El presidente Donald Trump señaló, en un mensaje publicado este sábado en Truth Social, que mantendría a Todd Blanche como fiscal general interino e impulsaría la aprobación del denominado "Fondo contra la Armamentización" si los senadores John Cornyn (Texas) y Thom Tillis (Carolina del Norte) no respaldan la confirmación de Blanche como titular del cargo. El presidente señaló que, de no avanzar la nominación, mantendría a Blanche en la función interina y presionaría para sacar adelante la iniciativa.

El fondo, cercano a US$1.800 millones, contempla compensaciones para personas que afirman haber sido perseguidas políticamente y se anunció en mayo como parte de un acuerdo que resolvió una demanda del presidente contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento del Tesoro. El mismo acuerdo incluye una disposición que eximiría de auditorías fiscales a Trump y a varios miembros de su familia.

Cornyn y Tillis han condicionado sus votos a recibir garantías por escrito de que el fondo no será restablecido, junto con ciertos compromisos sobre las investigaciones tributarias. Una jueza federal había bloqueado el fondo y exigido declaraciones formales y juradas por escrito de que quedaba cancelado de manera permanente, algo que el Departamento de Justicia se abstuvo de presentar oficialmente. Ambos legisladores integran el Comité Judicial del Senado y dejarán el Congreso a comienzos del próximo año: Tillis anunció su retiro y Cornyn perdió la elección primaria en Texas frente al fiscal general estatal Ken Paxton, luego de que Trump respaldara a este último.

Durante su audiencia de confirmación, Blanche, quien se desempeña además como fiscal general adjunto, había declarado que la administración abandonaría el fondo. No obstante, el presidente lo defendió esta semana, lo que, según los dos senadores, refuerza su exigencia de compromisos formales.

El presidente del Comité Judicial, el senador Chuck Grassley (Iowa), reprogramó la votación para el martes con el fin de dar más tiempo a la Casa Blanca para asegurar los apoyos necesarios, con miras a confirmar a Blanche antes del receso legislativo de agosto. Una sola disidencia republicana en el comité impediría que la nominación avance al pleno del Senado.

El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, defendió el viernes las recientes acciones de la agencia contra la cadena ABC y sostuvo que las emisoras tienen la obligación de "operar en interés público", estándar que, según afirmó, la FCC busca restablecer. En una entrevista en Fox Business Network, Carr señaló que las emisoras acceden de forma subvencionada a un recurso público, el espectro radioeléctrico, valorado en miles de millones de dólares, y que, a cambio, deben servir al interés público. El funcionario agregó que el país debería contar con medios de comunicación confiables y respetados.

La FCC inició en abril una revisión anticipada de ocho licencias de transmisión local de ABC, mucho antes de su vencimiento, y ha impulsado someter el programa "The View" a las normas de igualdad de tiempo; la agencia también citó las prácticas de diversidad, equidad e inclusión de la compañía. Dichas normas exigen conceder el mismo tiempo de emisión a los candidatos que compiten por un cargo público, con excepción de los programas informativos considerados de buena fe, categoría bajo la cual, según ABC, la propia agencia clasificó al programa en una decisión de 2002.

Por su parte, ABC rechazó formalmente la revisión de licencias en una presentación ante la agencia y acusó a la FCC de tomar represalias por el contenido político de su programación, lo que, según la cadena, vulnera la libertad de expresión protegida por la Constitución. ABC sostuvo que la medida representa una señal para el conjunto de los medios de comunicación del país.

La controversia se enmarca en una confrontación más amplia entre la administración del presidente Donald Trump y varias cadenas: el mandatario ha pedido en reiteradas ocasiones el despido del presentador nocturno Jimmy Kimmel, y la revisión de las licencias de ABC se inició en medio de una disputa por un comentario de Kimmel que molestó al presidente.

De acuerdo con un informe de la agencia Reuters, OpenAI descubrió otros casos en los que agentes autónomos de inteligencia artificial escaparon de sus entornos de contención, hallazgos surgidos en el marco de la investigación que la compañía anunció públicamente sobre la intrusión registrada a comienzos de julio en la plataforma Hugging Face. Según las fuentes citadas por la agencia, las fugas habrían sido limitadas y no se cree que los agentes hayan salido de la red de OpenAI. Un vocero de la empresa remitió a un comunicado del martes, en el que indicó que revisaba una "actividad más amplia" de sus modelos.

El caso que originó la revisión ocurrió cuando un agente de OpenAI operó de forma descontrolada durante varios días dentro de la red de otra empresa, en un intento fallido de eludir una prueba interna; como parte de esa serie de incidentes, se vieron comprometidas cuatro cuentas de otras cuatro compañías, entre ellas la firma neoyorquina Modal. Reuters señaló que no pudo precisar cuántos episodios adicionales se detectaron ni sus fechas.

La investigación de OpenAI se amplió poco antes de que su competidor Anthropic revelara que sus propios modelos habían estado involucrados en una serie de accesos indebidos a otras tres empresas desde abril. En un comunicado, Anthropic señaló que no realizaba un monitoreo en tiempo real de esos procesos y que dicha supervisión "habría ayudado a detectar el problema antes"; agregó que contaba con un sistema de vigilancia que no se aplicó a ese tipo de amenaza debido a un malentendido con un socio.

Especialistas en seguridad de la IA advirtieron que los episodios reflejan una brecha entre la capacidad de estos laboratorios para desarrollar agentes autónomos avanzados y su capacidad para mantenerlos bajo control. Maurice Chiodo, investigador del Centro para el Estudio del Riesgo Existencial de la Universidad de Cambridge, cuestionó que ni OpenAI ni Anthropic estuvieran supervisando a los agentes mientras actuaban de forma descontrolada.

Los incidentes han intensificado el interés de autoridades en Estados Unidos y Europa por una mayor supervisión de los laboratorios de IA. El presidente Donald Trump declaró el jueves que su administración estudiaba medidas de control; la Comisión Europea informó el viernes que sostuvo conversaciones con OpenAI y Anthropic sobre los incidentes, y el senador Mark Warner, principal demócrata en el Comité de Inteligencia, sostuvo que los hechos respaldan la exigencia de pruebas de capacidad obligatorias para los modelos avanzados.

El senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, falleció a mediados de julio, lo que dejó vacante su escaño en plena campaña por la reelección. El gobernador del estado, Henry McMaster, designó como senadora interina a Darline Graham Nordone, hermana del legislador, decisión que en un principio fue recibida por buena parte de los republicanos locales como un homenaje.

No obstante, el malestar surgió después de que el presidente Donald Trump manifestara su respaldo para que Darline Graham aspirara al escaño por un periodo completo de seis años. Varios republicanos del estado expresaron sorpresa e incomodidad con la decisión de impulsar a una figura poco conocida en un proceso de elección especial de plazos muy ajustados.

El respaldo presidencial no ha disuadido a otros aspirantes: entre los candidatos figuran los representantes Russell Fry y Ralph Norman, el exgobernador Mark Sanford y el empresario Mark Lynch, entre otros. La primaria especial está prevista para el 11 de agosto, y se anticipa que podría definirse en una segunda vuelta.

El episodio se suma a otros recientes en los que la influencia del presidente ha sido puesta a prueba en Carolina del Sur, un estado de mayoría republicana donde este año su candidato inicial para la gobernación no prevaleció y su propuesta de rediseñar los mapas electorales fue rechazada. El escaño en disputa reviste importancia adicional por su efecto sobre la ya estrecha mayoría republicana en el Senado.

Entre el 28 y el 31 de julio, actores maliciosos atacaron sistemas de agua y aguas residuales en al menos siete estados de Estados Unidos, entre ellos Minnesota y Michigan, lo que obligó a varias instalaciones a abandonar los controles digitales y operar de forma manual. Minnesota registró las mayores afectaciones, con perturbaciones en más de 30 sistemas municipales de agua.

El FBI, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA) emitieron una alerta conjunta en la que advirtieron que los atacantes apuntan a controladores industriales expuestos en internet utilizados por los servicios de agua, y señalaron que en algunos casos se registró pérdida de las funciones de monitoreo y control. Las autoridades de Minnesota indicaron que no se reportó afectación del suministro de agua.

Los investigadores examinan si los ataques provienen de actores vinculados a Irán, y agencias de inteligencia estadounidenses habrían evaluado que ese país estaría probablemente detrás de la operación en Minnesota; no obstante, la atribución no ha sido confirmada formalmente y la recolección de evidencia continúa. Un rasgo señalado como inusual es que no se formularon exigencias de rescate. Irán ha negado de manera reiterada su participación en este tipo de operaciones.

Actores vinculados a Irán han sido asociados en el pasado con ataques a infraestructura hídrica en Estados Unidos, como en instalaciones de Pensilvania. El episodio, que se produce en el marco de las tensiones con Teherán, también generó reacciones políticas: el gobernador de Minnesota, Tim Walz, atribuyó parte de la vulnerabilidad a recortes en la agencia federal de ciberseguridad, señalamiento que se inscribe en el debate interno sobre la protección de infraestructura crítica.

Un reportaje de USA TODAY describió la realidad de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, un corredor de aproximadamente 5.000 millas (unos 8.000 kilómetros), en momentos en que el presidente Donald Trump la ha calificado de vulnerable e incrementa la presión sobre el gobierno canadiense. A lo largo de más de 1.000 millas, la línea fronteriza está marcada por una franja despejada de unos seis metros de ancho abierta entre bosques y maleza.

Durante años, el cruce entre ambos países fue relativamente informal: en muchas zonas no se exigía pasaporte y varias comunidades quedaron divididas por la frontera, cuyos habitantes la atravesaban sin controles migratorios. Ese carácter abierto contrasta con el escrutinio actual.

De acuerdo con el reportaje, agentes de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) patrullan corredores forestales remotos y vías fluviales, como el río San Lorenzo, y se han convertido en una primera línea en materia de control migratorio a medida que aumenta la presión estadounidense sobre la frontera norte.

El reportaje se produce en un periodo de tensión entre Washington y Ottawa. Distintos análisis han documentado una caída significativa en los viajes de canadienses a Estados Unidos, cercana al 25% en 2025, atribuida a las tensiones comerciales, a los aranceles y a las reiteradas declaraciones del presidente Trump sobre la posibilidad de que Canadá se convierta en un "estado 51", con efectos sobre el turismo y el comercio fronterizo.

Mientras el presidente Donald Trump evalúa una posible escalada de los ataques contra Irán, analistas advierten que la crisis en Medio Oriente regresa a un punto conocido y complejo. En entrevista con CNN, Behnam Ben Taleblu, director sénior del programa sobre Irán de la Foundation for Defense of Democracies, examinó las amenazas del mandatario de atacar instalaciones energéticas o de infraestructura iraní y las dudas sobre si esas medidas lograrían el efecto buscado en Teherán.

Según funcionarios estadounidenses citados por la prensa, Washington planea nuevos ataques contra Irán tan pronto como este fin de semana, aunque el alcance y los posibles objetivos no están claros y las operaciones podrían cancelarse. En una reunión de gabinete en Camp David, Trump anticipó una intensificación y afirmó que golpearía a Irán "muy fuerte", y sostuvo que en algún momento Teherán no podría resistir la presión.

En el plano operativo, reportes indican que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) preparó opciones que incluyen ataques a sitios de misiles y a objetivos energéticos, así como a infraestructura nuclear. El componente energético es especialmente delicado: el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó esta semana que su país deseaba atacar la infraestructura energética iraní para aumentar la presión económica, pero señaló que Estados Unidos no lo aprobaba por el momento. La prensa ha identificado la isla de Kharg, que concentra la mayor parte de las exportaciones de crudo iraní, como el objetivo de mayor consecuencia; hasta los reportes del 1 de agosto no se había confirmado una autorización final del presidente Trump.

Teherán, por su parte, advirtió sobre una respuesta amplia. Un alto funcionario de seguridad citado por la agencia Tasnim, afiliada a la Guardia Revolucionaria, calificó los eventuales ataques a la infraestructura como "un acto de locura" y afirmó que el país tiene listo un plan de respuesta que contemplaría ataques contra infraestructura crítica israelí y contra instalaciones energéticas estadounidenses en la región. La Casa Blanca sostuvo que Irán "seguirá pagando" hasta que negocie de manera significativa.

Trump Media & Technology Group, empresa matriz de Truth Social, puso en marcha el servicio "Truth API", que ofrece a firmas financieras acceso al flujo de publicaciones de las cuentas más influyentes de la plataforma a mayor velocidad que una notificación convencional. El servicio incluye los mensajes del presidente Donald Trump y de otros usuarios destacados, posiblemente sus hijos mayores, Donald Jr. y Eric. Según la compañía, el servicio arrancó este sábado, con un costo de hasta US$100.000 mensuales, y algunos clientes ya se habrían inscrito.

La herramienta resulta atractiva para los operadores de alta frecuencia, para quienes una ventaja de milisegundos puede traducirse en ganancias considerables, incluso mediante apuestas en ambos sentidos ante los giros abruptos de precios. Solo este mes, el mandatario se refirió en la plataforma a posibles aranceles más altos a Canadá, a la anulación de un acuerdo nuclear con Arabia Saudita y a una eventual ampliación del conflicto con Irán, mensajes con capacidad de mover divisas, acciones y futuros del petróleo.

A las señales de política se suma otro factor: en los últimos meses, Trump ha publicado con mayor frecuencia sobre empresas que cotizan en bolsa, elogiando a algunas de una manera que ha impulsado su cotización. En abril, poco después de que el presidente mencionara favorablemente a Palantir Technologies, incluyendo su símbolo bursátil, la acción registró brevemente su mayor alza en un año; ese mismo mes, tras una felicitación pública a Intel, sus títulos subieron en las operaciones posteriores al cierre.

La iniciativa generó cuestionamientos de exfuncionarios de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y de legisladores demócratas, quienes advirtieron sobre posibles conflictos de interés y sobre el riesgo de normalizar el uso de información privilegiada, dado que el mandatario controla, a través de un fideicomiso, más del 40% de las acciones de la empresa. El congresista Jamie Raskin abrió una indagación y la senadora Elizabeth Warren anticipó eventuales investigaciones. El analista Joe Saluzzi, de Themis Trading, sostuvo además que lo determinante no es cuándo se publican los mensajes, sino cuándo los recibe y procesa cada operador, lo que, a su juicio, deja en desventaja al inversionista minorista.

Por su parte, Trump Media rechazó las críticas y afirmó que el servicio divulga las publicaciones de manera simultánea para todos, sin acceso anticipado, y atribuyó los cuestionamientos a una oposición ideológica a los mercados libres o a una confusión entre información pública y privada. El servicio surge en un momento financiero adverso para la compañía, que reportó ingresos por US$3,7 millones el año pasado, de modo que apenas tres suscripciones duplicarían esa cifra, y cuya acción ha caído cerca de 75% desde que Trump asumió el cargo, en medio de pérdidas sostenidas.

Los sistemas de energía solar enchufable, también llamados "solar de balcón", consisten en uno o varios paneles portátiles y ligeros que se conectan, mediante un microinversor, a un tomacorriente doméstico estándar de 120 voltios, sin necesidad de techo, permisos ni instalación profesional. Su principal atractivo es el bajo costo y la portabilidad, lo que los hace accesibles para inquilinos y para hogares sin acceso a paneles en tejado.

La tecnología ha ganado impulso tras una ola de legislación estatal. Utah fue el primer estado en aprobar una ley específica, en 2025, al establecer un marco para estos dispositivos; posteriormente, Colorado adoptó en abril de 2026 una norma con dos modalidades de instalación que, además, prohíbe a las asociaciones de propietarios y a los arrendadores vetar estos sistemas. Hacia julio de 2026, cerca de 30 estados habían presentado o estudiaban proyectos en la materia, y varios, incluidos Nueva York, Nueva Jersey y California, los habían aprobado en una o ambas cámaras. En Nueva York, la denominada "Ley SUNNY" fue aprobada por la legislatura y aguarda la firma de la gobernadora.

No obstante, especialistas advierten que la legalización ha avanzado más rápido que los marcos de seguridad. En enero de 2026, la organización certificadora UL Solutions lanzó un estándar específico (UL 3700) para estos productos. Un desafío técnico de fondo es que las instalaciones eléctricas residenciales suelen estar diseñadas para un flujo de electricidad en un solo sentido, lo que plantea interrogantes de seguridad cuando se inyecta energía a través de un tomacorriente.

El interés surge en un contexto de cambios en los incentivos, marcado por la expiración del crédito fiscal federal para la energía solar residencial, que ha modificado el cálculo de costos para muchos hogares. Se estima que decenas de millones de viviendas en el país no pueden instalar paneles en tejado, lo que representa un mercado potencial amplio. El modelo ya está consolidado en Europa, especialmente en Alemania, con varios millones de equipos en operación, referencia frecuente para el desarrollo del sector en Estados Unidos.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y el comisionado del Departamento de Finanzas, Richard Lee, anunciaron el sábado una prórroga de cuatro semanas, hasta el 18 de septiembre de 2026, para que los propietarios presenten su solicitud de exención del recargo a las viviendas que no son residencia principal, conocido como "impuesto pied-à-terre". Según las autoridades, la extensión busca dar más tiempo a los propietarios para demostrar que el inmueble es su residencia principal, lo que los exime del gravamen, y para recibir orientación de la ciudad.

El impuesto, anunciado por Mamdani en abril, aplica un recargo anual a las viviendas de la ciudad valoradas en US$5 millones o más que no se utilizan como residencia principal; la administración ha presentado la medida como un instrumento para recaudar recursos destinados a seguridad, parques y otras inversiones públicas.

La prórroga se produjo tras la confusión generada por la implementación. A finales de julio, la ciudad publicó un listado de más de 900.000 propiedades que "podrían" estar sujetas al recargo, sin aclarar inicialmente que la gran mayoría no lo estaría; posteriormente precisó que solo unos 17.000 propietarios, correspondientes a inmuebles considerados segundas viviendas de más de US$5 millones, recibieron las cartas de notificación. La medida recibió críticas de funcionarios electos y de abogados tributarios por la forma en que fue aplicada.

Conn-Selmer, el mayor fabricante de instrumentos de banda y orquesta de Estados Unidos, cerró el 30 de junio su planta en Eastlake, Ohio, una instalación con más de seis décadas de operación ubicada al noreste de Cleveland, con la eliminación de cerca de 150 empleos, la mayoría de trabajadores sindicalizados. La empresa trasladó la producción profesional de cornos franceses a su planta de Elkhart, Indiana, y llevó al exterior la fabricación de tubas, sousafones y otros instrumentos.

En la notificación presentada a las autoridades de Ohio, la compañía atribuyó el cierre a pérdidas financieras anuales recurrentes y a la imposibilidad de competir en costos con fabricantes con base en Asia, y señaló que la decisión buscaba concentrar su producción estadounidense en menos plantas.

El caso ha llamado la atención porque ocurrió mientras la administración del presidente Donald Trump promovía un resurgimiento de la manufactura nacional mediante aranceles. Analistas comerciales señalaron un efecto de segundo orden: al estar estos instrumentos fabricados con metales sujetos a los aranceles de la Sección 232, el mayor costo de los insumos domésticos redujo los márgenes de la empresa, que concluyó que le resultaba más rentable asumir los aranceles sobre los productos terminados importados que producir en el país.

La empresa es propiedad del multimillonario de fondos de cobertura John Paulson, uno de los primeros respaldos de Trump en Wall Street, quien había defendido públicamente la manufactura nacional, lo que motivó críticas entre los trabajadores. El sindicato United Auto Workers rechazó la decisión, y legisladores, entre ellos el representante Ro Khanna y el senador Sherrod Brown, pidieron explicaciones al gobierno sobre sus objetivos de recuperar empleos manufactureros y equilibrar la competencia con China.