El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que Groenlandia debería estar bajo control estadounidense y no de Dinamarca, al sostener que el territorio resulta estratégico para la seguridad de su país. “Groenlandia debería estar bajo el control de Estados Unidos, no de Dinamarca”, afirmó tras llegar a Ankara para participar en la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Trump aseguró que Dinamarca no destina suficientes recursos para apoyar al territorio y reconoció que su posición sobre la isla ha afectado su relación con la OTAN. “Eso es lo que dañó mi relación con la OTAN”, señaló el mandatario, quien insistió en que Groenlandia “es una parte importante para Estados Unidos” y advirtió que está “rodeada de barcos chinos y rusos”.

Trump amplió sus cuestionamientos a las políticas europeas y advirtió sobre los desafíos relacionados con la inmigración y la energía. El mandatario sostuvo que a Europa “más le vale tener cuidado” con ambos asuntos y afirmó que, si no modifica su rumbo, “ya no habrá Europa”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cuestionar a sus aliados europeos por negarse a respaldar la operación militar estadounidense contra Irán y puso en duda el nivel de recursos que Washington destina a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), tras llegar a Ankara para participar en la cumbre de la alianza.

Durante una comparecencia junto al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, Trump señaló directamente al Reino Unido, Alemania, Italia y Francia, países que, según afirmó, rechazaron prestar apoyo cuando Estados Unidos solicitó su participación en la ofensiva contra Irán. El mandatario aseguró que la situación sirvió para comprobar hasta qué punto sus aliados estarían dispuestos a responder cuando Washington necesitara su respaldo.

Trump sostuvo que Estados Unidos ha destinado “cientos de miles de millones de dólares” a la defensa de sus socios y se preguntó por qué debería mantener ese esfuerzo si estos no actúan de manera recíproca. Sus declaraciones reflejan nuevamente el descontento de la Casa Blanca con la decisión de varios gobiernos europeos de mantenerse al margen del conflicto en Oriente Medio y de condicionar cualquier intervención en la reapertura del estrecho de Ormuz al fin de los enfrentamientos armados.

El presidente también se refirió a su relación con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a quien calificó como una “buena persona”, aunque afirmó que cometió un error al no respaldar a Estados Unidos frente a Irán. Trump aseguró que esa decisión deterioró su relación con la líder italiana, después de haber intensificado sus críticas contra ella durante los últimos días a través de redes sociales.

Las diferencias entre Washington y varios gobiernos europeos se perfilan como uno de los principales asuntos de la cumbre de la OTAN que se celebra entre este martes y miércoles en Ankara, donde los aliados buscan mostrar avances en el aumento del gasto militar y en la ampliación de sus capacidades de defensa. El encuentro ocurre mientras Estados Unidos avanza en una redistribución de recursos y Trump vuelve a exigir que Europa asuma una mayor responsabilidad dentro de la alianza.

El senador Bernie Sanders pidió al candidato demócrata al Senado por Maine, Graham Platner, que abandone la contienda tras una acusación de agresión sexual, en una decisión que profundiza la presión sobre una campaña clave para las aspiraciones del partido de recuperar el control de la Cámara Alta. Sanders, independiente por Vermont que suele votar con los demócratas, había sido uno de los principales respaldos de Platner en la carrera contra la senadora republicana Susan Collins.

En un comunicado, Sanders señaló que habló con Platner y que, “a la luz de estas acusaciones muy graves”, le recomendó hacerse a un lado. Platner niega la acusación y hasta ahora no ha aceptado los llamados a renunciar, aunque publicó un video en el que dijo que evalúa los próximos pasos de su campaña y canceló varios eventos públicos.

La denuncia fue presentada por Jenny Racicot, una mujer que mantuvo una relación intermitente con Platner y que aseguró que el candidato entró ebrio a su casa en 2021 y la obligó a tener relaciones sexuales después de que ella le pidió detenerse. Racicot afirmó que cortó el contacto con él después del episodio y que decidió no resistirse físicamente por temor a que Platner, exmarine, pudiera volverse más violento.

La acusación se suma a una serie de controversias que ya habían marcado la campaña de Platner, un productor de ostras y veterano de la Marina que logró convertirse en una figura popular entre el ala progresista del Partido Demócrata. Sin embargo, la gravedad del señalamiento abrió dudas incluso entre algunos de sus principales aliados y puso en riesgo una elección considerada estratégica para los demócratas.

La situación también generó divisiones entre los votantes. Algunos simpatizantes de Platner dijeron sentirse devastados y aseguraron que esperaban una nueva explicación del candidato antes de decidir si podían seguir apoyándolo, mientras otros defendieron que permaneciera en la carrera al considerar que los electores de Maine ya habían elegido su candidatura en las primarias.

El eventual reemplazo de Platner podría abrir una nueva disputa interna, pues la ley de Maine no permite retirar al candidato de la boleta sin que él mismo decida abandonar la contienda. El plazo para hacerlo vence el 13 de julio a las 5:00 p. m., lo que deja a los demócratas con poco margen para resolver una sucesión que podría enfrentar al sector progresista con el ala más institucional del partido.

Entre los posibles nombres para reemplazarlo aparecen la gobernadora Janet Mills, quien buscó la nominación demócrata antes de retirarse; Troy Jackson, expresidente del Senado estatal; Nirav Shah, exdirector del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Maine; Jordan Wood, excandidato al Congreso; y otras figuras como Shenna Bellows, Dan Kleban, Jared Golden y Hannah Pingree. La decisión, si Platner renuncia, será determinante para una contienda que ya enfrenta una fuerte ventaja republicana con Collins.

De acuerdo con los documentos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) citados por The New York Times, la entidad — adscrita al Departamento de Seguridad Nacional — comunicó a los estados que retendrá el 20% de algunas subvenciones de preparación antiterrorista a menos que presenten pruebas de cumplimiento de las nuevas medidas de seguridad electoral. Los fondos condicionados hacen parte de un programa de cerca de US$1.000 millones anuales que financia barreras físicas, planificación de emergencias, simulacros y medidas de ciberseguridad en los estados.

La iniciativa se suma a una serie de intentos del Ejecutivo por modificar los procedimientos electorales que han encontrado resistencia en los tribunales. El presidente ha impulsado cambios a través del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional, y firmó dos órdenes ejecutivas con reformas sustanciales al sistema de votación que han sido bloqueadas en gran medida por la justicia, bajo el argumento de que la Constitución no otorga al poder ejecutivo facultades sobre la administración de las elecciones, que corresponde a los estados. La semana pasada, un juez federal bloqueó a nivel nacional la restricción al voto por correo impulsada por la administración, como lo reseñó este boletín. Las medidas se apoyan en cuestionamientos al sistema electoral que el presidente y sus aliados han planteado desde 2020 y que han sido investigados y desestimados por tribunales y autoridades electorales.

Las posiciones sobre la medida están divididas. En un comunicado, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional afirmaron que la seguridad y la integridad de las elecciones son prioridades absolutas del gobierno y que los beneficiarios de las subvenciones deben rendir cuentas por el uso de los recursos. En contraste, David Becker, director ejecutivo del Centro para la Innovación e Investigación Electoral, sostuvo que espera que las normas decaigan si son impugnadas judicialmente y advirtió que no fortalecerán la seguridad electoral: "En realidad, perjudicarán la seguridad electoral. Se trata de cambios radicales en los procesos electorales", afirmó.

El pulso entre el Ejecutivo federal y los estados por las reglas de votación se perfila como uno de los ejes institucionales del camino hacia las elecciones legislativas de noviembre, con los tribunales como árbitros recurrentes: la suerte de esta condición — como la de las órdenes ejecutivas previas — dependerá previsiblemente de la revisión judicial, mientras los estados deberán decidir entre ajustar sus procedimientos o absorber la pérdida de una quinta parte de los fondos de preparación antiterrorista.

La carta, fechada el 6 de julio en Bogotá y dirigida al secretario de Estado Marco Rubio, solicita "de manera respetuosa pero enfática" que las restricciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) sobre el presidente y su núcleo familiar se mantengan al menos hasta que concluya el empalme presidencial del 7 de agosto y hasta que las investigaciones contra el mandatario — que el dirigente describe como denuncias activas ante instancias judiciales y organismos internacionales — avancen de manera determinante o alcancen una resolución definitiva. Vargas Lleras, director adjunto de una colectividad que respaldó al presidente electo Abelardo de la Espriella, sostiene en el documento que la permanencia en el registro constituiría una garantía para exigir eventuales responsabilidades políticas y jurídicas durante el relevo de mando.

El documento incluye señalamientos adicionales que no han sido verificados de manera independiente. Según la carta, el mandatario habría destinado más de US$2,5 millones en recursos públicos para contratar una firma en Estados Unidos encargada de gestionar su situación ante la OFAC, un gasto que el dirigente califica como un presunto uso del erario en beneficio propio, aunque el texto no aporta detalles sobre el contrato señalado. La misiva también hace referencia al contexto político del cierre del gobierno, incluidas las acciones judiciales ante el Consejo de Estado que buscan la nulidad de la elección de De la Espriella — respaldadas por el presidente, según el dirigente — y las movilizaciones convocadas para el 20 de julio.

Para Washington, la solicitud configura una situación inusual: la lista OFAC quedó en el centro de peticiones contrapuestas provenientes de los dos extremos del espectro político colombiano en menos de una semana. El 3 de julio, en la llamada entre los presidentes Petro y Trump reseñada por este boletín, el mandatario colombiano planteó su solicitud de exclusión del registro; la carta de Vargas Lleras pide exactamente lo contrario y condiciona cualquier levantamiento a hitos del proceso político interno. El Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro — del que depende la OFAC — no se han pronunciado sobre la comunicación, y el Gobierno colombiano no había respondido públicamente al cierre de esta edición.

La decisión que adopte la administración Trump sobre el estatus del presidente saliente — mantenerlo, excluirlo o aplazar cualquier definición hasta después del 7 de agosto — se convertirá inevitablemente en una señal política leída por ambas orillas en Bogotá, en un momento en que la agenda antinarcóticos, la transición y la relación con el gobierno entrante ya concentran el canal bilateral, como lo han mostrado la llamada presidencial del 3 de julio y la reunión de la delegación estadounidense con el presidente electo en Barranquilla reseñada ayer.

El encargado de negocios de EE.UU. en Caracas, John Barrett, afirmó en una conferencia virtual junto al comandante del Comando Sur (Southcom), Francis Donovan, que la respuesta estadounidense a los terremotos "ha sido la más grande en la historia de Venezuela", con una red de asistencia que ha desplegado 680 toneladas de insumos y distribuido más de 60.000 kits de ayuda. Según el diplomático, la operación transitará ahora de la fase de búsqueda y rescate a la de socorro humanitario y recuperación, dos semanas después de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejaron más de 3.500 personas fallecidas y al menos 16.740 heridas, según el conteo oficial más reciente.

Las declaraciones de Barrett respondieron a preguntas de la prensa sobre denuncias de asociaciones civiles y ciudadanos que han acusado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de impedir la distribución de la asistencia humanitaria. El diplomático sostuvo que el gobierno de Rodríguez "ha cumplido con todas las solicitudes" para movilizar la respuesta estadounidense, y aseguró que su misión da seguimiento "a cada comentario y observación" que recibe sobre el terreno. Las organizaciones denunciantes no han retirado sus señalamientos, que contrastan con la versión oficial de ambos gobiernos.

En el balance operativo, Barrett indicó que el personal estadounidense contribuyó a salvar seis vidas durante la fase de rescate y que Estados Unidos ha apoyado el almacenamiento y traslado de restos con diez contenedores refrigerados, con la mayoría de los cuerpos recibidos ya contabilizados e identificados. El diplomático reiteró además que "permanece intacto" el plan del presidente Trump para Venezuela diseñado tras la captura del entonces gobernante Nicolás Maduro en enero de este año.

La coordinación de la siguiente fase ya está en marcha: el comandante Donovan visitó Venezuela este lunes para preparar la cooperación de cara a la reconstrucción y se reunió en Caracas con la presidenta encargada Rodríguez y otras autoridades. La transición hacia la recuperación abre un nuevo capítulo de la inusual cooperación entre Washington y el gobierno encargado venezolano, cuyo desarrollo — y las denuncias pendientes sobre la distribución de la ayuda — marcarán el seguimiento de las próximas semanas.

El déficit comercial de Estados Unidos se amplió con fuerza en mayo, impulsado por un aumento récord de las importaciones de bienes de capital asociado al auge de la inversión en inteligencia artificial. La brecha creció 42,2% hasta US$77,600 millones, su nivel más alto desde marzo de 2025, por debajo de los US$78,800 millones que esperaban los economistas.

Las importaciones aumentaron 3,3% hasta US$395,3 mil millones, también su mayor nivel en 14 meses, mientras las compras de bienes avanzaron 4% hasta US$317 mil millones. El crecimiento estuvo liderado por los bienes de capital, cuyas importaciones subieron US$1,1 mil millones y alcanzaron un récord de US$128 mil millones, debido principalmente a mayores compras de accesorios informáticos y semiconductores, aunque las importaciones de computadores disminuyeron US$3,4 mil millones.

El aumento refleja el fuerte gasto empresarial relacionado con la inteligencia artificial, cuyo desarrollo depende ampliamente de equipos e insumos importados. También crecieron las compras de aeronaves civiles y sus componentes, generadores, accesorios y motores industriales, mientras las empresas continuaron acumulando inventarios para evitar posibles problemas de abastecimiento y aumentos de precios derivados del conflicto en Oriente Medio.

Las importaciones de bienes de consumo aumentaron US$3,5 mil millones, con avances en productos farmacéuticos, teléfonos celulares y otros artículos para el hogar, mientras las compras de suministros y materiales industriales crecieron US$3,1 mil millones. A su vez, las importaciones de vehículos, partes y motores subieron US$2,2 mil millones, principalmente por los automóviles de pasajeros, y la categoría de otros bienes alcanzó un récord de US$15,3 mil millones.

En contraste, las exportaciones disminuyeron 3,2% hasta US$317,7 mil millones, afectadas por la fortaleza del dólar, que encarece los productos estadounidenses en los mercados internacionales. Los envíos de bienes cayeron 5,1% hasta US$210,6 mil millones, con retrocesos en bienes de capital, productos farmacéuticos, oro no monetario y otros metales preciosos, mientras las exportaciones de gas natural también disminuyeron.

Las ventas de petróleo crudo aumentaron US$2 mil millones y llevaron las exportaciones de productos petroleros a un récord de US$38,4 mil millones, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán. Sin embargo, el déficit del comercio de bienes se amplió 28,4% hasta US$106,5 mil millones y, ajustado por inflación, aumentó 18,7%, lo que apunta a que el comercio volvió a restar crecimiento a la economía durante el segundo trimestre.

El comercio exterior ya ha reducido el crecimiento del producto interno bruto durante dos trimestres consecutivos y, según estimaciones citadas en el informe, la mayor brecha podría restar alrededor de 1,7 p.p. al crecimiento real del segundo trimestre. El déficit de bienes se mantuvo con países como Vietnam, México, China, Canadá y Alemania, pese a los aranceles de la administración Trump, mientras el superávit de servicios aumentó a US$28,9 mil millones y las exportaciones del sector alcanzaron un récord de US$107,1 mil millones.

Estados Unidos, Japón y Corea del Sur firmaron un Memorando de Cooperación para acelerar el despliegue de pequeños reactores modulares en otros países, con un enfoque inicial en el Indo-Pacífico. El acuerdo fue suscrito durante la cumbre de la OTAN en Ankara por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el ministro de Exteriores de Japón, Motegi Toshimitsu, y el ministro de Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun.

El memorando establece un marco para aprovechar las capacidades complementarias de los tres países en la industria nuclear civil y promover la cooperación entre sus empresas. La iniciativa busca desarrollar modelos de despliegue a gran escala que reduzcan los riesgos de los proyectos, generen economías de escala, impulsen la inversión privada, agilicen los procesos de licenciamiento y optimicen las cadenas de suministro.

Washington, Tokio y Seúl señalaron que este enfoque coordinado permitirá a las empresas estadounidenses, japonesas y surcoreanas ofrecer alternativas más competitivas a los países que buscan responder a una creciente demanda de energía. El acuerdo también busca mantener altos estándares de seguridad nuclear, protección y no proliferación a medida que nuevas tecnologías de reactores comienzan a incorporarse a los sistemas energéticos.

Como parte de la iniciativa, Estados Unidos destinará más de US$10 millones en nuevos recursos al Programa de Infraestructura Fundamental para el Uso Responsable de la Tecnología de Pequeños Reactores Modulares (FIRST) del Departamento de Estado. Los fondos financiarán asistencia técnica para países del Indo-Pacífico, apoyarán el desarrollo de proyectos y permitirán crear un centro regional de capacitación para fortalecer la formación de trabajadores especializados.

Estados Unidos también anunció una iniciativa empresarial entre GE Vernova, Hitachi, Samsung C&T y SGE para avanzar en el despliegue del reactor modular BWRX-300 en Europa. El proyecto busca contribuir a los objetivos del memorando y profundizar la cooperación entre gobiernos y empresas para ampliar el acceso a energía nuclear, fortalecer la seguridad energética y acelerar la llegada de esta tecnología a nuevos mercados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su administración evalúa nuevamente la posibilidad de vender cazas F-35 a Turquía, una decisión que podría marcar un giro en la relación de defensa entre ambos países después de años de restricciones. El mandatario hizo el anuncio en Ankara durante una reunión con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan.

Trump justificó la posible operación en la relación que mantiene con Turquía y aseguró que el país ha demostrado, en varios aspectos, mayor lealtad que otros aliados de los que Washington esperaba respaldo. El presidente calificó al F-35 como el mejor avión de combate disponible actualmente y señaló que su gobierno volverá a considerar la participación de Ankara en torno al programa.

Turquía fue excluida del proyecto en 2019 después de recibir el sistema ruso de defensa antiaérea S-400, una adquisición que Estados Unidos consideró incompatible con la seguridad de la tecnología del F-35. La decisión provocó además la imposición de sanciones estadounidenses y frenó la entrega de los aviones que Ankara buscaba incorporar a sus fuerzas armadas.

Durante el encuentro, Trump anunció también que Estados Unidos levantará las sanciones impuestas a Turquía por la compra del sistema ruso, medidas adoptadas en virtud de la Ley para Contrarrestar a los Adversarios de Estados Unidos mediante Sanciones (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA). El mandatario afirmó que miembros de su gabinete ya trabajan en el proceso, una medida que facilitaría el camino para que el país recupere el acceso a los F-35.

Aunque todavía existen obstáculos legales antes de una eventual reincorporación plena de Turquía al programa, el levantamiento de las sanciones representaría un avance hacia uno de los principales objetivos de Erdogan en su relación con Washington. La posible venta también refleja el acercamiento entre ambos gobiernos y podría modificar una disputa que durante años afectó la cooperación militar entre dos miembros de la OTAN.