La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) expresa su preocupación ante la propuesta del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de reducir en un 50 % la ayuda económica no militar a Colombia para el año fiscal 2026. Esta disminución no responde únicamente a ajustes presupuestales. Se trata de un mensaje político claro del Congreso estadounidense frente al deterioro de condiciones internas que afectan la relación bilateral.

Consideramos que lo que está en juego no es solo una reducción de recursos, sino la solidez del respaldo bipartidista que ha sido base de la alianza estratégica entre ambos países por más de dos décadas. Este respaldo ha trascendido gobiernos y partidos, y ha sido esencial para la estabilidad, la seguridad hemisférica y el fortalecimiento institucional de Colombia.

Desde AmCham Colombia exhortamos respetuosamente al Congreso de Estados Unidos a considerar que estos fondos, más allá de un gobierno de turno, han tenido un impacto positivo y directo en sectores estratégicos de la economía colombiana como el desarrollo rural, la seguridad jurídica local y la estabilidad regional. Preservar esa inversión es clave para los intereses compartidos de largo plazo.

Hacemos un llamado respetuoso y urgente al Gobierno Nacional para que actúe con responsabilidad institucional. Reafirmar el compromiso con el Estado de derecho, fortalecer la lucha contra el narcotráfico, y moderar los discursos ideológicos hacia su principal aliado estratégico son pasos necesarios para recuperar la confianza.

La reconstrucción del consenso bipartidista en el Congreso de Estados Unidos es posible. Pero exige señales claras, consistentes y respetuosas desde Colombia. La cooperación no puede asumirse como garantizada. Debe renovarse con hechos.

ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO DE LEY

El Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes de EE.UU. presentó en julio de 2025 el Proyecto de Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados, Año Fiscal 2026. Esta iniciativa, encabezada por el congresista Mario Díaz-Balart como presidente del subcomité, propone un recorte global del 22 % en los fondos de asistencia internacional respecto al nivel aprobado para 2025.

Según Díaz-Balart, el objetivo es redirigir la política exterior bajo el principio de “America First” (Estados Unidos primero), concentrando recursos en aliados estratégicos y eliminando gastos considerados. El proyecto busca fortalecer la seguridad nacional de EE.UU. “no mediante gasto ilimitado, sino a través de una estrategia focalizada” – en palabras del presidente del Comité, Tom Cole.

En consonancia con esta visión, la propuesta mantiene apoyo robusto a aliados clave (por ejemplo, asegura al menos $3.300 millones en financiamiento militar para Israel, asistencia sustancial a Egipto y Jordania, y $500 millones en FMF para Taiwán). Al mismo tiempo, endurece la postura frente a adversarios como el régimen de Cuba, Venezuela y otros actores que amenazan intereses de EE.UU., mediante condiciones y prohibiciones específicas en el uso de los fondos.

A continuación, se detallan las medidas más destacadas, diferenciando el tratamiento de la asistencia económica versus la asistencia militar en el caso de Colombia, así como las nuevas restricciones relativas a Cuba.

AYUDA A COLOMBIA

El proyecto de ley introduce recortes drásticos a la ayuda económica no-militar para Colombia, al tiempo que preserva en gran medida la asistencia de seguridad y antinarcóticos destinada a las fuerzas militares y policiales colombianas. En concreto, el Comité propone reducir en un 50 % los fondos de asistencia no militar para Colombia con respecto al nivel del año fiscal 2025. Esta reducción forma parte de las preocupaciones del Congreso sobre el rumbo del gobierno colombiano actual.

No obstante, se enfatizó que la cooperación en defensa y lucha antidrogas no será debilitada: “la ayuda a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para combatir el narcotráfico se mantendrá al 100 %”, aclaró Díaz-Balart. De hecho, el Comité manifestó aprecio por la relación estrecha con las Fuerzas Militares y Policía de Colombia, dejando intactos los apoyos en esas áreas.

Distribución propuesta de la ayuda de EE.UU. a Colombia (FY2026):

Nota: Los valores de FY2025 son referencias aproximadas basadas en informes previos, ya que el presupuesto 2025 se implementó bajo una resolución continua. FY2026 refleja la asignación propuesta por la Cámara. Fuente: docs.house.gov

Hay que mencionar que en términos técnicos las dos fuentes de ayuda están separadas en el presupuesto estadounidense, porque se canalizan por cuentas distintas del Departamento de Estado y están sujetas a objetivos, criterios y reglas de ejecución diferentes.

Sin embargo, en los análisis agregados del Congreso y de medios oficiales (como el CRS o el propio Committee Report) se suele presentar la ayuda total a Colombia como la suma de todas las cuentas asignadas, lo que incluye:

• Económica (no militar):
  • DA (Development Assistance)
  • ESF (Economic Support Fund)
  • INCLE (International Narcotics Control and Law Enforcement) – aunque esta tiene componente de seguridad, se considera civil no militar
  • NSIP (National Security Investment Programs) – nueva categoría FY2026
• Militar:
  • FMF (Foreign Military Financing)

Por lo tanto, la cifra total de US$ 410 millones en FY2025 y US$ 209 millones en FY2026 incluye todos los fondos destinados a Colombia, tanto económicos como militares, aunque en la contabilidad interna y en la ejecución se mantengan separados.

Como muestra la tabla, la mayor contracción recae sobre los fondos de desarrollo económico y programas sociales, que pasarían de aproximadamente $180 millones a $67 millones. En cambio, la asistencia para seguridad y antinarcóticos permanece relativamente elevada: se contemplan $103 millones para operaciones de lucha contra las drogas (categoría INCLE) – una cifra menor que años recientes (que oscilaban entre $140 y $170 millones), pero que preserva el apoyo a las fuerzas del orden colombianas.

Asimismo, la ayuda militar (FMF) hacia las Fuerzas Armadas colombianas se mantiene prácticamente sin recortes en $38,5 millones. Esto refleja la intención declarada de sostener la colaboración en defensa pese a reducir otras ayudas.

JUSTIFICACION DEL CONGRESO PARA EL RECORTE

El Comité de Apropiaciones expuso varias razones por las cuales optó por ajustar la ayuda a Colombia diferenciando sectores económicos vs. militares:

• Desalineación con intereses de EE.UU.: Existe “profunda preocupación” por “las políticas perjudiciales, el comportamiento errático y las relaciones malignas” del gobierno del presidente Gustavo Petro, contrarias a los intereses de seguridad y económicos de EE.UU. En el informe congresional se señala que la Administración Petro “no ha aprovechado eficazmente la asistencia de Estados Unidos para promover metas y objetivos comunes”, lo que motiva la drástica reducción de la ayuda en ámbitos no militares.

• Reporte de consumo de drogas en altos niveles del gobierno: El Congreso expresó alarma por informes sobre uso de sustancias ilícitas entre funcionarios de alto rango en Colombia. En consecuencia, el proyecto exige que el Departamento de Estado presente un plan para programas de reducción de la demanda de drogas en Colombia. Se ordena una consulta antes de 90 días desde la promulgación, para explorar iniciativas concretas en este ámbito, evidenciando la inquietud de Washington ante este problema de gobernanza.

• Deterioro de la seguridad pública: El clima de seguridad en Colombia es considerado en declive. El Comité citó el reciente atentado contra el senador de oposición Miguel Uribe Turbay (7 de junio de 2025) como ejemplo de la volatilidad política creciente y aumento de la violencia. Informes de que grupos armados y criminales están recuperando territorio y recrudeciendo el conflicto en varias regiones llevaron al Congreso a reevaluar la eficacia de la asistencia económica tradicional. Se teme que los esfuerzos previos de estabilización estén revirtiéndose, lo cual compromete la inversión de EE.UU. en programas civiles.

• Erosión del Estado de derecho: La Comisión parlamentaria manifestó alarma por aparentes violaciones al debido proceso y anomalías judiciales en casos emblemáticos como el del ex-presidente Álvaro Uribe Vélez. Se mencionan denuncias de vigilancia ilegal, negación del derecho a la defensa y conflictos de interés en el proceso contra Uribe, sugiriendo una posible politización de la justicia colombiana. Estos hechos alimentan la preocupación de Washington sobre el deterioro de la independencia judicial y el imperio de la leyes Colombia. El Congreso advierte que esta tendencia pone en riesgo valores democráticos fundamentales, y usa dicha evaluación negativa como justificación para condicionar la ayuda.

En resumen, la Cámara de Representantes decidió mantener el apoyo pleno a las instituciones colombianas consideradas “positivas” o alineadas con objetivos compartidos (Fuerzas Militares, Policía Nacional y lucha antinarcóticos), mientras castiga con recortes la cooperación en áreas económicas o gubernamentales bajo la administración actual, percibida como desviada de los intereses mutuos. Díaz-Balart subrayó que “la relación con Colombia sigue siendo fundamental, pero debemos enfocar los fondos en los sectores positivos… incluyendo Policía y seguridad”, marcando un mensaje claro de apoyo a la colaboración en seguridad, a la par que se ejerce presión económica sobre el gobierno de Petro.

MECANISMOS DE CANALIZACION DE RECURSOS Y CONDICIONALIDADES

El proyecto de ley específica cómo se canalizarán los recursos aprobados para Colombia y otras partidas, introduciendo además nuevas condiciones obligatorias para su desembolso:

• La ayuda económica remanente para Colombia se asignará a través de la cuenta denominada “National Security Investment Programs” (NSIP) del Departamento de Estado. Esta cuenta unificada (de $67 millones para Colombia) abarca programas de desarrollo económico, buena gobernanza y aspectos civiles. Se enfatiza que dichos recursos deben emplearse de manera consistente con las prioridades de seguridad nacional de EE.UU. y ya no financiarán programas considerados ajenos (se eliminan, por ejemplo, proyectos de cambio climático, enfoque de género o DEI – diversidad, equidad, inclusión – que la mayoría actual califica de “gasto irrelevante”).

• La asistencia policial y antinarcóticos (USD $103 millones) se canalizará mediante el fondo de International Narcotics Control and Law Enforcement (INCLE) del Departamento de Estado. Un 30 % de estos fondos quedará “congelado” o retenido hasta que el secretario de Estado certifique al Congreso que Colombia está cumpliendo tres metas concretas en los 12 meses previos: (1) Reducción mesurable de los cultivos y producción de cocaína, (2) Colaboración sostenida con EE.UU. en operaciones antinarcóticos conjuntas, y (3) Cooperación plena en extradiciones de narcotraficantes hacia EE.UU..

Esta cláusula de “liberación gradual” busca garantizar resultados en la lucha antidrogas antes de entregar el total de la ayuda. Adicionalmente, el proyecto prohíbe destinar fondos a ciertos programas en Colombia que el Congreso considera contrarios a sus políticas: por ejemplo, queda vetado financiar pagos de reparación a excombatientes, subsidios agrarios cuestionables, o proyectos de desarrollo económico en tierras donde operen cultivos ilícitos.

Incluso se apartan hasta $1 millón para que la Oficina del Inspector General audite el cumplimiento de estas restricciones en Colombia. Estos candados reflejan la línea dura del legislativo para evitar que la asistencia de EE.UU. beneficie directa o indirectamente a iniciativas del gobierno colombiano con las que no está de acuerdo (por ejemplo, partes del acuerdo de paz de 2016 que involucren pagos a exguerrilleros, o programas en zonas de narcocultivo activo).

• La asistencia militar (USD $38,5 millones en FMF) continuará entregándose en forma de financiamiento militar extranjero para equipamiento, entrenamiento y fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas colombianas. Estos fondos son administrados por el Departamento de Estado (en coordinación con el Departamento de Defensa) bajo el programa Foreign Military Financing. El proyecto 2026 no impone recortes a la asignación de FMF para Colombia, lo que implica que EE.UU. mantiene intacto el apoyo militar para operaciones de defensa y lucha contra organizaciones terroristas o narcotraficantes. Cabe destacar que, a nivel global, la ley refuerza esta prioridad destinando, por ejemplo, fondos mínimos obligatorios de FMF para aliados como Israel y estableciendo programas de préstamos para fortalecer la disuasión en Taiwán. En el caso de Colombia, el estatus de aliado clave en seguridad conlleva la continuidad de la ayuda castrense sin dilución, aun cuando otras áreas sí se ajusten a la baja.

MEDIDAS ADICIONALES

Enfoque en Cuba y Régimen de Sanciones

Además de la reasignación de ayudas por país, el proyecto de ley incorpora nuevas disposiciones legales de alcance global – con especial atención a Cuba – que condicionan el uso de fondos estadounidenses conforme a objetivos de política exterior:

• Prohibición de fondos a quienes apoyen a las fuerzas militares cubanas: En respuesta a la influencia de Cuba en la región, se incluyó una cláusula sin precedentes que bloquea la ayuda de EE.UU. a cualquier entidad o individuo que brinde apoyo material a las instituciones militares o de seguridad de Cuba. Específicamente, ningún fondo de esta ley podrá beneficiar, directa ni indirectamente, a entidades que financien, transfieran dinero o provean apoyo a: el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, el Ministerio del Interior cubano, sus agencias subordinadas, o agentes que actúen en su nombre.

Igualmente, se prohíbe canalizar fondos a organizaciones que ayuden a evadir sanciones o restricciones impuestas sobre los militares cubanos. Esta medida busca cortar cualquier flujo de recursos estadounidense que pudiera sostener al aparato represivo cubano, enviando una señal a terceros países y contratistas: colaborar con las fuerzas cubanas los haría perder financiamiento estadounidense. Se trata de un endurecimiento significativo en la política de sanciones hacia La Habana, alineado con la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo.

• Fondos para democracia en Cuba, no para su economía: Paralelamente, el Comité reafirma el apoyo a la sociedad civil cubana destinando $35 millones para programas pro-democracia y derechos humanos en Cuba. Se ordena que al menos $7 millones de esos fondos se ejecuten a través de la National Endowment for Democracy (NED), aprovechando sus institutos especializados. Importante: el texto aclara que estos recursos sólo podrán usarse conforme a las leyes LIBERTAD (1996) y CDA (1992), es decir, estrictamente en actividades de promoción democrática. Queda prohibido emplearlos en “promoción empresarial, reformas económicas o cualquier otra asistencia que no sea construcción de democracia”. Con ello, el Congreso asegura que el dinero estadounidense apuntalará directamente a actores prodemocracia dentro de Cuba (disidencia, prensa independiente, ONG de derechos humanos), evitando programas más amplios de desarrollo económico que pudieran aliviar al régimen. Esta directriz subraya la intención de mantener presión sobre el gobierno cubano a la vez que se apoya al pueblo en su aspiración de libertad.

• Enfoque en otros adversarios regionales: El proyecto de asignaciones refleja igualmente una línea dura frente a otros gobiernos y actores contrarios a los intereses de EE.UU. en el Hemisferio Occidental. Por ejemplo, se menciona explícitamente que los fondos buscan “contrarrestar a adversarios como … Venezuela, Cuba y los cárteles de la droga designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras”. Si bien la ley de 2026 se concentra en la distribución presupuestaria, este lenguaje político orienta la ejecución: se espera que la asistencia exterior se utilice como palanca para presionar a regímenes autoritarios (e.g. Venezuela y Nicaragua) y combatir amenazas trasnacionales (terrorismo, narcotráfico).

También se eliminan contribuciones de EE.UU. a organismos multilaterales considerados “antieconómicos o contrarios a los valores americanos”. Todos estos lineamientos confirman que el Congreso – bajo control republicano en 2025 – prioriza la seguridad y los valores democráticos por encima de la cooperación incondicional.

En síntesis, el Congreso de Estados Unidos está encaminando la asistencia internacional para 2026 hacia un modelo de inversión estratégica, distinguiendo claramente entre apoyo económico (condicionado o recortado) y apoyo militar (sostenido o incrementado) según el alineamiento de los beneficiarios con la agenda de Washington.

El caso de Colombia ejemplifica esta aproximación: se protege la ayuda en seguridad para seguir combatiendo el narcotráfico y el terrorismo de forma conjunta, mientras se reduce a la mitad la ayuda al desarrollo en respuesta a preocupaciones sobre las políticas del gobierno colombiano. A la par, nuevas restricciones legales – como la prohibición de fondos a quienes apoyen a militares cubanos – demuestran la intención del poder legislativo de utilizar los fondos federales como herramienta de presión geopolítica conforme a los intereses de Estados Unidos.

El proyecto de ley de asignaciones FY2026 fue aprobado en el Comité de Apropiaciones de la Cámara el 15 de julio de 2025 y elevado al pleno para su debate. Dado que la misma visión es compartida por la mayoría en el Senado y el presidente, se anticipa que muchas de estas disposiciones se conservarán en la ley final. Estados Unidos, de este modo, envía un mensaje claro: la ayuda económica ya no será un “cheque en blanco”, sino que dependerá del comportamiento de los gobiernos receptores, mientras que la colaboración en seguridad y defensa seguirá siendo el pilar inamovible de sus alianzas internacionales.

Fuentes: Proyecto de Ley de Asignaciones Nacionales/Depto. de Estado 2026 (texto y reporte del Comité de Apropiaciones); Declaraciones del Cong. Mario Díaz-Balart y del Comité (23 julio 2025); Diario de Debates y documentos oficiales del Congreso de EE.UU.; Reportes especializados de prensa internacional (El Tiempo, Colombia).

LA UE Y EE. UU. SE ESTARÍAN ACERCANDO A UN ACUERDO DEL 15% SOBRE ARANCELES

Estados Unidos y la Unión Europea están cerca de cerrar un acuerdo comercial que establecería aranceles del 15% sobre productos europeos, según fuentes diplomáticas citadas por EFE. Esta aproximación ocurre en el contexto del reciente acuerdo similar entre EE. UU. y Japón, lo que ha generado un ambiente optimista, aunque con cautela.

A pesar del progreso, la decisión final depende directamente del presidente Donald Trump, por lo que los 27 países de la UE siguen preparándose para aplicar contramedidas si el pacto no se concreta. La Comisión Europea anunció que, en caso de represalias comerciales, estas no entrarían en vigor hasta el 7 de agosto. Para ello, se unificarán dos listas de productos en una sola propuesta, que será enviada a los Estados miembros para su aprobación.

CÁMARA DE COMERCIO DE EE. UU. APLAUDE EL PLAN DE ACCIÓN EN IA DEL GOBIERNO DE TRUMP

La Cámara de Comercio de Estados Unidos expresó su respaldo al nuevo Plan de Acción sobre Inteligencia Artificial presentado por la administración Trump, cuyo objetivo es reforzar el liderazgo global del país en IA.

El vicepresidente ejecutivo y director de políticas, Neil Bradley, elogió el enfoque del plan, señalando que busca impulsar la innovación mediante varias medidas clave: eliminar obstáculos regulatorios, especialmente aquellos creados por leyes estatales contradictorias o iniciativas excesivamente intervencionistas; acelerar la aprobación de infraestructura clave para IA; asegurar el acceso a energía confiable y asequible para hogares y empresas; reforzar el liderazgo estadounidense en diplomacia relacionada con la IA.

Según Bradley, este plan posicionará a EE. UU. para liderar la carrera global en inteligencia artificial y ayudará a enfrentar desafíos importantes al tiempo que establece estándares de desarrollo y uso responsable de tecnologías transformadoras.

La Cámara subrayó que la IA es esencial para impulsar el crecimiento económico en sectores como pequeñas empresas, energía y salud, y reiteró su disposición a colaborar con el gobierno para implementar este plan y fomentar un ecosistema de IA competitivo, abierto e impulsado por la innovación.

Cabe destacar que la Cámara ya había enviado observaciones sobre el plan a la Oficina de Política Científica y Tecnológica y a la Fundación Nacional de Ciencia en marzo de 2025.

CORTE SUPREMA DE EE. UU. AUTORIZA TEMPORALMENTE AL PRESIDENTE TRUMP A CESAR MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS DE CONSUMO

La decisión refleja una tendencia hacia una interpretación ampliada del poder ejecutivo en relación con las agencias independientes, mientras continúa el debate sobre la separación de poderes.

En una decisión emitida el miércoles, la Corte Suprema de los Estados Unidos autorizó provisionalmente al presidente Donald Trump a cesar a tres miembros de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo (CPSC, por sus siglas en inglés), nombrados por la administración anterior. La medida responde a una solicitud de emergencia presentada por el Ejecutivo tras una orden judicial previa que había exigido la reincorporación de los comisionados.

La decisión de la Corte, emitida mediante una orden breve y sin firma, se sustenta en un precedente reciente que permitió a la administración remover de manera temporal a altos funcionarios de agencias laborales federales mientras se resuelven impugnaciones legales. En este caso, los magistrados argumentaron que la CPSC ejerce funciones ejecutivas de forma comparable a la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB), y por tanto, aplica el mismo razonamiento jurídico.

El fallo no contó con unanimidad. Las tres magistradas del ala liberal de la Corte —encabezadas por la jueza Elena Kagan— expresaron una firme disidencia, advirtiendo sobre las implicaciones de debilitar la autonomía institucional de los entes reguladores.

“La mayoría ha actuado en el expediente de emergencia, sin mayor deliberación ni argumentación pública, para interferir con la arquitectura institucional definida por el Congreso para el cumplimiento de funciones administrativas esenciales”, escribió Kagan. “Este tipo de decisiones podrían, pieza por pieza, transferir poder de forma permanente de un poder del Estado a otro.”

Los tres comisionados afectados —Mary Boyle, Alexander Hoehn-Saric y Richard Trumka Jr.— fueron designados por el presidente Joe Biden y confirmados por el Senado. La ley establece que los miembros de la CPSC, cuyo mandato es de siete años, sólo pueden ser removidos por causas específicas como negligencia o mala conducta.

No obstante, la Corte Suprema ha venido manifestando un creciente escepticismo respecto a la constitucionalidad de tales limitaciones. En una decisión de 2020, el alto tribunal ya había invalidado protecciones similares para el director de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), afirmando que el poder ejecutivo tiene autoridad inherente para remover a funcionarios que ejercen funciones ejecutivas en su nombre.

Tras la destitución de los tres comisionados en mayo, un tribunal de distrito ordenó su reincorporación, decisión que fue ratificada de manera unánime por el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito. En su opinión concurrente, el juez James Wynn señaló que la Corte Suprema aún no ha revocado formalmente el precedente del caso Humphrey’s Executor v. United States, vigente desde hace más de 90 años, el cual establece que el Congreso puede imponer límites a la remoción de funcionarios de agencias independientes.

Sin embargo, el Departamento de Justicia argumentó que la reciente jurisprudencia sobre agencias laborales ya ha modificado sustancialmente ese precedente, y solicitó que se aplicara también al caso de la CPSC.

La decisión más reciente de la Corte Suprema plantea interrogantes sobre el equilibrio entre los poderes del Ejecutivo y la independencia de los órganos técnicos creados por el Congreso para la protección del interés público. Mientras se espera una resolución definitiva sobre el fondo del caso, la discusión sigue abierta respecto al alcance real de la autoridad presidencial sobre agencias independientes y las implicaciones a largo plazo para la arquitectura institucional de los Estados Unidos

SHEINBAUM NIEGA ATAQUES DEL NARCO MEXICANO CON DRONES EN TERRITORIO ESTADOUNIDENSE: “NO HAY NADA QUE ALERTAR EN ESTE MOMENTO”

La relación entre México y Estados Unidos se tensó nuevamente tras una advertencia del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. sobre el posible uso de drones por parte del narcotráfico mexicano para lanzar ataques en territorio estadounidense. Ante estas declaraciones, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que haya amenazas activas, aunque reconoció un caso aislado en el pasado de un dron con fentanilo que cruzó la frontera.

Sheinbaum aseguró que no hay indicios actuales de drones armados en la frontera y destacó la cooperación continua con las autoridades estadounidenses, especialmente a través de la Guardia Nacional y la Secretaría de Defensa. En la misma línea, el almirante Raymundo Morales confirmó que los cárteles usan drones comerciales, pero que no se ha detectado su uso con fines bélicos en la zona fronteriza.

Mientras tanto, el funcionario estadounidense Steven Willoughby advirtió ante el Senado que los cárteles, en particular facciones del Cártel de Sinaloa, han incrementado el uso de drones explosivos en conflictos internos y consideró que es “solo cuestión de tiempo” antes de que esos ataques lleguen a suelo estadounidense. También reveló que más de 27.000 drones fueron detectados cerca de la frontera en 2023.

PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES TIENEN NUEVAS REGLAS: ASÍ CAMBIARÁN DESDE ESTE AÑO

La nueva ley fiscal y de gasto firmada por el presidente Donald Trump, apodada Big, Beautiful Bill, introduce cambios significativos en el sistema federal de préstamos estudiantiles de EE. UU., afectando tanto a prestatarios actuales como futuros.

A partir de julio de 2026, el Departamento de Educación reducirá las opciones de pago a solo dos planes para nuevos prestatarios: uno estándar con cuotas fijas y otro basado en ingresos (IBR). Aunque se busca simplificar el sistema, cientos de miles de prestatarios actuales podrían ver aumentos en sus pagos mensuales, ya que muchas opciones previas serán eliminadas.

También se establece que el Plan de Asistencia para el Pago (RAP) será elegible para la Condonación de Préstamos por Servicio Público (PSLF), permitiendo condonación tras 10 años para trabajadores del sector público. Sin embargo, la Administración Trump planea restringir la elegibilidad para el PSLF, generando incertidumbre.

Mientras tanto, el plan SAVE, introducido en la era Biden, se encuentra en un limbo legal por demandas que cuestionan su generosidad. Los intereses comenzarán a acumularse de nuevo desde el 1 de agosto de 2025, y se recomienda a los prestatarios considerar inscribirse en el plan IBR mientras tanto.

La ley también impone nuevos límites estrictos de endeudamiento:

• $100.000 para estudios de posgrado,
• $200.000 para estudios profesionales (medicina, derecho),
• $65.000 por hijo para prestatarios Parent PLUS.

La medida busca contener el alza de los costos educativos, presionando a las instituciones, especialmente a las privadas y con fines de lucro, a reducir matrículas. No obstante, persisten dudas sobre si esto realmente hará la educación más asequible o simplemente trasladará el peso económico a los estudiantes.

NUEVA EVIDENCIA DEL RUSSIAGATE APUNTA DIRECTAMENTE A OBAMA; EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DECIDIRÁ LAS IMPLICACIONES PENALES: GABBARD

La Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, afirmó en una rueda de prensa en la Casa Blanca que la administración de Barack Obama promovió una narrativa falsa sobre la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 para favorecer a Donald Trump.

Gabbard sostuvo que existen “pruebas irrefutables” de que el expresidente Obama y su equipo de seguridad nacional ordenaron la elaboración de una evaluación de inteligencia que sabían que era falsa, con el fin de convencer al pueblo estadounidense de que Rusia ayudó a Trump a ganar. Dijo además que esta narrativa se construyó con el propósito de deslegitimar a Trump antes de que asumiera el cargo, manipulando políticamente a la comunidad de inteligencia.

Estas declaraciones se dieron en el marco de la desclasificación de documentos de inteligencia que, según Gabbard, muestran que no había evidencia directa de que el presidente ruso Vladimir Putin intentara beneficiar a Trump en 2016.

Gabbard indicó que los documentos desclasificados fueron remitidos al Departamento de Justicia y al FBI para que determinen si existen implicaciones penales. También declaró que Obama lideró personalmente la creación de esa narrativa, y que hay múltiples evidencias que lo vinculan a esa supuesta manipulación.

Recientemente, el presidente Donald Trump acusó a Obama de ser el “cabecilla” de las investigaciones sobre su presunta colusión con Rusia. En respuesta, un portavoz de Obama calificó las acusaciones de “absurdas” y “ridículas”, y recordó que informes anteriores —incluido uno de 2020 del Comité de Inteligencia del Senado, presidido por el actual Secretario de Estado Marco Rubio— confirmaron que Rusia sí intentó influir en las elecciones, aunque no manipuló votos.

Los documentos desclasificados también mencionan a altos funcionarios de la era Obama, como James Clapper (DNI), John Brennan (CIA), Susan Rice (asesora de seguridad nacional), John Kerry (canciller), Loretta Lynch (fiscal general) y Andrew McCabe (subdirector del FBI).

Gabbard difundió además un informe de 2020 del Comité Permanente de Inteligencia de la Cámara, el cual sugiere que la comunidad de inteligencia difundió datos “potencialmente sesgados o inverosímiles” por órdenes “inusuales” de Obama.

Hasta el momento, ni el Departamento de Justicia ni el equipo de Obama han emitido comentarios adicionales sobre estas nuevas acusaciones.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA AVISÓ EN MAYO A TRUMP DE QUE SU NOMBRE FIGURABA EN LOS ‘PAPELES DE EPSTEIN’, SEGÚN ‘THE WALL STREET JOURNAL’

El Departamento de Justicia de EE. UU. notificó en mayo al presidente Donald Trump que su nombre aparece “en múltiples ocasiones” en los documentos del caso Epstein, lo que habría motivado la decisión de no hacer públicos los archivos, pese a las promesas previas de transparencia. Aunque figurar en los papeles no implica culpabilidad, sí genera sospechas sobre el cambio de postura del Gobierno.

La fiscal general Pam Bondi, en coordinación con Trump, justificó la decisión alegando que los documentos contienen pornografía infantil e información sensible de víctimas. El anuncio oficial, hecho el 7 de julio, generó decepción y enojo entre sus propios simpatizantes del movimiento MAGA, quienes esperaban una revelación completa de los archivos para probar sus teorías de conspiración sobre una supuesta red de poderosos involucrados en los crímenes de Epstein.

Simultáneamente, la jueza federal Robin Rosenberg rechazó la solicitud de Bondi para hacer públicas las actas del gran jurado del primer juicio de Epstein en Florida, alegando restricciones legales sobre la confidencialidad de dichos procesos. Esta negativa complica la estrategia de Trump de calmar la presión pública y política, tanto de sus aliados como de los demócratas, quienes reclaman transparencia total.

Además, se conoció que Todd Blanche, actual vicefiscal general y exabogado de Trump, busca reunirse con Ghislaine Maxwell, colaboradora clave de Epstein, quien espera un eventual perdón presidencial. En paralelo, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, adelantó el receso legislativo para evitar debates sobre el caso Epstein, alineándose con la estrategia de Trump de minimizar el escándalo y evitar mayor exposición política.