El sistema habilitado por el gobierno de Estados Unidos para reembolsar aranceles cobrados de forma indebida comenzó a operar oficialmente este lunes 20 de abril de 2026. La plataforma, denominada CAPE y administrada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), forma parte del cumplimiento de una orden judicial que obliga a devolver hasta US$ 166.000 millones más intereses a los importadores afectados.

La activación del sistema se produce tras la decisión de la Corte Suprema de anular los aranceles impulsados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Desde las primeras horas de funcionamiento, miles de compañías iniciaron la carga de documentos, y al 9 de abril se reportaba que 56.497 importadores ya habían completado los requisitos para recibir devoluciones electrónicas, sumando un monto cercano a los US$ 127.000 millones.

Para las empresas que participan en cadenas de suministro entre Colombia y EE.UU., la apertura de este mecanismo introduce una posibilidad de recuperación financiera crítica. Sin embargo, el éxito del proceso depende de aspectos técnicos y contractuales específicos

El sistema está diseñado para restituir el pago a quien aparece formalmente ante CBP como responsable de la importación. Si la importación en EE.UU. fue realizada por el comprador o cliente, será esa contraparte la que podrá presentar la solicitud.

Las empresas colombianas solo podrán reclamar directamente si ellas mismas, o una filial propia en territorio estadounidense, figuran como el “Importador de Registro” en la declaración aduanera. En muchos casos, el arancel fue absorbido por el exportador mediante descuentos o ajustes de precio. Dado que el reembolso se emite al importador formal, el beneficio para el exportador colombiano dependerá de la renegociación o de los acuerdos contractuales previamente suscritos con su cliente en EE.UU.

CBP estima que, una vez aprobada la solicitud, los reembolsos podrían emitirse en un plazo aproximado de 60 a 90 días. No obstante, la implementación será gradual y el sistema ha presentado intermitencias técnicas debido al alto volumen de solicitudes: se estima que el proceso abarca cerca de 53 millones de envíos de mercancías realizados por más de 330.000 importadores.

El proceso de devolución marca un nuevo capítulo en la disputa legal sobre el uso de instrumentos comerciales de emergencia, los cuales generaron incertidumbre en los mercados internacionales y llevaron a múltiples empresas a reorganizar sus cadenas de suministro. La implementación del sistema busca agilizar los reembolsos conforme al mandato judicial, aunque persisten interrogantes sobre los tiempos efectivos de procesamiento y el impacto que la reversión de estas medidas tendrá sobre la política comercial estadounidense.

REPRESENTANTE GREER AVANZA DIÁLOGO CON MÉXICO PARA REVISIÓN DEL USMCA

El representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se reunió en Ciudad de México con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en el marco de los preparativos para la revisión del United States–Mexico–Canada Agreement (USMCA). El encuentro forma parte de la agenda bilateral previa al proceso formal de evaluación del acuerdo, que tendrá hitos clave en las próximas semanas y marcará el rumbo de la integración económica en América del Norte.

Durante la visita a Palacio Nacional, Greer destacó el carácter constructivo de las conversaciones y subrayó la importancia de fortalecer la cooperación económica entre ambos países. “Estamos felices de estar aquí”, señaló el funcionario estadounidense, al referirse al diálogo en curso para avanzar en la agenda comercial y en la coordinación de políticas orientadas a mantener la competitividad regional en un entorno de reorganización de las cadenas de suministro.

El embajador Greer agradeció a la presidenta Sheinbaum por su liderazgo en la profundización de la relación bilateral, así como al secretario Ebrard por el trabajo técnico adelantado con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (United States Trade Representative, USTR). Ambas partes coincidieron en la necesidad de avanzar en discusiones sobre seguridad económica, medidas comerciales complementarias y el fortalecimiento de las reglas de origen en sectores industriales estratégicos dentro del USMCA.

Las delegaciones también abordaron temas relacionados con minerales críticos y mecanismos para resolver fricciones comerciales pendientes, en un entorno donde las cadenas de valor en América del Norte continúan ajustándose a los cambios en la política industrial y comercial. Greer y Ebrard acordaron realizar la primera ronda oficial de negociaciones para la revisión del USMCA durante la semana del 25 de mayo de 2026 en Ciudad de México.

En paralelo, se llevaron a cabo reuniones con representantes de sectores clave de la relación bilateral, particularmente la industria automotriz y la industria acerera. Estos sectores se mantienen en el centro del diálogo debido a su relevancia en la integración productiva regional y a las tensiones derivadas de los aranceles al acero y aluminio, así como de los ajustes regulatorios que afectan la competitividad manufacturera en América del Norte.

El proceso de revisión del USMCA constituye un mecanismo previsto en el propio acuerdo para evaluar su funcionamiento e introducir ajustes que permitan fortalecer su efectividad. México ha buscado consolidarse como un socio estratégico ante el impulso del nearshoring y la reconfiguración de las cadenas globales de suministro, factores que han elevado la importancia de la coordinación económica con Estados Unidos.

La reunión entre Greer, Sheinbaum y Ebrard refleja la continuidad del diálogo a nivel presidencial y ministerial en un momento en que ambos países buscan equilibrar la cooperación comercial con la atención de temas sensibles para sus industrias. El avance de las conversaciones será determinante para definir el alcance de los ajustes al USMCA y la estabilidad de la integración productiva regional en los próximos años.

PRESIDENTE TRUMP ANTICIPA CAÍDA DE PRECIOS DE GASOLINA TRAS FIN DEL CONFLICTO CON IRÁN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los precios de la gasolina podrían disminuir rápidamente una vez finalice la guerra con Irán, contradiciendo las previsiones de su propio secretario de Energía, Chris Wright. El mandatario aseguró que la estimación de que los precios no bajarían de forma significativa hasta 2027 es “totalmente incorrecta” y sostuvo que los costos energéticos podrían moderarse “tan pronto como esto termine”, en referencia al conflicto en Medio Oriente.

El debate sobre la evolución de los precios del combustible ocurre en un momento de presión política para la administración, que había prometido reducir el costo de vida antes de las elecciones legislativas de noviembre. El precio promedio de la gasolina regular alcanzó los US$4,04 por galón, frente a US$3,15 un año atrás, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (American Automobile Association, AAA), mientras los precios internacionales del petróleo registraron un aumento cercano al 5% en la jornada más reciente.

El conflicto con Irán ha afectado el mercado energético global debido al cierre del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas de transporte de petróleo del mundo. El aumento en los costos del crudo ha comenzado a trasladarse a otros sectores de la economía, elevando precios en bienes y servicios como transporte aéreo, alimentos y fertilizantes, lo que contribuye a presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos.

Aunque el secretario de Energía coincidió en que una eventual resolución del conflicto podría aliviar los precios del combustible, la duración de la guerra sigue siendo incierta y el alto el fuego vigente enfrenta riesgos de ruptura. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha señalado que los precios podrían ubicarse cerca de US$3 por galón durante el verano, mientras la evolución del mercado dependerá en gran medida de la estabilidad geopolítica y del restablecimiento del flujo energético internacional.

EE.UU. VE POCO PROBABLE EXTENDER EL ALTO EL FUEGO CON IRÁN MIENTRAS SE ESTANCAN NEGOCIACIONES

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el alto el fuego con Irán expirará el miércoles por la noche y señaló que considera “muy improbable” extender la tregua si no se alcanza un acuerdo en las negociaciones en curso. El mandatario indicó que su administración no está dispuesta a apresurar un entendimiento bajo condiciones desfavorables y aseguró que “no voy a precipitarme a cerrar un mal trato. Tenemos todo el tiempo del mundo”, en referencia al proceso diplomático abierto tras el inicio del cese de hostilidades el pasado 7 de abril.

Trump también advirtió que, en ausencia de avances concretos, es probable que las hostilidades se reanuden una vez expire el acuerdo temporal. “Si no hay acuerdo, ciertamente lo esperaría”, afirmó el presidente en una entrevista, reforzando la presión sobre las conversaciones que buscan evitar una nueva escalada militar en la región.

En paralelo, el envío de una delegación estadounidense a Pakistán para una nueva ronda de conversaciones aún no se ha materializado. El vicepresidente JD Vance permanece en Estados Unidos y no ha partido hacia Islamabad, según fuentes cercanas al proceso, pese a que la Casa Blanca había señalado su intención de avanzar en el diálogo antes de que finalice la tregua. La posible participación de enviados como Steve Witkoff y Jared Kushner también ha sido mencionada como parte de los esfuerzos diplomáticos.

La falta de claridad sobre el inicio de la segunda ronda de negociaciones evidencia las dificultades para consolidar un acuerdo en el corto plazo. Aunque autoridades estadounidenses han señalado que la delegación viajaría próximamente, hasta el momento no se ha confirmado la fecha exacta de salida ni la agenda de los encuentros, lo que mantiene en suspenso el avance del proceso diplomático.

Por su parte, Irán ha indicado que por ahora no tiene previsto confirmar su participación en nuevas conversaciones, argumentando que las acciones recientes de Estados Unidos han deteriorado la confianza necesaria para continuar el diálogo. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó que no se ha tomado una decisión sobre la próxima ronda de negociaciones y cuestionó la coherencia de Washington en el cumplimiento de los términos del alto el fuego.

Desde el Parlamento iraní, el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional, Ebrahim Azizi, señaló que cualquier participación en las conversaciones dependerá de que Teherán reciba señales positivas por parte de Estados Unidos. El legislador subrayó que Irán no negociará “a cualquier precio” y reiteró que existen líneas rojas que deben ser respetadas, entre ellas el control del estrecho de Ormuz y la liberación de activos congelados por sanciones internacionales.

Las tensiones se han intensificado tras acciones recientes en el mar de Omán, donde Estados Unidos capturó un buque carguero iraní, hecho que Teherán calificó como una violación del alto el fuego vigente. El incidente se suma a los desacuerdos sobre el programa nuclear iraní y el control del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, factores que han dificultado el avance hacia un acuerdo duradero.

El conflicto actual se originó tras los ataques lanzados el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra objetivos en territorio iraní, lo que desencadenó una escalada militar con efectos sobre la seguridad energética global y la estabilidad regional. A medida que se acerca la fecha límite del alto el fuego, la falta de consenso entre las partes mantiene elevada la incertidumbre sobre la continuidad del proceso diplomático y el riesgo de una nueva fase de confrontación.

Por su parte, Trump afirmó que el bloqueo naval impuesto a Irán se mantendrá vigente hasta alcanzar un acuerdo que garantice que Teherán no desarrollará armamento nuclear. El mandatario sostuvo que la presión económica y militar está debilitando significativamente al régimen iraní y aseguró que las restricciones han provocado pérdidas cercanas a US$500 millones diarios. Según el presidente, las fuerzas estadounidenses mantienen el control de puntos estratégicos de acceso marítimo, especialmente en el estrecho de Ormuz, y no se autorizará el levantamiento de las medidas hasta obtener compromisos verificables por parte de Teherán.

El presidente también defendió los resultados de la estrategia aplicada por su administración y afirmó que el acuerdo que busca Washington será “mucho mejor que el anterior”, al asegurar que eliminará cualquier posibilidad de que Irán avance en el desarrollo de un arma nuclear. Trump cuestionó el acuerdo alcanzado durante la administración de Barack Obama, al considerar que permitió transferencias de recursos que, según su versión, fortalecieron al régimen iraní y no resolvieron de manera definitiva el riesgo de proliferación nuclear.

El mandatario reiteró que no enfrenta presiones para alcanzar un acuerdo en el corto plazo y advirtió que, si no se logran avances antes del vencimiento del alto el fuego, podrían reanudarse las acciones militares.

NOMINADO A LA FED, WARSH DEFENDERÁ SU ENFOQUE MONETARIO ANTE EL SENADO

El nominado a presidir la Reserva Federal, Kevin Warsh, enfrentará este martes una audiencia clave ante el Comité Bancario del Senado, en la que los legisladores evaluarán en detalle sus propuestas de política monetaria y sus planteamientos sobre posibles cambios estructurales en el banco central. La comparecencia representa un punto decisivo en el proceso de confirmación del exgobernador de la Fed, quien durante más de una década ha criticado la orientación de la institución y ha pedido transformaciones de fondo en su funcionamiento.

La nominación se produce en un momento de elevada tensión política en torno a la independencia del banco central, en medio de presiones del presidente Donald Trump para impulsar recortes significativos en las tasas de interés. Algunos legisladores republicanos han señalado que podrían bloquear el proceso de confirmación mientras continúe una investigación penal impulsada por la administración contra el actual presidente de la Fed, Jerome Powell, al considerar que podría afectar la autonomía de la institución.

El debate sobre la independencia de la política monetaria adquiere mayor relevancia en un entorno en el que la inflación permanece por encima del objetivo de 2% de la Fed, mientras los precios del petróleo han registrado episodios de volatilidad asociados a la guerra con Irán. En este escenario, los mercados buscarán señales claras sobre el compromiso de Warsh con el control de la inflación y su disposición a mantener credibilidad frente a las expectativas de los inversionistas.

Aunque Warsh ha sido identificado históricamente como un defensor de una política monetaria restrictiva, en los últimos años ha planteado que los avances tecnológicos, particularmente en inteligencia artificial, podrían impulsar ganancias de productividad que permitirían tasas de interés más bajas sin generar presiones inflacionarias significativas. Este cambio de enfoque ha sido interpretado por algunos analistas como un acercamiento a la postura de la Casa Blanca, que ha pedido reducir el costo del crédito de manera sustancial.

Otro elemento central de discusión será el tamaño del balance de la Fed, actualmente cercano a US$6,7 billones, resultado de las compras masivas de activos implementadas desde la crisis financiera de 2008. Warsh ha cuestionado el crecimiento prolongado del balance al considerar que puede distorsionar los mercados financieros, una posición alineada con economistas que abogan por reglas más estrictas en la conducción de la política monetaria.

La trayectoria de Warsh en la Reserva Federal entre 2006 y 2011 también será objeto de escrutinio, especialmente por su papel durante la crisis hipotecaria subprime y en el diseño de los rescates financieros a instituciones de Wall Street. Algunos legisladores demócratas han cuestionado su desempeño en ese período, señalando que no identificó adecuadamente los riesgos asociados al mercado de hipotecas de alto riesgo ni el impacto potencial de los derivados financieros.

El resultado de la audiencia será determinante para evaluar el respaldo político a su nominación y la dirección futura de la política monetaria estadounidense, en un momento en que la interacción entre la Fed y el Departamento del Tesoro ha generado debate sobre la posibilidad de redefinir el marco institucional que regula la coordinación entre ambas entidades.

Adicionalmente, legisladores demócratas del Comité de Banca del Senado han expresado preocupaciones sobre el plan de Kevin Warsh para deshacerse de activos financieros que no estarían permitidos bajo las reglas de ética vigentes de la Reserva Federal. En un informe previo a la audiencia, señalaron que el nominado no ha ofrecido suficiente claridad sobre el proceso mediante el cual vendería inversiones por varios millones de dólares, algunas de las cuales podrían presentar dificultades de liquidez.

El reporte advierte que la falta de detalles sobre las desinversiones genera incertidumbre sobre quién podría adquirir esos activos y si el proceso pudiera implicar potenciales conflictos de interés. Legisladores indicaron que, sin mayor transparencia, resulta difícil evaluar si las decisiones del eventual presidente de la Fed estarían guiadas exclusivamente por consideraciones macroeconómicas o si pudiesen existir incentivos relacionados con su patrimonio personal.

El documento también subraya los vínculos de Warsh con el inversionista Stanley Druckenmiller, con quien ha mantenido relaciones profesionales durante años, lo que ha generado cuestionamientos sobre la posibilidad de que actores cercanos participen en la compra de activos que el nominado deberá liquidar. Warsh declaró un patrimonio superior a US$100 millones en sus divulgaciones financieras y se comprometió a vender participaciones que no cumplan con las normas de ética del banco central, que desde 2022 restringen de forma significativa los activos que pueden mantener los altos funcionarios de la institución.

GOBIERNO OTORGA EXENCIÓN REGULATORIA A ENTRENAMIENTOS DE LA FUERZA AÉREA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una determinación presidencial que exime durante un año a operaciones de entrenamiento de aviones de combate de la Fuerza Aérea en Idaho, Oregón y Nevada de ciertos requisitos establecidos en la Ley de Agua Limpia (Clean Water Act). La medida fue presentada por la Casa Blanca como una decisión orientada a garantizar que las actividades de entrenamiento militar continúen sin restricciones que puedan afectar la preparación operativa.

De acuerdo con el memorando, las operaciones de entrenamiento seguirán cumpliendo con estándares federales considerados estrictos, aunque quedarán exentas de algunas disposiciones regulatorias que, según la administración, generan cargas innecesarias para la preparación militar. El gobierno argumentó que estos ejercicios son esenciales para mantener la capacidad operativa de los pilotos y asegurar la efectividad de la Fuerza Aérea en escenarios de defensa estratégica.

La Casa Blanca señaló que la decisión busca priorizar la seguridad nacional frente a regulaciones que podrían limitar la eficiencia de actividades clave para la preparación militar. Según el comunicado oficial, el entrenamiento de pilotos de combate constituye un componente fundamental para preservar la capacidad disuasiva de Estados Unidos y garantizar que sus fuerzas armadas mantengan un alto nivel de preparación frente a riesgos globales.

La administración Trump ha defendido la necesidad de reducir obstáculos regulatorios en el sector defensa con el objetivo de acelerar la modernización militar y fortalecer la base industrial vinculada a la seguridad nacional. Entre las medidas recientes se incluyen órdenes ejecutivas orientadas a mejorar los procesos de adquisición de defensa, fortalecer la innovación tecnológica y aumentar la eficiencia en las ventas internacionales de equipamiento militar.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia que busca reforzar la preparación operativa de las fuerzas armadas y asegurar la disponibilidad de recursos estratégicos para instalaciones militares críticas. La decisión también se enmarca en el enfoque de priorizar capacidades de defensa consideradas esenciales para sostener la posición de Estados Unidos en el ámbito de seguridad global.

SECRETARIA DE TRABAJO DE EE.UU. RENUNCIA EN MEDIO DE INVESTIGACIÓN POR CONDUCTA INDEBIDA

La secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Lori Chavez-DeRemer, presentó su renuncia en medio de una investigación en su contra por presunta conducta indebida, convirtiéndose en la tercera funcionaria del gabinete del presidente Donald Trump en dejar su cargo en los últimos dos meses. La salida fue confirmada por el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, quien destacó su gestión al señalar que realizó “una labor fenomenal” en la protección de los trabajadores estadounidenses y en la promoción de prácticas laborales justas.

La Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo investigaba posibles irregularidades relacionadas con el uso de recursos públicos, incluyendo viajes personales realizados en desplazamientos financiados con fondos de los contribuyentes. Según reportes, la pesquisa también buscaba determinar si miembros del equipo de la secretaria organizaron eventos oficiales con el fin de justificar viajes de carácter privado, lo que habría derivado en la suspensión de varios funcionarios mientras avanzaban las indagaciones.

Adicionalmente, la investigación incluyó señalamientos sobre el comportamiento del esposo de la secretaria, Shawn DeRemer, quien habría sido acusado de conducta inapropiada hacia dos mujeres dentro del edificio del Departamento de Trabajo. Uno de los incidentes habría ocurrido en diciembre pasado y, de acuerdo con la información disponible, habría sido registrado por cámaras de seguridad, lo que llevó a restringir su acceso a instalaciones federales en Washington.

La renuncia se produce en un periodo de cambios recientes en el gabinete presidencial. A inicios de mes, el presidente Trump anunció la salida de la fiscal general Pam Bondi, mientras que semanas antes la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dejó el cargo tras controversias relacionadas con operativos migratorios. Estos movimientos reflejan ajustes en la composición del equipo de gobierno en medio de presiones políticas y cuestionamientos sobre la gestión de distintas agencias federales.

Tras la salida de Chavez-DeRemer, el subsecretario de Trabajo, Keith Sonderling, asumirá el cargo de manera interina mientras se define un reemplazo permanente. Antes de integrarse al gabinete, Chavez-DeRemer se desempeñó como representante por el estado de Oregón, cargo que perdió en las elecciones de 2024, previo a su designación como titular del Departamento de Trabajo.

DEPARTAMENTO DE ESTADO SANCIONA A FAMILIARES Y ASOCIADOS DEL CARTEL DE SINALOA

El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas restricciones de visa contra 75 personas vinculadas al Cartel de Sinaloa, en una medida orientada a intensificar la presión sobre la organización criminal y limitar su capacidad de operar a nivel internacional. El Departamento de Estado indicó que las sanciones alcanzan a familiares y asociados personales y empresariales de integrantes del grupo, como parte de una estrategia para frenar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que el Cartel de Sinaloa participa activamente en el contrabando de fentanilo y otras sustancias ilícitas que afectan gravemente la salud pública en Estados Unidos. Según el funcionario, restringir el acceso al país de personas vinculadas con estas redes busca no solo impedir su ingreso, sino también generar un efecto disuasivo sobre futuras actividades relacionadas con el narcotráfico.

La decisión se suma a acciones recientes del Departamento del Tesoro contra la facción conocida como Los Mayos, así como a operativos de la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA), que el año pasado reportó la captura de 600 personas vinculadas al Cartel de Sinaloa en distintas operaciones. En esos operativos se incautaron cientos de armas, millones de dólares en efectivo y grandes cantidades de drogas sintéticas y tradicionales, incluyendo fentanilo, metanfetaminas, cocaína y heroína.

La administración Trump ha reforzado su estrategia de seguridad regional mediante la designación de varias organizaciones criminales latinoamericanas como grupos terroristas, con el objetivo de ampliar las herramientas legales disponibles para combatir sus operaciones. La lucha contra el tráfico de fentanilo ha sido una prioridad central, dado su impacto en el aumento de sobredosis y en la crisis de salud pública en Estados Unidos.

En este marco, el gobierno estadounidense lanzó la iniciativa “Shield of the Americas”, orientada a fortalecer la cooperación con países del hemisferio occidental en materia de lucha contra el narcotráfico, migración ilegal y crimen organizado. La estrategia, liderada por la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, busca consolidar un enfoque regional para enfrentar las redes transnacionales que facilitan el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.