Los presidentes Donald Trump y Xi Jinping sostuvieron una reunión bilateral en Busan, Corea del Sur, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que ambos calificaron como “una cumbre histórica”. Durante más de 90 minutos de diálogo, los mandatarios alcanzaron un conjunto de acuerdos que buscan aliviar las tensiones comerciales, ampliar la cooperación energética y establecer mecanismos conjuntos contra el tráfico de fentanilo.

Trump anunció tras el encuentro que reducirá los aranceles a China del 20% al 10% sobre productos relacionados con el fentanilo, lo que disminuirá el promedio total de gravámenes del 57% al 47%. Según el mandatario, esta decisión refleja la disposición de Pekín a “trabajar arduamente para detener el flujo de opioides hacia Estados Unidos”. Por su parte, Xi Jinping destacó que “las dos mayores economías del mundo pueden tener fricciones, pero deben centrarse en los beneficios de la cooperación y evitar un ciclo de represalias”.

Puntos principales del acuerdo Trump–Xi

Reducción arancelaria y alivio comercial

• EE. UU. reducirá los aranceles del 20% al 10% para importaciones vinculadas al fentanilo. La medida rebaja el nivel global de tarifas estadounidenses sobre China del 57% al 47%.
• Ambas naciones suspenderán durante un año las tasas portuarias y las medidas adoptadas bajo la Sección 301, incluyendo las aplicadas al transporte marítimo y logístico.
• Se anunció la reanudación de compras chinas de soja, sorgo y otros productos agrícolas estadounidenses a gran escala.

Cooperación antidrogas y lucha contra el fentanilo

• Pekín se comprometió a fortalecer los controles sobre precursores químicos y laboratorios ilegales.
• Se creará un grupo bilateral de monitoreo con participación de agencias sanitarias y de seguridad. China colaborará con Washington en la trazabilidad de sustancias y en investigaciones criminales conjuntas.

Energía y materias primas estratégicas

• China comenzará a comprar petróleo y gas natural licuado (GNL) procedente de Alaska; el valor estimado del acuerdo ronda los US$ 44.000 millones.
• Pekín suspenderá por un año las restricciones a la exportación de tierras raras y minerales críticos, esenciales para la industria aeroespacial, tecnológica y automotriz.
• Ambos gobiernos acordaron facilitar el intercambio de energía limpia y tecnología de baterías.
• EE. UU. promoverá inversiones chinas en la exploración energética bajo supervisión de seguridad nacional.

Agenda tecnológica y digital

• Se reabrirá el diálogo sobre comercio de semiconductores, aunque sin avances concretos sobre Nvidia ni sobre el control de chips avanzados.
• Ambos países impulsarán un marco de regulación digital sobre datos, inteligencia artificial y plataformas como TikTok.
• Se discutió el intercambio de normas técnicas y estándares de ciberseguridad, bajo supervisión ministerial anual.

Nueva hoja de ruta bilateral 2026-2027

• Trump visitará China en abril de 2026, y Xi Jinping realizará posteriormente una visita oficial a Washington.
• Se establecerá un mecanismo de revisión anual de los compromisos alcanzados.
• Equipos técnicos negociarán un acuerdo comercial integral antes de finalizar 2026. Las prioridades incluirán comercio agrícola, energía, estándares tecnológicos, propiedad intelectual y cooperación climática.

ESTADOS UNIDOS HUNDE OTRA PRESUNTA NARCOLANCHA EN EL PACÍFICO

El Gobierno de Estados Unidos confirmó un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en el océano Pacífico, en el que murieron cuatro personas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció la operación a través de su cuenta en X y difundió un video del bombardeo, afirmando que la embarcación pertenecía a una organización terrorista. Con esta acción, suman ya 15 ataques extrajudiciales desde septiembre, que han dejado al menos 61 civiles muertos, en el marco de la campaña naval impulsada por la administración de Donald Trump.

Los ataques comenzaron en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, como parte de la presión de Washington contra el presidente Nicolás Maduro, y se han extendido al Pacífico. El propio Hegseth aseguró que la operación se desarrolló en aguas internacionales y que “ningún militar estadounidense resultó herido”. Sin embargo, organizaciones humanitarias y analistas han cuestionado la legalidad de los bombardeos, que se realizan sin orden judicial ni supervisión del Congreso.

Hegseth sostuvo que el bote atacado estaba vinculado a una “organización terrorista designada”, sin mencionar nombres específicos.

PRESIDENTE TRUMP ORDENA REANUDAR LAS PRUEBAS NUCLEARES DE ESTADOS UNIDOS

El presidente Donald Trump anunció que ha dado instrucciones al Departamento de Guerra para iniciar “de inmediato” las pruebas del arsenal nuclear estadounidense, argumentando que otros países ya realizan ejercicios similares. “Debido a los programas de pruebas de otros países, he ordenado comenzar nuestras propias pruebas en igualdad de condiciones”, declaró el mandatario en su red social Truth Social. Trump subrayó que Estados Unidos posee “más armas nucleares que cualquier otro país”, seguido por Rusia y, “a mucha distancia”, por China.

La decisión marca una ruptura con la política de no realizar ensayos nucleares que Washington mantenía desde 1992. De concretarse, supondría una violación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT), firmado, pero nunca ratificado por Estados Unidos. El anuncio ha generado inquietud internacional, dado que reactivar las pruebas podría desencadenar una nueva carrera armamentista y socavar los mecanismos de control nuclear vigentes desde el final de la Guerra Fría.

El pronunciamiento del mandatario se produjo poco después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, supervisara maniobras nucleares “rutinarias” que incluyeron el lanzamiento de un misil balístico intercontinental Yars desde el cosmódromo de Plesetsk hacia Kamchatka, a más de 6.000 kilómetros de distancia. En los ejercicios también participaron el submarino nuclear Briansk y bombarderos estratégicos Tu-95C que dispararon misiles de crucero, en una demostración de fuerza militar que fue interpretada como mensaje directo a Washington.

Estas maniobras rusas coincidieron con el aplazamiento de la cumbre ruso-estadounidense en Budapest, prevista para abordar la guerra en Ucrania. Moscú rechazó la propuesta de Washington de vincular el encuentro a un cese de hostilidades, lo que tensó aún más el clima diplomático. El anuncio de Trump, en este contexto, refuerza la percepción de un deterioro acelerado del orden nuclear global y abre la posibilidad de una nueva fase de competencia estratégica entre las principales potencias militares del mundo.

THUNE PREVE CONVERSACIONES EL FIN DE SEMANA SOBRE SALIDAS PARA PONER FIN AL CIERRE

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, anticipó que las conversaciones entre senadores continuarán durante el fin de semana, tras un repunte de los contactos bipartidistas en los últimos días. Thune sostuvo que cualquier negociación sobre los subsidios de salud que piden los demócratas sería después de reabrir el gobierno, y que lo que puede ofrecer ahora es un proceso: permitir una votación en una fecha cierta, sin prometer un resultado específico. 

Thune reiteró que los republicanos buscan primero aprobar un financiamiento temporal para reabrir la administración y, una vez restablecidas las operaciones, discutir cómo abordar las ayudas del mercado de seguros. Por su parte, los demócratas han insistido en un acuerdo sustantivo que preserve las subvenciones ampliadas antes de aportar votos para reabrir el gobierno. 

Consultado sobre la posibilidad de un desenlace en las próximas dos semanas, Thune se mostró optimista pero no ofreció plazos. Aun así, señaló que está dispuesto a mantener el diálogo con demócratas de base y líderes, siempre que exista la masa crítica de votos para abrir el gobierno y pasar luego a la discusión sanitaria. 

El cierre —que comenzó el 1 de octubre— se ha prolongado en medio del desacuerdo sobre la extensión de los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA). Los republicanos piden separar ese debate del proyecto de gastos para reabrir; los demócratas quieren atar ambos temas para evitar una subida de primas cuando se acerque la nueva temporada de inscripción. 

AEROLINEAS PIDEN AL CONGRESO REABRIR EL GOBIERNO ANTES DEL PICO DE VIAJES POR ACCIONES DE GRACIAS

Con la temporada de Acción de Gracias a la vuelta de la esquina, líderes del sector aéreo exhortaron al Congreso de EE. UU. a aprobar una resolución de continuidad “limpia” que permita reabrir el gobierno y pagar a controladores aéreos, personal de la TSA y agentes de CBP, esenciales para la operación diaria de los aeropuertos. La solicitud se produjo tras una mesa redonda en la Casa Blanca con el vicepresidente JD Vance y el secretario de Transporte Sean Duffy, a la que asistieron —entre otros— los directores ejecutivos de United y American. 

Scott Kirby, CEO de United Airlines, afirmó que “es momento de aprobar una CR limpia y continuar las negociaciones sin la presión de un cierre que afecta a los trabajadores y a la economía”. Delta Air Lines emitió un comunicado en la misma línea, advirtiendo que los turnos extra obligatorios y la falta de pago incrementan la presión sobre el personal federal que mantiene la seguridad del espacio aéreo. 

El cierre, que ya bordea el mes, coincide con lo que podría ser uno de los periodos de mayor demanda anual. Las aerolíneas y los aeropuertos dependen de unos 13.000 controladores y 50.000 agentes de la TSA que actualmente trabajan sin salario, lo que agrava tensiones preexistentes de personal insuficiente en la FAA. 

Ejecutivos y sindicatos respaldan un proyecto de financiación temporal “limpio” para restablecer pagos y reducir el riesgo de retrasos generalizados durante el pico festivo. 

No hay señales de un acuerdo inmediato en el Senado, pero la presión del sector —que advierte de mayores demoras si el cierre se prolonga en noviembre— podría acelerar conversaciones de última hora para aprobar una CR sin condiciones y estabilizar la operación aeroportuaria antes del pico de viajes.

NUEVA YORK DECLARA EMERGENCIA ALIMENTARIA ANTE LA INMINENTE SUSPENSIÓN DE AYUDAS FEDERALES

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia para destinar US$ 65 millones a bancos de alimentos, ante la inminente expiración de los fondos federales del programa nacional de asistencia alimentaria SNAP, previsto para el 1o de noviembre. La medida busca mitigar el impacto del cierre del gobierno federal, que amenaza con dejar sin beneficios a casi 42 millones de estadounidenses. Estados como Oregón y Virginia adoptaron medidas similares para garantizar el suministro de alimentos a sus poblaciones más vulnerables.

El anuncio se produce mientras el Congreso y la administración del presidente Donald Trump no han logrado aprobar recursos para cubrir los US$ 8.000 millones mensuales que cuesta el programa. Según el Departamento de Agricultura (USDA), Nueva York recibe cerca de US$ 650 millones mensuales en fondos federales para SNAP. Sin embargo, el gobierno estatal advirtió que no cuenta con la capacidad financiera para sustituir el apoyo federal en caso de que los pagos sean suspendidos.

Diversas organizaciones sociales, como la Legal Aid Society, han pedido al estado asumir temporalmente la financiación del programa utilizando sus reservas presupuestales. “Nueva York tiene los medios para proteger a sus ciudadanos del hambre”, aseguró la entidad, instando a la gobernadora Hochul a ampliar la cobertura del fondo de emergencia. Por su parte, Virginia anunció que usará su superávit fiscal para cubrir hasta un mes de beneficios, mientras que Oregón declaró una emergencia alimentaria de 60 días y destinó US$ 5 millones adicionales a los bancos de alimentos.

La crisis ha generado un frente político contra la Casa Blanca. Veintiún gobernadores demócratas enviaron una carta al presidente Trump exigiendo al USDA que utilice los fondos de contingencia y otras partidas disponibles para garantizar los beneficios de noviembre. “Suspender SNAP pondrá a millones de estadounidenses en riesgo de inseguridad alimentaria y pobreza. SNAP no es solo asistencia, es una línea de vida”, señalaron en el documento.

En paralelo, 24 estados demócratas y el Distrito de Columbia presentaron una demanda contra la administración Trump ante un tribunal federal en Boston, solicitando una orden que obligue al gobierno a liberar los recursos de emergencia. Analistas advierten que, si el cierre federal se prolonga, el país podría enfrentar una de las mayores crisis alimentarias desde la pandemia, afectando a millones de hogares de bajos ingresos, niños y adultos mayores que dependen del programa para subsistir.

CIERRE FEDERAL EN EE. UU.: EFECTOS CRECIENTES EN ALIMENTACION, TRANSPORTE Y ECONOMIA

El cierre del gobierno federal de Estados Unidos, iniciado el 1 de octubre de 2025, se acerca al umbral de un mes y ya deja ver efectos nacionales en alimentación, transporte y actividad económica. A medida que se prolonga la parálisis presupuestaria, aumentan los costos para hogares, empresas y gobiernos locales, con señales de menor dinamismo en el consumo y de presión adicional sobre servicios públicos esenciales.

El frente más sensible es el de la seguridad alimentaria. El Departamento de Agricultura (USDA) ha advertido que, mientras continúe el cierre, no podrá emitir los beneficios de noviembre del programa SNAP (conocido como “food stamps”), un apoyo del que dependen cerca de 42 millones de personas, alrededor de una de cada ocho en el país. El gasto mensual del programa ronda entre 8.000 y 9.000 millones de dólares, por lo que los estados han dejado claro que no cuentan con la capacidad fiscal para sustituir los depósitos en las tarjetas EBT si se interrumpen.

Ante ese escenario, varios gobernadores están activando paliativos. Nueva York declaró el estado de emergencia y destinó 65 millones de dólares para reforzar bancos de alimentos; Oregón declaró una emergencia de 60 días y aprobó recursos adicionales para su red de despensas; y Virginia anunció un esquema temporal financiado con superávit. Son medidas importantes para contener la presión inmediata, pero no reemplazan el volumen de transferencias federales que sostiene mes a mes al programa.

El transporte aéreo enfrenta también un estrés creciente en vísperas de la temporada de Acción de Gracias, uno de los picos de viaje más intensos del año. Controladores aéreos y personal de seguridad aeroportuaria (TSA y CBP) trabajan sin salario, con horas extra obligatorias que elevan el riesgo de ausentismo y demoras. Aerolíneas y sindicatos han pedido al Congreso aprobar de inmediato una resolución de continuidad “limpia” para reabrir el gobierno y garantizar el pago a estos trabajadores esenciales.

En el terreno de los servicios públicos, los Parques Nacionales operan con atención limitada y cierres puntuales para proteger recursos sensibles, mientras miles de empleados permanecen en licencia sin goce de sueldo. Los contratistas federales, a diferencia de los funcionarios públicos, no suelen recibir pago retroactivo, lo que repercute de forma directa en economías locales donde el Estado es un empleador relevante.

Las implicaciones macroeconómicas son acumulativas: cada semana de cierre añade fricción a la actividad, puede restar décimas al crecimiento trimestral y tiende a enfriar el gasto de los hogares. A esto se suma la atención de los mercados y de las calificadoras sobre la gobernanza fiscal, un factor que influye en la percepción de riesgo y en los costos de financiamiento del país.

En el plano político, el Senado sigue explorando salidas. El liderazgo republicano insiste en aprobar primero una resolución temporal de financiamiento para reabrir la administración y, después, negociar asuntos de fondo como los subsidios de salud; los demócratas, por su parte, buscan garantías sustantivas antes de aportar los votos para reabrir. En paralelo, algunos estados han incrementado la presión legal para que el gobierno federal libere fondos de contingencia que permitan cubrir, al menos parcialmente, los beneficios de noviembre.

De cara a las próximas semanas, el desenlace dependerá de tres variables: si se aprueba una resolución de continuidad antes del pico de viajes de Acción de Gracias; si hay decisiones administrativas o judiciales que habiliten el uso de fondos de contingencia para SNAP; y si se estabiliza la operación aeroportuaria con menos ausentismo y demoras. Mientras tanto, empresas y viajeros ajustan planes y presupuestos, y las redes comunitarias de alimentos se preparan para una demanda mayor en ausencia de una solución federal inmediata.

ESTADOS UNIDOS FIJA EN 7.500 EL TOPE ANUAL DE REFUGIADOS, EL MÁS BAJO EN LA HISTORIA DEL PAÍS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estableció en 7.500 personas el límite máximo de admisión de refugiados para el año fiscal 2026, la cifra más baja registrada desde que existe el programa de reasentamiento. Según un documento publicado por la Casa Blanca, la decisión forma parte de una estrategia más amplia para “reconfigurar las políticas de refugio y asilo” tanto en el país como a nivel global. El nuevo cupo se concentrará principalmente en solicitantes sudafricanos de la minoría blanca afrikáner, a quienes Trump considera víctimas de persecución racial.

El mandatario justificó la medida alegando que los afrikáners enfrentan discriminación en Sudáfrica, una afirmación que el gobierno de Pretoria ha rechazado enérgicamente. Desde su llegada al poder en enero, Trump había suspendido todas las admisiones de refugiados, condicionando su reanudación a que demostraran “beneficiar los intereses de Estados Unidos”. Semanas después lanzó un programa piloto para recibir afrikáners, lo que desató críticas de organizaciones humanitarias y defensores del asilo. Hasta septiembre, apenas 138 sudafricanos habían ingresado bajo esta vía.

El plan también abre la posibilidad de acoger a “otras víctimas de discriminación ilegal o injusta en sus países de origen”. Un documento interno del gobierno estadounidense, elaborado en abril, sugirió que podrían priorizarse refugiados europeos perseguidos por expresar posturas políticas contrarias a la migración masiva o favorables a partidos populistas, aunque esa línea no fue incluida formalmente en el anuncio público.

La decisión supone un cambio drástico frente a las políticas del expresidente Joe Biden, bajo cuya administración se admitieron cerca de 100.000 refugiados en 2024. Durante la Asamblea General de la ONU en septiembre, funcionarios de alto nivel del gobierno de Trump instaron a otros países a sumarse a una “campaña global para reducir los sistemas de asilo”, lo que representa un giro en el marco migratorio establecido tras la Segunda Guerra Mundial.

Organizaciones de apoyo a refugiados advirtieron sobre el impacto humanitario y económico de la medida. Gideon Maltz, director ejecutivo de Tent Partnership for Refugees, señaló que “los refugiados han contribuido a resolver la escasez de mano de obra y el programa ha sido extraordinariamente beneficioso para Estados Unidos”. “Desmantelarlo no es poner a América primero”, afirmó. En paralelo, la Casa Blanca confirmó que la supervisión de los programas de apoyo a refugiados pasará del Departamento de Estado al de Salud y Servicios Humanos, consolidando el enfoque doméstico y restrictivo de la nueva política.

EE. UU. ADMITE QUE BRINDÓ “UN IMPULSO” A MILEI ANTES DE LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reconoció que la administración de Donald Trump ofreció un “impulso” al presidente argentino Javier Milei antes de las elecciones legislativas del pasado domingo. “Uno de nuestros grandes aliados en Sudamérica, el presidente Milei, necesitaba un impulso para enfrentarse a las elecciones”, dijo en una entrevista con Fox News, al destacar la victoria del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, un bastión históricamente peronista.

Bessent defendió el acuerdo económico entre Washington y Buenos Aires, que incluye una línea de swap —intercambio de divisas convertible en deuda— por valor de US$ 20.000 millones, canalizada a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus siglas en inglés). Según explicó, el programa no implicó gasto fiscal directo y pudo activarse “de forma unilateral” por decisión del Tesoro estadounidense, sin aprobación del Congreso. “Por eso pude hacerlo”, subrayó el funcionario.

El secretario añadió que ambos gobiernos trabajan en un segundo instrumento financiero del mismo monto, que elevaría a US$ 40.000 millones el apoyo total de Estados Unidos a la economía argentina. El objetivo, afirmó, es “ayudar al pueblo argentino que ha elegido mayoritariamente el libre mercado” y respaldar las reformas promercado impulsadas por Milei. Bessent aseguró que Washington considera al mandatario libertario “un aliado clave” en la región y un ejemplo de “reconstrucción económica basada en la disciplina fiscal y la apertura comercial”.

Las declaraciones provocaron críticas entre legisladores demócratas, quienes cuestionaron que el Tesoro respalde a un gobierno extranjero mientras el Ejecutivo estadounidense permanece cerrado desde hace treinta días por falta de acuerdo presupuestario. Bessent respondió acusando a la oposición de “bloquear el funcionamiento del país” y pidió reabrir temporalmente la administración federal. “Nosotros sí estamos ayudando a nuestros aliados y promoviendo la libertad en el hemisferio”, concluyó el secretario.