El Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, afirmó que los acuerdos comerciales firmados por la administración Trump con distintos países se mantendrán vigentes, pese al reciente fallo de la Corte Suprema que limitó el uso de la Ley de Poderes Económicos en Caso de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles.

En entrevista con Face the Nation, Greer señaló que los acuerdos no estaban condicionados al desenlace del litigio sobre los aranceles de emergencia y que los socios comerciales firmaron aun con el proceso judicial pendiente. “The deals were not premised on whether or not the emergency tariff litigation would rise or fall”, explicó. Agregó que la política comercial del presidente continuará independientemente del instrumento legal utilizado: “The policy hasn’t changed, just the tools have changed”.

El funcionario indicó que ha sostenido conversaciones directas con representantes de la Unión Europea y otros países, quienes han solicitado claridad tras la decisión judicial. Según Greer, Estados Unidos espera que los compromisos asumidos se mantengan: “We expect to stand by them. We expect our partners to stand by them”. Hasta el momento, afirmó, ningún país ha planteado formalmente que los acuerdos queden sin efecto.

En materia arancelaria, Greer defendió la decisión del presidente de utilizar la Sección 122 para imponer inicialmente un arancel global del 10%, posteriormente elevado al 15%, (según el anuncio del presidente Trump) el máximo permitido bajo esa autoridad y con una vigencia aproximada de cinco meses. Según explicó, el incremento responde a la magnitud de los desequilibrios comerciales que la administración busca corregir, incluyendo lo que calificó como “huge imbalance” y “huge disparity” entre Estados Unidos y sus socios comerciales.

Hay que tener en cuenta que si bien el presidente Trump anunció el incremento de aranceles globales al 15% el sábado, hasta el momento no se ha emitido Orden Ejecutiva o Proclama Presidencial al respecto, por lo que sigue vigente el aumento del 10%.

El representante comercial precisó que, aunque la Sección 122 tiene carácter temporal, durante ese periodo la administración iniciará investigaciones bajo otras herramientas legales, como la Sección 301 y disposiciones vinculadas a seguridad nacional, que permitirían mantener la continuidad del programa arancelario una vez expire el mecanismo temporal. “We expect to have continuity in the president’s tariff program”, afirmó.

Greer subrayó que el Congreso ya ha delegado amplias facultades arancelarias al Ejecutivo en distintas leyes y que, si bien está dispuesto a dialogar con legisladores sobre eventuales desarrollos normativos, la administración continuará utilizando las autoridades existentes para avanzar en su agenda comercial.

La entrevista se produce en un contexto de ajustes en la estrategia arancelaria tras el fallo 6-3 de la Corte Suprema y en medio de consultas internas por parte de socios comerciales que buscan evaluar el impacto de las decisiones recientes en los acuerdos bilaterales y regionales firmados con Washington.

HOMBRE ARMADO IRRUMPE EN PERÍMETRO DE SEGURIDAD DE MAR-A-LAGO Y ES ABATIDO POR EL SERVICIO SECRETO

Un hombre armado ingresó durante la madrugada del domingo al perímetro de seguridad del complejo Mar-a-Lago, residencia y club privado del presidente Donald  Trump en Palm Beach, Florida, y fue abatido por agentes del Servicio Secreto y un oficial del condado. El Presidente no se encontraba en el lugar al momento del incidente, sino en la Casa Blanca en Washington.

De acuerdo con el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, el individuo, —identificado por investigadores como Austin Tucker Martin, de 21 años y residente de Carolina del Norte, conducía un vehículo que atravesó la entrada norte del complejo alrededor de la 1:30 a.m., mientras otro automóvil salía del recinto. En el vehículo se encontró una escopeta y un bidón de gasolina; también fue localizada una caja correspondiente al arma.

Según el sheriff del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, el hombre fue confrontado por dos agentes del Servicio Secreto y un oficial local. Tras recibir la orden de soltar los objetos que portaba, dejó el bidón de gasolina pero levantó la escopeta en posición de disparo. En ese momento, los agentes accionaron sus armas para neutralizar la amenaza.

Las autoridades indicaron que el joven había sido reportado como desaparecido por su familia días antes y que presuntamente viajó hacia el sur, donde habría adquirido el arma. El FBI solicitó a residentes cercanos revisar cámaras de seguridad que puedan aportar información a la investigación, mientras se trabaja en la elaboración de un perfil psicológico y en la determinación del posible motivo. Hasta el momento, no se ha informado que el individuo tuviera antecedentes conocidos con las fuerzas del orden.

El incidente se produce en un contexto de antecedentes recientes de amenazas contra el presidente Trump, incluyendo dos intentos de asesinato durante la campaña presidencial de 2024. En uno de ellos, ocurrido en Florida mientras el entonces candidato jugaba golf, el atacante fue posteriormente condenado

EJÉRCITO MEXICANO ABATIÓ A “EL MENCHO” EN OPERACIÓN CON APOYO DE INTELIGENCIA DE ESTADOS UNIDOS

El Ejército mexicano abatió este domingo a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en una operación realizada en Tapalpa, estado de Jalisco. La acción representa uno de los golpes más significativos contra el narcotráfico en los últimos años y se produce en un contexto de fuerte presión bilateral para frenar el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Oseguera Cervantes resultó herido durante el operativo y falleció mientras era trasladado a Ciudad de México. En el enfrentamiento murieron otras seis personas presuntamente vinculadas al grupo criminal y dos fueron detenidas. Las fuerzas armadas aseguraron vehículos blindados, lanzacohetes y armamento de alto calibre. Tres elementos militares resultaron heridos y reciben atención médica.

Fuentes del Departamento de Defensa de Estados Unidos indicaron que la operación contó con apoyo en materia de inteligencia por parte de agencias estadounidenses, en el marco de la cooperación bilateral en seguridad. Según esta información, el intercambio de inteligencia fue clave para la localización del líder del CJNG, considerado por Washington como uno de los principales responsables del tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.

Según la agencia Reuters la operación militar contó con apoyo de una nueva fuerza de tarea liderada por el Ejército de Estados Unidos especializada en la recolección de inteligencia sobre carteles. La unidad, denominada Joint Interagency Task Force-Counter Cartel, fue lanzada formalmente el mes pasado y reúne a múltiples agencias del gobierno estadounidense con el objetivo de mapear redes de narcotráfico a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México.

Tras el operativo, se registraron bloqueos en carreteras e incendios de vehículos en distintos puntos de Jalisco y estados vecinos, una táctica comúnmente empleada por organizaciones criminales para obstaculizar acciones militares. En Guadalajara, capital del estado, varias vías fueron cerradas y las autoridades suspendieron clases y transporte público. En Puerto Vallarta, se reportaron escenas de pánico en el aeropuerto y aerolíneas como Air Canada suspendieron temporalmente vuelos ante la situación de seguridad.

El Departamento de Estado de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de hasta US$15 millones por información que condujera a la captura de Oseguera Cervantes. En febrero, la administración del presidente Donald Trump designó al CJNG como organización terrorista extranjera, intensificando la presión sobre el grupo. La Administración para el Control de Drogas (DEA) considera al CJNG una de las organizaciones criminales más poderosas, con presencia en los 50 estados de EE.UU. y un papel central en el tráfico de cocaína, metanfetaminas y fentanilo.

¿Quién era alias “El Mencho”?

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, fue durante años uno de los narcotraficantes más buscados de México y Estados Unidos y el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización considerada entre las más poderosas y violentas del país. Tenía 59 años y era originario de Aguililla, en el estado de Michoacán, una región históricamente marcada por el cultivo ilegal de amapola y marihuana.

Su involucramiento en el narcotráfico se remonta a la década de 1990. En su juventud emigró a Estados Unidos, donde fue condenado en 1994 por conspiración para distribuir heroína en un tribunal federal del norte de California. Cumplió casi tres años de prisión y posteriormente fue deportado a México.

De regreso en su país, se integró primero al Cártel del Milenio, vinculado al Cártel de Sinaloa, y trabajó bajo las órdenes de Ignacio “Nacho” Coronel. Tras la muerte de este último, Oseguera Cervantes, junto con Erik Valencia Salazar (“El 85”), fundó alrededor de 2007 el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Inicialmente aliado de Sinaloa, el grupo rompió relaciones y entabló una prolongada guerra territorial con esa organización.

Bajo su liderazgo, el CJNG creció rápidamente hasta convertirse en una estructura criminal con presencia nacional e internacional. La organización fue señalada como uno de los principales traficantes de cocaína, metanfetaminas y especialmente fentanilo hacia Estados Unidos, donde este opioide sintético ha sido vinculado a cientos de miles de muertes por sobredosis.

“El Mencho” también diversificó las actividades del grupo hacia delitos como robo de combustible, extorsión, trabajo forzado y trata de personas. El CJNG combinó esquemas de tráfico de drogas similares a los de Sinaloa con tácticas de alta violencia inspiradas en grupos paramilitares, incluyendo decapitaciones y ataques directos contra fuerzas de seguridad.

Durante años logró evadir su captura pese a una recompensa de hasta US$15 millones ofrecida por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Analistas en seguridad lo consideraban, junto con los líderes del Cártel de Sinaloa, uno de los principales objetivos de las autoridades mexicanas y estadounidenses. Además de su poder armado, expertos en crimen organizado han señalado que el CJNG consolidó una base social mediante redes de apoyo comunitario y presuntos vínculos políticos locales, lo que le permitió operar con relativa impunidad en algunas regiones.

TSA MANTIENE OPERATIVO EL PROGRAMA PRECHECK PESE A ANUNCIO PREVIO DURANTE CIERRE PARCIAL DEL GOBIERNO

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) informó que su programa TSA PreCheck continuará operando con normalidad, pese a que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había anunciado previamente la suspensión del servicio en el contexto del cierre parcial del Gobierno federal iniciado el 14 de febrero.

En un comunicado emitido el domingo, la agencia señaló que evaluará posibles ajustes operativos “caso por caso” ante eventuales restricciones de personal, pero confirmó que el programa de acceso rápido en los controles de seguridad aeroportuarios se mantiene activo. Durante la mañana del domingo, los tiempos de espera en la mayoría de aeropuertos internacionales se mantenían por debajo de los 15 minutos, según la aplicación móvil de la TSA.

Viajeros en distintos aeropuertos reportaron que no percibieron interrupciones en el servicio. Usuarios en Florida, Maryland y Texas indicaron que los procedimientos de PreCheck funcionaban con normalidad y que se enteraron del posible impacto del cierre gubernamental después de haber completado los controles de seguridad.

No quedó claro de inmediato si el programa Global Entry —administrado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)— podría verse afectado. Tanto PreCheck como Global Entry están diseñados para agilizar los controles de seguridad y migración para viajeros previamente aprobados. Desde su lanzamiento en 2013, más de 20 millones de estadounidenses se han inscrito en TSA PreCheck, y millones cuentan también con membresía en Global Entry.

La incertidumbre operativa se produce en medio de un cierre parcial del Gobierno derivado de la falta de acuerdo entre la Casa Blanca y legisladores demócratas sobre la financiación del Departamento de Seguridad Nacional. El desacuerdo se centra en cambios solicitados por demócratas en materia de política migratoria vinculada a la campaña de deportaciones del presidente Donald Trump.

Previamente, el DHS había indicado que adoptaría “medidas de emergencia para preservar fondos limitados”, incluyendo la suspensión de carriles PreCheck y del servicio Global Entry para reasignar personal a otras funciones prioritarias. Sin embargo, la TSA confirmó que, por ahora, el programa continuará activo.

CORTE SUPREMA DE EE.UU. EVALUARÁ ALCANCE DE LA LEY HELMS-BURTON EN DEMANDAS POR PROPIEDADES CONFISCADAS EN CUBA

La Corte Suprema de Estados Unidos analizará esta semana el alcance del Título III de la Ley Helms-Burton de 1996, norma que permite a ciudadanos estadounidenses demandar en tribunales federales a entidades que “trafiquen” con propiedades confiscadas por el gobierno cubano tras la revolución de 1959. El pronunciamiento podría tener implicaciones significativas para empresas multinacionales y reclamantes que buscan compensaciones millonarias.

Los magistrados escucharán argumentos en dos casos clave. El primero involucra a ExxonMobil, que reclama más de US$1.000 millones a la empresa estatal cubana CIMEX por activos de petróleo y gas nacionalizados en 1960. El segundo caso enfrenta a la empresa estadounidense Havana Docks Corporation contra las líneas de cruceros Carnival, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line y MSC Cruises, por el uso de instalaciones portuarias en La Habana que fueron confiscadas tras la llegada de Fidel Castro al poder.

El Título III, que durante más de dos décadas fue suspendido por sucesivas administraciones —incluyendo las de Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama—, fue activado en 2019 por el entonces presidente Donald Trump, lo que dio lugar a cerca de 40 demandas que aún avanzan en distintas instancias judiciales. La norma permite a los demandantes reclamar daños incrementados contra entidades que, con conocimiento, utilicen propiedades expropiadas, incluidas empresas estatales cubanas y compañías extranjeras.

En el caso de Exxon, la Corte deberá determinar si empresas estatales cubanas pueden invocar la doctrina de inmunidad soberana extranjera para evitar litigios en tribunales estadounidenses. Un tribunal inferior sostuvo en 2024 que dicha defensa es aplicable, decisión que la petrolera busca revertir. De confirmarse esa interpretación, podría limitar significativamente la efectividad de la ley como mecanismo de compensación.

En el litigio contra las líneas de cruceros, el debate gira en torno a si el demandante debe demostrar que tendría un interés de propiedad vigente en los activos en cuestión si estos no hubieran sido nacionalizados. Aunque un juez federal falló inicialmente a favor de Havana Docks por US$440 millones, una corte de apelaciones revocó esa decisión el año pasado, subrayando los obstáculos que enfrentan los reclamantes bajo esta legislación.

Expertos legales señalan que, pese a la intención del Congreso de crear un remedio robusto para los afectados por confiscaciones, las interpretaciones judiciales recientes han elevado las barreras procesales y sustantivas, haciendo que los litigios sean prolongados y costosos. El fallo de la Corte Suprema podría redefinir el alcance práctico del Título III y determinar si la ley constituye una herramienta efectiva para la recuperación de activos o si sus limitaciones continúan restringiendo su aplicación.

La decisión se produce en un contexto de renovadas tensiones en la política estadounidense hacia Cuba, incluida la declaración de la isla como amenaza para la seguridad nacional y nuevas medidas económicas orientadas a aumentar la presión sobre el gobierno cubano.