Un tribunal especializado en comercio de Estados Unidos analiza la legalidad del arancel global de 10% impuesto por el presidente Donald Trump a la mayoría de las importaciones, en un caso que podría definir los límites del poder ejecutivo en materia de política comercial. La audiencia realizada hoy ante un panel de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos (U.S. Court of International Trade, CIT) marca el inicio formal del proceso judicial, luego de que un grupo de 24 estados, en su mayoría gobernados por el Partido Demócrata, junto con dos pequeñas empresas, demandaran al gobierno para bloquear la medida, que entró en vigor el 24 de febrero.

Los demandantes argumentan que el nuevo arancel busca evadir el fallo de la Corte Suprema que invalidó gran parte de los aranceles previos impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA). El abogado del estado de Oregón, Brian Marshall, solicitó al tribunal impedir la aplicación del gravamen antes de que expire el plazo de 150 días contemplado en la ley, con el objetivo de evitar que el gobierno utilice diferentes fundamentos legales para mantener los aranceles de manera indefinida.

“Tenemos una serie sucesiva en la que siempre hay aranceles en vigor, eso representa un problema”, afirmó Marshall ante los jueces. El abogado sostuvo además que la autoridad utilizada por la administración se basa en disposiciones diseñadas en la década de 1970 para proteger el valor del dólar frente a riesgos de depreciación, cuando la moneda estadounidense aún estaba vinculada a reservas de oro, por lo que su aplicación al actual déficit comercial sería jurídicamente cuestionable.

La administración Trump ha defendido la medida señalando que el arancel global constituye una respuesta legítima al persistente déficit comercial de Estados Unidos, derivado del hecho de que el país importa más bienes de los que exporta. “El presidente Trump está utilizando de manera legal las facultades ejecutivas otorgadas por el Congreso para abordar la crisis de balanza de pagos de nuestro país”, afirmó el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, al justificar la utilización de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 (Trade Act of 1974).

Dicha disposición permite imponer aranceles de hasta 15% por un periodo máximo de 150 días cuando existan “grandes y serios déficits en la balanza de pagos” o riesgos de depreciación del dólar. Sin embargo, los estados demandantes sostienen que esta herramienta fue diseñada para enfrentar desequilibrios monetarios de corto plazo y no déficits comerciales estructurales, argumentando que el uso de esta autoridad excede el propósito original de la norma y amplía de forma indebida el alcance del poder ejecutivo en política comercial.

El caso adquiere mayor relevancia debido a que ningún presidente anterior había utilizado ni la IEEPA ni la Sección 122 para imponer aranceles de carácter generalizado. Las demandas no cuestionan otros aranceles adoptados bajo marcos legales tradicionales, como los aplicados recientemente a las importaciones de acero, aluminio y cobre, pero el fallo del tribunal podría sentar un precedente clave sobre la capacidad del Ejecutivo para implementar medidas comerciales de amplio alcance sin aprobación directa del Congreso.

INFLACIÓN EN EE.UU. REPUNTA EN MARZO AL 3.3% POR CHOQUE ENERGETICO; PERSISTEN LAS DUDAS SOBRE EL EFECTO DE LOS ARANCELES

La inflación en Estados Unidos volvió a acelerarse en marzo y rompió la relativa moderación con la que había comenzado 2026. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 0,9% frente al mes anterior y 3,3% en términos anuales, después de registrar una variación de 2,4% en febrero, según informó este viernes la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS). Se trata del mayor aumento mensual del índice general en casi cuatro años y de un repunte que vuelve a poner presión sobre la trayectoria esperada de la política monetaria. 

El principal motor del alza fue energía. El índice energético aumentó 10,9% en marzo frente a febrero, con un salto de 21,2% en gasolina, mientras la variación anual del componente energético llegó a 12,5%. El informe oficial también reportó incrementos marcados en combustibles para calefacción y un aumento moderado en electricidad. En la práctica, el choque de combustibles explicó buena parte del repunte inflacionario del mes y reflejó el encarecimiento reciente del petróleo, en medio de la tensión geopolítica en Medio Oriente y de la volatilidad en el mercado global de crudo. 

El comportamiento de los demás componentes fue más mixto. Vivienda, uno de los rubros más persistentes del IPC, aumentó 0,3% mensual y siguió aportando presión estructural sobre la inflación subyacente. Los alimentos, en cambio, permanecieron prácticamente estables en marzo: los precios de alimentos consumidos en el hogar bajaron 0,2%, mientras los de comidas fuera del hogar subieron 0,2%. En términos anuales, el índice de alimentos avanzó 2,7%. 

La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía y suele ser observada con mayor atención por la Reserva Federal para medir presiones más persistentes, subió 0,2% en marzo y 2,6% anual, frente a 2,5% en febrero. Entre las categorías que registraron aumentos estuvieron tarifas aéreas, ropa, mobiliario y operaciones del hogar, educación y vehículos nuevos; entre las que bajaron aparecieron servicios médicos, cuidado personal y vehículos usados. Aunque el dato subyacente fue más contenido que el índice general, mostró que las presiones de precios no se limitaron por completo al componente energético. 

En lo corrido de 2026, el comportamiento de la inflación muestra un quiebre claro entre el primer bimestre y marzo. En enero, la inflación anual se ubicó en 2,4%, tras cerrar 2025 en 2,7%. Febrero se mantuvo en 2,4%, lo que sugería una trayectoria de mayor estabilización. El salto de marzo a 3,3% rompió esa tendencia y devolvió al debate la posibilidad de que el proceso de desinflación en Estados Unidos sea más frágil de lo previsto, sobre todo cuando choques externos, como el petróleo, se combinan con presiones en bienes sensibles al comercio. 

Ese repunte coincide, además, con un mercado laboral que sigue mostrando capacidad de resistencia. En marzo, la economía estadounidense creó 178.000 empleos no agrícolas y la tasa de desempleo se mantuvo prácticamente sin cambios en 4,3%, una combinación que sugiere que la demanda interna no se ha debilitado de forma abrupta. Para la Reserva Federal, esa mezcla de inflación más alta y empleo todavía firme complica el margen para recortar tasas con rapidez. 

El otro elemento que empieza a ganar peso en la discusión es el impacto de los aranceles. Aún es pronto para medir con precisión cuánto del repunte de marzo se explica por esa vía, pero algunos rubros expuestos al comercio exterior, como ropa y artículos del hogar, sí mostraron incrementos. La evidencia disponible apunta a que el traslado de mayores costos comerciales a precios finales podría estar comenzando a sentirse en ciertos segmentos, aunque por ahora el golpe energético sigue siendo el factor dominante del dato de marzo. 

Las referencias de inflación que sigue de cerca la Reserva Federal tampoco han dado señales de alivio decisivo. El índice de gasto en consumo personal, o PCE, subió 2,8% anual en febrero, mientras la medida subyacente se ubicó en 3,0%. Eso sugiere que, incluso antes del choque inflacionario de marzo en el IPC, la convergencia hacia la meta de 2% seguía siendo incompleta. 

En este contexto, la Reserva Federal mantuvo en marzo su tasa de referencia en el rango de 3,50% a 3,75%, y las minutas de esa reunión muestran que, aunque hubo al menos una voz a favor de un recorte, el comité sigue viendo riesgos inflacionarios suficientes como para actuar con cautela. El repunte del IPC de marzo refuerza esa prudencia y reduce, al menos por ahora, la idea de un relajamiento monetario inminente.

EE.UU. Y BRASIL LANZAN MECANISMO CONJUNTO PARA FRENAR TRÁFICO DE ARMAS Y REDES CRIMINALES

Estados Unidos y Brasil formalizaron en Brasilia un acuerdo de cooperación en materia de seguridad orientado a desarticular redes criminales transnacionales y fortalecer el control sobre el tráfico ilícito de armas. La iniciativa, denominada Proyecto MIT (Mutual Interdiction Team), establece una alianza operativa entre la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (Customs and Border Protection, CBP) y la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil, con el objetivo de mejorar el intercambio de información y reforzar la supervisión de flujos comerciales sensibles.

El eje central del acuerdo es el lanzamiento del Programa Desarma, un sistema informático que permitirá a ambas autoridades compartir datos en tiempo real mediante alertas mutuas cuando se detecten productos de origen estadounidense vinculados a armas, municiones, explosivos o componentes estratégicos. El sistema también permitirá registrar números de serie, rutas de transporte y perfiles de exportadores, facilitando la identificación de patrones de riesgo y el mapeo de redes ilícitas desde su punto de origen hasta su destino final.

El ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, señaló que el acuerdo es resultado del diálogo directo entre los presidentes Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco de una agenda bilateral enfocada en el combate al narcotráfico y al contrabando de armamento. Según el funcionario, el nuevo mecanismo permitirá fortalecer la cooperación técnica entre autoridades aduaneras y mejorar la trazabilidad de mercancías potencialmente vinculadas a actividades ilegales.

La agenda de cooperación en seguridad se ha intensificado tras visitas técnicas a Foz de Iguaçu para evaluar la situación en la región de la Triple Frontera, compartida por Argentina, Brasil y Paraguay, considerada un punto estratégico para el comercio ilícito. Datos oficiales indican que en los últimos doce meses se interceptaron 35 cargamentos que contenían 1.168 partes y piezas de armamento, equivalentes a cerca de 550 kilogramos, procedentes principalmente del estado de Florida y ocultos mediante declaraciones fraudulentas o mecanismos de camuflaje.

Las autoridades también reportaron un incremento significativo en las incautaciones de droga en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, el más transitado de Brasil, donde los decomisos pasaron de 89 kilogramos en 2024 a 1.562 kilogramos en el primer trimestre de 2026. Según Durigan, el nuevo sistema permitirá que cualquier mercancía enviada desde puertos estadounidenses hacia Brasil sea sometida a “una especie de rayos X” que facilitará la identificación temprana de cargamentos sospechosos y nuevas modalidades de ocultamiento en productos de consumo masivo.

PRESIDENTE TRUMP ADVIERTE QUE EE.UU. ESTÁ PREPARADO PARA UN ATAQUE CONTRA IRÁN SI FRACASAN LAS NEGOCIACIONES

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno está preparado para lanzar un ataque contra Irán si fracasan las negociaciones que comenzarán en Pakistán o si Teherán incumple el alto el fuego temporal acordado esta semana. En declaraciones concedidas al diario The New York Post, el mandatario señaló que el Pentágono está reforzando su capacidad militar ante la posibilidad de que el diálogo no produzca resultados o se deteriore la situación de seguridad en la región.

Trump indicó que las fuerzas estadounidenses también están preparadas para intervenir en el estrecho de Ormuz en caso de que el tránsito marítimo se vea afectado, en un momento en el que persisten preocupaciones sobre posibles restricciones al paso de buques comerciales. “Estamos preparando un reinicio de la ofensiva. Estamos cargando los barcos con la mejor munición, las mejores armas jamás fabricadas. Incluso mejores que las que utilizamos anteriormente, y con aquellas los hicimos pedazos”, afirmó el presidente, al advertir sobre la capacidad militar disponible.

El mandatario reiteró que el uso de la fuerza sigue siendo una opción si no se alcanza un acuerdo con Teherán. “Si no llegamos a un acuerdo, las utilizaremos, y las utilizaremos con gran eficacia”, señaló Trump, subrayando que la estrategia estadounidense combina presión militar con esfuerzos diplomáticos orientados a alcanzar un entendimiento sobre el programa nuclear iraní y la estabilidad regional.

Trump también expresó dudas sobre la disposición de Irán a cumplir con los compromisos planteados en la negociación. “Estamos tratando con personas que no sabemos si dicen la verdad o no”, afirmó, al referirse a las posiciones divergentes de Teherán respecto al enriquecimiento de uranio. El presidente agregó que, mientras las autoridades iraníes aseguran que están dispuestas a limitar sus capacidades nucleares, sus declaraciones públicas sugieren que buscan mantener cierto margen de maniobra, lo que genera incertidumbre sobre el resultado de las conversaciones.

Algunos buques han retomado el tránsito por el estrecho de Ormuz desde el anuncio del alto el fuego temporal de dos semanas, aunque las exigencias de Irán de incluir la situación en Líbano dentro del acuerdo y las acusaciones de Washington sobre posibles cobros a embarcaciones han generado dudas sobre la solidez de la tregua. La evolución de estas tensiones será determinante para el desarrollo de las negociaciones y para la estabilidad de los mercados energéticos internacionales.

ADMINISTRACIÓN TRUMP DESTINA MÁS DE US$250 MILLONES PARA INCENTIVAR ARRESTOS DE MIGRANTES

La administración del presidente Donald Trump ha destinado más de US$250 millones para financiar programas de cooperación entre el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) y departamentos de policía locales, con el objetivo de fortalecer la aplicación de la política migratoria mediante la participación directa de autoridades estatales y municipales. Los recursos se canalizan a través de modelos conocidos como “Task Force”, que permiten a agentes locales asumir funciones vinculadas al control migratorio.

Según datos publicados por la organización FWD.us, un total de 976 departamentos de policía en todo el país han firmado acuerdos con el gobierno federal para participar en este esquema. En promedio, cada departamento ha recibido más de US$100 mil, además de un bono adicional de US$7.500 por cada agente que se incorpore al programa, lo que busca ampliar la capacidad operativa para la identificación y detención de migrantes.

De acuerdo con Felicity Rose, vicepresidenta de política de justicia penal de FWD.us, este tipo de incentivos financieros podría generar distorsiones en la actuación policial. “Este tipo de acuerdos financieros incentiva el sesgo racial en la actuación policial y los arrestos por delitos menores”, afirmó, señalando que la estructura de compensaciones podría afectar los criterios de priorización en la aplicación de la ley.

Cuando el programa fue anunciado en septiembre de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que la iniciativa contribuiría a detener y deportar a “lo peor de lo peor, incluyendo asesinos, miembros de pandillas, violadores y terroristas”. No obstante, cifras del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse indican que más del 70% de las personas detenidas en centros de migración no han sido condenadas por delitos, y que quienes tienen antecedentes suelen registrar infracciones menores, como violaciones de tránsito.

Documentos internos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE), filtrados en marzo, señalan que los agentes comienzan a recibir bonos adicionales una vez realizan su primer arresto de un migrante, lo que refuerza el componente de incentivos económicos dentro del programa. Los documentos también indican que el esquema contempla compensaciones por la detención de menores no acompañados, lo que ha generado cuestionamientos adicionales sobre los efectos del programa en la aplicación de la política migratoria.

Florida y Texas concentran el mayor número de departamentos policiales participantes, con 270 y 161 acuerdos respectivamente, según FWD.us. Las autoridades locales de Florida han recibido más de US$149 millones en desembolsos federales, mientras que las de Texas han recibido cerca de US$13 millones. En total, el DHS ha capacitado entre 13.800 y 15.800 policías en todo el país para que puedan desempeñar funciones vinculadas a la aplicación de la legislación migratoria.