruebas de supuestos pactos entre el gobierno de Bukele y líderes de MS-13 para reducir homicidios a cambio de beneficios carcelarios y políticos.

Hasta ahora, solo uno de los nueve solicitados —César López Larios— ha sido devuelto a El Salvador, mientras que otros ocho permanecen bajo custodia estadounidense. El Departamento de Estado defendió la gestión de Rubio y aseguró que las deportaciones han fortalecido la seguridad en la región, mientras que críticos del acuerdo señalan que podría obstaculizar investigaciones sobre cooperación ilegal entre el gobierno salvadoreño y organizaciones criminales.

ESTADOS ALERTAN POR RECORTES Y RETRASOS EN FONDOS FEDERALES PARA EMERGENCIAS

Funcionarios estatales en Estados Unidos advirtieron que los severos recortes a los fondos de seguridad federal, los nuevos requisitos impuestos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y los retrasos derivados de litigios y del cierre parcial del gobierno están afectando gravemente su capacidad para responder a desastres naturales y emergencias.

Los cambios incluyen la orden de excluir de los censos poblacionales a personas deportadas, lo que ha bloqueado temporalmente la entrega de fondos de FEMA y causado confusión entre agencias estatales. Además, se redujo el tiempo para ejecutar los recursos —de tres años a uno—, dificultando la planificación de proyectos a largo plazo. Expertos señalan que la medida contradice el discurso del gobierno de Trump, que busca transferir más responsabilidades a los estados sin garantizarles recursos suficientes.

A esto se suma la suspensión del programa de resiliencia de desastres por USD 3.600 millones y recortes drásticos en el programa de subvenciones de seguridad nacional. Estados como Nueva York e Illinois reportaron reducciones de hasta 79% en sus asignaciones, mientras territorios como las Islas Vírgenes recibieron montos inesperadamente altos. Varias demandas judiciales han frenado temporalmente la distribución de fondos.

Las agencias de gestión de emergencias advierten que esta incertidumbre ya está afectando la contratación de personal y la ejecución de obras críticas, especialmente en estados como Hawái y Washington, donde se teme la paralización de proyectos de reconstrucción y prevención. Ante el escenario, varias administraciones locales están buscando alternativas para depender menos de la financiación federal.

TRUMP PRESIONA A UCRANIA PARA CEDER TERRITORIO A RUSIA EN REUNIÓN CON ZELENSKIY

Según fuentes citadas por Reuters, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría presionado a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenskiy, para que acepte ceder parte del territorio ucraniano a Rusia como condición para alcanzar un acuerdo de paz. La reunión, celebrada el viernes pasado, fue descrita como “tensa” y dejó a la delegación ucraniana “decepcionada”, de acuerdo con tres personas al tanto de las conversaciones.

Durante el encuentro, Trump propuso un alto al fuego sobre las líneas actuales del frente y rechazó por el momento entregar misiles Tomahawk a Ucrania, un armamento que Kiev considera clave para su defensa. El mandatario estadounidense también habría planteado ofrecer garantías de seguridad tanto a Kiev como a Moscú, lo que generó confusión entre los asistentes ucranianos.

Fuentes diplomáticas indicaron que la propuesta de Trump estaría influenciada por una conversación que mantuvo un día antes con el presidente ruso Vladímir Putin, quien sugirió un intercambio territorial en el que Ucrania renunciaría a Donetsk y Luhansk a cambio de pequeñas partes de Zaporiyia y Jersón. El enviado especial de EE. UU., Steve Witkoff, habría sido uno de los más insistentes en que Ucrania acepte ese intercambio.

Para Zelenskiy, entregar las regiones de Donetsk y Luhansk sería un “acto de suicidio”, pues su pérdida dejaría al resto del país expuesto a nuevas ofensivas rusas. Aunque la reunión no terminó en ruptura, sí marcó un retroceso en las expectativas de Kiev, que buscaba obtener apoyo militar adicional. Según Reuters, el presidente Trump volvería a reunirse con Putin próximamente en Budapest, con una cita preparatoria entre el secretario de Estado Marco Rubio y el canciller ruso Serguéi Lavrov programada para la próxima semana.