El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las conversaciones con Irán avanzan de manera positiva y señaló que espera contar con más información “al final del día”, en medio de un nuevo episodio de tensiones en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más estratégicas del mundo. Durante un evento en la Casa Blanca en el que firmó una orden ejecutiva para acelerar la revisión de terapias innovadoras para la salud mental, el mandatario evitó responder preguntas adicionales sobre la situación, aunque reiteró que existen “muy buenas conversaciones en curso”.

Trump sostuvo que Irán “se puso un poco creativo” al intentar nuevamente restringir el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, en referencia a reportes que indican que Teherán habría endurecido su postura frente al bloqueo naval impuesto por Estados Unidos. “Querían cerrar el estrecho otra vez”, afirmó el presidente, al tiempo que advirtió que Washington no cederá a presiones en medio de las negociaciones. “No pueden chantajearnos”, añadió.

Irán anunció que retomó el control del estrecho de Ormuz y que mantendrá restricciones al tránsito de embarcaciones mientras continúe el bloqueo estadounidense sobre sus puertos, una medida que, según autoridades iraníes, constituye una violación del alto el fuego vigente. El comando militar conjunto del país indicó que el paso marítimo se encuentra bajo “estricto control y supervisión” de las fuerzas armadas, lo que refuerza el riesgo de nuevos episodios de disrupción en el comercio energético internacional.

De acuerdo con reportes de monitoreo marítimo, embarcaciones de la Guardia Revolucionaria iraní habrían abierto fuego contra un petrolero que transitaba por la zona, mientras que un proyectil impactó un buque portacontenedores, causando daños en parte de su carga. Asimismo, al menos dos buques con bandera india habrían tenido que cambiar su ruta tras incidentes en el área, incluyendo un superpetrolero que transportaba crudo iraquí, lo que evidencia la persistencia de riesgos operativos para el transporte marítimo.

Por otro lado, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán señaló que el país está evaluando nuevas propuestas presentadas por Estados Unidos a través de la mediación del jefe del ejército de Pakistán, quien recientemente visitó Teherán para facilitar el diálogo entre las partes. Aunque no se revelaron detalles sobre el contenido de las propuestas, las autoridades iraníes indicaron que cualquier avance requerirá que Washington reduzca lo que calificó como “demandas excesivas” y ajuste sus posiciones a la situación actual.

El organismo también reiteró que Irán mantendrá el control total sobre el tránsito en el estrecho de Ormuz hasta que finalice el conflicto y se alcance una paz duradera en la región, incluyendo la posibilidad de recopilar información detallada de las embarcaciones, emitir certificados de tránsito e imponer tarifas. Asimismo, sostuvo que el bloqueo naval estadounidense contradice los términos del alto el fuego, por lo que no se prevé una reapertura plena del paso marítimo mientras se mantengan las restricciones sobre sus puertos.

DEPARTAMENTO DE ESTADO SANCIONA AL VICEMINISTRO DEL INTERIOR DE NICARAGUA POR VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones al viceministro del Interior de Nicaragua, Luis Roberto Cañas Novoa, por su presunta participación en graves violaciones de derechos humanos vinculadas a la represión de las protestas iniciadas en abril de 2018. La medida fue anunciada por el Departamento de Estado como parte de las acciones orientadas a responsabilizar a funcionarios asociados con abusos contra manifestantes y opositores políticos en el país centroamericano.

El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que “hace casi ocho años, la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega desató una brutal ola de represión contra los nicaragüenses que valientemente se opusieron al creciente nivel de tiranía, corrupción y abusos del régimen”. Según el funcionario, la designación busca conmemorar el aniversario de las protestas de 2018 y recordar a los más de 325 manifestantes que murieron durante la represión estatal.

La sanción fue aplicada bajo la sección 7031(c), una disposición que permite restringir visados y prohibir el ingreso a Estados Unidos a personas implicadas en violaciones graves de derechos humanos o actos significativos de corrupción. De acuerdo con Rubio, el viceministro fue designado por su presunta implicación en acciones que afectaron derechos fundamentales durante la respuesta del gobierno a las manifestaciones ciudadanas.

La decisión se produce pocos días después de que el Departamento del Tesoro anunciara sanciones contra dos hijos del presidente Daniel Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo, así como contra otras cinco personas vinculadas al sector energético y minero del país. Las medidas también incluyeron restricciones sobre siete empresas asociadas con la extracción y comercialización de oro, un sector que Washington considera clave en la financiación del aparato estatal nicaragüense.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC), los sancionados “ayudan a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua”, además de participar en la “incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua” relacionadas con la industria aurífera. Las autoridades estadounidenses consideran que estas actividades contribuyen a fortalecer la estructura económica del régimen.

Nicaragua atraviesa una prolongada crisis política desde las protestas de 2018, que se intensificó tras las elecciones de noviembre de 2021 en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato. Washington ha señalado reiteradamente que el gobierno nicaragüense ha restringido libertades civiles y reprimido a opositores políticos, lo que ha deteriorado las relaciones bilaterales y ha derivado en múltiples rondas de sanciones.

EE.UU. RESPALDA PRESUPUESTO UNIFICADO DE LIBIA PARA FORTALECER ESTABILIDAD ECONÓMICA

Estados Unidos, junto con Egipto, Francia, Alemania, Italia, Qatar, Arabia Saudita, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido, expresó su respaldo a la firma de un presupuesto unificado para Libia correspondiente a 2026, el primero adoptado a nivel nacional en más de diez años. El acuerdo representa un avance en la coordinación económica entre las autoridades del este y el oeste del país, en un momento en que la fragmentación institucional ha limitado la capacidad de implementar políticas fiscales y de desarrollo de alcance nacional.

Los países firmantes destacaron que la adopción del presupuesto puede contribuir a fortalecer la estabilidad financiera de Libia, respaldar el valor del dinar y preservar el poder adquisitivo de la población, al tiempo que facilitaría la ejecución de proyectos de inversión y desarrollo en distintas regiones del país. Asimismo, señalaron que la coordinación presupuestaria permitirá mejorar el funcionamiento de instituciones técnicas clave, como el Banco Central de Libia, la Corporación Nacional de Petróleo y la Oficina de Auditoría.

El presupuesto incluye el primer plan operativo en años para la Corporación Nacional de Petróleo, así como recursos destinados a incrementar la producción energética del país. Según el comunicado conjunto, el aumento de la producción de petróleo y gas podría contribuir tanto a la recuperación económica de Libia como a la estabilidad de los mercados energéticos regionales y globales, en un entorno marcado por la volatilidad de la oferta y los riesgos geopolíticos.

Los países firmantes reiteraron su apoyo a la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia y al plan de trabajo promovido por la representante especial del secretario general de la ONU, Hanna Tetteh, orientado a facilitar un proceso político liderado por los propios libios que permita avanzar hacia instituciones unificadas y la celebración de elecciones nacionales. El fortalecimiento de la coordinación económica se considera un elemento complementario para consolidar la estabilidad política y la gobernabilidad del país.

EE.UU. REANUDA VUELOS DE DEPORTACIÓN HACIA LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO EN MEDIO DE AJUSTES EN POLÍTICA MIGRATORIA

El primer grupo de deportados desde Estados Unidos hacia la República Democrática del Congo (RDC) arribó a la capital, Kinshasa, marcando la reanudación de vuelos de repatriación que habían estado suspendidos o limitados durante años.

De acuerdo con fuentes diplomáticas y de seguridad en el aeropuerto de N’djili, el vuelo transportaba a ciudadanos congoleños que habían agotado sus recursos legales para permanecer en territorio estadounidense. Esta acción se alinea con la retórica de la administración Trump de priorizar la seguridad fronteriza y el cumplimiento estricto de las órdenes de deportación pendientes.

Aunque el número exacto de personas no fue revelado de inmediato por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), fuentes en Kinshasa confirmaron que el proceso se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y coordinación con las autoridades locales.

El gobierno congoleño, liderado por el presidente Félix Tshisekedi, ha mantenido una comunicación fluida con Washington en temas de seguridad regional; sin embargo, la aceptación de estos vuelos de deportación representa un reto logístico y social para el país africano, que ya enfrenta desplazamientos internos masivos.

CASA BLANCA IMPULSA APROBACIÓN ACELERADA DE TERAPIAS PSICODÉLICAS PARA ENFERMEDADES MENTALES GRAVES

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva orientada a acelerar la investigación, evaluación regulatoria y eventual aprobación de tratamientos innovadores para enfermedades mentales graves, incluyendo terapias basadas en sustancias psicodélicas. La medida busca ampliar el acceso a alternativas médicas para pacientes que no han respondido de manera adecuada a tratamientos tradicionales, en un escenario en el que los trastornos depresivos, el abuso de sustancias y otros diagnósticos severos continúan representando una carga significativa para el sistema de salud.

La orden señala que más de 14 millones de adultos en Estados Unidos padecen una enfermedad mental grave que afecta sustancialmente su capacidad de funcionamiento, mientras que alrededor de 8 millones reciben tratamiento farmacológico para estas condiciones. También destaca que la tasa de suicidio aumentó 37% entre 2000 y 2018, aunque registró una reducción de 5% entre 2018 y 2020, antes de volver a incrementarse tras la pandemia. El impacto es particularmente significativo en la población veterana, donde la tasa de suicidio supera en más del doble la observada en la población adulta no veterana.

El enfoque de la administración contempla acelerar el desarrollo de terapias innovadoras que puedan generar mejoras duraderas en pacientes con trastornos complejos que no responden a los tratamientos convencionales. Según el texto, compuestos psicodélicos como la ibogaína han mostrado resultados prometedores en estudios clínicos y algunos ya han recibido la designación de “Breakthrough Therapy” por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA), lo que permite agilizar los procesos de revisión cuando existe evidencia preliminar de beneficios sustanciales frente a terapias existentes.

Como parte de la estrategia regulatoria, la FDA otorgará prioridad en la revisión a medicamentos psicodélicos elegibles mediante el programa de “National Priority Vouchers”, mientras que la FDA y la Administración de Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA) deberán establecer mecanismos que permitan el acceso de pacientes a estos tratamientos bajo el marco del “Right to Try Act”, que facilita el uso de terapias experimentales en casos donde no existen alternativas disponibles.

La orden también instruye al Departamento de Salud y Servicios Humanos (Department of Health and Human Services, HHS) a destinar al menos US$50 millones de fondos existentes para apoyar la colaboración con gobiernos estatales que estén desarrollando programas enfocados en el uso terapéutico de psicodélicos. Asimismo, se prevé un mayor intercambio de información clínica entre el HHS, la FDA y el Departamento de Asuntos de los Veteranos (Department of Veterans Affairs, VA), con el fin de ampliar la evidencia disponible y facilitar procesos de aprobación más ágiles para tratamientos que cumplan con los estándares regulatorios.

Adicionalmente, el fiscal general deberá revisar con prioridad la posible reclasificación regulatoria de sustancias actualmente catalogadas como de Lista I cuando los productos que las contienen completen exitosamente ensayos clínicos de Fase 3 para el tratamiento de enfermedades mentales graves. El objetivo es permitir que, en caso de aprobación, estos tratamientos puedan integrarse con mayor rapidez al sistema de salud, manteniendo el cumplimiento de los marcos regulatorios vigentes.