El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que designa al fentanilo ilícito y a su principal químico precursor como armas de destrucción masiva (WMD), elevando la lucha contra esta droga al máximo nivel de seguridad nacional. La Casa Blanca justificó la medida al señalar que el fentanilo es responsable de cientos de miles de muertes y se ha convertido en la principal causa de fallecimiento entre estadounidenses de 18 a 45 años.

La orden instruye al Departamento de Justicia a perseguir de inmediato cargos criminales más severos, así como aumentos y variaciones de sentencia en casos de tráfico de fentanilo. Además, ordena a los secretarios de Estado y del Tesoro adoptar acciones contra activos e instituciones financieras vinculadas a la fabricación, distribución y comercialización de esta sustancia. También se contempla la posibilidad de que el “Department of War” provea recursos adicionales de seguridad nacional al Departamento de Justicia en situaciones de emergencia relacionadas con armas de destrucción masiva.

El gobierno subrayó que el fentanilo “se asemeja más a un arma química que a un narcótico”, recordando que una dosis de apenas dos miligramos puede resultar letal. Según la Casa Blanca, los carteles y organizaciones terroristas extranjeras utilizan las ganancias del fentanilo para financiar asesinatos, terrorismo e insurgencias, y existe un riesgo real de que esta sustancia sea utilizada en ataques terroristas a gran escala.

En ese contexto, el presidente insistió en que la ofensiva contra el narcotráfico escalará más allá de las medidas judiciales y financieras. Trump afirmó que los ataques en tierra contra las redes del narcotráfico, particularmente aquellas con origen en Venezuela y Colombia, “empezarán pronto” y sostuvo que este tipo de operaciones “son más fáciles”, enmarcándolas como parte de una estrategia integral para desmantelar a los carteles y cortar de raíz el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

Implicaciones de la Orden Ejecutiva frente a otros países

La decisión de clasificar el fentanilo como arma de destrucción masiva tiene implicaciones directas y profundas en las relaciones de Estados Unidos con otros países, especialmente en materia de seguridad, comercio y diplomacia coercitiva.

En primer lugar, eleva el problema del fentanilo del ámbito sanitario y criminal al de seguridad nacional y defensa, lo que amplía el margen legal y político de Estados Unidos para actuar fuera de su territorio. Esto abre la puerta a sanciones más duras, acciones financieras extraterritoriales y cooperación forzada con países considerados origen, tránsito o facilitadores, como México, China, Venezuela y Colombia, bajo la lógica de no proliferación y combate a amenazas estratégicas.

Además, incrementa la presión diplomática y económica sobre gobiernos extranjeros. Al tratar el fentanilo como WMD, Washington puede justificar aranceles, restricciones comerciales, suspensión de ayudas o designaciones terroristas contra actores estatales o no estatales que “toleren” o no controlen redes de producción y tráfico. Esto convierte la cooperación antidrogas en una condición explícita de la relación bilateral, no en un tema negociable.

La medida también militariza el enfoque internacional antidrogas. Al involucrar al Department of War y vincular el fentanilo con terrorismo e insurgencia, Estados Unidos se reserva el derecho de operaciones encubiertas, apoyo militar, inteligencia reforzada e incluso acciones directas contra redes transnacionales. Esto puede tensar relaciones con países que perciban estas acciones como violaciones de soberanía, en particular en América Latina.

Finalmente, la designación redefine el mensaje estratégico de Washington: el fentanilo deja de ser un problema compartido y pasa a ser una amenaza existencial atribuible a actores externos. Esto endurece el tono con aliados y socios, reduce los espacios de ambigüedad diplomática y obliga a otros países a alinearse activamente con la estrategia estadounidense o asumir costos políticos, económicos y reputacionales si no lo hacen.

EE. UU. Y PARAGUAY PROFUNDIZAN COOPERACIÓN EN SEGURIDAD CON ACUERDO SOFA

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, para firmar un Acuerdo sobre el Estatus de las Fuerzas (SOFA) entre ambos países. El acuerdo establece un marco jurídico claro para la presencia y las actividades del personal militar estadounidense y del personal civil del Department of War en territorio paraguayo.

Según informó el Departamento de Estado, el acuerdo facilitará entrenamientos bilaterales y multinacionales, operaciones de asistencia humanitaria, respuesta a desastres y otras iniciativas vinculadas a intereses de seguridad compartidos. Rubio subrayó que el SOFA refleja el compromiso de Estados Unidos de coordinar estrechamente con Paraguay en materia de seguridad regional y destacó el papel creciente del país sudamericano como líder regional y referente en temas de estabilidad hemisférica.

Ambos funcionarios coincidieron en que el acuerdo fortalece una asociación de larga data y respalda prioridades comunes en materia de soberanía, cooperación y seguridad. De acuerdo con el comunicado oficial, Washington y Asunción expresaron su confianza en que el SOFA contribuirá a una mayor estabilidad y prosperidad en la región, al tiempo que consolida la cooperación bilateral en un contexto geopolítico cada vez más desafiante.

AUTORIDADES DE EE. UU. DESBARATAN PLAN DE ATAQUES CON BOMBAS CONTRA MÚLTIPLES OBJETIVOS EN CALIFORNIA

El FBI frustró un presunto plan de atentados con bombas que tenía como objetivo múltiples puntos en el área de Los Ángeles, incluidos agentes y vehículos de Immigration and Customs Enforcement (ICE), informó la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi. Cuatro personas enfrentan cargos federales por conspiración y posesión de un artefacto destructivo no registrado, de acuerdo con una denuncia presentada ante un tribunal federal en California.

Según Bondi, el grupo autodenominado “Turtle Island Liberation Front” —al que describió como de extrema izquierda, pro-Palestina, anti-gobierno y anti-capitalista— planeaba ejecutar una serie de ataques a partir de la medianoche de Año Nuevo. La acusación señala que el plan contemplaba la colocación de dispositivos explosivos en cinco ubicaciones, dirigidas contra dos empresas estadounidenses del sector logístico en el sur de California.

Los acusados fueron identificados como Audrey Illeene Carroll; Zachary Aaron Page; Dante Gaffield; y Tina Lai. De acuerdo con una declaración jurada citada en el expediente, Carroll presentó en noviembre a una fuente confidencial del FBI un documento manuscrito titulado “Operation Midnight Sun”, en el que se detallaba el plan para los atentados.

La investigación sostiene que Carroll y Page reclutaron posteriormente a los otros dos implicados y que el grupo adquirió materiales para fabricar explosivos, trasladándose a una zona remota del desierto de Mojave para construir y detonar dispositivos de prueba el 12 de diciembre de 2025. Agentes del FBI intervinieron antes de que los sospechosos lograran ensamblar un artefacto explosivo funcional.

Las autoridades también indicaron que los acusados participaban en un chat de Signal denominado “Order of the Black Lotus”, descrito por uno de sus miembros como “radical”. Además de los atentados planeados para Año Nuevo, el grupo habría discutido ataques posteriores contra agentes y vehículos de ICE con bombas caseras en los primeros meses de 2026. El fiscal federal en Los Ángeles, Bill Essayli, advirtió que podrían presentarse cargos adicionales a medida que avance la revisión de las pruebas.

JUICIO A JUEZA DE WISCONSIN TENSIONA LA OFENSIVA MIGRATORIA DE TRUMP

Una jueza del estado de Wisconsin enfrentará un juicio federal por presuntamente ayudar a un migrante a evadir un arresto migratorio dentro de su sala de audiencias, en un caso que pone a prueba la estrategia del presidente Donald Trump para sancionar cualquier obstrucción a su ofensiva de deportaciones masivas. La magistrada Hannah Dugan, jueza electa del Circuito del Condado de Milwaukee, se declaró no culpable de los cargos presentados por el Departamento de Justicia.

Dugan está acusada de ocultar a una persona frente a una orden de arresto y de obstruir un procedimiento federal, en relación con un incidente ocurrido el 18 de abril. Ese día, agentes del Immigration and Customs Enforcement (ICE) y de otras agencias federales planeaban arrestar a un ciudadano mexicano, Eduardo Flores-Ruiz, quien debía comparecer ante el tribunal por cargos de violencia doméstica.

Según la acusación, la jueza habría desviado a los agentes federales del pasillo donde se pretendía ejecutar el arresto tras la audiencia y posteriormente habría escoltado a Flores-Ruiz y a su abogado fuera de la sala por una puerta no pública. No obstante, el migrante terminó transitando por un pasillo público y fue detenido tras una breve persecución fuera del edificio judicial, de acuerdo con documentos del caso.

El proceso contra Dugan, poco común tratándose de una jueza en ejercicio, refleja las crecientes tensiones en torno a las tácticas de control migratorio del gobierno Trump, en particular la presencia de agentes federales en tribunales locales. Mientras el Departamento de Justicia ha instruido investigar a funcionarios y activistas que presuntamente interfieran con estas operaciones, críticos advierten que estas prácticas pueden desalentar la comparecencia judicial y erosionar la confianza en el sistema legal.

La defensa de Dugan sostiene que la jueza actuó de buena fe y conforme a los protocolos del tribunal, que ordenan alertar a un supervisor ante la presencia de agentes de ICE. Sus abogados argumentarán que la magistrada buscó evitar controversias similares a arrestos migratorios previos ocurridos en el mismo tribunal. Mientras avanza el juicio, la Corte Suprema de Wisconsin ha suspendido temporalmente a Dugan de sus funciones judiciales.

CONSUMO NAVIDEÑO EN EE. UU. ALCANZARÁ NIVELES HISTÓRICOS EN 2025

El gasto de los consumidores estadounidenses durante la temporada de compras navideñas de 2025 superará por primera vez el umbral del billón de dólares, según las proyecciones de la National Retail Federation (NRF). La entidad estima que las ventas minoristas de noviembre y diciembre se ubicarán entre US$1,01 billones y US$1,02 billones, lo que implicaría un crecimiento de entre 3,7% y 4,2% frente al año anterior, pese a un entorno económico marcado por presiones inflacionarias y mayor incertidumbre.

El pronóstico se conoce en un contexto complejo, atravesado por el cierre gubernamental más prolongado en la historia de Estados Unidos, que ha limitado la publicación de estadísticas oficiales clave sobre empleo y ventas minoristas. Esta interrupción ha dificultado el seguimiento en tiempo real del comportamiento del consumo y ha generado mayor cautela en los análisis económicos.

De acuerdo con Mark Matthews, economista jefe y director ejecutivo de investigación de la NRF, el cierre del gobierno ha erosionado los ingresos del sector privado y afectado la confianza de los consumidores. Matthews señaló que, aunque se espera una normalización del gasto tras la reapertura, persisten problemas estructurales que van más allá de la coyuntura fiscal, en particular el aumento de la brecha entre hogares de altos y bajos ingresos.

El informe de la NRF se basa en modelos económicos que incorporan variables como gasto del consumidor, ingreso personal disponible, empleo, salarios, inflación y datos previos de ventas minoristas. La medición excluye sectores como concesionarios de automóviles, estaciones de gasolina y restaurantes, con el fin de concentrarse en el desempeño del comercio minorista tradicional. Según la federación, la temporada navideña representa cerca del 19% de las ventas anuales del sector.

El presidente y director ejecutivo de la NRF, Matthew Shay, destacó que el comportamiento de los consumidores ha sido más resiliente de lo esperado, aunque con un patrón de compra cada vez más selectivo. “Estamos observando un comportamiento y una participación realmente positivos por parte de los consumidores. En justicia, eso ha sido algo sorprendente”, afirmó, al tiempo que advirtió que el ritmo de crecimiento del gasto se está desacelerando frente a años previos.

Aunque el crecimiento proyectado para 2025 es inferior al registrado tras la pandemia, se mantiene por encima del promedio de 3,6% observado entre 2010 y 2019. Tras el fuerte repunte de 2020 y 2021, cuando el gasto navideño aumentó 8,9% y 12,5% respectivamente, las ventas se han ido moderando. En 2024, el gasto alcanzó US$976.000 millones, con un crecimiento de 4,3% frente a 2023.

Otras proyecciones confirman esta desaceleración. Mastercard SpendingPulse anticipa un aumento del 3,6% en las ventas entre el 1 de noviembre y el 24 de diciembre, mientras que Deloitte Services LP prevé un alza de entre 2,9% y 3,4% para el periodo extendido hasta enero. En el comercio electrónico, Adobe estima ventas por US$253.400 millones, un crecimiento de 5,3%, menor al 8,7% de 2024, en un contexto donde los hogares de menores ingresos enfrentan mayores dificultades para absorber el impacto de la inflación y de los aranceles.

CONFIANZA DE CONSTRUCTORES SUBE A SU MEJOR NIVEL EN OCHO MESES, PERO SIGUE BAJO PRESIÓN

La confianza de los constructores de vivienda en Estados Unidos registró un leve avance en diciembre, alcanzando su nivel más alto en ocho meses, según la National Association of Home Builders (NAHB). El índice NAHB/Wells Fargo Housing Market subió un punto hasta 39, su mejor lectura desde abril, en línea con las expectativas de los analistas, aunque se mantuvo por debajo del umbral de 50 por vigésimo mes consecutivo.

Pese a la mejora marginal, el sector continúa enfrentando un entorno complejo marcado por la incertidumbre económica y las restricciones de asequibilidad que mantienen a muchos compradores potenciales al margen del mercado. La NAHB señaló que, aunque las tasas hipotecarias han descendido desde los niveles elevados de comienzos de año, la debilidad del mercado laboral ha limitado el impacto positivo de esa corrección.

Los constructores también siguen presionados por el aumento de los costos de construcción, impulsado en parte por los aranceles impuestos por la administración del presidente Donald Trump sobre productos importados como madera, gabinetes de cocina y muebles de baño. A ello se suma el impacto del endurecimiento de la política migratoria, que ha reducido la disponibilidad de mano de obra en el sector. “Las condiciones del mercado siguen siendo desafiantes”, afirmó el presidente de la NAHB, Buddy Hughes, al subrayar que los aranceles están teniendo “repercusiones serias” sobre los costos.

La debilidad de la demanda ha provocado un aumento en el inventario de viviendas sin vender, reduciendo el incentivo para iniciar nuevos proyectos. En diciembre, alrededor del 40% de los constructores reportó recortes de precios, por segundo mes consecutivo en niveles iguales o superiores a 40%, una proporción no vista de forma sostenida desde mayo de 2020. La reducción promedio de precios fue de 5%, inferior al 6% registrado en noviembre.

En paralelo, el uso de incentivos para atraer compradores alcanzó un máximo del periodo pospandemia. El 67% de los constructores indicó estar ofreciendo incentivos, frente al 65% observado desde septiembre. En cuanto a los subíndices, las condiciones actuales de ventas subieron a 42 desde 41, las expectativas de ventas futuras avanzaron a 52 desde 51, y el indicador de tráfico de compradores potenciales se mantuvo sin cambios en 26.

IMPACTO EN HOLLYWOOD POR ACUSACIÓN CONTRA EL HIJO DE ROB REINER

El hijo del actor y cineasta estadounidense Rob Reiner fue arrestado y acusado de homicidio tras la muerte de sus padres, hallados sin vida el fin de semana en su residencia de Los Ángeles, informó el jefe de la Policía de la ciudad, Jim McDonnell. Nick Reiner, fue formalmente imputado por asesinato y permanece detenido con una fianza fijada en US$4 millones, según registros del condado.

Las autoridades encontraron a Rob Reiner y a su esposa Michele Reiner muertos en su vivienda del exclusivo vecindario de Brentwood el domingo, luego de responder a una llamada que reportaba un fallecimiento en el lugar. Medios locales señalaron que la pareja habría sido asesinada con arma blanca, aunque la policía no ha detallado públicamente las causas exactas de la muerte.

Nick Reiner había hablado abiertamente en el pasado sobre sus problemas de adicción a las drogas y episodios de indigencia. En una entrevista con la revista People en 2016, relató que ingresó por primera vez a rehabilitación a los 15 años y que acumuló al menos 17 internaciones en centros especializados a lo largo de los años, mientras alternaba periodos de recaídas y fuga de tratamientos.

La muerte de Rob Reiner generó una ola de homenajes en el ámbito cultural y político. Reiner fue ampliamente reconocido tanto por su trayectoria como actor en “All in the Family”, papel que le valió dos premios Emmy, como por su carrera como director de clásicos del cine estadounidense, entre ellos “This Is Spinal Tap”, “Stand by Me”, “The Princess Bride”, “Misery”, “A Few Good Men” y “When Harry Met Sally…”.

Además de su legado cinematográfico, Reiner fue un activo defensor de causas progresistas y participó en campañas políticas demócratas. Michele Reiner, por su parte, fue fotógrafa y autora de la imagen de Donald Trump que aparece en la portada de su libro “Trump: The Art of the Deal”. El caso judicial contra su hijo continúa bajo investigación, mientras las autoridades avanzan en el proceso penal.