El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con impedir la apertura del nuevo puente internacional que conectará a Detroit con Windsor, Ontario, en una nueva escalada de tensiones comerciales con Canadá. El proyecto, valorado en US$4,7 mil millones, corresponde al Puente Internacional Gordie Howe (Gordie Howe International Bridge), cuya entrada en operación está prevista para los próximos meses.

El presidente Trump cuestionó que el puente sea propiedad de Canadá y vinculó la advertencia a otros desacuerdos bilaterales, como la negativa canadiense a vender algunos licores estadounidenses, los aranceles aplicados a productos lácteos y las negociaciones comerciales de Ottawa con China. Según el mandatario, estos factores justifican una renegociación antes de permitir que la infraestructura entre en funcionamiento.

“No permitiré que este puente se abra hasta que Estados Unidos sea plenamente compensado por todo lo que les hemos dado y, además, hasta que Canadá trate a Estados Unidos con la justicia y el respeto que merecemos”, escribió Trump en redes sociales. Añadió que “iniciaremos negociaciones de inmediato” y sostuvo que, dadas las concesiones realizadas, Estados Unidos “debería ser propietario, quizá, de al menos la mitad de este activo”.

El puente fue financiado por Canadá luego de que Estados Unidos se negara a cubrir su costo, y la inversión será recuperada mediante el cobro de peajes durante un período de 30 años. El acuerdo se remonta a 2012, cuando el entonces gobernador de Michigan, Rick Snyder, aceptó la oferta canadiense y utilizó una orden ejecutiva para evitar al Legislativo estatal. La construcción comenzó en 2018 y actualmente se encuentra en su fase final.

Desde el punto de vista operativo, el Departamento de Seguridad Nacional (U.S. Department of Homeland Security) declaró el 30 de enero al puente como puerto oficial de entrada. La entidad estima que la nueva conexión permitirá ahorrar US$12,7 millones anuales a los viajeros al reducir la congestión y los tiempos de espera, además de mejorar los flujos de tráfico entre ambos países.

Las declaraciones de Trump generaron reacciones inmediatas en Michigan. Un portavoz de la gobernadora Gretchen Whitmer afirmó que “Canadá financió la construcción del puente y este se abrirá de una forma u otra”. La senadora Elissa Slotkin advirtió que cancelar el proyecto tendría “repercusiones graves, con mayores costos para las empresas, cadenas de suministro menos seguras y, en última instancia, menos empleos”. Por su parte, la congresista Debbie Dingell recordó que Trump respaldó el puente en 2017 y subrayó que “Canadá es nuestro amigo y aliado”, al tiempo que pidió poner fin a lo que calificó como “ataques innecesarios”.

El trasfondo económico es significativo: en 2023, Detroit fue el segundo puerto de carga más importante de Estados Unidos por valor y el mayor en la frontera con Canadá, con US$126 mil millones en comercio transportado por camiones. El nuevo puente aliviará el tráfico del Puente Ambassador (Ambassador Bridge) y, según un estudio de la Universidad de Windsor, reducirá en 20 minutos el tiempo de cruce, generando ahorros de US$2,3 mil millones para los transportistas en un horizonte de 30 años.

DEMÓCRATAS EN CONGRESO EXIGEN NUEVAS RESTRICCIONES A LA OFENSIVA MIGRATORIA DE TRUMP Y AMENAZAN CON UN CIERRE DEL DHS

Los líderes demócratas del Congreso advirtieron que podrían dejar sin financiamiento al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) si la Casa Blanca no acepta nuevas restricciones a la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump. En un comunicado conjunto, el líder demócrata del Senado Chuck Schumer y el líder demócrata de la Cámara Hakeem Jeffries calificaron la contrapropuesta del Ejecutivo como “incompleta e insuficiente”.

Según los demócratas, la propuesta de la Casa Blanca “no incluyó ni detalles ni texto legislativo” y no responde a “las preocupaciones que tienen los estadounidenses sobre la conducta ilegal de ICE”. El planteamiento del Ejecutivo no fue divulgado públicamente, mientras el reloj avanza hacia un posible cierre parcial del Departamento que podría comenzar el sábado.

Entre las exigencias demócratas figuran la obligatoriedad de órdenes judiciales, una mejor identificación de los agentes del DHS, nuevos estándares sobre el uso de la fuerza y la prohibición del perfilamiento racial. Los líderes del partido sostienen que estos cambios son necesarios tras la muerte de dos manifestantes en Minneapolis el mes pasado, quienes, según afirman, fueron baleados por agentes federales.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, había expresado optimismo sobre las negociaciones poco habituales entre demócratas y la Casa Blanca, señalando que había “avances” y que el intercambio de documentos era una señal positiva para encontrar puntos de acuerdo.

No obstante, alcanzar un consenso sobre la aplicación de la ley migratoria se perfila complejo. Legisladores de base en ambos partidos se muestran escépticos, mientras los republicanos rechazan varias de las demandas demócratas y plantean condiciones propias, como exigir prueba de ciudadanía para registrarse para votar y endurecer medidas contra las llamadas “ciudades santuario”.

La tensión también crece dentro del propio Partido Demócrata. Varios legisladores han dicho que no apoyarán “ni un dólar más” para el DHS mientras no se reduzca drásticamente la aplicación de la ley migratoria. “Se necesitan cambios drásticos en el Departamento de Seguridad Nacional antes de que avance un proyecto de financiamiento”, afirmó Jeffries. “Punto. Fin de la discusión”.

El Congreso intenta renegociar el proyecto de gasto del DHS después de que Trump aceptara separar ese financiamiento de un paquete mayor aprobado la semana pasada, que solo extendió los recursos hasta el 13 de febrero. Los demócratas formularon sus exigencias tras los tiroteos ocurridos en enero en Minneapolis, aunque el presidente no ha respondido públicamente a los reclamos específicos.

Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt dijo que la administración está dispuesta a discutir algunos puntos, pero advirtió que otros “no están basados en ningún sentido común y son inaceptables”. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, defendió el uso de máscaras por agentes de ICE al señalar que retirarlas “los expondría a un gran peligro”, mientras republicanos como el senador Bill Hagerty acusaron a los demócratas de “movilizar a una base radical”.

Un eventual cierre del DHS afectaría no solo al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement) y a la Patrulla Fronteriza, sino también a agencias como la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (Federal Emergency Management Agency) (FEMA) y la Administración de Seguridad en el Transporte (Transportation Security Administration) (TSA). Thune advirtió que un cierre podría provocar “más problemas de viaje”, similares a los registrados durante el cierre de 43 días del año pasado. Aunque se baraja separar el financiamiento de ICE del resto del departamento, la opción de una nueva extensión temporal divide a los legisladores y deja el desenlace incierto.

JEFE DE ICE DEFIENDE A SUS AGENTES ANTE EL CONGRESO TRAS LA MUERTE DE DOS MANIFESTANTES

El director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement) (ICE), Todd Lyons, defendió ante el Congreso las actuaciones de sus agentes y respaldó las tácticas empleadas en la aplicación de la política migratoria del presidente Donald Trump. Lyons afirmó que la agencia no se dejará “intimidar” mientras ejecuta los planes de deportaciones masivas de la administración.

La audiencia fue convocada tras la muerte por disparos de dos ciudadanos estadounidenses durante operativos federales, un episodio que desató una fuerte controversia política. Lyons compareció junto con Rodney Scott, jefe de la Patrulla Fronteriza, y Joseph Edlow, director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, en una sesión del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes marcada por duros cuestionamientos demócratas y respaldo mayoritario de los republicanos.

“Permítanme enviar un mensaje a cualquiera que crea que puede intimidarnos: fracasará”, declaró Lyons, quien responsabilizó a funcionarios electos y manifestantes de escalar la retórica y poner en riesgo a los agentes. Aunque evitó pronunciarse directamente sobre las muertes, aseguró que los oficiales “no se verán disuadidos” y añadió en sus palabras iniciales: “Esto apenas comienza”.

Las declaraciones se producen en medio de un escrutinio creciente a la ofensiva migratoria de Trump, intensificado tras los tiroteos en Minneapolis. Críticos sostienen que varias políticas vulneran derechos tanto de inmigrantes detenidos como de ciudadanos que protestan contra los operativos, y anticipan que la comparecencia no apaciguará las tensiones en torno a uno de los ejes centrales del segundo mandato presidencial.

Lyons y Scott afirmaron que en los tiroteos de enero se siguieron los procedimientos operativos estándar. La audiencia se celebró además cuando el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) (DHS) enfrenta un posible vencimiento de fondos, en un contexto en el que demócratas condicionan la financiación a imponer límites a las actuaciones de los agentes.

Bajo el liderazgo de Lyons, ICE ha emprendido una fuerte expansión de personal y ha desplegado operativos reforzados en ciudades de todo el país para aumentar arrestos y deportaciones. Los funcionarios comparecieron mientras cae el apoyo público a la manera en que las agencias implementan la visión migratoria de Trump, y mientras los demócratas advierten que el país sería menos seguro si expira la financiación federal.

La sesión estuvo marcada por fuertes cruces entre legisladores de ambos partidos. El demócrata Bennie Thompson calificó la audiencia como “el inicio de un ajuste de cuentas” y pidió responsabilidades a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. “Todos los estadounidenses deberían estar indignados”, afirmó, mientras los republicanos centraron sus argumentos en criticar las políticas de la era Biden y defendieron que la administración actual ha sellado la frontera.

Uno de los puntos más tensos fue el uso de máscaras por parte de los agentes. Ante la pregunta del demócrata Tim Kennedy sobre si ordenaría retirarlas, Lyons respondió con un tajante “No”, lo que Kennedy calificó de “respuesta triste”. Hubo, sin embargo, consenso parcial sobre ampliar el uso de cámaras corporales: Lyons y Scott señalaron que miles de agentes ya las portan y que el programa se expandirá.

En la misma comparecencia, Lyons reiteró cifras de la ofensiva migratoria: entre el 20 de enero de 2025 y el 20 de enero de 2026, ICE arrestó a 379.000 inmigrantes, entre ellos “más de 7.000 presuntos pandilleros y más de 1.400 terroristas conocidos o presuntos”, según dijo, al defender que la agencia “mantiene su compromiso con la rendición de cuentas de quienes ingresan ilegalmente”.

ESTADOS UNIDOS DESIGNA A FUNCIONARIOS DE PALAU Y LAS ISLAS MARSHALL POR CORRUPCIÓN VINCULADA A INTERESES CHINOS

El Departamento de Estado anunció la designación del presidente del Senado de Palau, Hokkons Baules, por su participación en actos de corrupción significativa en beneficio de actores con base en China. Asimismo, designó a Anderson Jibas, exalcalde de la comunidad de Kili/Bikini/Ejit en la Marshall Islands, por corrupción significativa y malversación de fondos proporcionados por Estados Unidos. Estas designaciones hacen que ambos funcionarios y sus familiares inmediatos sean, por regla general, inelegibles para ingresar a territorio estadounidense.

Según el Departamento de Estado, Baules abusó de su cargo público al aceptar sobornos a cambio de brindar apoyo y defensa de intereses gubernamentales, empresariales y criminales vinculados a China. Estas acciones constituyeron corrupción significativa y afectaron de manera adversa los intereses de Estados Unidos en Palau, un país estratégico en el Pacífico.

En el caso de Jibas, las autoridades estadounidenses señalaron que utilizó su posición para organizar y beneficiarse financieramente de múltiples esquemas de malversación relacionados con el Fondo de Reasentamiento de Bikini, financiado por Estados Unidos. La apropiación indebida de estos recursos provocó que gran parte del dinero destinado a la comunidad Kili/Bikini/Ejit —sobrevivientes y descendientes de las pruebas nucleares de las décadas de 1940 y 1950— fuera robado, generando pérdida de empleos, inseguridad alimentaria, migración hacia Estados Unidos y falta de acceso confiable a electricidad.

El Departamento de Estado advirtió que la ausencia de rendición de cuentas por los actos de corrupción de Jibas ha erosionado la confianza pública en el gobierno de las Islas Marshall y ha abierto espacios para la influencia extranjera maligna, incluida la de China. Washington subrayó que continuará promoviendo la rendición de cuentas contra quienes abusan del poder público para beneficio personal y reiteró su compromiso de combatir la corrupción global que afecta los intereses estadounidenses.

NUEVA YORK SE UNE A LA RED DE LA OMS TRAS LA SALIDA DE ESTADOS UNIDOS DECIDIDA POR EL PRESIDENTE TRUMP

El estado de Nueva York anunció su incorporación a una red de la Organización Mundial de la Salud (OMS), luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retirara nuevamente al país de la agencia de la ONU tras su regreso a la Casa Blanca. La decisión busca mantener vínculos internacionales en materia de salud pública pese al repliegue del Gobierno federal.

El Departamento de Salud del estado se integró formalmente a la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos (GOARN), una plataforma coordinada por la OMS que fortalece la detección y respuesta temprana ante emergencias sanitarias globales. Con esta adhesión, Nueva York pretende ampliar su capacidad de preparación y cooperación frente a amenazas epidemiológicas.

“Nueva York siempre ha sido líder en salud y seguridad pública y ahora estamos haciendo nuestra parte para proteger vidas mientras el gobierno federal pone en riesgo la salud de los estadounidenses”, afirmó la gobernadora Kathy Hochul. La mandataria señaló que el estado compartirá su experiencia técnica y sus laboratorios para “responder a brotes en todo el mundo y ayudar a prevenir amenazas sanitarias globales”.

La decisión llega semanas después de que Trump formalizara la salida de Estados Unidos de la OMS mediante una orden ejecutiva firmada el mismo día de su retorno al poder, acompañada del anuncio de que Washington no pagará las cuotas pendientes. Durante la pandemia del covid-19, el mandatario acusó a la organización de una “mala gestión” y ha reiterado críticas a su actuación en “otras crisis sanitarias mundiales”.

Para las autoridades neoyorquinas, el retiro estadounidense “comprometió la seguridad sanitaria mundial del país”. GOARN agrupa a más de 300 instituciones y redes técnicas que aportan capacidades de vigilancia, verificación, laboratorios y coordinación operativa. En enero, Gavin Newsom anunció que California se convirtió en el primer estado del país en unirse a esta red, un paso que ahora sigue Nueva York.

JUEZ FEDERAL BLOQUEA LEY DE CALIFORNIA QUE PROHIBÍA EL USO DE MÁSCARAS A AGENTES FEDERALES

Una jueza federal en Los Ángeles bloqueó de forma preliminar una ley de California que prohibía a los agentes federales usar máscaras mientras cumplían sus funciones. La jueza Christina Snyder concluyó que el gobierno federal probablemente demostrará que la norma es inconstitucional y ordenó suspender su aplicación.

En el mismo fallo, Snyder mantuvo vigente otra disposición estatal que exige a los agentes federales portar identificación visible durante sus operativos. El gobernador Gavin Newsom calificó esta parte de la decisión como “una clara victoria para el Estado de derecho” y sostuvo que “sin placa y sin nombre no hay rendición de cuentas”.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, celebró el bloqueo de la prohibición de máscaras como “otra victoria clave en los tribunales”. Bondi afirmó que “estos agentes federales son acosados, expuestos y atacados de manera regular simplemente por hacer su trabajo” y subrayó que la administración “no tolerará” ese tipo de conductas.

La legislación había sido promulgada en septiembre por Newsom en medio del despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles ordenado por el presidente Trump durante protestas por operativos migratorios. El U.S. Department of Justice demandó al estado en noviembre y advirtió que no cumpliría la ley, argumentando que exponía a los agentes a sanciones penales estatales y violaba la Cláusula de Supremacía de la Constitución al interferir con funciones federales.

CASA BLANCA AVANZA EN LA REVOCATORIA DEL PILAR LEGAL DE LAS REGULACIONES CLIMÁTICAS

La administración del presidente Donald Trump se prepara para revertir esta semana uno de los pilares centrales de la política climática de Estados Unidos, según confirmó un funcionario de la Casa Blanca. El Gobierno planea revocar un dictamen científico que durante más de una década ha sustentado la regulación federal de las emisiones de gases de efecto invernadero y la lucha contra el cambio climático.

La Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency) emitirá una norma final que elimina el llamado informe de peligro “endangerment finding”, una determinación adoptada en 2009 durante la administración de Barack Obama que concluyó que el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero representan un peligro para la salud pública y el bienestar. Un funcionario de la Casa Blanca confirmó los planes bajo condición de anonimato, luego de que fueran reportados inicialmente por The Wall Street Journal.

“Esta semana en la Casa Blanca, el presidente Trump tomará las acciones desregulatorias más significativas de la historia para liberar el dominio energético estadounidense y reducir los costos”, afirmó la portavoz presidencial Karoline Leavitt. El dictamen que se busca eliminar constituye la base legal de casi todas las regulaciones climáticas bajo la Ley de Aire Limpio, incluyendo normas para vehículos, plantas eléctricas y otras fuentes de contaminación.

La eventual revocatoria abriría la puerta a un desmantelamiento amplio de esas regulaciones y, según expertos legales, desencadenaría desafíos judiciales inmediatos. Organizaciones ambientalistas calificaron la medida como “el mayor ataque en la historia de Estados Unidos” contra los esfuerzos federales para enfrentar el cambio climático, al debilitar protecciones destinadas a mitigar inundaciones mortales, olas de calor extremas, incendios forestales y otros desastres agravados por el calentamiento global.

Aunque la EPA no precisó cuándo se hará efectiva la revocatoria, una vocera de la agencia, Brigit Hirsch, reiteró que se está finalizando una nueva regla y describió la decisión de 2009 como “una de las más dañinas de la historia moderna”. La iniciativa responde a una orden ejecutiva previa de Trump que instruyó revisar “la legalidad y la aplicabilidad continua” del dictamen científico.

El actual jefe de la EPA, Lee Zeldin, ha sido uno de los críticos más duros de las políticas climáticas demócratas. Zeldin ha acusado a administraciones anteriores de estar “dispuestas a llevar a la bancarrota al país” para combatir el cambio climático y sostuvo que el informe de peligro (endangerment finding) permitió imponer regulaciones que “prácticamente sacaron de la existencia a segmentos de la economía” y elevaron los costos para los estadounidenses.

Desde el sector ambiental, la respuesta ha sido contundente. El Fondo para la Defensa del Medio Ambiente (Environmental Defense Fund), a través del abogado Peter Zalzal, advirtió que la medida incentivaría una mayor contaminación, aumentaría los costos de salud y combustibles y provocaría “miles de muertes prematuras evitables”. Recordó además que la Corte Suprema, en el caso Massachusetts contra la EPA, determinó que los gases de efecto invernadero son contaminantes bajo la Ley de Aire Limpio, y que desde entonces los tribunales han rechazado sistemáticamente los intentos de invalidar el dictamen de 2009.

Críticos de la iniciativa también subrayaron que la ciencia detrás del informe de peligro (endangerment finding) ha sido reforzada con el tiempo. En 2023, las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine) concluyeron que el dictamen original fue “preciso, ha resistido la prueba del tiempo y hoy está respaldado por evidencia aún más sólida”. El panel afirmó que el daño actual y futuro a la salud humana causado por las emisiones es “más allá de toda disputa científica”.

LAS VENTAS MINORISTAS DE ESTADOS UNIDOS SE ESTANCAN EN DICIEMBRE Y APUNTAN A UNA DESACELERACIÓN DEL CRECIMIENTO

Las ventas minoristas de Estados Unidos se mantuvieron sin cambios en diciembre, lo que sugiere que el gasto de los consumidores y el crecimiento económico entran al nuevo año con menor impulso. El dato contrasta con el desempeño de noviembre, cuando las ventas aumentaron 0,6%, y quedó por encima de las expectativas del mercado, que anticipaban un avance de 0,4%.

Según informó este martes el Census Bureau del Departamento de Comercio, la lectura plana de diciembre refleja un enfriamiento del consumo de bienes, en un contexto marcado por mayores precios asociados a los aranceles y señales de debilitamiento en el mercado laboral. La agencia continúa además normalizando su calendario de publicaciones tras los retrasos generados por el cierre parcial del gobierno el año pasado.

Pese al estancamiento reciente, el consumo se había mantenido relativamente sólido, aunque a costa de una menor capacidad de ahorro. La tasa de ahorro cayó en noviembre a 3,5%, su nivel más bajo en tres años, desde 3,7% en octubre, y muy por debajo del máximo de 31,8% registrado en abril de 2020. No obstante, la riqueza de los hogares ha aumentado, impulsada por el repunte del mercado accionario y los todavía elevados precios de la vivienda.

Las ventas minoristas “subyacentes”, que excluyen automóviles, gasolina, materiales de construcción y servicios de alimentos, retrocedieron 0,1% en diciembre, tras un aumento revisado a la baja de 0,2% en noviembre. Este indicador es el que guarda una relación más estrecha con el componente de gasto del consumidor dentro del producto interno bruto (PIB), y anteriormente se había informado un crecimiento de 0,4% para noviembre.

La caída de diciembre y la revisión a la baja del mes previo podrían llevar a los economistas a ajustar sus estimaciones de crecimiento del gasto y del PIB en el cuarto trimestre. El consumo había avanzado con fuerza en el tercer trimestre, impulsando gran parte del crecimiento anualizado de 4,4% observado en ese período. Para el cuarto trimestre, la Federal Reserve Bank of Atlanta proyecta actualmente un crecimiento del PIB de 4,2%, aunque este cálculo podría revisarse a la luz de los nuevos datos.

LA EUROCÁMARA APUESTA POR SUSPENDER EL PACTO COMERCIAL CON EE. UU. SI EL PRESIDENTE TRUMP AMENAZA DE NUEVO

Los eurodiputados responsables del pacto comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos acordaron incluir una cláusula que permitiría suspender el acuerdo si el presidente estadounidense, Donald Trump, introduce nuevos aranceles contra países europeos o amenaza la integridad territorial del bloque comunitario, como ocurrió durante la crisis de Groenlandia. La decisión busca blindar políticamente el acuerdo frente a eventuales giros unilaterales de Washington.

Con este consenso, el Parlamento Europeo avanzó en la ratificación del pacto, al que también pretende añadir una cláusula de caducidad automática en marzo de 2028 y un plazo de seis meses para evaluar si Estados Unidos reduce los aranceles aplicados a productos derivados del acero y el aluminio. Estas salvaguardias fueron clave para destrabar semanas de negociaciones internas.

El acuerdo UE–EE. UU., cerrado en el verano de 2025 para evitar una escalada arancelaria entre ambas partes, podrá ser votado en la comisión de Comercio del Parlamento Europeo el próximo 24 de febrero y, posteriormente, en el pleno de la Eurocámara en marzo. Tras ese paso, se abrirá una fase de negociación con los Estados miembros de la Unión Europea para definir su forma final.

Entre los elementos centrales figura la posibilidad de revisar el acuerdo en su conjunto si la administración Trump no reduce los aranceles a productos derivados del acero del 50% actual al 15%, un umbral que cubre la mayoría de las exportaciones europeas hacia Estados Unidos. En paralelo, el texto prevé que los productos estadounidenses ingresen a la UE libres de aranceles, al igual que todos los bienes industriales.

“Tenemos esta propuesta de compromiso como señal de buena voluntad, pero si Estados Unidos no reduce los aranceles para estos más de 400 productos en seis meses restableceremos automáticamente nuestros aranceles del 10%”, advirtió el negociador jefe del Parlamento Europeo para este acuerdo, Bernd Lange. La negociadora popular croata Željana Zovko defendió, por su parte, que el pacto es “equilibrado y orientado al futuro”, y permitirá que los intercambios con el principal socio comercial del bloque continúen.

El acuerdo estuvo en riesgo por la falta de consenso sobre cómo introducir salvaguardias tras las amenazas de Trump contra la soberanía de Dinamarca y Groenlandia a comienzos de 2026. Finalmente, salió adelante con el respaldo de populares, socialdemócratas, liberales y verdes. Tras el voto en pleno, la Eurocámara deberá negociar el texto definitivo con los países de la UE, que habían fijado su posición antes de la crisis de Groenlandia y sin contemplar estas cláusulas.