Un proyecto de microseguros para pequeños agricultores y microempresas en Colombia, con un valor de US$650.000, quedó incluido en la lista de programas que perderán financiación tras la decisión de la Casa Blanca de aplicar un paquete de restricciones fiscales a la cooperación internacional.

La iniciativa buscaba fortalecer la capacidad de productores rurales y emprendedores frente a desastres climáticos, ofreciendo mecanismos de cobertura que facilitaran la recuperación económica ante inundaciones, sequías u otros eventos extremos.

Este recorte se enmarca en la decisión del presidente Donald Trump de implementar un “pocket rescission” por un total de $5.000 millones, una herramienta excepcional de control fiscal que no se usaba desde hace cinco décadas. La medida afecta principalmente recursos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Departamento de Estado y aportes a organismos internacionales y operaciones de paz.

En términos generales, los recortes más amplios corresponden a US$3.200 millones en asistencia para el desarrollo, que tradicionalmente ha financiado programas contra la pobreza y el fortalecimiento institucional en países en desarrollo. También se incluyen US$322 millones para promoción de la democracia, US$521 millones en contribuciones a organismos multilaterales como la UNESCO y la OIT, además de US$393 millones para operaciones de mantenimiento de paz de la ONU y US$445 millones para programas de cooperación en seguridad internacional.

La Casa Blanca explicó que los fondos eliminados responden a gastos considerados contrarios a las prioridades nacionales de EE. UU. y a la política de America First. Sin embargo, la decisión genera interrogantes sobre los efectos en países receptores de asistencia y sobre el papel de liderazgo de Estados Unidos en la cooperación internacional.

JUEZA FEDERAL FRENA PLAN DE TRUMP PARA ACELERAR DEPORTACIONES MASIVAS EN EE. UU.

Un juez federal bloqueó temporalmente la estrategia de la administración Trump que buscaba expandir las deportaciones rápidas de migrantes indocumentados en el interior de Estados Unidos. La medida representa un revés para la promesa central de Trump de ejecutar un millón de deportaciones al año durante su segundo mandato.

La decisión fue emitida por la jueza Jia Cobb, quien cuestionó que el Gobierno estuviera pasando por alto los derechos constitucionales de los migrantes. En su fallo, subrayó que la administración defendía un proceso “escueto” que negaba garantías de debido proceso y advirtió que, de aceptarse ese argumento, “no solo los no ciudadanos, sino todos estarían en riesgo”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reaccionó señalando que la orden judicial desconoce la autoridad presidencial bajo la Constitución y la ley federal. Según la administración Trump, el plan buscaba enfocarse en “los peores de los peores” y se sustentaba en “la ley, los hechos y el sentido común”.

Hasta ahora, las deportaciones exprés solo se aplicaban a migrantes detenidos a menos de 100 millas de la frontera y con menos de 14 días en el país. El gobierno buscaba ampliarlas a quienes llevaran menos de dos años en territorio estadounidense, lo que abrió un intenso choque legal con la ACLU y organizaciones de derechos de migrantes.

La jueza Cobb ya había detenido previamente un intento de extender este mecanismo a inmigrantes que ingresaron legalmente bajo parole humanitario, beneficiando potencialmente a cientos de miles de personas. Su nueva decisión insiste en que la prisa por acelerar las deportaciones podría conducir a expulsiones erróneas sin dar oportunidad de solicitar asilo ni ejercer derechos básicos de defensa.

ADMINISTRACIÓN TRUMP RECORTA MÁS DE 500 EMPLEOS EN LA VOZ DE AMÉRICA PESE A FRENO JUDICIAL

La administración Trump anunció la eliminación de más de 500 puestos de trabajo en la Agencia de Medios Globales de EE. UU. (USAGM), entidad que supervisa la Voz de América (VOA) y otras emisoras internacionales financiadas por el gobierno. El anuncio lo hizo la directora interina, Kari Lake, apenas un día después de que un juez federal bloqueara su intento de destituir a Michael Abramowitz como director de VOA.

El juez Royce Lamberth, designado por Ronald Reagan, dictaminó que la remoción de Abramowitz sin la aprobación de la mayoría de la Junta Asesora de Radiodifusión Internacional sería “claramente contraria a la ley”. Además, dio a la administración “una última oportunidad, corta de un juicio por desacato”, para demostrar que está cumpliendo con la orden de restaurar las operaciones de VOA, y ordenó a Lake presentarse a una deposición antes del 15 de septiembre.

Pese al fallo, Lake confirmó en redes sociales la reducción de personal (RIF) que afectará a 532 empleados de tiempo completo, asegurando que la agencia seguirá cumpliendo su misión y que el recorte incluso podría “mejorar” su funcionamiento. Los trabajadores, sin embargo, calificaron la medida como un ataque abierto contra la institución y anticiparon que en su testimonio judicial se deberá aclarar si hubo el rigor legal requerido por el Congreso.

El recorte se suma a las tensiones que se arrastran desde junio, cuando se enviaron notificaciones de despido a más de 600 trabajadores y Abramowitz, junto con gran parte de la plantilla de VOA, fue puesto en licencia administrativa. Según cifras oficiales, la agencia mantendrá 158 empleados de USAGM y 108 de VOA, mientras el resto quedará despedido o en suspensión.

La USAGM alberga también a Radio Free Europe, Radio Free Asia y Radio Martí, emisoras creadas en la Guerra Fría que hoy alcanzan a más de 427 millones de personas en el mundo, y que representan un instrumento clave del poder blando estadounidense frente a regímenes autoritarios. El intento de Trump de reestructurar drásticamente este aparato mediático apunta a redefinir el rol de la diplomacia pública de EE. UU., aunque enfrenta una batalla legal cada vez más intensa.

OPERATIVOS FEDERALES EN WASHINGTON Y LOS ÁNGELES DESATAN CRÍTICAS POR TÁCTICAS DE “MANO DURA”

Las calles de Washington y Los Ángeles han sido escenario de escenas inusuales desde que el presidente Donald Trump declaró una emergencia por crimen en la capital y reforzó deportaciones en todo el país: agentes federales, algunos encapuchados, arrestando personas en plena vía pública, subiéndolas a vehículos sin dar explicaciones a los transeúntes.

En una orden ejecutiva firmada este mes, Trump argumentó que la incapacidad del gobierno del Distrito de Columbia para mantener el orden estaba afectando el funcionamiento federal y que era su deber enviar fuerzas federales para restaurar la seguridad. El mandatario incluso ha amenazado con extender este tipo de operaciones a otras ciudades, lo que ha encendido alarmas entre alcaldes, líderes comunitarios y expertos en seguridad.

A diferencia de la policía local, los agentes federales históricamente no patrullan calles, sino que se concentran en investigaciones mayores de alcance interestatal o nacional. Además, carecen de medidas de transparencia adoptadas por la mayoría de los departamentos de policía, como el uso de cámaras corporales, eliminadas por la administración Trump tras rescindir una orden de Biden que las hacía obligatorias.

Otro punto polémico es el uso de máscaras, práctica cuestionada por la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, y por organizaciones de derechos civiles. Mientras el Departamento de Seguridad Nacional sostiene que protegen a los agentes contra  agresiones, críticos denuncian que la falta de identificaciones claras erosiona la confianza y dificulta la rendición de cuentas.

El secretismo también se extiende a los informes de arresto. A diferencia de las policías locales, que publican datos básicos, las agencias federales entregan solo cifras generales y obligan a familiares y abogados a enfrentar largos procesos bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) para obtener detalles.

ESTADOS UNIDOS NIEGA VISA A MAHMOUD ABBAS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU

El gobierno de Estados Unidos anunció que no permitirá al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, viajar a Nueva York el próximo mes para participar en la Asamblea General de la ONU, donde varios aliados de Washington, incluidos Reino Unido, Francia, Australia y Canadá, planean reconocer formalmente al Estado palestino.

El Departamento de Estado indicó que Abbas y alrededor de 80 funcionarios de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y de la Autoridad Palestina serían afectados por la decisión, que incluye la denegación o revocación de visas. La misión permanente palestina ante la ONU no está incluida en las restricciones.

La oficina de Abbas calificó la medida como una violación del acuerdo de sede de 1947 entre la ONU y Estados Unidos, que obliga al país anfitrión a permitir la entrada de delegaciones extranjeras. Voceros palestinos pidieron a Washington reconsiderar la decisión, mientras varios ministros europeos criticaron la postura estadounidense. Francia e Irlanda señalaron que el acceso a la Asamblea General no debe tener restricciones, y el primer ministro español, Pedro Sánchez, calificó la decisión como “injusta”.

El Departamento de Estado justificó la medida señalando que la Autoridad Palestina y la OLP no han repudiado de manera consistente el extremismo y continúan promoviendo un reconocimiento unilateral de Estado, lo que —según Washington— socava las perspectivas de paz. Israel respaldó la decisión y criticó a sus aliados occidentales por anunciar su apoyo a la causa palestina en Naciones Unidas.

La controversia ocurre en un contexto en el que al menos 147 de los 193 Estados miembros de la ONU ya reconocen a Palestina, que actualmente tiene estatus de observador en la organización. La postura de EE. UU. sostiene que la creación de un Estado palestino solo puede alcanzarse mediante negociaciones directas con Israel.

SENADOR SANDERS PIDE LA RENUNCIA DEL SECRETARIO DE SALUD ROBERT F. KENNEDY JR. POR DISPUTAS SOBRE VACUNAS

El senador independiente Bernie Sanders solicitó la renuncia del secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., tras una serie de renuncias y despidos en el ámbito de salud pública relacionados con su postura contraria a las vacunas.

En un artículo de opinión publicado en The New York Times, Sanders acusó a Kennedy de “poner en riesgo la salud del pueblo estadounidense ahora y en el futuro”.

La controversia estalló esta semana luego de que Kennedy destituyera a Susan Monarez, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), a menos de un mes de haber asumido el cargo. Monarez se negó a implementar restricciones al acceso a vacunas que, según ella, contradecían la evidencia científica. Su salida fue seguida por la renuncia de otros cuatro altos funcionarios del CDC, mientras que cientos de trabajadores abandonaron las oficinas en Atlanta en señal de protesta.

Sanders, quien ya se había opuesto a la confirmación de Kennedy en el Senado, afirmó que el secretario está imponiendo “políticas peligrosas” y promoviendo teorías conspirativas desmentidas por la comunidad médica. El legislador recordó que las vacunas contra enfermedades como la polio y la COVID-19 han salvado millones de vidas en todo el mundo.

Kennedy, abogado y reconocido crítico de las vacunas, asumió el cargo en febrero tras ser nominado por el presidente Donald Trump. En audiencias legislativas anteriores ha sostenido que los estadounidenses no deberían seguir sus consejos médicos directamente, pero sus declaraciones sobre supuestos diagnósticos basados en la apariencia física de niños en aeropuertos han generado desconcierto entre profesionales de la salud.

Hasta el momento, el secretario no se ha pronunciado públicamente sobre la petición de renuncia ni sobre las críticas de Sanders, mientras la situación genera incertidumbre sobre la estabilidad en la principal agencia de salud pública del país.

ALCALDE DE CHICAGO RECHAZA PLAN FEDERAL DE ENVIAR AGENTES MIGRATORIOS A LA CIUDAD

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó una orden ejecutiva para limitar la cooperación de las autoridades locales con el plan del gobierno federal de desplegar agentes de inmigración en la ciudad durante 30 días, a partir del 5 de septiembre.

La medida prohíbe a la policía de Chicago participar en operativos de control migratorio, incluyendo patrullajes, retenes o paradas de tráfico, así como usar cubiertas faciales para ocultar su identidad, práctica que se ha extendido entre agentes federales bajo la actual administración.

Johnson instruyó además a todas las dependencias municipales a proteger los derechos constitucionales de los residentes, ante la posibilidad de un despliegue inminente de fuerzas federales. Durante una conferencia de prensa, subrayó que no recibe órdenes del gobierno federal y cuestionó la legalidad de la intervención.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses, el operativo en Chicago forma parte de una estrategia más amplia de aumentar la presencia de agentes federales en grandes ciudades gobernadas por demócratas, similar a lo ocurrido este verano en Los Ángeles. A diferencia del caso de Washington D. C., no se contempla el uso de la Guardia Nacional o de fuerzas militares, y la operación se centraría exclusivamente en inmigración y deportaciones.

El presidente Donald Trump justificó el despliegue con base en los altos índices de violencia en Chicago, señalando en redes sociales recientes hechos de homicidios y tiroteos, y advirtiendo que si el estado y la ciudad no controlan la situación, el gobierno federal intervendrá directamente.

Chicago y el estado de Illinois han adoptado durante años políticas de no cooperación con las autoridades federales de inmigración, lo que ha generado choques frecuentes con la agenda de deportaciones masivas del presidente Trump. La postura del alcalde Johnson reafirma esta tradición, dejando en claro que ni la ciudad ni el estado fueron consultados sobre la iniciativa federal y que se oponen a su implementación.