Apreciados lectores,

Gracias por acompañarnos y leernos cada día. Este boletín diario ha sido un esfuerzo constante del equipo de AmCham Colombia para ofrecerles información veraz, con análisis y datos que ayuden a comprender lo que ocurre en Estados Unidos y cómo puede impactar a Colombia, apoyando así la toma de decisiones de nuestros afiliados, aliados y audiencias.

A partir de hoy, 22 de diciembre, y hasta el 13 de enero, haremos una pausa en la publicación del boletín. Regresaremos con mayor entusiasmo para continuar fortaleciendo este espacio. Si se llegara a presentar un tema excepcional durante este periodo, cuenten con que estaremos informándolo oportunamente.

Aprovechamos este último boletín del año para desearles una Feliz Navidad y todo lo mejor para el 2026. Que lo recibamos con esperanza y determinación, defendiendo los valores fundamentales de nuestra democracia: libertad, institucionalidad, seguridad, respeto y pluralismo. Hoy, como pocas veces en nuestra historia reciente, necesitamos avanzar en medio de las diferencias y contradicciones, con carácter sereno y sentido de unidad, para responder a las necesidades del país que tanto claman los colombianos. Porque al final, lo que debe unirnos es Colombia y el bienestar de todos.

Un saludo cordial,

AmCham Colombia

Presidente Trump cuestiona el enfoque antidrogas de Colombia

Durante una ronda de preguntas con la prensa el lunes 22 de diciembre de 2025 por la noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a Colombia en el marco de sus comentarios sobre el flujo de cocaína hacia su país. Sus apreciaciones se dieron en un momento de relación tensa entre Washington y Bogotá, tras semanas de mensajes cruzados y medidas que han elevado la presión política alrededor de la cooperación antidrogas. 

En ese intercambio, Trump apuntó directamente al presidente Gustavo Petro y utilizó expresiones textuales como las siguientes: “needs to ‘watch his ass’” “We love the Colombian people … but their new leader is a troublemaker, and he better watch it,”

Más allá del lenguaje empleado, Trump insistió en que la principal preocupación de su administración es el impacto del narcotráfico sobre la seguridad y la salud pública en Estados Unidos. En esa línea, sostuvo que la cocaína producida en Colombia termina ingresando a territorio estadounidense —frecuentemente a través de rutas que pasan por México— y afirmó que las autoridades de su país tienen identificadas instalaciones relevantes vinculadas a la producción, instando a que se tomen acciones rápidas. En sus declaraciones, también separó su juicio sobre el gobierno de su apreciación sobre la ciudadanía colombiana, al expresar respeto por “el pueblo colombiano” mientras cuestionaba el liderazgo actual.

El episodio se inserta en una escalada más amplia de fricciones políticas. En meses recientes, Washington ha endurecido su postura frente a Bogotá con anuncios y decisiones que han incluido amenazas de medidas comerciales y sanciones dirigidas al presidente Petro y a miembros de su entorno, según se ha reportado en medios estadounidenses. Este contexto ha aumentado la sensibilidad diplomática, especialmente porque Colombia ha sido históricamente uno de los principales socios de Estados Unidos en la región en materia de seguridad. 

En paralelo, el debate ocurre cuando Colombia enfrenta presiones internas y externas por el aumento de la producción de cocaína. El mismo 22 de diciembre, se reportó que el gobierno colombiano prevé recurrir a drones para la aspersión focalizada de cultivos de coca con herbicidas, un cambio frente a la erradicación manual, con el objetivo de reducir riesgos operativos y limitar impactos sobre fuentes de agua y cultivos lícitos. En ese marco, también se ha citado que el área cultivada con coca en 2024 alcanzó niveles elevados, lo que ha intensificado el foco político sobre los resultados de la estrategia antidrogas.

En conjunto, las declaraciones de Trump refuerzan un tono más exigente en la agenda bilateral y elevan el costo político de la relación en el corto plazo. De cara a los próximos meses, el punto clave será si ambos gobiernos logran encauzar estas tensiones hacia mecanismos de cooperación técnica y verificación de resultados —con mensajes públicos más prudentes— o si el intercambio deriva en nuevas medidas unilaterales que afecten la coordinación en seguridad y otros frentes de la relación.

ESTADOS UNIDOS ENDURECE LA PRESIÓN CONTRA VENEZUELA CON SANCIONES PETROLERAS Y ADVERTENCIAS MILITARES

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump se refirió de nuevo al régimen de  Nicolás Maduro, al vincular de manera directa las sanciones petroleras, el despliegue militar estadounidense en el Caribe y la crisis migratoria con una estrategia de presión integral sobre el régimen venezolano.

Trump confirmó que su administración continúa persiguiendo cargamentos de petróleo venezolano sancionado, al señalar que se trata de crudo que “proviene de Venezuela” y cuya comercialización viola las restricciones impuestas por Washington.

Aseguró que Estados Unidos seguirá avanzando en estas acciones y que eventualmente “terminará obteniéndolo”, subrayando que el problema central es el origen del petróleo y su condición de activo sancionado.

Consultado sobre si el objetivo final de estas medidas es forzar la salida de Maduro del poder, Trump indicó que el impacto de la presión podría derivar en ese escenario, aunque sostuvo que la decisión final dependerá del propio mandatario venezolano. “Probablemente lo haría”, dijo, al afirmar que sería “inteligente” que Maduro optara por ese camino, sin presentar la salida del líder venezolano como una condición formal de Washington.

El presidente Trump reiteró las acusaciones contra Caracas por su papel en la migración irregular hacia Estados Unidos. Según Trump, Venezuela fue uno de los países que más se benefició de la política de fronteras abiertas de la administración de Joe Biden, enviando delincuentes, presos, narcotraficantes y personas con problemas mentales al territorio estadounidense. Aseguró que esa etapa quedó atrás y destacó que su gobierno está acelerando las deportaciones y el control migratorio.

En el plano de seguridad, Trump volvió a referirse al despliegue militar estadounidense en la región, afirmando que Washington ha conformado “la mayor armada jamás reunida en la historia de Sudamérica”. Aunque señaló que Maduro “puede hacer lo que quiera”, advirtió que cualquier intento de confrontación sería respondido con contundencia, insinuando que sería “la última vez” que el líder venezolano podría “jugar duro”.

PRESIDENTE TRUMP ANUNCIA UNA NUEVA CLASE DE BUQUES DE GUERRA PARA LA MARINA DE EE. UU. Y PROMETE UNA “FLOTA DORADA”

El presidente Donald Trump anunció el lanzamiento de una nueva clase de buques de guerra para la Marina de Estados Unidos, que describió como un reemplazo superior para una flota naval que calificó de “vieja, cansada y obsoleta”.

Durante un evento en Mar-a-Lago, Trump afirmó que estos nuevos buques ayudarán a mantener la supremacía militar estadounidense, revitalizar la industria naval del país y disuadir a los enemigos de Estados Unidos en todo el mundo.

El mandatario presentó la iniciativa acompañado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, Marco Rubio.

Aunque en sus declaraciones no utilizó formalmente el término, la nueva categoría ha sido descrita como la “clase Trump” y formará parte de una renovada “Flota Dorada”, concebida para enfrentar a China y a otros adversarios estratégicos, además de ajustarse —según el propio presidente— a estándares estéticos más elevados.

Trump aseguró que participará de manera directa en el diseño de los buques y destacó que estarán equipados con armamento de última generación, incluidos misiles hipersónicos, cañones electromagnéticos, misiles de crucero y sistemas láser avanzados. También señaló que incorporarán tecnologías de inteligencia artificial, aunque no ofreció detalles técnicos. Cada nave tendría un desplazamiento de entre 30.000 y 40.000 toneladas y será construida íntegramente en Estados Unidos.

En una primera fase, la Marina planea construir dos de estos buques, seguidos rápidamente por otros ocho, con una proyección total de entre 20 y 25 naves que Trump describió como el futuro “buque insignia” de la flota estadounidense. El presidente también adelantó que buscará modernizar los portaaviones como parte del mismo plan de renovación naval.

ADMINISTRACIÓN TRUMP ORDENA EL RETIRO DE CERCA DE 30 EMBAJADORES Y DIPLOMÁTICOS DE CARRERA

La administración del presidente Donald Trump ordenó el regreso a Washington de cerca de 30 embajadores y otros diplomáticos de alto nivel como parte de un esfuerzo para garantizar que las embajadas de Estados Unidos reflejen plenamente la agenda de “America First”.

Un alto funcionario del Departamento de Estado, que habló bajo condición de anonimato, defendió la medida como un procedimiento estándar en cualquier cambio de administración y subrayó que los embajadores son representantes personales del presidente, quien tiene el derecho de asegurarse de que promuevan sus prioridades políticas. Sin embargo, personas familiarizadas con la decisión indicaron que la mayoría de los diplomáticos retirados eran funcionarios de carrera del Servicio Exterior, tradicionalmente designados en países pequeños y no alineados con partidos políticos.

Los diplomáticos afectados fueron alentados a buscar nuevos cargos dentro del Departamento de Estado. No obstante, la Asociación del Servicio Exterior de Estados Unidos calificó el proceso como “altamente irregular”, señalando que algunos de sus miembros fueron notificados por teléfono y sin explicaciones formales, lo que, según la organización, afecta la moral interna y la credibilidad internacional del país.

PAUSA FEDERAL A LA EOLICA MARINA EN ESTADOS UNIDOS: SEGURIDAD, DEBATE POLITICO E IMPACTO ENERGETICO

La administración del presidente Donald Trump anunció este lunes la suspensión de los arrendamientos federales de todos los grandes proyectos de energía eólica marina que actualmente están en construcción en Estados Unidos. La decisión se presentó como una medida preventiva por razones de seguridad nacional y supone un endurecimiento frente a una industria que había avanzado con inversiones relevantes y con planes para sumar nueva capacidad eléctrica en los próximos años.

Según lo informado por el Departamento del Interior, la medida alcanza cinco proyectos en el océano Atlántico. Entre ellos se encuentra un desarrollo frente a las costas de Virginia que, por su escala, podría convertirse en el mayor parque eólico marino del país. Su cronograma contemplaba finalizar hacia finales de 2026 y aportar electricidad a un estado con alta demanda, impulsada en parte por la expansión de centros de datos. Otros parques afectados se ubican frente a Nueva Inglaterra, región que ha promovido esta fuente como alternativa para fortalecer su oferta energética.

El gobierno no precisó públicamente cuáles son los riesgos específicos. En su comunicado, Interior mencionó preocupaciones señaladas en reportes clasificados y aludió a la posibilidad de que el movimiento de turbinas y la reflectividad de sus luces interfieran con sistemas de radar. En una entrevista con Fox Business, el secretario del Interior, Doug Burgum, afirmó que el Departamento de Defensa habría concluido que parques eólicos marinos de gran escala generan interferencias que representarían un riesgo, particularmente en la costa este. A su vez, un funcionario del Departamento de Defensa indicó que se está evaluando si existen opciones de mitigación para reducir eventuales impactos, sin ofrecer más detalles.

Este tipo de discusión no es nueva en el plano internacional. Se ha citado el caso de Suecia, que el año pasado bloqueó nuevos parques eólicos por inquietudes sobre radares militares, en un contexto geopolítico sensible. No obstante, especialistas han señalado que el diseño y la configuración de los parques pueden ajustarse para disminuir interferencias, y que el tema ha sido considerado por autoridades de distintos países desde hace años.

En el ámbito político interno, legisladores de Virginia cuestionaron la falta de información adicional que sustente la medida. Los senadores Mark Warner y Tim Kaine, junto con el congresista Bobby Scott, sostuvieron que la administración no ha compartido nuevos elementos que justifiquen la pausa y subrayaron que el presidente ha expresado reiteradamente una postura crítica sobre la eólica marina.

La decisión también generó reacciones en el sector energético, incluso más allá de los defensores de las renovables. La National Ocean Industries Association, que agrupa empresas vinculadas tanto a petróleo y gas como a eólica marina, advirtió sobre el riesgo para empleos e inversiones. Desde la industria eólica, Oceantic Network señaló que las compañías han trabajado durante años con el Departamento de Defensa para abordar preocupaciones de seguridad, y aseguró que los arrendamientos habían recibido aprobación antes de avanzar a construcción.

En términos económicos y de planificación energética, la suspensión podría frenar miles de millones de dólares en inversión y retrasar cerca de seis gigavatios de nueva capacidad prevista para los próximos años. Esto ocurre en un momento de tensión regional por costos eléctricos: en Nueva Inglaterra, la eólica marina se veía como una respuesta a limitaciones de infraestructura y suministro; y en estados del Atlántico medio, incluidos Virginia y zonas vecinas, se han reportado presiones en precios asociadas a restricciones de oferta.

Particular atención recibe el proyecto de Virginia, que, según un reporte estatal reciente, estaría aproximadamente en un 60% de avance y se proyectaba para aportar más de dos gigavatios al sistema, con capacidad suficiente para abastecer a cientos de miles de hogares. En conjunto, la pausa abre un escenario de incertidumbre regulatoria y de debate técnico: si los riesgos alegados se detallan y se pueden mitigar, o si la medida se consolida como un giro estructural que redefine el papel de la eólica marina en la matriz energética estadounidense.

IR A CONTRACORRIENTE EN EL PARTIDO REPUBLICANO: SEÑALES DE DISENSO INTERNO

“Ir a contracorriente” dentro del Partido Republicano se ha convertido, de forma puntual, en una descripción útil para entender cómo algunos legisladores han empezado a apartarse de la línea marcada por el presidente Donald Trump en votaciones y debates específicos. En análisis y reportes recientes, corresponsales y paneles políticos en EE. UU. han destacado que, aunque la influencia de Trump en su partido sigue siendo considerable, han aparecido fisuras visibles en temas sensibles y de alto costo político. 

Uno de los episodios más ilustrativos se dio en el proceso de confirmación de Pete Hegseth como secretario de Defensa: el Senado llegó a un empate que requirió el voto de desempate del vicepresidente J.D. Vance, después de que tres senadores republicanos votaran en contra (Susan Collins, Lisa Murkowski y Mitch McConnell). El caso mostró que, incluso en nominaciones estratégicas, puede surgir resistencia republicana cuando existen dudas sobre el perfil del nominado o el impacto político de respaldarlo. 

En materia económica, también se registraron gestos de distancia. En abril de 2025, el Senado aprobó una resolución para frenar los aranceles a Canadá con apoyo de cuatro republicanos —entre ellos Collins, Murkowski, McConnell y Rand Paul— en una votación descrita como en gran medida simbólica por las limitaciones para prosperar en la Cámara de Representantes. Aun así, el episodio reflejó incomodidad dentro del partido frente a costos domésticos y repercusiones comerciales de una agenda arancelaria amplia. 

Otro foco de tensión ha sido la disputa por la divulgación de documentos vinculados a Jeffrey Epstein. Según reportes citados por CNN, la Casa Blanca desplegó gestiones directas para intentar que legisladoras republicanas como Lauren Boebert retiraran su apoyo a un mecanismo parlamentario que forzaría una votación sobre la publicación de esos archivos; sin embargo, la presión no logró, al menos en esos casos, revertir el respaldo. Alrededor de esta discusión, el impulso de figuras como el representante Thomas Massie ha puesto de relieve que, en ciertos temas, la presión proviene tanto de dinámicas internas del Congreso como del propio electorado republicano. 

En conjunto, estos episodios no implican necesariamente una ruptura generalizada, pero sí apuntan a un patrón: algunos republicanos están calibrando con mayor cuidado cuándo alinearse y cuándo marcar matices, especialmente en un contexto de cálculos electorales, debates sobre agenda económica y controversias que pueden afectar la imagen del partido rumbo a los próximos comicios.

TRUMP INSISTE EN QUE ESTADOS UNIDOS “NECESITA” GROENLANDIA POR RAZONES DE SEGURIDAD NACIONAL Y DESIGNA ENVIADO ESPECIAL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este lunes que Groenlandia es clave para la seguridad nacional estadounidense y aseguró que el enviado especial que acaba de nombrar para la isla “liderará la ofensiva” diplomática en ese objetivo, una postura que volvió a generar un fuerte rechazo por parte de Dinamarca y de las autoridades groenlandesas.

Trump confirmó que el domingo designó al gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como su enviado especial para Groenlandia. El anuncio reavivó la tensión con Copenhague y Nuuk, luego de que el mandatario estadounidense ha defendido abiertamente que el territorio ártico, autónomo pero bajo soberanía danesa, pase a formar parte de Estados Unidos.

“Necesitamos Groenlandia por seguridad nacional, no por minerales”, afirmó Trump ante periodistas. Sostuvo que la presencia de buques rusos y chinos en las costas de la isla representa una amenaza estratégica y recalcó que Washington “tiene que tener” Groenlandia para proteger sus intereses. Añadió que Landry está dispuesto a “encabezar el esfuerzo” en esa dirección.

Las declaraciones provocaron una respuesta inmediata de Dinamarca y Groenlandia. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, señalaron en un comunicado conjunto que Groenlandia pertenece a su población y rechazaron de plano cualquier intento de anexión. “No se puede anexar otro país, ni siquiera bajo el argumento de la seguridad internacional”, afirmaron.

Lejos de moderar el tono, Landry celebró públicamente su nombramiento y agradeció a Trump, asegurando que es un honor asumir el rol “para hacer que Groenlandia sea parte de Estados Unidos”, y aclaró que se trata de un cargo voluntario que no afecta su posición como gobernador.

La presión estadounidense también se extendió al plano económico. El lunes, la administración Trump suspendió los contratos de arrendamiento de cinco grandes proyectos de energía eólica marina frente a la costa este de Estados Unidos, entre ellos dos desarrollados por la empresa danesa Orsted, de propiedad estatal, una decisión interpretada como una nueva señal de presión hacia Copenhague.

DEPARTAMENTO DEL TESORO LANZA OPERACIÓN PARA COMBATIR POSIBLE LAVADO DE DINERO VINCULADO A CARTELES

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el inicio de una operación de gran escala para investigar posibles actividades de lavado de dinero en más de 100 empresas de servicios monetarios (MSB, por sus siglas en inglés) que operan a lo largo de la frontera suroeste del país. La iniciativa es liderada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y se apoya en el uso intensivo de tecnología y análisis de datos.

Según informó el Tesoro, la operación ya derivó en la emisión de seis notificaciones formales de investigación, decenas de remisiones para auditorías por parte del Servicio de Impuestos Internos (IRS) y más de 50 cartas de advertencia y orientación en materia de cumplimiento regulatorio. Las empresas bajo escrutinio prestan servicios financieros fuera del sistema bancario tradicional y son consideradas de alto riesgo por su potencial exposición a recursos provenientes del narcotráfico, el tráfico de personas y otras actividades criminales.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que la acción responde a una directriz directa del presidente Donald Trump para utilizar todas las herramientas disponibles con el fin de frenar a los carteles, traficantes de drogas y redes de contrabando humano. De acuerdo con Bessent, la operación busca erradicar posibles esquemas de lavado de dinero relacionados con carteles dentro del sistema financiero estadounidense.

La investigación se basa en el análisis de más de un millón de Reportes de Transacciones en Efectivo y cerca de 87.000 Reportes de Actividad Sospechosa, información que las instituciones financieras están obligadas a presentar a FinCEN y que resulta clave para las autoridades encargadas de la seguridad y la aplicación de la ley. El Tesoro advirtió que se trata de una operación en curso y que, de confirmarse violaciones a la Ley de Secreto Bancario, podrían imponerse sanciones económicas, acciones civiles, advertencias formales e incluso remisiones a instancias penales.

La iniciativa se desarrolla en coordinación con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, el IRS y autoridades estatales y federales, como parte de la estrategia de la administración Trump para asegurar la frontera y desmantelar a las organizaciones criminales transnacionales.

El Tesoro destacó además que esta es la primera operación de este tipo impulsada por un enfoque completamente basado en datos y tecnología avanzada. Bajo el liderazgo de Bessent, la entidad ha reforzado sus capacidades de procesamiento de información para identificar redes ilícitas y convertir grandes volúmenes de datos financieros en pistas concretas para la toma de decisiones y la acción de las autoridades.

Finalmente, el departamento advirtió que las fallas en el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario representan una amenaza directa para la seguridad nacional, al privar a las autoridades de inteligencia financiera esencial y facilitar que las MSB sean utilizadas para el lavado de dinero y otros delitos graves. Por ello, reiteró que estas empresas están obligadas a mantener programas efectivos contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, verificar la identidad de sus clientes y reportar de manera oportuna las transacciones y actividades sospechosas.