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PRESIDENTE TRUMP CONDICIONA LA INTERVENCIÓN FEDERAL EN PROTESTAS LOCALES Y ORDENA UNA RESPUESTA “CONTUNDENTE” PARA PROTEGER EDIFICIOS FEDERALES

31 de enero de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su administración no intervendrá en protestas, disturbios o disturbios registrados en ciudades gobernadas por demócratas, a menos que las autoridades estatales o locales soliciten formalmente ayuda al gobierno federal.

En un mensaje publicado en su red social, Trump afirmó que bajo ninguna circunstancia el Departamento de Seguridad Nacional participará en el manejo de protestas locales “mal gestionadas” si no existe una petición expresa de apoyo por parte de gobernadores o alcaldes.

No obstante, el mandatario dejó claro que el gobierno federal actuará con firmeza para proteger instalaciones, edificios y propiedades federales.

El presidenteTrump informó que instruyó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para que agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza respondan de manera “muy poderosa” ante cualquier ataque contra infraestructura federal, advirtiendo que no se tolerarán agresiones contra oficiales ni daños a vehículos o edificios.

El Presidente responsabilizó a gobiernos locales de proteger tanto su propia infraestructura como la federal, y señaló que, si no pueden hacerlo, deberán solicitar ayuda federal “de manera explícita”. Trump sostuvo que su actuación se enmarca en su política de “ley y orden”, seguridad nacional y control fronterizo, asegurando que esa fue la base de su elección y que es lo que, según él, “América quiere y está recibiendo”.

LAURA DOGU LLEGA A VENEZUELA COMO ENCARGADA DE NEGOCIOS DE EE. UU. EN NUEVO PASO HACIA LA REANUDACIÓN DIPLOMÁTICA

Laura Dogu, designada como encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, ya se encuentra en ese país tras arribar en un vuelo procedente de Bogotá. Su llegada representa un nuevo avance en el proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas, rotas desde 2019.

Dogu fue nombrada oficialmente el pasado 22 de enero por el Gobierno de Estados Unidos, en el marco de la colaboración entre la administración del presidente Donald Trump y el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro. Hasta ahora, la relación bilateral se había gestionado a través de la Unidad de Asuntos para Venezuela, con sede en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, creada tras la suspensión de operaciones diplomáticas en Caracas.

CIERRE PARCIAL DEL GOBIERNO DE EE. UU. ENTRA EN VIGOR POR FALTA DE VOTO EN LA CÁMARA

Una parte significativa del gobierno federal de Estados Unidos entró en cierre parcial este sábado 31 de enero, luego de que expirara el financiamiento sin que la Cámara de Representantes votara a tiempo el paquete aprobado por el Senado. Aunque el cierre comenzó formalmente, las autoridades anticipan que será breve.

El Senado aprobó el viernes en la noche una legislación de financiamiento producto de un acuerdo entre el presidente Donald Trump y los líderes demócratas, pero la Cámara no se encuentra en sesión en Washington. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, informó que planea someter el proyecto a votación el lunes. El impacto práctico inmediato sería limitado, dado que la mayoría de los empleados federales no trabajan los fines de semana y el presidente Trump ha reiterado que firmará rápidamente la ley una vez sea aprobada.

Entre las agencias temporalmente afectadas por el cierre se encuentran los departamentos de Seguridad Nacional (DHS), Defensa, Estado, Tesoro, Transporte, Salud y Servicios Humanos, y Vivienda y Desarrollo Urbano. La Oficina de Administración y Presupuesto instruyó a las agencias a ejecutar planes de cierre ordenado, expresando su expectativa de que la interrupción sea corta.

El proyecto aprobado por el Senado financiaría al gobierno hasta finales de septiembre, con excepción del Departamento de Seguridad Nacional, que recibiría recursos solo por dos semanas. Esta fue una exigencia de los demócratas tras la reacción pública generada por recientes homicidios cometidos por agentes migratorios, lo que abrió un nuevo pulso político sobre el funcionamiento de ICE y la Patrulla Fronteriza. Durante este periodo, los demócratas buscarán negociar reformas como límites a patrullajes móviles, mayores exigencias de órdenes judiciales, códigos de conducta, uso obligatorio de identificación visible y cámaras corporales.

El debate anticipa una negociación compleja. Mientras líderes demócratas aseguran que sus exigencias no son radicales, algunos republicanos han advertido que no respaldarán cambios que, a su juicio, debiliten la aplicación de la ley migratoria. La falta de acuerdo podría derivar en un nuevo cierre focalizado en el DHS si no se alcanza un consenso antes del 13 de febrero, fecha en la que se requerirán nuevamente 60 votos en el Senado para aprobar su financiamiento.

JUEZA FEDERAL RECHAZA FRENAR OPERATIVO MIGRATORIO DE TRUMP EN MINNEAPOLIS PESE A DENUNCIAS DE ABUSOS

Una jueza federal en Minnesota rechazó ordenar la suspensión del operativo migratorio masivo desplegado por el gobierno del presidente Donald Trump en Minneapolis, en el marco de una demanda presentada por autoridades estatales y locales que acusan a agentes federales de violaciones generalizadas a los derechos civiles.

La jueza del Distrito Federal, Kate Menendez, reconoció que la Fiscalía General de Minnesota presentó argumentos sólidos al señalar que las tácticas de los agentes migratorios, incluidos tiroteos y presuntos casos de perfilamiento racial,  han tenido consecuencias “profundas e incluso desgarradoras” para el estado, las Ciudades Gemelas y sus habitantes.

Sin embargo, sostuvo que frenar completamente la operación excedería los límites legales, especialmente luego de que una corte de apelaciones revocara recientemente una orden judicial más limitada que restringía la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) frente a manifestantes.

La demanda busca bloquear o restringir una operación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que desplegó a miles de agentes en el área metropolitana de Minneapolis–St. Paul, lo que ha generado semanas de protestas y dos muertes de ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales. El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, denunció perfilamiento racial, detenciones ilegales de residentes con estatus legal y una estrategia deliberada de intimidación, además de acusar a la administración Trump de castigar al estado por su orientación política demócrata.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, expresó decepción por el fallo, pero aseguró que la demanda continuará. Por su parte, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, calificó la decisión como una “gran victoria” para el Departamento de Justicia y afirmó que ni las políticas de “ciudad santuario” ni los litigios impedirán la aplicación de la ley federal.

ALCALDE DE CHICAGO ORDENA INVESTIGAR A AGENTES MIGRATORIOS FEDERALES Y AMENAZA CON REMITIRLOS A LA JUSTICIA

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó una orden ejecutiva que instruye al Departamento de Policía de la ciudad a investigar cualquier presunta actividad ilegal cometida por agentes federales de inmigración y, de ser necesario, remitirlos para su procesamiento judicial. La medida representa un nuevo desafío directo de autoridades locales demócratas a la ofensiva migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

“Con esta orden, estamos notificando a ICE en nuestra ciudad. Chicago no se quedará de brazos cruzados mientras Trump inunda nuestras comunidades con agentes federales y aterroriza a nuestros residentes”, afirmó Johnson en un comunicado. La directriz ordena a los policías de Chicago preservar grabaciones de cámaras corporales durante incidentes con agentes federales, identificar al oficial federal supervisor presente y elaborar reportes sobre posibles violaciones a leyes estatales o locales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza, rechazó las acusaciones. Su portavoz, Tricia McLaughlin, aseguró que los agentes de ICE cumplen “los más altos estándares profesionales” y calificó como falsas las denuncias de conducta criminal. No obstante, expertos señalan que, aunque los agentes federales suelen gozar de inmunidad frente a procesos estatales, esta protección solo aplica cuando sus acciones están autorizadas por la ley federal y resultan necesarias y apropiadas.

JUEZ ORDENA LIBERAR A NIÑO DE 5 AÑOS DETENIDO POR ICE Y LANZA DURA CRÍTICA A LA POLÍTICA MIGRATORIA DE TRUMP

Un juez federal ordenó la liberación inmediata de un niño de cinco años y su padre, detenidos por autoridades migratorias en Minnesota y trasladados a un centro de detención familiar en Texas, en un fallo que incluyó una severa censura a la estrategia de control migratorio del gobierno del presidente Donald Trump. La decisión establece que ambos deben ser liberados a más tardar este martes.

El juez Fred Biery, del Distrito Federal de San Antonio, calificó el caso como resultado de una política “mal concebida e incompetentemente implementada”, orientada a cumplir cuotas diarias de deportación “incluso si ello implica traumatizar a niños”. En su fallo, el magistrado sostuvo que la actuación del gobierno refleja una preocupante falta de apego a principios fundacionales de Estados Unidos, citando incluso la Declaración de Independencia y pasajes bíblicos para subrayar la gravedad del caso.

La detención de Liam Conejo Ramos, captado en imágenes con un gorro de conejo y una mochila de Spiderman mientras era rodeado por agentes de ICE en un suburbio de Minneapolis el pasado 20 de enero, generó una ola de indignación pública y protestas frente al centro de detención en Texas. El caso motivó además la visita de congresistas demócratas, quienes denunciaron condiciones deficientes en la instalación, incluyendo problemas de alimentación, acceso al agua y atención médica.

El juez ya había determinado previamente que el niño y su padre, Adrian Conejo Arias, no podían ser deportados mientras se resolvía su situación migratoria. El gobierno sostiene que Arias ingresó ilegalmente al país en diciembre de 2024, mientras que la defensa afirma que cuenta con una solicitud de asilo pendiente. ICE y el Departamento de Seguridad Nacional rechazaron acusaciones de que el menor fue utilizado como “cebo” para capturar a su familia, calificando esa versión como falsa.