La administración del presidente Donald Trump tiene preparadas alternativas para mantener su estrategia arancelaria incluso si la Corte Suprema de Estados Unidos invalida el esquema actual, según declaró el representante comercial de EE. UU. (USTR), Jamieson Greer, en entrevista con The New York Times. Greer aseguró que, ante un revés judicial, el Gobierno podría actuar con rapidez —“al día siguiente”— para reemplazar los gravámenes mediante otras herramientas legales, un mensaje que busca transmitir continuidad y capacidad de maniobra en un momento de alta incertidumbre para empresas y socios comerciales.

El debate se concentra en el uso de la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), una ley de 1977 concebida para responder a emergencias nacionales a través de medidas económicas. El litigio plantea una pregunta de fondo: si esa norma permite, y con qué alcance, imponer aranceles amplios por decisión del Ejecutivo, sin un proceso legislativo específico. Más allá del caso concreto, lo que está en juego es el balance de poder entre la Presidencia y el Congreso en materia de política comercial, en un contexto en el que la Corte ha mostrado disposición a revisar interpretaciones expansivas de autoridad ejecutiva. Al cierre de esta edición, el fallo definitivo seguía pendiente, pero el solo hecho de que la Corte evalúe el caso ya introduce volatilidad en mercados y en decisiones corporativas.

En la práctica, la declaración de Greer no significa necesariamente que un “plan B” produzca aranceles idénticos en alcance y velocidad, porque cada vía legal tiene reglas, requisitos y tiempos distintos. Sin embargo, sí indica que, si la Corte limita el uso de IEEPA, la administración intentaría sostener el objetivo político, proteger sectores, presionar concesiones o reordenar flujos comerciales, cambiando el instrumento jurídico. Esto refuerza una idea clave para el sector privado: el riesgo no es solo “que se caigan” aranceles, sino que el sistema pueda transitar hacia una arquitectura distinta, potencialmente más focalizada por país o por sector, y con mayor litigiosidad.

Con ese marco, se abren varios escenarios. Si la Corte valida el uso de IEEPA, el Gobierno conservaría una herramienta poderosa para mantener aranceles de amplio alcance, lo que daría certeza jurídica a la estrategia oficial, pero mantendría una incertidumbre estructural para las empresas por la posibilidad de ajustes rápidos y de alto impacto. Si, por el contrario, el tribunal invalida el esquema, podría haber un alivio temporal para algunos importadores, pero ese efecto probablemente sería breve: el Ejecutivo buscaría reemplazar las medidas con otros mecanismos, al tiempo que se abriría una discusión sensible sobre la administración de cobros previos, eventuales reembolsos y transición operativa.

Un tercer camino, quizá el más complejo, es un fallo intermedio que permita ciertas facultades, pero recorte el alcance o exija estándares más estrictos; eso no elimina el riesgo, pero sí puede acotarlo y empujar a políticas más selectivas. Finalmente, la dilación también es un resultado relevante: si no hay decisión definitiva pronto, el costo se acumula silenciosamente en contratos, inventarios, financiamiento y decisiones de inversión que quedan a la espera de claridad.

Cuando el USTR habla de “otras herramientas legales”, el universo probable incluye mecanismos como la Sección 301 (que suele requerir investigación sobre prácticas comerciales “injustas”), la Sección 232 por razones de seguridad nacional (típicamente de carácter sectorial), o remedios comerciales como antidumping y antisubvenciones (caso por caso y altamente técnicos). La implicación práctica es que, si se abandona IEEPA como soporte, el reemplazo podría volverse menos “global uniforme” y más “quirúrgico”, apuntando a sectores específicos o a determinados socios, con un ritmo regulatorio que depende de los procedimientos requeridos y con mayor exposición a impugnaciones.

Para los socios comerciales, y para Colombia, el mensaje de fondo es que la política arancelaria seguirá ocupando un lugar central en la estrategia económica de Estados Unidos, aun si cambia el fundamento jurídico. El impacto concreto dependerá de si la nueva arquitectura se diseña por país, por sector o por cadenas de suministro, y de qué tanto afecte productos donde Colombia compite o participa como proveedor en la región.

En el corto plazo, el principal riesgo para las empresas es la volatilidad: variaciones súbitas en costos, necesidad de renegociar precios y cláusulas de entrega, y presión para ajustar abastecimiento. Al mismo tiempo, un enfoque más selectivo también puede abrir oportunidades de gestión: si el reemplazo se orienta por sectores estratégicos, Colombia podría fortalecer argumentos de cooperación, complementariedad y confiabilidad como socio, buscando reducir exposición y preservar condiciones para la inversión y el comercio.

En adelante, el monitoreo clave estará en la letra pequeña: qué decide la Corte y con qué razonamiento, qué anuncia el Ejecutivo como sustituto y bajo qué base legal, y cómo reaccionan el Congreso, el sector privado y los socios internacionales. Más que un episodio aislado, este caso puede marcar el tono de la política comercial estadounidense en los próximos años, definiendo cuánta flexibilidad tendrá la Casa Blanca para usar aranceles como herramienta de negociación y de política industrial, y qué tan predecible será el entorno para quienes hacen negocios con Estados Unidos.

POWELL ASISTIRA A LA AUDIENCIA DE LA CORTE SUPRE SOBRE LA PERMANENCIA DE LA GOBERNADORA LISA COOK

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, tiene previsto asistir este miércoles 21 de enero de 2026 a los alegatos orales en la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso relacionado con el intento del presidente Donald Trump de remover a la gobernadora de la Fed Lisa Cook, según confirmó a CBS News una fuente con conocimiento directo de los planes de Powell (y que fue reportado inicialmente por AP). 

La Corte Suprema escuchará argumentos sobre si el Presidente puede separar a Cook del cargo bajo el estándar de remoción “por causa” previsto para miembros de la Junta de Gobernadores, tras la decisión de la administración de avanzar con su salida en 2025. En octubre de 2025, el alto tribunal emitió una orden que, por ahora, permitió que Cook permaneciera en su puesto mientras se tramita el caso y se resuelven las solicitudes pendientes. 

El trasfondo del caso incluye señalamientos públicos sobre presuntas irregularidades en solicitudes hipotecarias, que la administración ha citado como fundamento para intentar la destitución. Cook ha negado cualquier conducta indebida y, de acuerdo con reportes de prensa, no se han anunciado cargos formales en su contra en relación con estas acusaciones. 

La asistencia de Powell, inusual para un jefe del banco central en un proceso de esta naturaleza, ha sido interpretada por medios estadounidenses como un gesto institucional de acompañamiento en un asunto que toca la gobernanza y la independencia operativa de la Reserva Federal. Esa señal se produce además en un contexto de tensiones públicas recientes: el 11 de enero de 2026, Powell difundió un mensaje en video (publicado por la propia Fed) en el que informó que el Departamento de Justicia entregó citaciones de un gran jurado a la institución y advirtió sobre la posibilidad de una acusación penal vinculada a su testimonio ante el Senado; en ese mensaje, Powell calificó esas acciones como “pretextos” y defendió que la política monetaria debe definirse con base en evidencia y condiciones económicas. 

En paralelo, el debate público ha incluido la trayectoria reciente de las tasas de interés. En 2025, la Reserva Federal recortó su tasa de referencia en tres ocasiones y, tras la decisión de diciembre, el rango objetivo se ubicó en 3,50%–3,75%, de acuerdo con reportes financieros. 

Con todo, el caso ante la Corte Suprema se perfila como un episodio relevante para el marco institucional estadounidense, al abordar los límites de la facultad presidencial de remoción frente a organismos independientes y, por extensión, la estabilidad de reglas que los mercados suelen considerar fundamentales para la credibilidad y previsibilidad de la política monetaria. 

PRESIDENTE TRUMP JUSTIFICA POSTURA DE CONTROL SOBRE GROENLANDIA POR NO HABER RECIBIDO EL NOBEL DE LA PAZ

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculó directamente su frustración por no haber recibido el Premio Nobel de la Paz con su postura cada vez más dura sobre Groenlandia, según un mensaje privado enviado al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre.

En el texto, revelado por medios estadounidenses y confirmado por la oficina del jefe de gobierno noruego, Trump afirmó que ya no se siente obligado a “pensar puramente en la paz”.

En el mensaje, el mandatario aseguró que la decisión del Comité Nobel de no premiarlo, pese a lo que calificó como el haber detenido “8 guerras o más”, le da margen para priorizar lo que considera “bueno y apropiado” para Estados Unidos. El mandatario relacionó esa postura con sus reiteradas amenazas de tomar control de Groenlandia, un territorio autónomo que forma parte del Reino de Dinamarca y es miembro de la OTAN.

Støre explicó que el mensaje fue una respuesta a un texto conjunto que él y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, enviaron a Trump para expresar su oposición a los aumentos arancelarios anunciados contra varios países europeos. El primer ministro noruego subrayó que el Premio Nobel de la Paz es otorgado por el Comité Nobel y no por el Gobierno de Noruega, algo que dijo haberle aclarado directamente al presidente estadounidense.

Las declaraciones de Trump se produjeron tras amenazar con imponer un arancel adicional del 10% a productos europeos a partir del 1 de febrero, en represalia por el rechazo a su plan sobre Groenlandia. Sus afirmaciones, en las que cuestionó incluso el derecho histórico de Dinamarca sobre la isla y aludió a supuestas amenazas de Rusia y China, han generado inquietud dentro de la OTAN ante la posibilidad inédita de tensiones abiertas entre aliados.

El mensaje también provocó reacciones en Europa. El primer ministro británico, Keir Starmer, recordó que Dinamarca es un aliado cercano y un miembro comprometido de la Alianza Atlántica, que ha asumido costos humanos significativos en operaciones conjuntas. La controversia se intensificó luego de que el Nobel de la Paz 2025 fuera otorgado a María Corina Machado, quien entregó simbólicamente su medalla a Trump, aunque el Comité Nobel aclaró que el reconocimiento no es transferible.

RUSIA DICE QUE PRESIDENTE TRUMP LES HABRÍA INVITADO A SER PARTE DE LA JUNTA DE PAZ.

Según informó este lunes 19 de enero de 2026 el Kremlin, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría extendido una invitación al presidente ruso, Vladímir Putin, para integrarse a la denominada “Board of Peace” (Junta de la Paz), un mecanismo asociado a la segunda fase del plan impulsado por Washington para la gobernanza transitoria y la reconstrucción de Gaza. De acuerdo con la versión rusa, el portavoz presidencial Dmitri Peskov indicó que Moscú recibió el planteamiento por canales diplomáticos y que actualmente está revisando el contenido antes de responder, señalando que Rusia busca “aclarar todos los matices” en próximos contactos. 

En paralelo, la Casa Blanca sí ha confirmado públicamente la conformación de un “Board of Peace” como parte del andamiaje de la fase dos, y ha divulgado nombres de su equipo ejecutivo/fundacional. En reportes basados en comunicados oficiales, se mencionan figuras como el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, entre otros; distintos medios también han incluido a Tony Blair dentro de los anuncios iniciales, aunque la composición y los roles continúan evolucionando a medida que se cursan invitaciones a líderes internacionales. 

La iniciativa se enmarca en la etapa dos del plan para Gaza, que —según los lineamientos difundidos por Washington y coberturas de prensa— contempla la instalación de un comité palestino de perfil tecnocrático para la administración civil durante la transición, mientras se avanzaría en prioridades como seguridad, desmilitarización y reconstrucción. En ese contexto, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó en noviembre de 2025 la resolución 2803, que respaldó el plan y autorizó el establecimiento de una Fuerza Internacional de Estabilización con mandato relacionado con la seguridad en el territorio, en coordinación con el mecanismo de supervisión previsto. 

Respecto al proceso de invitaciones, reportes de Reuters indican que varios gobiernos han recibido comunicaciones para integrarse a la “Board of Peace”, con la idea de que el órgano tenga un alcance inicial centrado en Gaza y, posteriormente, una agenda más amplia. Asimismo, algunas coberturas señalan que nuevos anuncios y definiciones podrían coincidir con la agenda del Foro Económico Mundial en Davos. 

En cuanto a Europa, una fuente oficial francesa citada por Associated Press señaló que Francia no planea incorporarse “por ahora” pese a haber recibido invitación, y mencionó inquietudes relacionadas con el encaje del nuevo mecanismo con los principios y la arquitectura de Naciones Unidas. 

Finalmente, en Moscú, el presidente Putin convocó el 19 de enero una reunión con miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Rusia, de acuerdo con el registro de eventos del Kremlin; no obstante, no se ha confirmado oficialmente que esa reunión haya estado vinculada a la invitación mencionada por Peskov. 

FBI CAMBIA EL ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN TRAS MUERTE DE MUJER POR AGENTE DE ICE

El Federal Bureau of Investigation (FBI) abrió de manera breve una investigación por derechos civiles contra un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que disparó fatalmente a Renee Good, en Minneapolis, antes de redirigir el caso hacia un análisis sobre si el agente fue víctima de una agresión. Según fuentes citadas por CNN, el nuevo enfoque examina la conducta de Good y de las personas a su alrededor, incluida su viuda, y no la actuación del agente.

El cambio representa una desviación poco habitual de la práctica histórica del Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuya División de Derechos Civiles suele investigar tiroteos relacionados con fuerzas del orden para descartar violaciones a los derechos de las víctimas, incluso cuando no se presentan cargos. De acuerdo con las fuentes, esta reorientación generó inquietudes internas y fue percibida por algunos funcionarios como una decisión con motivaciones políticas.

CNN informó previamente que al menos seis fiscales federales en Minnesota renunciaron luego de recibir instrucciones de modificar el foco de la investigación. Mientras tanto, el Departamento de Justicia no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios y el FBI declinó pronunciarse públicamente sobre el caso.

En declaraciones a Fox News, el vicefiscal general Todd Blanche sostuvo que el Departamento de Justicia solo investiga tiroteos policiales cuando resulta “apropiado”, y afirmó que ese no sería el caso. Paralelamente, el Departamento de Justicia analiza si el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, obstaculizaron la labor de las autoridades federales mediante sus declaraciones públicas.

MAMDAMI INICIA SU MANDATO EN NUEVA YORK CON UN TONO MAS PRUDENTE Y ENFASIS EN RESULTADOS TEMPRANOS

En sus primeras semanas al frente de la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, quien asumió el cargo a inicios de 2026 con 34 años, ha combinado señales de continuidad administrativa con un discurso de cambios orientado a la asequibilidad. En su mensaje inaugural, Mamdani subrayó que no renunciaría a sus principios “por temor a ser considerado radical” y enmarcó el inicio de su mandato como un esfuerzo por ampliar oportunidades y reducir presiones de costo de vida para los neoyorquinos. 

Tras esa entrada en funciones, la gestión ha mostrado un estilo pragmático en la construcción de acuerdos, en particular con la gobernadora Kathy Hochul. Mamdani regresó a Albany para la agenda estatal y, en la presentación del “State of the State”, acompañó con gestos públicos algunas iniciativas que se acercan a sus prioridades, como la expansión de programas de cuidado infantil y pre-kínder, mientras mantuvo reservas frente a planteamientos que buscan ampliar inversión sin aumentar impuestos, un punto de debate recurrente en la política fiscal local. 

Al mismo tiempo, la discusión presupuestal ha introducido desde temprano un marco de restricciones para cualquier agenda expansiva. La oficina del contralor de la ciudad, Mark Levine, advirtió que Nueva York enfrenta un déficit de 2.2 mil millones de dólares en el año fiscal en curso y una brecha proyectada de 10.4 mil millones para el siguiente, lo que anticipa negociaciones complejas sobre prioridades, fuentes de financiación y sostenibilidad fiscal. 

En el plano operativo, Mamdani ha buscado proyectar normalidad de gestión y ritmo de trabajo, con una agenda de anuncios y actividades diarias, mientras su administración avanza en medidas concretas de ciudad, desde acciones de infraestructura y servicios hasta ajustes para reducir trámites en vivienda y actividad económica, dentro del margen que permiten las competencias municipales. En ese contexto, medios locales han seguido de cerca las primeras decisiones ejecutivas y la forma en que la nueva administración organiza su relación con agencias clave. 

En materia de seguridad pública, una de las señales más observadas fue la decisión de mantener a Jessica Tisch como comisionada del NYPD, medida que fue reportada como un gesto de estabilidad institucional y continuidad en el manejo de la policía, aun cuando Mamdani ha defendido históricamente reformas en la respuesta a crisis y en la relación entre comunidad y fuerzas del orden. 

La gestión también ha atravesado controversias sensibles en torno a antisemitismo e Israel, después de que Mamdani revocara órdenes ejecutivas de la administración anterior relacionadas con la definición de antisemitismo (IHRA) y restricciones sobre campañas de desinversión o boicot, un movimiento que generó reacciones encontradas en sectores comunitarios y políticos. Posteriormente, tras una protesta frente a una sinagoga en Queens, Mamdani emitió declaraciones condenando consignas a favor de Hamás y, en comunicaciones posteriores, se refirió a Hamás como organización terrorista, al tiempo que afirmó que la ciudad debe proteger tanto la seguridad para asistir a lugares de culto como el derecho constitucional a protestar. 

En el frente federal, Mamdani ha reconocido contactos regulares con el presidente Donald Trump por teléfono y mensajes, en un intercambio que, según sus propias declaraciones, se ha mantenido después de su reunión en la Oficina Oval, en un intento por sostener canales de comunicación sobre asuntos de interés para la ciudad. 

En conjunto, el inicio del mandato muestra una combinación de afirmación programática, especialmente en temas de asequibilidad, con una aproximación de gestión que prioriza acuerdos intergubernamentales y decisiones operativas de corto plazo, en un entorno condicionado por el debate presupuestal y por temas de alta sensibilidad social. La evolución de los próximos meses dependerá, en buena medida, de cómo se traduzcan las prioridades de campaña en medidas financiables, del espacio de cooperación con Albany y Washington, y de la capacidad de la administración para administrar controversias sin desviar el foco de la agenda económica local.