La relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos vive una nueva coyuntura de tensión tras la decisión del gobierno estadounidense de revocar la visa del presidente Gustavo Petro. Según Washington, la medida responde a declaraciones que habrían incitado a la desobediencia de militares estadounidenses y a la violencia, lo que —a su juicio— contraviene el principio de no intervención y el respeto a la soberanía de otros Estados, pilares recogidos en la Carta de las Naciones Unidas y en la Carta de la OEA.

La medida generó un efecto inmediato en la relación bilateral. El Departamento de Estado confirmó que también fueron canceladas las visas de algunos altos funcionarios del gobierno colombiano, en lo que se interpreta como una extensión de la sanción política contra la administración Petro.

Entre los afectados está Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), quien fue notificada de la revocatoria a través de un correo electrónico de la Embajada de Estados Unidos. También Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, sufrió la cancelación de sus credenciales diplomáticas (A1) y de turismo (B1/B2), que ya no son válidas para ingresar a territorio estadounidense.

En paralelo, varios funcionarios del gabinete optaron por renunciar voluntariamente a sus visados como un gesto de respaldo al presidente Petro y en rechazo a lo que consideran una injerencia extranjera. La primera en hacerlo fue la canciller Rosa Villavicencio, quien calificó su decisión como un acto de dignidad frente a la decisión “inaceptable” de Washington.

El comunicado de la Cancillería subrayó que “Estados Unidos, al vulnerar las normas diplomáticas internacionales, se presenta como juez y parte de sus propias arbitrariedades”. También advirtió que Colombia no aceptará que un poder extranjero determine quién puede representar al Estado en escenarios internacionales, insistiendo en que “la dignidad de nuestra nación no es negociable”. En su cuenta de X, Villavicencio reafirmó que “nuestra soberanía no se arrodilla. Colombia se respeta”. Según explicó, el gesto busca dejar claro que la representación diplomática del país no puede estar sometida a presiones externas.

La Cancillería concluyó que Colombia seguirá actuando como un país independiente y autónomo, dispuesto a defender su voz en la comunidad internacional sin aceptar restricciones arbitrarias.

Posteriormente, Germán Ávila, ministro de Hacienda, anunció que dejaba su visa como muestra de solidaridad, señalando que “para trabajar por nuestro pueblo no necesitamos visa”. La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, también comunicó en sus redes sociales que renunciaba a su permiso de ingreso a EE.UU. como un acto de coherencia y de defensa de la soberanía nacional.

El secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, se sumó a esta postura y declaró que “la soberanía de nuestra Nación no se condiciona ni se subordina”. Con ello, ya son al menos cuatro los altos funcionarios que han tomado esta decisión política en apoyo al presidente colombiano, en un ambiente de creciente confrontación diplomática con Estados Unidos.

Impacto de no tener visa

No hay inhabilidad legal en Colombia por carecer o renunciar a la visa de EE. UU.; sin embargo, sí hay consecuencias operativas relevantes para el cumplimiento oportuno y eficaz de las funciones, dado que múltiples foros y gestiones clave para la relación bilateral y financiera ocurren en territorio estadounidense. En esos casos, el despacho tendría que delegarla representación o recurrir a participación virtual, con los costos diplomáticos y de efectividad que ello conlleva. (Esta necesidad de visa para actuaciones oficiales en EE. UU. está claramente establecida por el propio Departamento de Estado).

Vías oficiales para asistir a Washington

Para los casos recientes —ministros que renunciaron a su visa, ministros que no tienen visa vigente y un presidente al que se le revocó— sí existen vías formales para asistir a reuniones oficiales en Washington:

• Los viajes exclusivamente oficiales se tramitan con visa A-1 (jefes de Estado y ministros de gabinete) o A-2 (otros altos funcionarios) cuando el propósito es bilateral con el Gobierno de EE. UU.;
• Los viajes para agenda ante organismos internacionales con sede en EE. UU. (ej., OEA, FMI o Banco Mundial) se puede otorgar la visa G (usualmente G-2).
• En misiones cortas puede usarse la anotación TDY (temporary duty) para estancias menores de 90 días.

Aun si una persona renunció a su visa anterior o no cuenta con B1/B2, puede solicitar la categoría A o G para la misión específica mediante nota verbal y soportes oficiales; la validez y número de entradas dependen del cuadro de reciprocidad para Colombia.

PRESIDENTE TRUMP ANUNCIA ARANCELES A MUEBLES Y PELÍCULAS EXTRANJERAS PARA “PROTEGER EMPLEOS” EN EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en Truth Social nuevas medidas comerciales dirigidas a los sectores del mobiliario y el cine. En sus mensajes, aseguró que parte de la industria cinematográfica se ha desplazado al exterior —[“Our movie making business has been stolen from the United States of America, by other Countries, just like stealing candy from a baby”]— y afirmó que impondrá “un arancel del 100%” a toda película producida fuera del territorio estadounidense —[“a 100% tariff on any and all Movies coming into our Country that are produced in Foreign Lands”]—. Estos anuncios fueron recogidos por agencias y medios estadounidenses, que subrayan que aún no se ha publicado la orden formal que detalle base legal, cobertura y procedimiento de aplicación. 

Respecto de muebles, el presidente señaló que Carolina del Norte habría perdido su industria frente a la competencia extranjera y anticipó aranceles del 50% a gabinetes de cocina y vanities de baño, así como 30% al mobiliario tapizado, con la siguiente formulación: —[“We will be imposing a 50% tariff on all Kitchen Cabinets, Bathroom Vanities, and associated products, starting October 1st, 2025. Additionally, we will be charging a 30% Tariff on Upholstered Furniture”]—. A la fecha, gremios y prensa especializada reportan el anuncio y la falta de anexos técnicosen el Federal Register (partidas, excepciones, proceso de cobro). 

Desde el punto de vista arancelario, los muebles se clasifican en el Capítulo 94 del HTSUS. El mobiliario tapizado se ubica usualmente en 9401 (p. ej., 9401.61/9401.71 para asientos con armazón de madera o metal, tapizados), mientras que gabinetes de cocina y vanities se registran mayoritariamente bajo 9403 (“los demás muebles”), según criterios de material y uso.

En el caso de películas, el comercio físico de película cinematográfica (soportes analógicos) se encuadra en el Capítulo 37 (por ejemplo, 3706). No obstante, el flujo actual del negocio es digital/servicios, por lo que no está sujeto a aranceles aduaneros tradicionales. Además, el Moratorio de la OMC sobre derechos de aduana a las transmisiones electrónicasha respaldado internacionalmente la no imposición de aranceles a contenidos digitales; por ello, cualquier intento de gravar “películas” en formato digital requeriría definir mecanismo y base legal específicos en EE. UU. (y afrontaría debate técnico y diplomático).

Impacto en Colombia

Para películas, el impacto directo sería limitado en el corto plazo, pues Colombia no exporta volúmenes relevantes de soportes físicos a EE. UU.; el riesgo es más indirecto en coproducciones, VFX y posproducción si eventual regulación intentara alcanzar contenidos digitales o obras con rodaje parcial fuera de EE. UU. (lo cual todavía no está definido normativamente). 

En muebles, de materializarse aranceles del 30% a tapizados (9401) y 50% a gabinetes / vanities (9403), se encareceríala oferta colombiana en EE. UU. y habría presión sobre márgenes y pedidos en esos subsegmentos. Las respuestas posibles incluyen ensamble parcial en EE. UU. (para cumplir reglas de origen o mitigar costos), solicitudes de exclusión cuando procedan, y diversificación de mercados. Dado que los anuncios aún carecen de orden ejecutiva/proclamación con detalle de subpartidas y fechas de entrada en vigor, el impacto final dependerá de la implementación que publique la autoridad estadounidense (USTR/CBP) en el Federal Register. 

Nota: hasta el momento, lo comunicado son anuncios presidenciales; para efectos jurídicos y operativos se requiere la publicación de la medida (proclamación/aviso), con especificación de HTS, alcance, excepciones y plazos. Recomendamos monitorear diariamente Federal Register, USTR y CBP para confirmar la informacion, su implicación y aplicación.

TRUMP ANUNCIA PLAN INTEGRAL PARA PONER FIN AL CONFLICTO EN GAZA TRAS REUNIÓN CON NETANYAHU Y AL THANI

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una llamada trilateral con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el primer ministro de Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, en la que propuso un mecanismo de cooperación para mejorar la comunicación, resolver agravios y reforzar la seguridad regional. Trump expresó su deseo de encaminar las relaciones entre Israel y Catar tras años de tensiones y malentendidos.

Durante la conversación, Netanyahu lamentó un ataque israelí contra objetivos de Hamas en Catar que provocó la muerte de un militar catarí, asegurando que no se repetiría. A su vez, Al Thani recibió con satisfacción estas disculpas, destacando la disposición de su país para contribuir a la estabilidad de Medio Oriente. Ambos líderes coincidieron en avanzar en coordinación con Washington para enfrentar amenazas comunes.

En este contexto, Trump presentó su plan integral para Gaza, que contempla un alto al fuego inmediato, la devolución de rehenes en un plazo máximo de 72 horas y la suspensión de operaciones militares mientras se concreta un acuerdo de retirada escalonada de las fuerzas israelíes. El plan prevé la liberación simultánea de prisioneros palestinos y un esquema de intercambio de restos de fallecidos.

El proyecto incluye la creación de un “Board of Peace”, un organismo internacional de supervisión encabezado por Trump, con la participación de líderes y expertos internacionales, entre ellos el ex primer ministro británico Tony Blair. Esta instancia coordinaría la transición hacia un gobierno tecnocrático palestino en Gaza, con apoyo financiero internacional y bajo estricta vigilancia para evitar la reconstrucción de infraestructura militar.

Trump también anunció un plan de desarrollo económico para Gaza, con la creación de una zona económica especial y la atracción de inversiones extranjeras para reconstruir infraestructura, generar empleo y dar nuevas oportunidades a la población. La entrada de ayuda humanitaria estaría garantizada bajo mecanismos de Naciones Unidas y la Cruz Roja, con énfasis en salud, agua, electricidad y rehabilitación de viviendas.

El plan contempla la formación de una Fuerza Internacional de Estabilización, integrada por socios regionales y supervisada por Estados Unidos, Jordania y Egipto. Esta fuerza entrenaría a cuerpos de seguridad palestinos y apoyaría en el control fronterizo, con el objetivo de impedir el contrabando de armas y garantizar el flujo seguro de bienes para la reconstrucción. Israel, por su parte, se comprometería a no ocupar ni anexar Gaza.

Trump calificó la jornada como “un día histórico para la paz” y aseguró que su propuesta busca no solo poner fin a la guerra en Gaza, sino sentar las bases de un nuevo Medio Oriente más seguro y próspero. El presidente subrayó que el plan abre la puerta a un proceso de reconciliación, a la autodeterminación palestina y a la coexistencia pacífica, siempre y cuando se cumplan las condiciones de desmilitarización y renuncia a la violencia.

SE MANTIENE PULSO PRESUPUESTAL ENTRE DEMÓCRATAS Y TRUMP, ACECHA EL FANTASMA DEL CIERRE DEL GOBIERNO

Estados Unidos se encamina a un posible cierre del gobierno este martes a medianoche, cuando expira la financiación federal si no se logra un acuerdo en el Congreso. El presidente Donald Trump convocó a líderes legislativos a la Casa Blanca para un último intento de negociación, pero demócratas y republicanos mantienen posturas irreconciliables sobre cómo financiar al Estado. Miles de empleados públicos y servicios clave, desde la NASA hasta los parques nacionales, podrían verse afectados.

El choque va más allá de un plan de gasto temporal. Los demócratas buscan aprovechar la amenaza de cierre para restaurar fondos previamente bloqueados y garantizar subsidios de salud del Affordable Care Act, que expiran a fin de año. En juego están US$ 1,7 billones en gastos discrecionales, alrededor de una cuarta parte del presupuesto federal, mientras el resto se destina a salud, pensiones e intereses de la deuda de US$ 37,5 billones.

La Cámara de Representantes, bajo control republicano, aprobó un plan para extender la financiación hasta noviembre, pero el Senado lo rechazó. El líder demócrata Chuck Schumer exige negociar los recortes en salud, mientras el republicano John Thune insiste en aprobar primero un presupuesto temporal. El líder de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, rechazó ceder ante lo que calificó como promesas poco confiables de sus rivales.

Los demócratas apuestan a movilizar a su base de cara a las elecciones legislativas de 2026. Legisladores moderados como Hillary Scholten han advertido que no votarán un presupuesto sin recursos para salud infantil, aunque reconocen que un cierre perjudicaría a distritos con instalaciones militares y a programas de investigación. La estrategia, sin embargo, conlleva riesgos políticos si la opinión pública percibe que se oponen por principio a Trump.

Desde 1981 ha habido 14 cierres parciales del gobierno, siendo el de 2018-2019 el más largo con 35 días. El desenlace de este pulso aún es incierto, pero la disputa refleja la profunda polarización en Washington. Si no hay acuerdo, el país podría entrar en una nueva parálisis institucional con repercusiones económicas inmediatas y un fuerte impacto en la confianza ciudadana hacia el sistema político.

LA CASA BLANCA ADVIERTE QUE LOS DEMÓCRATAS PONEN EN RIESGO A VETERANOS, ADULTOS MAYORES Y SEGURIDAD PÚBLICA CON AMENAZA DE CIERRE DE GOBIERNO

La Casa Blanca acusó a los demócratas de llevar al país al borde de un cierre gubernamental que afectaría servicios esenciales para veteranos, adultos mayores y fuerzas de seguridad. En un comunicado, recordó que millones de estadounidenses dependen de programas federales y que estos no pueden ser utilizados como “fichas de negociación política”. Diversas organizaciones nacionales instaron al Congreso a aprobar de inmediato una resolución de financiamiento temporal (Continuing Resolution, CR) para evitar la parálisis administrativa.

El sindicato American Federation of Government Employees advirtió que los empleados federales —muchos de ellos veteranos y agentes de la ley— merecen estabilidad y respeto, no despidos ni incertidumbre. El American Legion y AMVETS subrayaron que una extensión presupuestal es vital para mantener programas de salud mental, vivienda y prevención del suicidio en la comunidad de veteranos, mientras que la Vietnam Veterans of America alertó que un cierre retrasaría el procesamiento de beneficios y pondría en riesgo a familias vulnerables.

Grupos empresariales y de política pública también se pronunciaron. La America First Policy Institute y Americans for Prosperity apoyaron la aprobación de un CR “limpio” que mantenga los niveles de gasto actuales y preserve la seguridad nacional. Por su parte, la National Association of Home Builders advirtió que un cierre pondría en peligro el Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones, afectando miles de ventas de vivienda cada día. La National Grocers Association alertó que programas de asistencia alimentaria como SNAP y WIC se verían interrumpidos, dejando a millones de familias expuestas.

El sector salud y tecnológico sumó su voz. La American Telemedicine Association pidió evitar que millones de pacientes queden en el “precipicio de la telesalud” si el Congreso no actúa. La CTIA, que agrupa a la industria inalámbrica, resaltó la importancia de extender la Ley de Intercambio de Información sobre Ciberseguridad para proteger infraestructuras críticas. Asimismo, el programa federal de atención domiciliaria para pacientes de Medicare, vigente desde la pandemia, expirará si no se aprueba la resolución.

Las organizaciones de seguridad también alertaron sobre las consecuencias. La National Association of Police Organizations, que representa a 250.000 agentes, dijo que un cierre obligaría a oficiales a seguir arriesgando sus vidas sin recibir pago, debilitando la capacidad de respuesta frente al crimen y el narcotráfico. El Consejo de Prisiones Federales agregó que el sistema penitenciario no puede suspender operaciones, lo que expondría tanto a funcionarios como a la seguridad pública.

Otras voces de la sociedad civil reforzaron la urgencia de actuar. AMAC, que representa a adultos mayores, advirtió que un cierre afectaría el acceso a servicios de Medicare y Seguridad Social. La U.S. Travel Association estimó pérdidas de US$ 1.000 millones semanales para la economía turística si el cierre interrumpe aeropuertos y parques nacionales. Y la Small Business & Entrepreneurship Council recordó que las pequeñas empresas necesitan certidumbre en lugar de disrupciones.

La Casa Blanca concluyó que los demócratas están poniendo en riesgo vidas y medios de subsistencia con sus demandas partidistas. “Mantener abierto al gobierno debería ser un esfuerzo bipartidista”, afirmó, instando al Congreso a aprobar un CR inmediato que proteja a veteranos, adultos mayores, familias trabajadoras y la seguridad nacional. “Los estadounidenses merecen un gobierno funcional, no un cierre dañino por intereses políticos”, señaló el comunicado.

PROCESAMIENTOS FEDERALES POR DROGAS CAEN A MÍNIMOS HISTÓRICOS BAJO ENFOQUE MIGRATORIO DE TRUMP

Un análisis de Reuters reveló que las acusaciones federales por delitos de drogas en Estados Unidos alcanzaron en 2025 su nivel más bajo en décadas, tras la orden del presidente Donald Trump de concentrar recursos en deportaciones de inmigrantes. Los registros judiciales muestran que, hasta septiembre, las causas por violaciones a leyes de drogas se redujeron en 10% frente al mismo periodo de 2024, lo que equivale a 1.200 casos menos y marca la tasa más baja desde finales de los noventa.

La caída ha sido más pronunciada en delitos de conspiración y lavado de dinero, figuras legales utilizadas para perseguir a traficantes de alto nivel. En estos casos, las acusaciones cayeron un 24%, reflejando la reasignación de fiscales y agentes hacia operativos migratorios rápidos en lugar de investigaciones complejas y de largo aliento contra el crimen organizado.

Tras asumir en enero, Trump implementó la mayor reestructuración de las agencias de seguridad desde los atentados del 11 de septiembre. Miles de agentes federales fueron redirigidos a enfrentar lo que describió como una “invasión” de inmigración ilegal. Funcionarios del Departamento de Justicia reconocieron que se dedica menos tiempo a pesquisas contra carteles para priorizar redadas migratorias visibles.

Aunque el gobierno asegura que las drogas en circulación se han reducido gracias a la deportación de “criminales peligrosos”, fiscales y agentes sostienen que incluso casos prioritarios quedaron en suspenso. Un fiscal citó una investigación sobre fentanilo detenida porque sus agentes fueron reasignados a deportaciones. Otros reportes confirman retrasos en pesquisas sobre redes de tráfico.

Las estadísticas judiciales evidencian el impacto: los cargos por conspiración de drogas cayeron 15%, las imputaciones por importación de narcóticos bajaron 6% y los procesos relacionados con armas en contextos de narcotráfico descendieron 5%. Expertos advierten que la tendencia podría intensificarse, ya que investigaciones actuales no llegarán a juicio sino hasta dentro de un año o más.

El cambio de prioridades también se refleja en que, por primera vez en décadas, casi la mitad de los acusados federales en 2025 enfrentan cargos por violaciones migratorias. Más de 700 fiscales han sido reasignados a estos casos, lo que equivale a más de uno de cada diez a nivel nacional. Según exfuncionarios de la DEA y la ATF, esta estrategia ha generado frustración entre agentes que ven cómo “buenos casos quedan estancados por operativos diseñados para fotos en redes sociales”.

Aunque la Casa Blanca insiste en que la política busca “acabar con carteles transnacionales y proteger a las comunidades”, la reasignación masiva de recursos plantea dudas sobre la sostenibilidad de la lucha antidrogas. Con las sobredosis aún causando decenas de miles de muertes cada año, críticos advierten que relegar las investigaciones complejas a un segundo plano puede dejar espacio a que redes criminales se reorganicen mientras la atención se centra en la migración.

EE.UU. ABRIRÁ 13 MILLONES DE ACRES DE TIERRAS FEDERALES PARA NUEVOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS DE CARBÓN

El Departamento del Interior de Estados Unidos anunció que pondrá a disposición 13,1 millones de acres de tierras federales para nuevos contratos de carbón, en línea con la estrategia del presidente Donald Trump de reimpulsar este combustible. La medida, que será formalizada en un evento oficial este lunes, busca revertir el declive de la industria y fortalecer el empleo en regiones dependientes del sector.

Trump ya había firmado en abril órdenes ejecutivas para aumentar la producción de carbón, en contraste con los esfuerzos globales por reducir emisiones de carbono. Según la Administración de Información Energética, en 2024 las plantas a carbón generaron solo el 15% de la electricidad de EE.UU., frente al 50% en 2000, debido al auge del gas natural y de las energías solar y eólica.

El anuncio será hecho por el secretario del Interior, Doug Burgum, junto al administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Lee Zeldin, y un funcionario del Departamento de Energía. Burgum defendió la medida como un impulso económico y de empleo, mientras que el secretario de Energía, Chris Wright, afirmó que muchas plantas retrasarán su retiro para atender la creciente demanda energética vinculada a la inteligencia artificial.

La administración ya ha tomado pasos en esa dirección: el mes pasado Wright extendió una orden de emergencia para mantener operativa una planta en Michigan, pese a que la compañía planeaba cerrarla por razones económicas. Tom Pyle, presidente de la American Energy Alliance, anticipó que unas 38 plantas que debían cerrar hasta 2028 seguirán en operación, sea por orden del gobierno o por decisión empresarial.

Sin embargo, analistas advierten que el repunte podría ser transitorio. Frank Holmes, director ejecutivo de U.S. Global Investors, señaló que “el carbón puede tener un impulso temporal gracias al alivio regulatorio, pero a largo plazo la escritura ya está en la pared”. Con costos competitivos del gas y las renovables, persisten dudas sobre la viabilidad de un resurgimiento sostenido del carbón en Estados Unidos.