Trump rechazó la idea de que iniciar una guerra con Irán contradiga su promesa de campaña de “no a las nuevas guerras”, señalando que como candidato “no prometió nada” en términos absolutos, y que nunca garantizó la ausencia de conflictos. “¿Por qué habría construido el ejército más poderoso del mundo?”, argumentó. Clasificó el conflicto —que comenzó el 28 de febrero— como una intervención necesaria para evitar que Irán adquiera un arma nuclear, diferenciándola de las “guerras interminables” que ha criticado históricamente.

En materia nuclear, Trump sostuvo que los ataques estadounidenses del año pasado “arrasaron” las instalaciones nucleares iraníes, aunque en otra parte de la entrevista insistió en que la amenaza nuclear iraní justifica la continuidad de las operaciones militares. Esta contradicción no fue resuelta durante la conversación.

Trump también defendió su decisión, tomada durante su primer mandato, de retirarse del acuerdo nuclear con Irán negociado por la administración Obama, sin haber concretado el “mejor acuerdo” que prometió en su momento. “Se necesitan años para hacer estas cosas”, justificó.

Sobre las primarias del martes en California, Trump reiteró —sin presentar evidencia— que los demócratas están manipulando el conteo de votos. El fiscal federal principal de Los Ángeles, designado por el propio Trump, informó el viernes que su oficina abrió múltiples investigaciones por fraude electoral. Los votos por correo, de tendencia demócrata y contabilizados tardíamente, han reducido los totales de los candidatos favoritos de Trump para gobernador y alcalde de Los Ángeles, un fenómeno habitual en el proceso electoral californiano que no constituye irregularidad.

Cuando la periodista Welker le solicitó pruebas concretas, Trump respondió: “Lo único que tengo que hacer es mirar. Y escucho a la gente”. Su frustración ante la insistencia de Welker fue escalando a lo largo de la entrevista, en un intercambio que terminó con Trump calificando a los medios de “corruptos” y “prensa falsa y sucia”.

Respecto al fondo de compensación, Trump defendió el plan —ya descartado por el fiscal general interino Todd Blanche— que habría destinado 1.776 millones de dólares a resolver la demanda del presidente contra el IRS por la filtración de sus declaraciones de impuestos. El fondo fue suspendido por un juez y generó críticas tanto de demócratas como de algunos republicanos, ante la posibilidad de que los recursos beneficiaran a participantes en los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Trump calificó la iniciativa como “una gran idea” y dijo que se sentiría “decepcionado” si no prosperaba.

La entrevista, realizada en un granero en Chippewa Falls, Wisconsin, se vio interrumpida en varias ocasiones por fuertes lluvias sobre el techo metálico. Al final, Trump se levantó, se quitó el micrófono y dio por concluida la sesión. Welker informó que habló con Trump y que el presidente aceptó que las condiciones climáticas complicaron la grabación, comprometiéndose a conceder una nueva entrevista en el futuro.

MÁS DE LA MITAD DE LOS LATINOAMERICANOS DEPORTADOS AL CONGO HAN RETORNADO A SUS PAÍSES DE ORIGEN

El retorno de la mayoría se produjo a través del programa de Retorno Voluntario Asistido de la Organización Internacional para las Migraciones, organismo afiliado a la ONU, que cubre los gastos de viaje y logística de quienes consienten en regresar a sus países como alternativa a la deportación forzosa. La OIM ha reiterado que estos retornos son “estrictamente voluntarios” y basados en consentimiento libre e informado.

Sin embargo, la abogada estadounidense Alma David, quien representa a una de las migrantes colombianas, cuestionó la naturaleza de esa voluntariedad. Señaló que sus representados habían obtenido protección de tribunales federales estadounidenses contra la deportación a sus países de origen, al considerar que enfrentaban riesgo de persecución. “El hecho de que optaran por regresar allí de todos modos genera serias preocupaciones, ya que probablemente se sintieron acorralados al no ofrecérseles ninguna alternativa viable”, declaró.

Una de las colombianas que permanece en el Congo es Adriana María Quiroz Zapata, cuya situación reviste especial gravedad: fue deportada a ese país africano a pesar de que el Congo se negó a recibirla por no poder brindarle la atención médica que requiere. Un juez federal estadounidense ordenó el mes pasado al gobierno de Trump que la repatriara a Estados Unidos, orden que hasta ahora no ha sido acatada.

El Congo es una de al menos ocho naciones africanas con las que Estados Unidos ha suscrito acuerdos de deportación en terceros países. Según activistas, la administración Trump ha deportado a miles de personas a cerca de dos docenas de países distintos al suyo mediante acuerdos que en muchos casos se han mantenido bajo reserva.

Organizaciones de derechos humanos denuncian que estos mecanismos funcionan como un resquicio legal para obligar indirectamente a solicitantes de asilo a regresar a sus países de origen, eludiendo las protecciones que les han sido reconocidas judicialmente en Estados Unidos.

El gobierno congoleño, por su parte, calificó los retornos como parte de un proceso “estrictamente transitorio, temporal y limitado en el tiempo”, y anunció que se producirán nuevas salidas en el marco del acuerdo suscrito con Washington.

En paralelo, el mismo día del anuncio, abogados de derechos humanos presentaron una demanda contra Guinea Ecuatorial ante el principal organismo de derechos humanos de África, acusando a esa nación centroafricana de obligar a deportados desde Estados Unidos a regresar a sus países de origen en violación de sus derechos fundamentales, lo que refleja una creciente presión jurídica internacional sobre los acuerdos de deportación en terceros países impulsados por la administración Trump.

CALIFORNIA, EN EL CENTRO DE LA POLÉMICA POR DEMORAS EN RESULTADOS ELECTORALES

La legislación californiana establece que las papeletas enviadas por correo con matasellos del día de la elección o antes pueden ser contabilizadas legalmente si se reciben hasta siete días después de los comicios. Este mecanismo, plenamente legal y ampliamente conocido, explica la demora en los resultados finales que Trump interpreta como señal de irregularidad.

En una entrevista emitida por NBC News, Trump cuestionó que cinco días después de los comicios no se hubiera proclamado un ganador. “¿Creen que es apropiado que tengan una elección y cinco días después no estén ni cerca de elegir a un ganador?”, planteó, sin reconocer que el sistema de voto por correo de California opera bajo reglas definidas por ley estatal.

Las acusaciones presidenciales apuntan específicamente a las contiendas por la gobernación del estado y la alcaldía de Los Ángeles. Según proyecciones de medios locales, el demócrata Xavier Becerra se perfila para avanzar a la elección general por la gobernación, mientras la disputa republicana entre Tom Steyer y Steve Hilton —este último respaldado por Trump— permanece sin definirse. Los últimos resultados parciales muestran una competencia reñida en ambas contiendas.

Trump afirmó en redes sociales que los demócratas “están intentando robarles” la victoria a los candidatos republicanos, y sostuvo que el Departamento de Justicia estaría investigando el proceso electoral californiano. El fiscal federal principal de Los Ángeles, designado por el propio Trump, confirmó que su oficina abrió múltiples investigaciones por fraude electoral, sin especificar los hechos concretos que las motivaron.

No es la primera vez que Trump cuestiona los resultados en California. Desde el martes ha publicado reiteradamente en sus redes sociales acusaciones de manipulación sin acompañarlas de evidencia verificable. El patrón es consistente con su comportamiento tras las elecciones presidenciales de 2020, cuando afirmó —sin lograrlo demostrar ante los tribunales— que había existido fraude masivo en su derrota frente al entonces candidato Joe Biden.

Las afirmaciones del presidente contrastan con el funcionamiento ordinario del sistema electoral de California, el estado más poblado del país y un tradicional bastión demócrata, cuyo proceso de voto por correo es uno de los más extendidos de la nación y opera bajo marcos legales que los tribunales han validado en múltiples ocasiones.

El episodio añade presión sobre las instituciones electorales y judiciales, en un contexto en el que la administración Trump ha intensificado su escrutinio sobre los procesos comiciales en estados gobernados por demócratas, con implicaciones directas para la confianza pública en el sistema electoral estadounidense.

VOTANTES LATINOS DE FLORIDA PRIORIZAN COSTO DE VIDA Y SALUD POR ENCIMA DE OTROS TEMAS POLÍTICOS

El costo de vida encabeza la lista de preocupaciones, mencionado por el 60% de los encuestados como su principal prioridad. Le siguen los salarios y la generación de empleo, con un 40% exigiendo mejores remuneraciones. La atención médica ocupa el tercer lugar, con un 37% que señala los costos sanitarios —desde primas de seguro hasta acceso a medicamentos— como una carga insostenible para los hogares.

“La crisis de asequibilidad en Florida se está manifestando en todos los aspectos de la vida diaria”, señaló Jared Nordlund, director estatal de UnidosUS en Florida, quien destacó que el estado sigue rezagado precisamente en los ámbitos donde la demanda ciudadana es más urgente: cobertura de salud, atención médica asequible y sistemas de apoyo básico para familias trabajadoras.

La situación en materia de salud es especialmente crítica. Laura Kallus, directora ejecutiva del Caridad Center, advirtió que cada vez más familias están postergando atención médica, racionando medicamentos o acudiendo a servicios solo cuando una condición se vuelve urgente, porque el presupuesto del hogar ya fue consumido por el alquiler, los alimentos, el transporte y los servicios públicos.

La encuesta incluyó 300 encuestados ubicados en distritos congresionales competitivos de Florida, lo que otorga relevancia electoral directa a sus hallazgos. Florida ha registrado un fuerte crecimiento poblacional y económico en años recientes, pero una amplia mayoría de los encuestados afirma que los beneficios de ese crecimiento no se traducen en mejoras tangibles para su vida cotidiana.

En materia migratoria, el tema ocupa un lugar relevante aunque con matices que trascienden el debate político habitual. La gran mayoría apoya mecanismos de legalización para inmigrantes con años de residencia en el país, y expresa preocupación por el impacto que las acciones de control migratorio están generando en comunidades, escuelas y centros de trabajo.

Las dudas sobre las instituciones democráticas también emergen con fuerza. El 84% de los encuestados manifiesta preocupación porque el Congreso no está cumpliendo su función de contrapeso frente al poder ejecutivo, cifra superior al 81% registrado en noviembre de 2025. El 68% considera que el país avanza en la dirección equivocada y expresa escepticismo sobre la capacidad de Washington para atender las necesidades económicas de las familias latinas.

Los resultados configuran una señal de alerta para ambos partidos en un estado que ha sido escenario de una reconfiguración política significativa entre el electorado hispano en los últimos ciclos electorales. La asequibilidad, el acceso a servicios esenciales y la estabilidad económica se consolidan como los ejes que definirán la evaluación política de los votantes latinos de Florida en los próximos comicios.

DEMANDA FEDERAL BUSCA FRENAR EL EVENTO DE UFC PROGRAMADO EN EL JARDÍN SUR DE LA CASA BLANCA

La demanda fue presentada por el Public Integrity Project en nombre de dos residentes de Virginia. Sus argumentos centrales son tres: que el evento deportivo comercial infringe las regulaciones del Servicio de Parques Nacionales, que el Congreso no autorizó la construcción del imponente arco octogonal que domina el escenario, y que no se realizó ninguna evaluación ambiental previa a las obras.

“Se trata, fundamentalmente, de un uso privado, comercial y corrupto de nuestros monumentos nacionales más sagrados para beneficio personal”, declaró Brendan Ballou, abogado de los demandantes, al explicar las razones que motivaron la acción legal.

La Casa Blanca respondió calificando la impugnación de “obstruccionista, infundada y dilatoria”, y sostuvo que el evento no difiere de otros actos organizados regularmente en el Jardín Sur y en espacios públicos como la Elipse y el National Mall. La UFC no emitió comentarios al respecto.

En tanto, los trabajos de construcción continúan en el jardín sur. Trump ha descrito el proyecto como “un estadio con capacidad para 5.000 personas justo a la entrada de la Casa Blanca”. Adicionalmente, se instalarán pantallas gigantes en un parque cercano a la Elipse para la retransmisión de los combates, y la UFC prevé distribuir hasta 85.000 entradas gratuitas para dar cabida a los espectadores en ambos escenarios.

El octágono y las estructuras asociadas forman parte del impulso constructor más amplio que Trump ha promovido en los alrededores de la Casa Blanca desde su regreso al poder.

Los jueces deberán resolver si la autorización gubernamental cumplió con las normas federales de uso de suelo y protección ambiental, o si la envergadura comercial del espectáculo lo sitúa fuera del marco legal permitido para espacios de esta naturaleza.

El evento, de confirmarse, marcaría un hito sin precedentes en la historia de la residencia presidencial, al convertir por primera vez el jardín sur en escenario de una competencia deportiva profesional de alcance masivo.