1. Atención especial en medicamentos: Si su empresa o entidad cuenta con la posibilidad de donar medicamentos o insumos médicos, por favor contáctenos directamente al [email protected] para coordinar la logística, validación y entrega adecuada de estos insumos estratégicos.

2. Donaciones en dinero: Las contribuciones financieras pueden realizarse a través de los canales institucionales habilitados:

• Fundación Colombia Luz y Sonrisas:

NIT: 902.085.096-3. Banco: Banco de Bogotá. Cuenta de Ahorros: N.° 125128462

• Corporación Organización El Minuto de Dios

NIT: 860.010.371-0. Banco: Davivienda. Cuenta de Ahorros: N.° 0040 0024 0970

Red Nacional de Puntos de Solidaridad (Acopio de especie)

Para la recepción de ayudas físicas en el país y en el exterior, la red ha dispuesto los siguientes puntos de acopio neutros e institucionales:

3. Asistencia consular para ciudadanos estadounidenses

El Gobierno de Estados Unidos informó que se encuentra brindando asistencia a los ciudadanos estadounidenses afectados por el terremoto en Colombia. Quienes requieran apoyo consular pueden comunicarse con la Embajada de Estados Unidos en Bogotá al +57-1-275-2000 o 601-275-2000, o con el Departamento de Estado, disponible las 24 horas, al +1-202-501-4444 desde el exterior y al 888-407-4747 desde Estados Unidos o Canadá. Asimismo, se recomienda a los ciudadanos estadounidenses registrarse en STEP.state.gov y seguir las redes sociales de @USEmbassyBogota para recibir las últimas actualizaciones de seguridad y viaje.

Estados Unidos anunció este lunes un compromiso de 15,5 millones de dólares para atender la emergencia en Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado a las 7:34 a. m., con epicentro a unos 20 kilómetros de San José del Palmar, Chocó, y reiteró su disposición a acompañar al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella en la evaluación de necesidades.

El Departamento de Estado informó que los recursos se destinarán a refugios de emergencia, alimentos, protección y evaluaciones de los daños causados por el sismo, y señaló que Washington está unido en solidaridad con el pueblo colombiano y listo para apoyar al presidente De la Espriella y a su gobierno mientras evalúan las necesidades en el terreno. Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento tuvo una profundidad de 96 kilómetros y fue sentido con fuerza en Chocó, el Eje Cafetero, Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá, Cundinamarca y Santander, entre otras regiones del país.

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que la administración del presidente Donald Trump está monitoreando de cerca la situación y que Washington está listo para apoyar al pueblo colombiano y a la administración de De la Espriella. Rubio recomendó a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Colombia registrarse en el programa STEP.state.gov  y mantenerse atentos a las comunicaciones de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) también expresó su solidaridad con Colombia. Su comandante, el general Francis L. Donovan, extendió las condolencias del comando al pueblo colombiano tras el fuerte terremoto y afirmó que sus pensamientos están con los afectados por la tragedia y con los equipos de respuesta que trabajan para salvar vidas.

En el Congreso, el senador republicano por Ohio Bernie Moreno destacó la actuación del presidente De la Espriella y sostuvo que Estados Unidos está listo para ayudar a su gran aliado.

El senador republicano por Florida Rick Scott señaló que seguía de cerca la situación, describió a Colombia como un gran amigo y aliado importante de Estados Unidos, y expresó su acompañamiento al presidente De la Espriella y a los colombianos durante el proceso de recuperación. El representante republicano por Florida Mario Díaz-Balart extendió mensajes de solidaridad a Colombia, Ecuador y Panamá, donde también se sintió el movimiento telúrico, y expresó su respaldo a las personas afectadas por el sismo.

Las declaraciones estadounidenses se produjeron mientras el presidente De la Espriella anunció que asumió directamente la coordinación de la emergencia en San José del Palmar y ordenó instalar un Puesto de Mando Unificado para organizar la atención de los daños y de los damnificados. El mandatario solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) un reporte sobre las necesidades más urgentes y anunció que se trasladaría personalmente a los territorios para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump señaló que reclamará una compensación a Irán en las futuras negociaciones entre ambos países, luego de que autoridades iraníes plantearan durante el fin de semana que Washington debería indemnizar a Teherán como condición para avanzar hacia la reapertura del estrecho de Ormuz. El planteamiento incorpora un nuevo elemento a unas conversaciones que en los últimos días habían despertado expectativas sobre un posible acuerdo.

A través de un mensaje en redes sociales, Trump señaló este lunes que los representantes de Irán solicitan una compensación por los daños ocasionados durante el conflicto militar de los últimos cinco meses, y subrayó que ese punto no se había mencionado en las negociaciones ni en las reuniones previas entre ambas partes.

El mandatario agregó que, en adelante, Estados Unidos también presentará reclamaciones de indemnización por los ciudadanos estadounidenses muertos o heridos en distintos conflictos, según sus declaraciones.

Trump sostuvo además que una eventual compensación debería contemplar a las familias de manifestantes que, de acuerdo con sus afirmaciones, habrían muerto a manos de las autoridades iraníes durante las últimas décadas y en el marco del conflicto reciente. El presidente indicó que instruyó a sus representantes para incorporar ese punto de manera permanente en todas las negociaciones futuras.

Las declaraciones se produjeron un día después de que Mohammad Bagher Zolghadr, figura vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán, planteara una serie de condiciones para la reapertura del estrecho de Ormuz. Entre ellas mencionó una compensación por parte de Estados Unidos por los daños que, según su versión, Irán sufrió durante la guerra de este año y durante el conflicto de junio de 2025, en un contexto en el que ambas partes mantienen diferencias sobre las condiciones para alcanzar un acuerdo.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este lunes que ha revocado más de 175.000 visas a ciudadanos extranjeros desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, como parte de las medidas adoptadas por la administración para reforzar el cumplimiento de las normas migratorias y de seguridad. Según la entidad, las cancelaciones corresponden a personas que habrían incumplido las condiciones de sus visas o habrían estado involucradas en conductas consideradas incompatibles con su permanencia en el país.

“Bajo el presidente Trump, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha revocado más de 175.000 visas de ciudadanos extranjeros que violaron los términos de sus visas, cometieron delitos, llamaron a ejercer violencia contra ciudadanos estadounidenses, defraudaron a estadounidenses, abusaron de nuestro sistema migratorio o pusieron en peligro la seguridad nacional”, señaló la entidad en su anuncio.

De acuerdo con el Departamento de Estado, la mayoría de las revocaciones estuvo relacionada con encuentros con autoridades policiales por diferentes tipos de presunta actividad criminal. Entre las principales causas figuran agresiones, conducción bajo los efectos del alcohol, robos y delitos relacionados con drogas y otras conductas de distinta gravedad.

La entidad también presentó ejemplos de personas cuyos visados fueron retirados después de enfrentar cargos judiciales, entre ellos un ciudadano extranjero acusado de violación y agresión sexual, así como otro señalado por secuestro, trata de personas y explotación sexual de un menor. El Departamento de Estado igualmente destacó acciones contra el denominado turismo de nacimiento y afirmó que una embajada estadounidense en el norte de África “revocó más de 100 visas a padres ‘turistas de nacimiento’ que llegaron a Estados Unidos principalmente para dar a luz con el fin de que sus hijos obtuvieran la ciudadanía estadounidense”.

El Departamento de Estado sostuvo que continuará revisando y cancelando visas cuando considere que existen amenazas para la seguridad pública o abusos del sistema migratorio. “Bajo el liderazgo del presidente Trump y del secretario Rubio, el Departamento de Estado continuará identificando, investigando y revocando las visas de ciudadanos extranjeros que amenacen la seguridad del pueblo estadounidense”, afirmó la entidad, que agregó que “una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho”.

Los senadores demócratas Catherine Cortez Masto, de Nevada, y Adam Schiff, de California, enviaron una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que solicitaron al Departamento de Estado un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela durante la presidencia interina de Delcy Rodríguez. Los legisladores pidieron además que Washington mantenga la presión sobre funcionarios venezolanos ante posibles abusos.

“Instamos al Departamento de Estado a reafirmar su compromiso con la práctica, mantenida durante largo tiempo, de denunciar las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen venezolano y de ejercer presión sobre sus funcionarios para poner fin a tales abusos”, señalaron Cortez Masto y Schiff en la misiva, en la que también expresaron preocupación por la posibilidad de que continúen registrándose violaciones de derechos humanos en el país.

Los senadores sostuvieron que los abusos denunciados durante el gobierno del expresidente Nicolás Maduro no habrían disminuido después de su salida del poder ni bajo la administración interina de Rodríguez. Según su planteamiento, esta situación persistiría pese al mayor involucramiento de Estados Unidos en los asuntos venezolanos y al acercamiento entre la administración del presidente Donald Trump y el actual gobierno interino.

Cortez Masto y Schiff advirtieron que el Congreso continuará supervisando las iniciativas de la administración estadounidense relacionadas con el gobierno de Rodríguez y señalaron que, si el Departamento de Estado no presenta información sobre la situación de derechos humanos, podrían recurrir a mecanismos legislativos para exigirla, incluida la Sección 502B de la Ley de Asistencia Exterior, que restringe la asistencia estadounidense a gobiernos que mantengan un patrón consistente de violaciones graves de derechos humanos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió por 90 días la exención que permite a buques con bandera extranjera transportar petróleo y otros productos entre puertos estadounidenses, aunque introdujo nuevas restricciones a su aplicación. La decisión busca mantener flexibilidad en el transporte marítimo interno en medio de las disrupciones provocadas por la guerra con Irán, que han afectado los flujos globales de crudo y aumentado la presión sobre los precios de los combustibles.

La portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, afirmó que la extensión busca garantizar que las Fuerzas Armadas y sectores considerados estratégicos mantengan un acceso continuo a recursos esenciales. “Los datos muestran que la exención ha impulsado un aumento significativo de las entregas nacionales de productos esenciales como gasolina, diésel y combustible para aviones”, señaló Rogers este lunes en la red social X.

Sin embargo, la administración modificó las condiciones del mecanismo después de que constructores navales y algunos congresistas expresaran preocupación por el impacto de la medida sobre la industria marítima estadounidense. Bajo las nuevas reglas, cada viaje deberá ser evaluado de manera individual, en lugar de permitir exenciones generales para embarcaciones extranjeras, según confirmó un funcionario de la Casa Blanca.

La Ley Jones exige que las mercancías transportadas entre puertos de Estados Unidos sean movilizadas en barcos construidos en el país, propiedad de compañías estadounidenses y operados por trabajadores nacionales. La exención, que estaba programada para expirar el 16 de agosto, se ha convertido en la suspensión más prolongada de esta normativa en más de un siglo; hasta el 3 de agosto se habían concedido cerca de 208 autorizaciones durante aproximadamente cuatro meses y medio, según datos del Gobierno estadounidense.

El Instituto Americano del Petróleo (American Petroleum Institute, API) respaldó la extensión al considerar que las exenciones específicas permiten trasladar energía con mayor eficiencia entre puertos estadounidenses durante periodos de volatilidad internacional. Kristin Whitman, vicepresidenta sénior de Relaciones Gubernamentales del API, afirmó que la medida contribuirá a llevar combustibles a las regiones que más los necesitan y a reforzar la seguridad del suministro, aunque algunos analistas del sector estiman que el impacto sobre los precios de la gasolina sería limitado y podría representar apenas algunos centavos por galón.

Todd Blanche juró este lunes como nuevo fiscal general de Estados Unidos durante una ceremonia privada en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en presencia del presidente Donald Trump y otros integrantes de la administración, incluido el vicepresidente JD Vance. Blanche, antiguo abogado personal de Trump y exsubsecretario del Departamento de Justicia, venía ejerciendo como fiscal general interino desde la salida de Pam Bondi en abril.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, difundió un video del acto y felicitó al nuevo funcionario, a quien describió como “un gran abogado y una persona aún mejor”. Blanche había encabezado el pasado viernes la delegación estadounidense que asistió a la posesión del presidente colombiano Abelardo de la Espriella, en una de sus últimas actuaciones como fiscal general interino.

Nacido en Denver en 1974, Blanche desarrolló parte de su carrera como fiscal en el Distrito Sur de Nueva York antes de trabajar como abogado defensor en procesos de alto perfil. Posteriormente representó a Trump en el juicio de Nueva York relacionado con pagos a la actriz Stormy Daniels y formó parte de su equipo legal en los casos federales sobre documentos clasificados y los intentos de revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020.

Su nominación enfrentó cuestionamientos durante el trámite en el Senado, particularmente por una iniciativa que había anunciado para crear un fondo de aproximadamente US$1.800 millones destinado a compensar a personas que, según la administración Trump, fueron objeto de persecución judicial durante el gobierno de Joe Biden. Los senadores republicanos John Cornyn y Thom Tillis bloquearon inicialmente su avance hasta que Blanche retiró la propuesta, mientras que legisladores demócratas cuestionaron su independencia frente a la Casa Blanca y votaron mayoritariamente en contra de su designación.

En las tres querellas, la justicia estadounidense sostiene que estas normas discriminan de forma inconstitucional a los ciudadanos del país, a quienes, afirma, no se les conceden las mismas tarifas reducidas de matrícula ni becas. El Departamento agrega que las leyes crean incentivos para la inmigración irregular y otorgan a los extranjeros indocumentados prestaciones a las que los estadounidenses no acceden, y solicita a los tribunales que prohíban su aplicación.

El procurador general asociado, Stanley Woodward, señaló que el Congreso estableció hace tiempo que los estados no pueden anteponer a los inmigrantes en situación irregular frente a los propios ciudadanos, y afirmó que con estas acciones el Gobierno ha demandado a todos los estados del Segundo Circuito judicial que, a su juicio, contravienen esa prohibición. El fiscal general adjunto de la División Civil, Brett Shumate, agregó que la dependencia no tolerará que los estudiantes estadounidenses sean tratados como ciudadanos de segunda clase en su propio país.

En el caso de Nueva York, el estado permite que estudiantes indocumentados y otros alumnos accedan a becas y subvenciones administradas por el estado para cubrir los costos de su educación universitaria. Estas ayudas no se destinan únicamente a personas sin estatus migratorio, sino también a quienes cuentan con una visa U (para víctimas de ciertos delitos, como la violencia doméstica), una visa T (para víctimas de trata de personas) o el Estatus de Protección Temporal (TPS). La norma exige, además, que el beneficiario se haya graduado de la escuela secundaria en el estado y se haya matriculado en un programa universitario dentro de los cinco años siguientes.

Por su parte, la ley de Vermont permite que estudiantes indocumentados o no ciudadanos residentes accedan a la matrícula a precio de residente y extiende la ayuda financiera estatal por necesidad económica a todos los alumnos, con independencia de su estatus migratorio. Connecticut, en tanto, aprobó en 2011 una ley que habilita a los estudiantes indocumentados residentes a pagar la matrícula como residentes, siempre que cumplan requisitos como haberse graduado de un colegio del estado.

Según el comunicado del Departamento de Justicia, las demandas presentadas este lunes elevan a 17 el número de acciones judiciales que buscan impugnar este tipo de medidas. La dependencia ya logró que en Texas, Kentucky, Oklahoma, Nebraska e Illinois se bloquearan leyes similares que concedían matrículas a precio reducido a inmigrantes en situación irregular, y mantiene litigios pendientes contra normas de Minnesota, Virginia, California, Nueva Jersey, Kansas, Massachusetts, Rhode Island, Maryland y Colorado.

Los sistemas universitarios de los tres estados no se pronunciaron de inmediato sobre las nuevas demandas, y la oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, indicó que aún no había recibido la querella.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para modificar las recomendaciones federales sobre vacunación infantil, con el objetivo de ajustar el esquema recomendado a 11 inmunizaciones principales y espaciar la aplicación de algunas dosis en diferentes consultas médicas. Durante la firma en la Casa Blanca, Trump afirmó que su administración reconocerá de manera inmediata ese nuevo esquema para las enfermedades que considera de mayor gravedad.

La orden recomienda además separar la vacuna triple viral contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) en tres inyecciones distintas administradas en visitas diferentes. Actualmente, las vacunas individuales contra esas tres enfermedades no están disponibles para niños en Estados Unidos, por lo que la implementación de esa recomendación requeriría cambios adicionales en la oferta y en las directrices sanitarias.

Trump también planteó que las vacunas administradas alrededor del primer año de vida deberían distribuirse en varias consultas, aunque no precisó cuáles dosis quedarían incluidas en ese planteamiento. “Estados Unidos ha recomendado más vacunas infantiles que cualquier país comparable, e incluso el doble de dosis que algunos países europeos”, afirmó el mandatario al explicar la orientación de la medida.

La orden instruye igualmente al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (Department of Health and Human Services, HHS) a continuar revisando la evidencia y las prácticas internacionales sobre vacunación. Sin embargo, las exigencias de inmunización para asistir a las escuelas corresponden principalmente a los estados, por lo que el Gobierno federal recomendará que aquellos con mandatos de vacunación consideren actualizar sus normas de acuerdo con las nuevas directrices de la administración.

Especialistas en salud pública han cuestionado la decisión al advertir que ampliar los intervalos entre vacunas podría dejar a algunos niños sin protección durante más tiempo frente a enfermedades prevenibles. Michael Osterholm, director ejecutivo del Vaccine Integrity Project, sostuvo que las recomendaciones existentes se apoyan en “décadas” de ensayos clínicos, estudios de efectividad y seguimiento de seguridad, y pidió a las familias continuar consultando las orientaciones de organizaciones médicas y de salud pública.

La política se produce además en medio del debate impulsado por Trump y el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., sobre las causas del aumento de los diagnósticos de autismo. Kennedy ha señalado que su departamento investiga posibles factores ambientales, mientras que la evidencia científica acumulada durante décadas no ha establecido una relación causal entre las vacunas infantiles y el autismo.

La orden fue anunciada mientras comienza el año escolar en distintas regiones del país y Estados Unidos enfrenta un brote de sarampión que ha generado preocupación entre especialistas por el mantenimiento del estatus de eliminación de la enfermedad. La nueva política abre ahora un proceso de ajustes en las recomendaciones federales, mientras estados, profesionales de la salud y organizaciones médicas evalúan cómo responder a los cambios planteados por la administración.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (Food and Drug Administration, FDA) presentó este lunes una propuesta para exigir que los fabricantes notifiquen a la agencia y documenten la seguridad de las nuevas sustancias que pretendan incorporar a los alimentos. La iniciativa modificaría un sistema vigente durante décadas que permite a las empresas determinar por cuenta propia que determinados ingredientes son “generalmente reconocidos como seguros” (GRAS) sin tener que informar previamente al regulador.

Con el nuevo esquema, las compañías tendrían que presentar los fundamentos científicos que respaldan la seguridad de cada nuevo ingrediente antes de su comercialización. La FDA contaría con 45 días para realizar una revisión inicial y podría extender el análisis hasta 180 días cuando considere necesario examinar información adicional; además, tendría la posibilidad de solicitar nuevos datos o pedir que se retrase la introducción de un producto mientras se resuelven dudas sobre sus posibles riesgos.

La propuesta busca ampliar la información disponible para la autoridad sobre miles de sustancias utilizadas en la industria alimentaria estadounidense. Actualmente, cerca de 10.000 aditivos están permitidos en el país, incluidos conservantes, colorantes y compuestos utilizados en los envases, mientras que el sistema GRAS ha permitido que numerosas sustancias lleguen al mercado sin una evaluación gubernamental previa. Organizaciones de consumidores han cuestionado durante años ese mecanismo por considerar que limita la transparencia y la capacidad de supervisión de la FDA.

El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., defendió la iniciativa y afirmó que busca “cambiar la forma en que el gobierno federal supervisa lo que hay en nuestros alimentos”. Kennedy señaló además que la administración solicitará al Congreso mayores facultades para fortalecer la capacidad de la FDA, mientras que el comisionado interino de la agencia, Kyle Diamantas, sostuvo que la notificación obligatoria “cierra una brecha de información de décadas” y facilitaría investigaciones cuando se detecten posibles riesgos para la salud.

La propuesta ha recibido reacciones diferentes entre organizaciones de consumidores y representantes de la industria. Melanie Benesh, integrante del Environmental Working Group, la calificó como “el primer paso hacia una reforma significativa”, aunque pidió estándares científicos más rigurosos y revisiones independientes antes de autorizar sustancias. Por su parte, sectores de la industria alimentaria han planteado que los cambios deberían establecerse mediante legislación del Congreso y han advertido sobre posibles demoras regulatorias, además de solicitar mayores recursos para la FDA.

En paralelo, la FDA completó una primera definición federal de “alimento ultraprocesado”, cuyo texto fue remitido a la Casa Blanca para revisión y todavía no ha sido divulgado. La propuesta sobre aditivos quedará abierta a comentarios públicos durante 120 días antes de que la administración determine sus próximos pasos, en un proceso que podría ampliar la supervisión federal sobre los ingredientes incorporados al suministro alimentario estadounidense.

El juez Wayne Ozzi, de la Corte Suprema del estado en Staten Island, emitió una orden de restricción temporal que obliga a la ciudad a retirar el padrón público de propiedades, le prohíbe enviar nuevas notificaciones y deja sin efecto los plazos vigentes, incluido el 18 de septiembre que tenían los propietarios para solicitar la exención, mientras la medida esté en vigor. La próxima audiencia quedó fijada para el 31 de agosto.

La demanda, presentada el 7 de agosto en la Corte Suprema estatal del condado de Richmond por tres propietarios, no cuestiona la legalidad del impuesto en sí, sino la forma en que la administración municipal difundió un padrón con datos de más de 900.000 propiedades residenciales, incluidas algunas no sujetas al gravamen, y las notificaciones enviadas a cerca de 17.000 dueños. Los demandantes sostienen que varias de sus viviendas fueron señaladas erróneamente como segundas residencias pese a ser su domicilio principal.

El tributo fue creado por la Legislatura estatal dentro del presupuesto de este año y busca recaudar recursos gravando las viviendas secundarias de mayor valor. Según las reglas vigentes, aplica a segundas residencias con un valor superior a los 5 millones de dólares y a apartamentos en condominio o cooperativa cuyo valor de mercado supere el millón de dólares. La administración de Mamdani quedó a cargo de su implementación.

Un vocero de la Alcaldía, Matt Rauschenbach, informó que los abogados de la ciudad apelarán la decisión de inmediato y expresó confianza en el recargo y en la capacidad del municipio para aplicarlo de forma justa. Por su parte, Mamdani sostuvo que la ciudad prevalecerá en el proceso legal y defendió la pertinencia de un gravamen sobre las segundas residencias de mayor valor.

El desenlace del litigio será seguido de cerca por el mercado inmobiliario de lujo de Nueva York y por inversionistas extranjeros con propiedades en la ciudad, para quienes la implementación del gravamen introduce un nuevo factor de costo e incertidumbre sobre la tenencia de segundas residencias.