El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó la decisión de su gobierno de mantener un bloqueo naval sobre Venezuela, asegurando que no permitirá el tránsito de embarcaciones que, según Washington, no estén autorizadas. Trump sostuvo que el régimen venezolano “se llevó toda nuestra energía” y que el petróleo fue tomado de forma ilegal.

“No vamos a dejar que nadie pase por ahí si no debería hacerlo. Se llevaron todo nuestro petróleo no hace mucho tiempo, lo tomaron ilegalmente”, afirmó el mandatario, al tiempo que insistió en que Estados Unidos buscará recuperar los activos energéticos que considera expropiados. Trump aseguró que el bloqueo forma parte de una estrategia para frenar el comercio petrolero venezolano y presionar al régimen de Nicolás Maduro.

El presidente agregó que Venezuela “nos arrebató los derechos petroleros” y que su administración está decidida a revertir esa situación. “Nos quitaron nuestros derechos petroleros, teníamos mucho petróleo allí. Expulsaron a nuestras empresas, y lo queremos de vuelta”, reiteró, reforzando el discurso de la Casa Blanca que vincula el petróleo venezolano con el financiamiento del régimen y actividades ilícitas.

EE. UU. SANCIONA AL CÁRTEL DE SANTA ROSA DE LIMA Y A “EL MARRO” Y ADVIERTE QUE SIGUE OPERANDO DESDE PRISIÓN

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) y su líder, José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, a quien Washington acusa de continuar dirigiendo operaciones criminales desde la cárcel, pese a haber sido condenado en México a 60 años de prisión. Las medidas fueron adoptadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como parte de la estrategia de la administración de Donald Trump para golpear financieramente a los cárteles mexicanos.

Según el Tesoro, el CSRL obtiene la mayor parte de sus ingresos ilícitos del robo de combustible y petróleo en el estado de Guanajuato, una actividad conocida como huachicol que ha generado un mercado negro transfronterizo de energía. Estas operaciones, señala Washington, afectan gravemente a Petróleos Mexicanos (Pemex), perjudican a empresas energéticas legítimas de Estados Unidos y privan al Estado mexicano de ingresos fiscales clave.

OFAC indicó que la violenta disputa entre el CSRL y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control del robo de hidrocarburos convirtió a Guanajuato en uno de los estados más letales de México. Esta confrontación no solo incrementó los homicidios y la corrupción local, sino que también alimentó otras economías ilícitas, incluido el narcotráfico, con envíos de heroína destinados al mercado estadounidense.

El Gobierno estadounidense subrayó que “El Marro”, detenido en 2020 y sentenciado en 2022 por secuestro, continúa ejerciendo control sobre la organización criminal desde prisión. De acuerdo con las autoridades, Yépez Ortiz mantiene comunicación con sus colaboradores a través de abogados y familiares, y desde la cárcel habría promovido alianzas con otros grupos criminales, incluido el Cártel del Golfo.

“El presidente Trump prometió perseguir la eliminación total de los cárteles de la droga para proteger al pueblo estadounidense”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent. El funcionario aseguró que su departamento está aislando de manera agresiva a estas organizaciones del sistema financiero de EE. UU., independientemente del lugar o el método que utilicen para lavar dinero.

Como resultado de las sanciones, todos los bienes e intereses del CSRL y de Yépez Ortiz que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedaron bloqueados. La medida también se extiende a cualquier entidad que sea propiedad directa o indirecta, en 50% o más, de los sancionados. Además, la OFAC incorporó formalmente al cártel y a su líder en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN).

En paralelo, las autoridades mexicanas han continuado acciones contra redes vinculadas al CSRL. En septiembre, fue detenido en Morelos Guadalupe Juventino, alias “El Güero”, presunto familiar de líderes del cártel y señalado de estar implicado en al menos 50 casos de extorsión a comercios en Salamanca, Guanajuato, lo que refuerza la advertencia de Washington sobre la persistencia operativa del grupo pese a los golpes judiciales

SENADO APRUEBA PROYECTO DE DEFENSA POR US$901.000 MILLONES Y PRESIONA A HEGSETH POR VIDEOS DE ATAQUES NAVALES

El Senado de Estados Unidos aprobó el proyecto anual de política de defensa, conocido como National Defense Authorization Act (NDAA), que autoriza US$901.000 millones en programas militares y aumenta el salario de las tropas en 3,8%. La iniciativa fue aprobada con amplio respaldo bipartidista, con una votación de 77 a 20, antes del receso legislativo, y ahora será enviada a la Casa Blanca, que ha señalado que el texto se alinea con las prioridades de seguridad nacional del presidente Donald Trump.

Aunque el proyecto refleja en gran medida la agenda de la administración, también expone fricciones entre el Congreso y el Pentágono en medio del giro estratégico de Estados Unidos, que busca reducir su énfasis en Europa y concentrar mayores recursos en América Central y del Sur. El texto exige mayor información sobre operaciones militares recientes y limita la capacidad del Departamento de Defensa para tomar decisiones clave sin notificar al Legislativo.

Entre los puntos más sensibles, la ley presiona al secretario de Defensa, Pete Hegseth, para que entregue a los comités de Servicios Armados del Congreso videos sin editar de ataques a embarcaciones sospechosas de narcotráfico en aguas internacionales cercanas a Venezuela. El Congreso acordó retener el 25% del presupuesto de viajes de Hegseth hasta que se entreguen las grabaciones y las órdenes que autorizaron las operaciones.

Los legisladores investigan en particular un ataque ocurrido el 2 de septiembre, el primero de la campaña naval, en el que murieron dos personas que habían sobrevivido a un ataque inicial contra su embarcación. El almirante Frank “Mitch” Bradley, quien ordenó el segundo ataque, compareció ante el Congreso en una sesión clasificada que incluyó la exhibición del video del operativo, generando reacciones divididas entre republicanos y demócratas.

Más allá del tema venezolano, el NDAA refuerza la supervisión del Congreso sobre decisiones estratégicas del Ejecutivo. La ley obliga al Pentágono a mantener al menos 76.000 soldados en Europa —y 28.500 en Corea del Sur— salvo consulta con aliados y justificación formal de interés nacional. Además, autoriza US$400 millones anuales durante dos años para la fabricación de armas destinadas a Ucrania.

El proyecto también incorpora cambios estructurales impulsados por Trump y Hegseth, como la eliminación de oficinas y programas de diversidad, equidad e inclusión en las Fuerzas Armadas, con un ahorro estimado de US$40 millones, y recortes por US$1.600 millones a iniciativas vinculadas al cambio climático en el ámbito de defensa. Estas medidas han generado críticas, pero consolidan el nuevo enfoque ideológico de la política militar.

Finalmente, el Congreso dio un paso inusual al derogar autorizaciones históricas para el uso de la fuerza militar, incluyendo la que permitió la invasión de Irak en 2003 y la de la Guerra del Golfo de 1991. Legisladores de ambos partidos señalaron que estas derogaciones buscan evitar abusos futuros y reflejan un intento del Congreso por recuperar parte de sus facultades constitucionales en materia de guerra.

CUATRO REPUBLICANOS DESAFÍAN A MIKE JOHNSON Y FUERZAN UNA VOTACIÓN EN LA CÁMARA SOBRE SUBSIDIOS DEL ACA

Cuatro legisladores republicanos moderados rompieron con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, al sumarse a una petición liderada por los demócratas que obligará a votar un proyecto para extender por tres años los subsidios ampliados del Affordable Care Act (ACA). La maniobra, poco habitual, expone fisuras internas en el Partido Republicano y reabre el debate sobre el costo del seguro médico a pocas semanas de un nuevo plazo crítico de financiamiento del gobierno.

La iniciativa busca evitar que millones de estadounidenses enfrenten fuertes aumentos en sus primas mensuales cuando expiren a fin de año los créditos fiscales creados durante la pandemia. La rebelión se produjo después de que el liderazgo republicano avanzara con un paquete de salud que no incluye una extensión de los subsidios, priorizando propuestas alternativas que no abordan el alza inmediata de los costos para los afiliados al ACA.

Los republicanos Brian Fitzpatrick, Robert Bresnahan y Ryan Mackenzie, de Pensilvania, junto con Mike Lawler, de Nueva York, firmaron la petición impulsada por el líder demócrata Hakeem Jeffries, alcanzando el umbral necesario para forzar una votación bajo las reglas de la Cámara. De concretarse, el debate sobre los subsidios podría celebrarse tan pronto como en enero, generando un nuevo pulso legislativo al inicio del año.

Fitzpatrick defendió su decisión al señalar que fue el propio liderazgo republicano el que cerró la puerta a un compromiso. Johnson, por su parte, negó haber perdido el control de la Cámara y recordó que la estrecha mayoría republicana permite que pequeños grupos de legisladores utilicen mecanismos procedimentales para sortear a la dirigencia. “Estos no son tiempos normales”, afirmó el congresista por Luisiana.

El conflicto se incubó tras días de negociaciones internas. Johnson evaluó permitir votaciones limitadas para extender temporalmente los subsidios con ajustes, como topes de ingresos, pero finalmente se alineó con el ala más conservadora, que considera que los subsidios sostienen artificialmente un mercado fallido asociado a “Obamacare”. El paquete aprobado por los republicanos se concentró en ampliar opciones de cobertura para pequeñas empresas y trabajadores independientes.

Tanto Fitzpatrick como Lawler intentaron sin éxito incorporar una prórroga temporal de los subsidios mediante enmiendas. Ante el rechazo, argumentaron que dejar expirar los créditos sin una transición sería peor que aprobar una extensión sin reformas. Los demócratas, por su parte, aprovecharon la división y celebraron la conformación de una coalición bipartidista para llevar el tema al pleno.

El futuro del proyecto sigue siendo incierto. Incluso si la Cámara aprueba la extensión, la medida enfrentaría un camino complejo en el Senado, donde los republicanos ya rechazaron una prórroga de tres años. No obstante, existen señales de apertura a un acuerdo de último minuto, con conversaciones sobre una extensión más corta y ajustes al programa, en un contexto en el que el aumento de los costos de salud se perfila como un tema central de las elecciones de medio mandato.

CORTE DE APELACIONES DE EE. UU. AUTORIZA QUE CONTINÚE EL DESPLIEGUE DE LA GUARDIA NACIONAL EN WASHINGTON, D.C.

Un tribunal federal de apelaciones autorizó que continúe, por ahora, el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Washington, D.C., ordenado por el presidente Donald Trump. En una decisión unánime, tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia consideraron que la administración tiene probabilidades de prevalecer en la impugnación legal presentada contra la medida.

El fallo representa una victoria clave para Trump, quien ha defendido una interpretación amplia de la autoridad presidencial para desplegar fuerzas militares en ciudades estadounidenses, incluso frente a la oposición de líderes locales. La decisión suspende un dictamen previo de un tribunal inferior que habría ordenado detener el despliegue iniciado durante el verano y reforzado tras el tiroteo de noviembre en el que resultaron heridos dos miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca.

En su análisis preliminar, los jueces señalaron que el Ejecutivo probablemente logre demostrar que el presidente posee facultades especiales para movilizar tropas y hacer cumplir la ley en Washington, al tratarse de un territorio que no forma parte de ningún estado. El caso, no obstante, continúa su curso y podría llegar a la Corte Suprema, que deberá pronunciarse sobre si Trump excedió o no sus atribuciones constitucionales.

La fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, cuya oficina presentó la demanda, indicó que el fallo es de carácter provisional y no resuelve el fondo del litigio. En contraste, la Casa Blanca celebró la decisión. La portavoz Abigail Jackson afirmó que la sentencia confirma la autoridad legal del presidente y sostuvo que el despliegue “ha producido resultados significativos para hacer de Washington una ciudad más segura y más ordenada”.

El caso se inscribe en un debate más amplio sobre el uso de fuerzas militares en tareas de seguridad interna. Trump ha buscado extender despliegues similares en ciudades gobernadas por demócratas como Los Ángeles, Chicago, Portland y Memphis, argumentando altos niveles de criminalidad y riesgos para agentes federales. Autoridades locales han rechazado esas justificaciones y han acudido a los tribunales, donde jueces de primera instancia han cuestionado que protestas vinculadas a la política migratoria constituyan una “rebelión” que habilite este tipo de intervenciones.