La reunión entre el presidente Donald Trump y su homólogo Gustavo Petro se desarrolló en el Despacho Oval de la Casa Blanca en un ambiente descrito por ambas partes como cordial, directo y sin confrontaciones públicas. Petro mantuvo un tono sereno, mientras que Trump se mostró afable, privilegiando un intercambio orientado al diálogo y a la gestión de diferencias por canales diplomáticos.

Desde el inicio del encuentro, el presidente Petro buscó establecer puntos de conexión personal. Aludió al atentado sufrido por Trump durante la campaña y lo conectó con episodios de riesgo que él mismo ha vivido, como el atentado en Cúcuta. Sobre esa base, presentó a ambos como sobrevivientes y como líderes elegidos por sectores históricamente marginados, construyendo una narrativa común orientada a reducir tensiones.

En términos prácticos, uno de los resultados inmediatos fue la apertura de un canal de comunicación directa entre los mandatarios y sus equipos. La señal que deja el formato es que las diferencias se tramitarán por vías diplomáticas y mediante interlocución permanente, evitando que los desacuerdos deriven en crisis públicas.

En la agenda sustantiva, los temas de drogas y seguridad ocuparon un lugar central. Durante la conversación se planteó que la lucha contra el narcotráfico debe combinar acciones contra las estructuras criminales con alternativas económicas viables para los campesinos, como el impulso a cultivos de cacao y café. La aspersión aérea no fue presentada como eje de la discusión.

El tema de Venezuela también fue abordado. Desde Colombia se resaltaron oportunidades de reconstrucción y el potencial papel del país como aliado clave en ese proceso. Se mencionaron escenarios de integración energética, incluida la interconexión eléctrica, así como el rol que podrían desempeñar empresas colombianas y el sector privado. En materia de sanciones, se habló de la conveniencia de explorar esquemas de alivio gradual.

Según relató Petro posteriormente, en ese mismo contexto puso sobre la mesa una propuesta que venía planteando desde meses atrás: impulsar una labor conjunta en zona de frontera entre fuerzas de Colombia y Venezuela para enfrentar bandas criminales. Consultado sobre si ese enfoque estaba dirigido específicamente contra el ELN, evitó referirse puntualmente a ese grupo y señaló que el objetivo sería actuar contra “los que más mal hacen”.

Asimismo, se discutió la situación en la frontera con Ecuador. El presidente Petro propuso que Estados Unidos pueda desempeñar un rol de mediación, señalando que el problema de fondo es el desplazamiento del narcotráfico hacia el sur y no un enfrentamiento político directo entre gobiernos. En ese apartado, también advirtió sobre el impacto de la desinformación en la escalada de tensiones y sugirió que parte del ruido público pudo haber influido en decisiones recientes del presidente Daniel Noboa. En paralelo, hizo una comparación con episodios anteriores en la relación con Washington, al afirmar que, en su criterio, a Trump le habrían llegado informaciones equivocadas que alimentaron malentendidos.

Detrás del encuentro, fue relevante la labor técnica y estratégica de los embajadores Daniel García-Peña y John McNamara. Su gestión permitió mantener abiertos los canales diplomáticos en momentos de alta sensibilidad y crear las condiciones para que los dos jefes de Estado se sentaran a definir una hoja de ruta común.

El cierre del encuentro fue simbólico y reflejó el clima descrito anteriormente. Trump le dijo a Petro: “I hate to say this, I like you” (“Odio decirlo, pero me caíste bien”), una frase que resumió la distensión alcanzada y la disposición a mantener el diálogo.

En síntesis, el encuentro abrió un espacio para fortalecer el diálogo y encauzar la cooperación en temas esenciales para Colombia y Estados Unidos. El formato deliberadamente sobrio y sin ceremonial sugiere una reunión orientada a la gestión y a la distensión, más que a los símbolos, lo que puede interpretarse como una señal de prudencia política y control del mensaje.

Horas después, en declaraciones a medios durante otro evento en la Casa Blanca, Trump se refirió explícitamente a la reunión. Ante la pregunta sobre si hubo entendimientos en esfuerzos antinarcóticos, respondió que “we did”, y añadió que trabajaron en ello y que “we got along very well”. También señaló que antes “no eran precisamente los mejores amigos”, en parte porque no se conocían, pero que el encuentro fue “a very good meeting” y que Petro le pareció “terrific”, además de mencionar que conversaron sobre “other things… including sanctions”.

Apartes de la entrevista de Caracol Radio al Presidente Gustavo Petro

En una entrevista posterior con Caracol Radio, Petro afirmó que el encuentro fue mucho más fluido y constructivo de lo que esperaba, asegurando que las contradicciones ideológicas que percibía desde la distancia no se manifestaron en el diálogo directo. “Lo que yo intuía o veía a través de la prensa y de las redes como contradicciones con mis ideas, no las vi ahí”, afirmó, y sostuvo que las tensiones parecían más asociadas a otros funcionarios que a Trump mismo.

Petro explicó que uno de los ejes fue la transición energética como herramienta de reactivación económica regional, especialmente en relación con Venezuela. Planteó el potencial de La Guajira y de Sudamérica para producir energía limpia capaz de reactivar el occidente venezolano mediante interconexiones existentes, reducir la quema de gas en antorchas y contribuir a “limpiar toda la matriz energética de Estados Unidos y salvar la humanidad de una catástrofe que se avecina”.

En materia de seguridad, Petro abordó la presencia del ELN y otras estructuras criminales en territorio venezolano, reiterando que es necesario “colocar el ejército de Venezuela con el colombiano en una operación común” para derrotar a quienes siguen subordinados al narcotráfico. Aseguró que Trump comprendió que la seguridad no puede desligarse del desarrollo económico ni de la articulación entre países vecinos.

El mandatario fue particularmente crítico con la erradicación aérea, afirmando que al mostrar mapas satelitales quedó en evidencia que “no aparece ni una hectárea” de las supuestas áreas erradicadas, y sugiriendo que esos recursos fueron desviados por corrupción. Defendió la erradicación manual con participación campesina y aseguró que, tras un crecimiento de 41% en 2021, los cultivos se han detenido y comenzarían a caer desde finales de 2025, con decenas de miles de hectáreas ya en sustitución.

Petro también afirmó que los verdaderos jefes del narcotráfico no residen en Colombia. Señaló que “los capos viven en el extranjero, incluso en Estados Unidos”, y dijo haber entregado a Trump nombres propios y alias de quienes controlan redes criminales desde fuera del país. Insistió en una ofensiva financiera y judicial transnacional como eje central de la nueva estrategia antidrogas.

Además, solicitó la desclasificación de archivos de inteligencia relacionados con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948 y la toma del Palacio de Justicia en 1985, aclarando que no atribuye responsabilidad directa a Estados Unidos, pero que conocer esa información es clave para la memoria histórica. En el plano político interno, afirmó que Trump no le preguntó por su sucesión ni por el futuro electoral colombiano.

En la rueda de prensa posterior, Petro insistió en que la reactivación económica regional reduce el narcotráfico y explicó que hoy cruzan por la frontera colombo-venezolana cerca de US$1,5 mil millones, en su mayoría alimentos. Criticó nuevamente las sanciones, defendió la reapertura fronteriza y sostuvo que el cierre solo fortaleció economías ilegales.

También rechazó de forma tajante versiones sobre financiación ilegal de su campaña por parte de estructuras criminales. Afirmó que si hubiera aceptado sobornos “estaría lleno de billetes, pero ya estaría muerto o preso”, y sostuvo que nunca se ha hecho elegir por asesinos sino por el voto libre del pueblo. Subrayó que no se deja chantajear y que su política de extradiciones demuestra que no está sometido al crimen organizado.

El cierre político del encuentro estuvo marcado por un mensaje de distensión. Petro invitó a Trump a visitar Cartagena como gesto simbólico y enfatizó que los conflictos no se resuelven con sanciones ni confrontación, sino con diálogo directo. “No hay necesidad de boxear, no nos golpeamos, no nos arañamos, nos sonreímos”, afirmó, señalando que la reunión demuestra que gobiernos con visiones distintas pueden entenderse para abordar problemas concretos.

Cronología reunión presidencial Petro Trump

• 10:47 a.m. – El presidente Gustavo Petro parte desde la residencia de la Embajada de Colombia en Washington rumbo a la Casa Blanca para su encuentro con el presidente de Estados Unidos.
• 10:53 a.m. – La caravana del presidente Petro ingresa al complejo de la Casa Blanca.
• 11:03 a.m. – En declaraciones a la prensa, el presidente Donald Trump manifiesta que espera sostener “una buena reunión” con su homólogo colombiano.
• 11:15 a.m. – Comienza la reunión entre los presidentes Petro y Trump. Por parte de Estados Unidos acompañan el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el senador Bernie Moreno. La delegación colombiana está integrada por la canciller, Rosa Villavicencio, el ministro de Defensa Pedro Sánchez y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña.
• 1:00 p.m. – Finaliza la reunión bilateral en el Despacho Oval, tras casi dos horas de conversación entre ambos mandatarios y sus delegaciones.
• 1:04 p.m. – El presidente Petro se retira de la Casa Blanca, dando cierre al encuentro oficial.

Senador Bernie Moreno en X, sobre la reunión

“Tuve el honor de reunirme hoy con el presidente Trump, el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio en la Oficina Oval.

El presidente Trump se comprometió a ser un pacificador y un unificador al asumir el cargo hace poco más de un año. Ha cumplido y sigue cumpliendo esa promesa. Recibió al presidente Petro en la Casa Blanca y dejó claro que Estados Unidos está comprometido con la paz y la estabilidad en el hemisferio occidental. También dejó claro que entablará un diálogo significativo y respetuoso con cualquiera que desee trabajar en colaboración con Estados Unidos para promover nuestros intereses mutuos. Erradicar el flagelo del narcotráfico es una prioridad en esta agenda, como debería serlo para todas las naciones libres del mundo.

Aún queda mucho trabajo por hacer, pero hoy dimos un paso en la dirección correcta. Con su notable y exitosa operación de precisión en Venezuela, el presidente Trump ha abierto una era de oportunidades ilimitadas no solo para Estados Unidos, sino también para América Latina.

Colombia ha sido, y puede volver a ser, nuestro gran aliado y socio estratégico. Esperamos colaborar con la administración Petro durante sus últimos meses en el cargo. Es fundamental que Colombia garantice a su pueblo elecciones transparentes, libres y justas, no solo el próximo mes, sino también en mayo y junio. Estados Unidos estará observando atentamente, y confío en que el próximo presidente de Colombia se basará en lo que hemos logrado y llevará la relación a nuevas alturas.”

Mensaje de AmCham Colombia

La reunión entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro puede describirse como un encuentro constructivo y positivo. Importante resaltar que llega después de semanas de tensión pública, mensajes cruzados y una relación bilateral en un punto de alta sensibilidad, donde Colombia tiene mucho que proteger en beneficio del bienestar de los más de 5 millones de empleos relacionados con la relación binacional.

Por eso, el valor principal de esta reunión no es un anuncio puntual, sino un resultado más estratégico y diplomático: recuperar un marco de confianza y previsibilidad. Colombia y Estados Unidos comparten una agenda amplia, con desafíos complejos, pero también con oportunidades concretas que requieren coordinación constante. Los compromisos que hoy se asumen en la Casa Blanca deben trascender coyunturas políticas y gobiernos de turno: esta es una relación de Estado a Estado, en la que la estabilidad regulatoria es el activo más valioso para los inversionistas.

Lo que vimos hoy no fue un reinicio automático de la relación, sino una recomposición que será gradual, marcada por una distensión en el tono diplomático y por la decisión de tramitar las diferencias por canales institucionales, y no por escenarios de confrontación pública. En esa misma línea, superar los “irritantes” actuales en seguridad y migración es el punto de partida obligado para concentrarnos en lo que realmente impulsa el futuro: turismo e inversión de valor en sectores estratégicos.

Si el entendimiento se consolida en el frente más urgente —la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado—, ese mismo espíritu debe extenderse a los demás pilares de la relación: comercio e inversión, migración, turismo y cooperación, con un objetivo claro: que la relación bilateral produzca resultados medibles para los ciudadanos de ambos países.

“PIPE TULUÁ” EXTRADITADO A EE.UU. EN LA ANTESALA DE LA REUNIÓN ENTRE LOS PRESIDENTES PETRO Y TRUMP

Andrés Felipe Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”, fue extraditado a Estados Unidos en la madrugada de este martes en medio de un amplio operativo de seguridad en Bogotá, en la antesala de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump en Washington. El traslado se realizó desde la estación de Policía de Los Mártires hasta la Dirección de Antinarcóticos, paso previo a su salida del país.

El procedimiento contó con un despliegue de más de 70 uniformados, apoyo aéreo del Halcón de la Policía y vigilancia con drones, debido al perfil del extraditado y al riesgo asociado a la organización criminal que encabezaba. Las autoridades señalaron que se trató de un operativo de alto impacto, diseñado para evitar intentos de interferencia o rescate.

Alias “Pipe Tuluá” es señalado como el máximo cabecilla de la estructura criminal La Inmaculada y cumple en Colombia una condena de 30 años de prisión por homicidio, extorsión y concierto para delinquir. Pese a estar privado de la libertad, los organismos de seguridad sostienen que continuó dirigiendo actividades ilícitas desde distintos centros de reclusión, lo que llevó a reforzar su custodia fuera del sistema penitenciario ordinario.

Desde prisión, Marín mantuvo influencia sobre el grupo MAGO (Muerte a Guardianes Opresores), considerado un brazo criminal de La Inmaculada, responsable de amenazas, panfletos y ataques contra funcionarios del INPEC que se negaban a ser sobornados. Estas acciones buscaban frenar los controles internos y preservar la operación criminal desde las cárceles.

La capacidad de intimidación de la organización también se extendió al ámbito político local. Marín reconoció públicamente haber ordenado un atentado contra el alcalde de Tuluá, mientras que las autoridades atribuyen a La Inmaculada el homicidio del concejal Carlos Arturo Londoño y la muerte de otro concejal tras un atentado sicarial, hechos que impactaron directamente a la institucionalidad municipal.

La extradición quedó en firme luego de que la Corte Suprema de Justicia emitiera concepto favorable por tres cargos de narcotráfico, el presidente Petro firmara la orden correspondiente y el Gobierno resolviera las apelaciones presentadas por la defensa. Con ello, se agotaron los recursos internos que buscaban frenar su envío a Estados Unidos.

Según el expediente del Tribunal del Distrito Este de Texas, Marín coordinó el envío de grandes cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos, en alianza con organizaciones criminales de México y Colombia, entre ellas los carteles de Sinaloa, La Línea y la Oficina de Envigado. La investigación, liderada por la DEA, incluyó interceptaciones legales y la infiltración de un agente encubierto, y señala que varias operaciones habrían sido autorizadas directamente por el acusado.

El caso adquiere especial relevancia en la antesala del encuentro Petro–Trump, en un contexto en el que la extradición de capos ha sido uno de los temas más sensibles de la agenda bilateral. Aunque el Gobierno colombiano indicó que ha extraditado más de 800 personas en los últimos tres años, este caso generó atención adicional debido a los intentos de Marín por ser reconocido como gestor de paz, un proceso que finalmente no avanzó.

Por su parte, el secretario de Transparencia, Andrés Franco, afirmó que la decisión se adoptó en cumplimiento de una orden directa del presidente Gustavo Petro y defendió el balance del Gobierno en materia de cooperación judicial. “Cumpliendo su orden, presidente Petro. Alias ‘Pipe Tuluá’ fue extraditado a los Estados Unidos. El Gobierno Petro rompe el récord histórico con 809 extradiciones: 6,3% más que Duque y 7,6% más que el segundo mandato de Uribe. La cooperación judicial internacional no se debilitó: se fortaleció con una política firme contra el crimen organizado”, señaló.

PRESIDENTE TRUMP FIRMA LEY QUE PONE FIN AL CIERRE DEL GOBIERNO Y ABRE CUENTA REGRESIVA POR SEGURIDAD NACIONAL

El presidente Donald Trump firmó este martes un amplio paquete de gasto que puso fin al cierre parcial del Gobierno federal tras solo tres días, pero que deja abierto un nuevo frente de tensión al fijar un plazo de dos semanas para resolver la financiación del Departamento de Seguridad Nacional. La promulgación de la ley evita, por ahora, una paralización prolongada como la que mantuvo a Washington cerrado durante 43 días el otoño pasado.

La medida fue aprobada horas antes por la Cámara de Representantes en una ajustada victoria política para Trump y para el presidente de la Cámara, Mike Johnson, quienes debieron contener divisiones internas dentro del Partido Republicano. El acuerdo restablece la financiación de la mayoría de las agencias federales, pero solo prorroga de manera temporal los recursos para Seguridad Nacional.

Durante los días previos a la votación, el liderazgo republicano enfrentó una rebelión de legisladores conservadores encabezada por la congresista Anna Paulina Luna, quienes exigían que el paquete incluyera disposiciones más estrictas sobre identificación de votantes. Trump intervino de manera directa, sosteniendo conversaciones personales con Luna y otros legisladores, además de desplegar a su equipo en el Capitolio para asegurar los votos necesarios y cerrar rápidamente el episodio del cierre.

El proyecto de ley otorga certidumbre presupuestal a cerca de tres cuartas partes de las agencias del Gobierno, reduce levemente el gasto total del Congreso y descarta recortes a programas como los Institutos Nacionales de Salud, las becas Pell y las subvenciones de seguridad electoral. Al mismo tiempo, incorpora prioridades del presidente, como un aumento salarial para los militares y nuevas inversiones en seguridad aérea, y recorta los fondos para programas de ayuda internacional tras el cierre de USAID decidido el año pasado.

Sin embargo, el Congreso no logró consenso sobre el presupuesto del Department of Homeland Security, que incluye agencias como Transportation Security Administration (TSA) y Federal Emergency Management Agency (FEMA). “La verdadera pelea empieza con el proyecto de Seguridad Nacional”, advirtió Johnson, anticipando un choque político con los demócratas en torno a posibles cambios en la política federal de inmigración y control fronterizo.

El acuerdo temporal sobre Seguridad Nacional fue negociado en privado entre Trump y el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, como una vía para desactivar el creciente debate nacional sobre el accionar de Immigration and Customs Enforcement tras la muerte de Renee Nicole Good y Alex Pretti en Minneapolis. Trump y los demócratas disponen ahora de dos semanas para pactar ajustes al control migratorio o enfrentar un nuevo cierre, esta vez concentrado en el área de Seguridad Nacional.

EE.UU. REAUTORIZA EL PROGRAMA AGOA Y PRORROGA BENEFICIOS COMERCIALES CON ÁFRICA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la legislación que reautoriza la Ley de Crecimiento y Oportunidad para África (AGOA), extendiendo el programa de preferencias comerciales hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida tiene efecto retroactivo al 30 de septiembre de 2025, garantizando la continuidad de los beneficios arancelarios para los países africanos elegibles.

AGOA permite a los países del África subsahariana exportar al mercado estadounidense más de 1.800 productos con acceso libre de aranceles, además de los más de 5.000 bienes que ya gozan de trato preferencial bajo el Sistema Generalizado de Preferencias. El programa ha sido uno de los principales instrumentos de la política comercial de Estados Unidos hacia África, orientado a fortalecer los flujos de comercio e inversión bilateral.

El embajador Jamieson Greer, representante comercial adjunto de Estados Unidos, señaló que la renovación del programa debe adaptarse a una nueva etapa. “AGOA para el siglo XXI debe exigir más a nuestros socios comerciales y generar mayor acceso a mercado para las empresas, agricultores y ganaderos estadounidenses”, afirmó, subrayando que el objetivo es ampliar los beneficios tanto para África como para Estados Unidos.

Greer añadió que la Administración trabajará con el Congreso durante el próximo año para modernizar el programa y alinearlo con la política comercial de “America First” del presidente Trump. Según indicó, la prioridad será asegurar que AGOA fortalezca de manera efectiva el comercio bilateral y ofrezca resultados concretos para la economía estadounidense.

En los próximos días, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) coordinará con otras agencias federales la implementación de los cambios derivados de la reautorización, incluidos los ajustes necesarios al Arancel Armonizado de Estados Unidos. Para mantener su elegibilidad, los países beneficiarios deberán seguir cumpliendo exigentes requisitos en materia de economía de mercado, estado de derecho, pluralismo político, reducción de la pobreza, lucha contra la corrupción y protección de los derechos humanos.

EE.UU. Y MÉXICO ACTIVAN CUATRO CASOS CLAVE DE REMEDIACIÓN LABORAL BAJO EL MECANISMO DEL T-MEC

Estados Unidos y México anunciaron la adopción de cuatro cursos formales de remediación laboral en instalaciones ubicadas en Ciudad Juárez, Ciudad Obregón, Tijuana y Nogales, como parte del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del USMCA. Los casos involucran a empresas de los sectores de autopartes, alimentos, transporte transfronterizo y manufactura industrial.

Con estos acuerdos, ambos países alcanzan un total de doce cursos de remediación formalmente adoptados desde la entrada en vigor del mecanismo, consolidándolo como una herramienta activa de supervisión y cumplimiento de los compromisos laborales del tratado. Los anuncios confirman un patrón de intervención temprana frente a denuncias por violaciones a la libertad de asociación y a la negociación colectiva en instalaciones específicas.

Las empresas involucradas son Akwel Juárez México, dedicada a la fabricación de autopartes; Alimentos Grole, procesadora de productos cárnicos; Transportista KAMU, proveedora de servicios de transporte transfronterizo; y Amphenol Optimize México, fabricante de conectores y componentes automotrices y aeroespaciales. Todas las instalaciones fueron señaladas por prácticas que, según las autoridades, vulneraron derechos laborales protegidos por la legislación mexicana y el tratado.

Los cursos de remediación contemplan medidas como la reinstalación de trabajadores despedidos con pago retroactivo y beneficios, o el pago de indemnizaciones completas, según la preferencia de los empleados afectados. Asimismo, se acordó la reestructuración de las áreas de recursos humanos y relaciones laborales, junto con la imposición de sanciones disciplinarias a personal responsable de interferir en la actividad sindical.

En varios de los casos, las empresas deberán desmantelar comités laborales alineados con la administración, establecer protocolos de acceso para sindicatos independientes y revisar contratos colectivos vigentes para eliminar cláusulas consideradas ilegales. También se ordenó borrar antecedentes disciplinarios impuestos como represalia por afiliación o actividad sindical.

Los acuerdos incluyen la adopción de políticas de neutralidad y de “tolerancia cero” frente a violaciones de derechos laborales, con capacitación obligatoria y periódica para trabajadores, supervisores y directivos. Además, se exigió la instalación de mecanismos de denuncia anónimos y confidenciales, así como la publicación permanente de información clave sobre derechos laborales y procesos de queja.

El Gobierno de México asumió el compromiso de supervisar directamente el cumplimiento de los cursos de remediación, realizar capacitaciones presenciales diferenciadas y mantener canales de comunicación —correo electrónico, plataformas digitales y líneas telefónicas— para recibir e investigar nuevas denuncias. Cada caso cuenta con plazos específicos de implementación, que van desde enero hasta marzo de 2026.

El trasfondo de los expedientes muestra que las denuncias fueron presentadas por sindicatos y trabajadores, evaluadas por el comité interinstitucional estadounidense copresidido por la United States Trade Representative y el Departamento de Trabajo, que concluyó que existía evidencia suficiente para activar el mecanismo. Tras las revisiones realizadas por México, ambos gobiernos acordaron los cursos de remediación como vía para corregir las violaciones identificadas y evitar sanciones comerciales.

EE.UU. DERRIBA DRON IRANÍ QUE SE APROXIMÓ A PORTAAVIONES EN EL MAR ARÁBIGO

El Comando Central de Estados Unidos informó que un avión de combate de la Marina estadounidense derribó un dron iraní que se aproximaba al portaaviones USS Abraham Lincoln mientras navegaba en el mar Arábigo. Según el comunicado, la aeronave no tripulada se acercó de manera “agresiva” y con “intención poco clara” a una unidad militar estadounidense que operaba en aguas internacionales.

De acuerdo con U.S. Central Command, el dron continuó su trayectoria hacia el portaaviones pese a que las fuerzas estadounidenses aplicaron medidas de desescalamiento. Ante esa situación, un caza F-35C desplegado desde el propio buque procedió a neutralizar la amenaza, sin que se registraran bajas entre el personal militar ni daños en el equipo.

El ejército estadounidense precisó que el dron derribado era un Shahed-139 y que el incidente ocurrió cuando el USS Abraham Lincoln se encontraba a unos 500 millas, aproximadamente 800 kilómetros, de la costa sur de Irán. El Pentágono subrayó que la respuesta se dio conforme a las reglas de enfrentamiento vigentes para garantizar la seguridad de las fuerzas desplegadas en la región.

Horas después del derribo, el Comando Central reportó un segundo incidente en el estrecho de Ormuz, donde fuerzas de la Guardia Revolucionaria iraní hostigaron al buque mercante Stena Imperative, con bandera y tripulación estadounidense. Según el informe militar, dos embarcaciones rápidas y un dron iraní Mohajer se aproximaron a gran velocidad y amenazaron con abordar y capturar el petrolero, elevando nuevamente la tensión en una de las rutas marítimas más sensibles del comercio global.

NUEVA YORK DESPLEGARÁ OBSERVADORES LEGALES PARA VIGILAR DEPORTACIONES DEL GOBIERNO DE TRUMP

El estado de Nueva York anunció la creación de un equipo de observadores legales para monitorear y documentar las acciones de los agentes federales de inmigración durante operativos de detención y deportación impulsados por la administración del presidente Donald Trump. Los observadores portarán chalecos morados y tendrán como función registrar el comportamiento de las autoridades sin interferir en los procedimientos.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, explicó que los observadores serán empleados voluntarios de su oficina, previamente capacitados para verificar que las labores de control migratorio “se mantengan dentro de los límites de la ley”. La iniciativa surge tras semanas de disturbios y episodios violentos en Minnesota, donde el Gobierno federal desplegó miles de agentes armados y encapuchados como parte de su estrategia de deportaciones masivas.

“Estoy orgullosa de proteger los derechos constitucionales de los neoyorquinos a expresarse libremente, protestar de manera pacífica y vivir sin temor a acciones federales ilegales”, afirmó James en un comunicado. La fiscal general advirtió que los acontecimientos en Minnesota demostraron “qué tan rápido y trágicamente pueden escalar las operaciones federales cuando faltan transparencia y rendición de cuentas”.

La administración Trump ha concentrado sus operativos más agresivos de control migratorio en estados gobernados por demócratas, como California, Illinois y Minnesota. Aunque Nueva York alberga una de las oficinas de campo más grandes del Department of Homeland Security, el presidente aún no ha anunciado un despliegue de gran escala en ese estado. Trump ha defendido su política al vincular las deportaciones con la reducción del crimen, una afirmación que, según sus críticos, no coincide con los datos oficiales de criminalidad.

En Minnesota, protestas ciudadanas incluyeron la presencia de observadores y manifestantes que grabaron las operaciones de agentes con indumentaria militar. En enero, dos ciudadanos estadounidenses murieron por disparos de agentes migratorios mientras observaban o protestaban. En este contexto, James señaló que la información recopilada por los observadores en Nueva York será utilizada para evaluar la presentación de posibles demandas contra el Gobierno federal, en lo que sería un esfuerzo formal sin precedentes de un estado para supervisar directamente a las fuerzas federales.

COMISIÓN DEMANDA A GOBIERNO DE TRUMP POR BLOQUEO DE FONDOS PARA TÚNEL ENTRE NUEVA YORK Y NUEVA JERSEY

La comisión encargada del megaproyecto del túnel bajo el río Hudson presentó una demanda contra la administración del presidente Donald Trump para forzar la restitución de fondos federales, a pocos días de que las obras queden paralizadas. El proyecto, valorado en US$16 mil millones, es considerado una pieza clave para el transporte ferroviario entre Nueva York y Nueva Jer}{-sey y enfrenta un punto crítico ante la falta de desembolsos federales.

La Gateway Development Commission, creada en 2019 por ambos estados, presentó la demanda ante el Tribunal de Reclamaciones de Estados Unidos, acusando al Departamento de Transporte de incumplir sus obligaciones contractuales al retener más de US$205 millones aprobados durante la administración anterior. Según la comisión, la negativa no tiene base legal y estaría motivada por represalias políticas tras el cierre del Gobierno federal del año pasado.

En el escrito judicial, la comisión advirtió que sin la liberación inmediata de los recursos no podrá pagar a los contratistas, lo que obligaría a detener la construcción, dejar obras inconclusas, generar sobrecostos millonarios por retrasos y sanciones, y poner en riesgo cientos de empleos vinculados al proyecto. También señaló que esta situación podría comprometer la viabilidad futura de la iniciativa.

La Casa Blanca defendió su postura al señalar que los demócratas “están bloqueando un acuerdo” al negarse a negociar con la administración Trump, mientras que el senador demócrata por Nueva York, Chuck Schumer, respondió que la demanda sería innecesaria si el presidente levantara lo que calificó como un congelamiento “arbitrario”. A su vez, las gobernadoras Kathy Hochul y Mikie Sherrill respaldaron la acción legal y pidieron a la Casa Blanca revertir la decisión.

El túnel actual del Hudson, inaugurado en 1910 y gravemente afectado por el huracán Sandy en 2012, es utilizado por cerca de 200.000 viajeros diarios y sostiene una región que genera alrededor del 10% del producto económico de Estados Unidos. Hasta ahora se han invertido casi US$2 mil millones en el proyecto, que contempla la reparación del túnel existente y la construcción de uno nuevo para Amtrak y líneas de cercanías, en medio de una relación tensa entre la administración Trump y proyectos de infraestructura en estados gobernados por demócratas.