El presidente Gustavo Petro viajó a Washington D. C. para atender la reunión prevista para el martes 3 de febrero a las 11am con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. El encuentro llega tras semanas de señales de desescalamiento diplomático y se perfila como una cita clave para encauzar la relación bilateral, marcada por episodios de tensión en los últimos meses. 

Antes de iniciar el desplazamiento, Petro publicó un mensaje en X en el que señaló que comenzaba una “jornada de comunicación intensa” con el Gobierno de EE. UU. y mencionó una entrevista con John McNamara, encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia. 

Agenda confirmada: además de la reunión en la Casa Blanca, la Organización de los Estados Americanos (OEA)informó que el mandatario colombiano participará el miércoles 4 de febrero en una sesión protocolaria del Consejo Permanente a las 3:00 p. m. (hora de Washington) en la sede del organismo. De acuerdo con el orden del día divulgado, habrá palabras de apertura del representante permanente de Colombia ante la OEA, Luis Ernesto Vargas, del secretario general Albert R. Ramdin, y posteriormente una intervención del presidente Petro. 

MIKE JOHNSON AFIRMA TENER LOS VOTOS PARA REABRIR EL GOBIERNO DE EE. UU., PERO EL MARGEN SIGUE SIENDO MILIMETRICO

El presidente de la Cámara de Representantes de EE. UU., Mike Johnson, aseguró este domingo que cuenta con los votos necesarios para poner fin en los próximos días al cierre parcial del gobierno federal, que comenzó el sábado tras vencer el plazo sin que el Congreso culminara el trámite de financiación. Johnson hizo la afirmación en entrevistas televisivas —incluida Meet the Press (NBC)— y planteó que la Cámara podría votar a más tardar el martes, una vez se normalicen los desplazamientos de legisladores afectados por una tormenta invernal en el sureste del país. 

Más allá del mensaje de “confianza”, el panorama legislativo exige leer con lupa las cuentas. La mayoría republicana en la Cámara es extremadamente estrecha y, con vacantes que reducen el margen de maniobra, el liderazgo suele necesitar una disciplina casi total entre sus propios miembros si pretende sacar adelante el texto sin apoyo demócrata. En ese contexto, incluso ausencias por clima o disidencias de un puñado de representantes pueden cambiar el tablero, razón por la que Johnson ha insistido en resolver primero el factor logístico y luego llevar el paquete a votación. 

El nudo político está concentrado en Seguridad Nacional e inmigración. De acuerdo con lo reportado por AP y otros medios, los demócratas han condicionado su respaldo a cambios y salvaguardas en la operación de agencias de inmigración y seguridad, mientras los republicanos sostienen que la reapertura debe destrabarse con un acuerdo temporal y dejar el debate de reformas para después. Johnson, por su parte, dijo que, una vez se reabra el gobierno, impulsará un debate de aproximadamente dos semanas sobre reformas vinculadas a la aplicación de la política migratoria, un enfoque que busca dar salida a la urgencia presupuestal sin cerrar la puerta a discusiones de fondo. 

En paralelo, el Senado ya había avanzado con un esquema de financiación bipartidista que, según reportes, permite cubrir varias áreas del gasto y separa el capítulo de Seguridad Nacional con una extensión corta para continuar negociaciones. Esa arquitectura explica por qué la discusión en la Cámara no es solo “sí o no” a reabrir, sino también cómo se encarrila el capítulo de DHS/ICE: si se aprueba tal cual viene del Senado, si se ajusta en la Cámara (y vuelve al Senado), o si se acuerda un carril de reformas que permita destrabar votos sin convertir el debate migratorio en condición previa para pagar la nómina federal. 

Con ese telón de fondo, la frase “tengo los votos” funciona más como una señal de control político que como garantía matemática cerrada: el resultado final dependerá del margen efectivo el día de la votación (presentes vs. ausentes), del trámite procedimental en la Cámara y de si el liderazgo logra que la negociación sobre inmigración avance en un carril paralelo, sin que se convierta en un veto cruzado que prolongue el cierre.

EE.UU. ACUSA A CUBA DE INTERFERIR EN LABORES DIPLOMÁTICAS TRAS HOSTIGAMIENTOS A ENCARGADO DE NEGOCIOS

El gobierno de Estados Unidos acusó este domingo a Cuba de interferir en el trabajo de su máximo diplomático en La Habana, luego de que pequeños grupos de personas increparan al encargado de negocios estadounidense, Mike Hammer, durante reuniones con residentes y representantes de la Iglesia fuera de la capital.

El Departamento de Estado calificó los hechos como “tácticas fallidas de intimidación” y exigió a las autoridades cubanas que cesen el envío de individuos para obstaculizar la labor diplomática de Washington en la isla.

La denuncia se produce en medio de un nuevo aumento de tensiones bilaterales, después de que el presidente Donald Trump declarara la semana pasada a Cuba como “una amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos y anunciara aranceles contra cualquier país que suministre petróleo al gobierno cubano.

No obstante, el propio Trump afirmó el domingo que Cuba es “una nación fallida”, aunque dejó abierta la puerta a una eventual negociación al señalar: “Creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba”.

Mike Hammer, diplomático de carrera que llegó a Cuba a finales de 2024, ha recorrido diversas regiones del país para reunirse con disidentes políticos, líderes religiosos y miembros de la sociedad civil, una agenda que el gobierno cubano ha criticado duramente, acusándolo de fomentar el desorden interno.

El sábado, Hammer difundió un video en el que relató haber sido hostigado tras salir de un encuentro con líderes parroquiales, señalando que personas afines al régimen le gritaron insultos. Posteriormente, circularon otros videos que muestran a pequeños grupos increpándolo durante apagones nocturnos, con consignas como “¡Asesino!” e “¡Imperialista!”.

LIBERAN A NIÑO DE CINCO AÑOS Y A SU PADRE TRAS POLÉMICA DETENCIÓN MIGRATORIA EN EE. UU.

Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años detenido junto a su padre por agentes migratorios en Minnesota, fue liberado y regresó a su hogar este fin de semana tras una orden judicial, según confirmó el congresista demócrata por Texas Joaquín Castro.

El menor y su padre, Adrian Conejo Arias, de origen ecuatoriano, habían sido arrestados el 20 de enero en un suburbio de Minneapolis y trasladados a un centro de detención del ICE en Dilley, Texas.

La liberación se produjo luego de un fallo del juez federal Fred Biery, quien autorizó su salida del centro de detención y criticó duramente la política migratoria de la administración Trump. En su decisión, el magistrado calificó el caso como resultado de una “persecución mal concebida e incompetentemente implementada de cuotas diarias de deportación”, incluso a costa de “traumatizar a niños”. La orden judicial incluyó una fotografía del menor y referencias bíblicas, lo que subrayó el tono inusual del pronunciamiento.

El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que el niño no fue objetivo de la operación y aseguró que su madre se negó inicialmente a hacerse cargo de él, mientras que el padre pidió que permaneciera a su lado. Las autoridades indicaron que Conejo Arias ingresó ilegalmente a Estados Unidos en diciembre de 2024, aunque su abogado afirma que tiene una solicitud de asilo pendiente. El expediente judicial no registra audiencias futuras para el padre.

ALCALDE DE PORTLAND EXIGE SALIDA DE ICE TRAS USO DE GAS LACRIMÓGENO EN PROTESTA CON NIÑOS

El alcalde de Portland, Oregon, Keith Wilson, exigió que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) abandonen la ciudad luego de que fuerzas federales lanzaran gas lacrimógeno contra una multitud de manifestantes durante una protesta realizada el fin de semana frente a un centro de detención migratoria.

El mandatario local calificó la manifestación como pacífica y acusó a las autoridades federales de responder con violencia injustificada.

Testigos señalaron que agentes federales utilizaron gas lacrimógeno, proyectiles de pimienta y balas de goma cuando miles de personas llegaron el sábado al complejo del South Waterfront.

Erin Hoover Barnett, exreportera de OregonLive que participaba en la protesta, relató que desde unos 100 metros de distancia observó cómo agentes “rociaban a la multitud con gas”, generando escenas de pánico entre padres que intentaban proteger a niños en cochecitos y personas con movilidad reducida que buscaban huir.

El alcalde Wilson afirmó que la mayoría de los asistentes “no violó ninguna ley, no representó amenaza alguna y no puso en peligro a los agentes federales”. En un comunicado, pidió directamente la renuncia de quienes trabajan para ICE y exigió el cierre del centro de detención. “A través del uso de la violencia y del atropello a la Constitución, han perdido toda legitimidad”, sostuvo.

AUMENTA EL INTERES POR ENTRENAMIENTO CON ARMAS EN SECTORES LIBERALES Y PROGRESISTAS EN EE. UU.

En distintas ciudades de Estados Unidos, organizaciones de formación y activismo pro–Segunda Enmienda con perfil progresista o liberal reportan un aumento de consultas, afiliaciones y solicitudes de entrenamiento, un fenómeno que varias de ellas vinculan con el clima de tensión que ha acompañado los operativos federales de inmigración en áreas urbanas y, en particular, con el impacto público del caso de Alex Pretti, un enfermero de UCI de 37 años que murió en Minneapolis durante un operativo en el que participaron agentes federales. Según información publicada por The Guardian, documentos oficiales identifican a dos agentes federales —vinculados a CBP— como quienes dispararon en el incidente, ocurrido en el marco de una operación de control migratorio, y el Departamento de Justicia abrió una investigación desde su división de derechos civiles. 

La muerte de Pretti —y el debate sobre el uso de la fuerza en este tipo de despliegues— ha reactivado conversaciones menos habituales en el imaginario estadounidense: el armamentismo ya no aparece únicamente como un rasgo cultural asociado a votantes conservadores, sino también como una opción considerada por sectores que tradicionalmente han sido más favorables a la regulación o menos cercanos a la cultura de armas.

Reportes de ABC News indican que autoridades locales han subrayado que Pretti no tenía antecedentes y que era un propietario legal de armas, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional ofreció una versión distinta sobre la forma en que se desarrolló el forcejeo previo al disparo, lo que ha dejado el caso en el centro de una discusión sensible sobre procedimientos, transparencia y rendición de cuentas. 

En ese contexto, la Casa Blanca ha buscado trazar una línea política y jurídica entre el derecho a portar armas y el papel de las fuerzas federales en operativos migratorios. En una rueda de prensa del 26 de enero, la portavoz Karoline Leavittsostuvo que, aunque existe un derecho constitucional, “no hay un derecho constitucional” a obstruir operaciones de control migratorio y advirtió que confrontar a agentes armados eleva el riesgo de uso de la fuerza.

Esa postura ha sido leída por algunos observadores como un intento de desincentivar la presencia de civiles armados en escenarios de operativo o protesta, sin que ello implique —al menos en el discurso oficial— renunciar a la defensa general de la Segunda Enmienda. 

Paralelamente, medios han documentado que el propio presidente Trump se refirió a Pretti en redes como “agitador” y “quizá insurreccionista” tras la difusión de un video de un altercado previo, lenguaje que ha amplificado la polarización alrededor del caso y ha generado reacciones encontradas dentro y fuera de la comunidad de propietarios de armas. 

El aumento de interés por entrenamiento no aparece de la nada: desde 2020, diversos clubes y redes reportan mayor participación de mujeres, personas LGBTQ+ y comunidades racializadas; y, más recientemente, piezas basadas en reporteo de NPR han señalado que organizaciones como el Liberal Gun Club han visto crecer su membresía y multiplicarse las solicitudes de formación, argumentando que parte de su audiencia busca preparación “responsable” ante escenarios de hostigamiento, incertidumbre o temor a violencia política. 

Este giro social se cruza, además, con un debate regulatorio en Washington que podría reordenar alianzas. The Washington Post informó que el Departamento de Justicia evalúa revertir o flexibilizar algunas regulaciones sobre venta privada y envío de armas, así como cambios administrativos relacionados con formularios de compra; discusiones que, por su naturaleza, tienden a activar tanto a defensores de derechos civiles como a grupos de control de armas y a comunidades que temen quedar “en la siguiente lista” de restricciones. En términos políticos, el resultado es una conversación más compleja de lo habitual: mientras algunos sectores piden límites más estrictos, otros —incluidos nuevos perfiles de propietarios— están optando por capacitación, redes comunitarias y aprendizaje legal para moverse en un terreno cada vez más cargado.