Los presidentes de China, Xi Jinping, y de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron una conversación telefónica que ambos describieron en términos positivos, con referencias a la cooperación en comercio, seguridad y temas globales como la guerra en Ucrania.

Trump calificó el diálogo de productivo y afirmó que hubo progresos en asuntos como el comercio bilateral, la lucha contra el fentanilo, la necesidad de buscar una salida al conflicto en Ucrania y un posible acuerdo que permita la continuidad de TikTok en Estados Unidos. También señaló que se encontrará con Xi en la cumbre de APEC en Corea del Sur y expresó su intención de viajar a China más adelante.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China, por su parte, evitó confirmar un acuerdo sobre TikTok y reiteró que cualquier solución debe basarse en los principios de mercado y el respeto a las normas legales aplicables, subrayando la importancia de evitar medidas comerciales restrictivas.

En cuanto a TikTok, la fecha límite que exige a ByteDance separar su propiedad o enfrentar la prohibición en Estados Unidos fue extendida hasta el 16 de diciembre, mientras continúan las negociaciones. Aunque Trump se mostró optimista sobre un entendimiento, todavía no se conocen detalles sobre la estructura societaria, el control del algoritmo o el manejo de datos, lo que mantiene la incertidumbre.

La llamada se produce en vísperas de la cumbre de APEC 2025 en Corea del Sur, que podría ofrecer una oportunidad para concretar avances o confirmar acuerdos en temas pendientes.

Los mensajes tras la conversación muestran una voluntad de reducir tensiones y explorar espacios de cooperación, pero dejan abiertas las definiciones clave, especialmente en el ámbito tecnológico y comercial, donde persisten diferencias de fondo.

EE.UU. HUNDE EMBARCACION EN EL CARIBE Y COLOMBIA FIJA POSICION

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que fuerzas militares de su país llevaron a cabo operaciones en el sur del Caribe que resultaron en el hundimiento de embarcaciones señaladas de transportar drogas procedentes de Venezuela. En los hechos se reportaron varias muertes, lo que el mandatario presentó como parte de un esfuerzo más amplio para combatir las finanzas del narcotráfico y frenar la expansión del fentanilo hacia territorio estadounidense. Según Trump, estas acciones forman parte de una estrategia de seguridad que busca cortar de raíz las redes criminales que operan en la región.

El gobierno venezolano rechazó las acusaciones, cuestionó la veracidad de los videos difundidos y calificó las operaciones como actos de agresión que atentan contra la soberanía del país. Para Caracas, la difusión de este tipo de imágenes tiene un carácter político y pretende aumentar las tensiones bilaterales en un momento de alta sensibilidad regional.

En medio de este escenario, la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, expresó la posición del país frente a la presencia militar en el Caribe. Señaló que la movilización de tropas y recursos navales es desproporcionada y recordó la importancia de respetar los principios del derecho internacional y la soberanía de los Estados.

La ministra de Relaciones Exteriores subrayó que Colombia no percibe una intención de intervención directa por parte de Estados Unidos, pero reafirmó que la política exterior colombiana apuesta por el diálogo, la diplomacia y las soluciones pacíficas como mecanismos para enfrentar las tensiones regionales.

El episodio refleja la complejidad del panorama geopolítico en el Caribe, donde confluyen los esfuerzos internacionales contra el narcotráfico, las tensiones políticas entre Washington y Caracas, y la necesidad de salvaguardar la estabilidad en América Latina. Para Colombia, la prioridad es mantenerse como un actor responsable, defender el multilateralismo y promover la cooperación regional sin recurrir al uso de la fuerza.

CÁMARA DE REPRESENTANTES APRUEBA LEY PROVISIONAL PARA EVITAR CIERRE DEL GOBIERNO

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los republicanos, aprobó un proyecto de financiamiento provisional que busca evitar un cierre parcial del Gobierno a partir del 1 de octubre. La medida mantiene a las agencias federales operando con los niveles actuales hasta el 21 de noviembre e incluye US$ 88 millones adicionales para proteger a congresistas, al Ejecutivo y a la Corte Suprema frente a amenazas de violencia política tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

El paquete fue aprobado por un estrecho margen de 217 votos a favor y 212 en contra, con dos republicanos sumándose a los demócratas en oposición. Ahora pasará al Senado, donde los republicanos también tienen la mayoría, pero necesitarán al menos siete votos demócratas para asegurar la aprobación. De lograrse, la ley será enviada al presidente Donald Trump para su firma antes de la fecha límite, disipando temporalmente el riesgo de parálisis gubernamental.

Los líderes republicanos insisten en que el proyecto carece de cláusulas políticas que puedan desalentar el respaldo bipartidista. Su objetivo, explicaron, es garantizar continuidad administrativa sin abrir frentes ideológicos en un momento delicado. Sin embargo, los demócratas se alinean detrás de una propuesta alternativa que mantendría el financiamiento solo hasta el 31 de octubre y añadiría medidas sociales clave.

La versión demócrata busca extender de manera permanente los créditos fiscales de salud bajo la Ley de Cuidado Asequible y revertir los recortes a Medicaid derivados de la reforma tributaria de Trump. Esto convierte la negociación en un pulso político sobre el alcance de las prioridades sociales y fiscales de cada partido. La divergencia entre ambas propuestas refleja un clima de polarización que complica los acuerdos, incluso en asuntos de continuidad gubernamental.

El debate presupuestario abarca solo una cuarta parte de los US$ 7 billones que representa el gasto federal total, ya que programas como el Seguro Social, Medicare y el pago de la deuda —que asciende a US$ 37.5 billones— se financian de manera obligatoria. La aprobación del paquete provisional da oxígeno a la administración, pero anticipa un nuevo enfrentamiento antes de que finalice el año, con implicaciones para la estabilidad económica y la confianza de los mercados.

TRUMP LANZA LA VISA “GOLD CARD” PARA ATRAER INVERSIÓN MILLONARIA

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que crea el programa de visa “Gold Card”, dirigido a extranjeros con “habilidades extraordinarias” que deseen contribuir financieramente a Estados Unidos. El esquema permite a individuos obtener residencia invirtiendo US$ 1 millón, mientras que empresas pueden patrocinar empleados mediante inversiones de 2 millones. El plan, presentado junto al secretario de Comercio, Howard Lutnick, busca recaudar más de US$ 100.000 millones destinados a respaldar recortes fiscales.

Trump señaló que el objetivo es atraer “personas extraordinarias en lo más alto” que generen empleos para estadounidenses en lugar de competir por los existentes. El programa también contempla una futura “Platinum Card” para quienes inviertan US$ 5 millones, con la que podrán pasar hasta 270 días al año en EE.UU. sin pagar impuestos sobre ingresos obtenidos en el extranjero. Esta iniciativa amplía las vías legales de inmigración para sectores de altos ingresos en paralelo a una política más estricta en deportaciones.

El plan incluye además la opción de una “Trump Corporate Gold Card” que permite a las compañías transferir el beneficio entre empleados a cambio de una tarifa de traspaso. Todos los solicitantes deberán someterse a revisión por parte del Departamento de Seguridad Nacional y pagar una cuota de mantenimiento anual. “Estamos creando un camino de entrada para los mejores, no para los que cargan al sistema”, insistió Lutnick, al subrayar que el programa combina migración selectiva y atracción de capital.

Los criterios de elegibilidad establecen que los aspirantes deben ser admitidos como residentes legales permanentes y contar con visas disponibles. Como cualquier otro visado, la “Gold Card” podrá ser revocada por motivos de seguridad nacional o riesgos asociados. El lanzamiento marca un giro en la estrategia migratoria estadounidense, privilegiando a inversionistas y compañías globales con alto poder económico, lo que anticipa un debate intenso sobre equidad y prioridades en el sistema migratorio de EE.UU.

TRUMP FIRMA PROCLAMACION QUE INTRODUCE TARIFA ANUAL DE US$100.000 A SOLICITUDES DE VISA H-1B

El presidente Donald Trump firmó una proclamación que introduce un cargo anual de US$100.000 para las solicitudes de visas H-1B, además de otros cambios al programa de trabajadores extranjeros altamente calificados. La medida busca limitar un sistema que, según la Casa Blanca, ha sido utilizado para abaratar costos laborales a expensas de profesionales estadounidenses. “Creo que van a estar muy contentos”, afirmó Trump al referirse a la reacción esperada del sector tecnológico.

Las visas H-1B, creadas en 1990, fueron concebidas para atraer talento en áreas como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Cada año se autorizan 85.000 cupos, distribuidos históricamente mediante lotería. Amazon fue el mayor receptor en 2025 con más de 10.000 permisos, seguido por Tata Consultancy, Microsoft, Apple y Google. California concentra la mayor parte de los beneficiarios, reflejando la dependencia del sector tecnológico en este programa.

Críticos sostienen que las visas, en lugar de cubrir posiciones de alto nivel con habilidades únicas, se han convertido en puerta de entrada para trabajadores en empleos básicos o de entrada. Con salarios mínimos de US$60.000 anuales, muy por debajo de los más de US$100.000 que gana un ingeniero estadounidense promedio, el sistema incentiva prácticas de subcontratación. Consultoras como Wipro, Infosys, HCL o Cognizant contratan a miles de extranjeros para luego “alquilarlos” a compañías en EE.UU.

Doug Rand, exdirector de USCIS bajo la administración Biden, describió el programa como un caso de “personalidad dividida”. Según explicó, aproximadamente la mitad de las visas se destinan a empresas que integran a largo plazo a los inmigrantes, mientras que la otra mitad termina en firmas de contratación que dependen por completo de este esquema. “Básicamente entran a la lotería para contratar gente que luego alquilan a otras compañías”, señaló, denunciando “engaños y abusos” en el sistema.

El debate se intensifica tras la caída del 40% en las solicitudes para 2024, atribuida al control sobre aplicaciones fraudulentas múltiples. USCIS limitó este año a una sola participación por persona, lo que redujo la manipulación del sorteo. Sindicatos como AFL-CIO respaldaron los cambios, pero reclaman que las visas se otorguen a empresas que paguen los salarios más altos en lugar de al azar. Con la nueva tarifa, Trump da un paso más hacia una reforma que privilegia al talento extranjero de élite y encarece la contratación de trabajadores foráneos.

MCDONALD’S APUESTA POR AGRICULTURA REGENERATIVA CON INVERSIÓN RÉCORD EN EE.UU.

McDonald’s USA anunció una inversión de US$ 200 millones en prácticas agrícolas regenerativas, el mayor compromiso de la compañía en este campo hasta la fecha. La iniciativa, vinculada al movimiento “Make America Healthy Again” (MAHA), busca mejorar la salud del suelo y reducir el uso de químicos sintéticos y fertilizantes. Según la empresa, el plan es una muestra de su “compromiso continuo con el abastecimiento responsable de carne de res y la administración de los recursos naturales”.

La cadena de comida rápida más grande de EE.UU. trabajará con el Servicio de Conservación de Recursos Naturales (NRCS) del Departamento de Agricultura y otras entidades. El proyecto contempla siete años de inversión en pastoreo regenerativo, restauración de hábitats y conservación de agua y vida silvestre en ranchos ganaderos que abarcan hasta 4 millones de acres en 38 estados. El programa busca generar un modelo de sostenibilidad replicable en la industria alimentaria.

La medida fue celebrada por funcionarios y asesores vinculados a MAHA. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., afirmó: “Gracias, McDonald’s, por comprometer una inversión récord de US$ 200 millones en agricultura regenerativa. Es una gran victoria para el pastoreo regenerativo, la restauración de hábitats y la conservación del agua y la vida silvestre”. Su declaración en X marcó un fuerte respaldo gubernamental a la iniciativa.

Calley Means, asesor de Kennedy, destacó el impacto en la cadena de suministro alimentaria. “McDonald’s invierte 200 millones para cambiar la cadena de suministro hacia prácticas más regenerativas. La salud del suelo es una verdadera situación de ganar-ganar entre los defensores de MAHA y las grandes compañías”, escribió en X. Añadió que “estas acciones son significativas y representan una hoja de ruta sobre cómo impulsar un cambio real”.

El movimiento MAHA ya ha impulsado cambios voluntarios en grandes empresas de alimentos, como eliminar colorantes sintéticos o frenar el uso de jarabe de maíz de alta fructosa. La apuesta de McDonald’s refuerza esa tendencia y marca un precedente en la industria de la carne de res, altamente cuestionada por su huella ambiental. En términos geopolíticos, la medida también proyecta a EE.UU. como líder en sostenibilidad alimentaria, con implicaciones para exportadores y reguladores internacionales.

BARRIOS INMIGRANTES DE WASHINGTON SE MOVILIZAN CONTRA REDADAS DE ICE

En Mount Pleasant y Petworth, barrios con fuerte presencia de inmigrantes latinoamericanos en Washington, residentes han confrontado directamente a agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Vecinos alertaron sobre la detención de un salvadoreño y de un guatemalteco, este último liberado tras la protesta de transeúntes. “He vivido aquí 10 años y nunca me había sentido tan inseguro”, dijo Kris King, una instructora de yoga. Los operativos, cada vez más frecuentes, han elevado la tensión comunitaria.

El presidente Donald Trump declaró una “emergencia por crimen” en agosto, lo que incrementó la presencia de fuerzas federales en zonas con alta población hispana. ICE ha intensificado arrestos incluso de personas sin antecedentes criminales, según activistas. Amy Fischer, del Migrant Solidarity Mutual Aid Network, denunció: “A cualquiera que luzca negro o marrón o como inmigrante lo están deteniendo”. El fallo reciente de la Corte Suprema habilitó de nuevo detenciones basadas en perfiles.

Desde la Casa Blanca, la vocera Abigail Jackson defendió la política de mano dura. “Muchos de los extranjeros ilegales arrestados tienen órdenes pendientes o condenas por crímenes terribles como asesinato, asalto o violación”, afirmó. Para el Departamento de Seguridad Nacional, los operativos no deben preocupar a residentes con estatus legal. “Nadie que viva legalmente en EE.UU. tiene nada que temer”, aseguró la portavoz Tricia McLaughlin en un comunicado.

La desconfianza, sin embargo, se expande. En Columbia Heights, vecinos organizaron cadenas de mensajes para alertar sobre redadas y proteger a familiares sin papeles. Durante una operación conjunta de policías, alguaciles y ICE para rescatar a una menor desaparecida, agentes arrestaron a presuntos miembros de la pandilla MS-13. Aun así, los testigos corearon “Gestapo” cuando se retiraron, reflejando la hostilidad creciente hacia la aplicación de la ley en estas comunidades.

El temor ha golpeado la vida cotidiana de negocios y restaurantes latinos, pues muchos prefieren quedarse en casa por miedo a redadas. “Preferimos no ir a trabajar o a comprar… no nos sentimos seguros, por la simple razón de que somos latinos”, explicó Nelvin Rodríguez, hondureño residente permanente. El impacto económico y social muestra cómo la política migratoria se entrelaza con dinámicas urbanas, debilitando la cohesión en barrios históricamente vibrantes de la capital estadounidense.

EE. UU. PEDIRÁ REORIENTAR A LA ONU Y RECHAZAR “IDEOLOGÍAS DESTRUCTIVAS”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que instará a la ONU a regresar “a sus orígenes” como instrumento para promover la paz, en lugar de impulsar “ideologías destructivas” como las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI). Rubio hará estas declaraciones la próxima semana durante la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que acompañará al presidente Donald Trump como parte de la delegación estadounidense.

Según informó el viceportavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, el secretario aprovechará la Semana de Alto Nivel “para debatir sobre la necesidad de que la ONU vuelva a sus raíces, reorientando la organización hacia sus orígenes como una herramienta eficaz para promover la paz, y no una burocracia inflada que compromete la soberanía nacional e impulsa ideologías destructivas como el DEI”. Las palabras reflejan la línea crítica de Washington hacia los organismos multilaterales.

El Departamento de Estado adelantó que Rubio se reunirá con homólogos clave en Nueva York para discutir intereses compartidos en seguridad, pacificación de conflictos y cooperación mutua. No se precisaron los nombres de los líderes con los que conversará, aunque se espera que el tema del financiamiento a misiones de paz y la agenda de Oriente Medio dominen los intercambios bilaterales. Estados Unidos busca proyectar firmeza en el debate multilateral.

La Asamblea General se celebrará del 22 al 29 de septiembre y abrirá formalmente el martes 23. Trump tendrá una intervención en la sesión plenaria junto a otros jefes de Estado y de Gobierno. El contexto internacional, marcado por las guerras en Ucrania y Gaza, promete discursos confrontativos sobre el papel de la ONU en la gestión de crisis. Varios países han adelantado que defenderán el reconocimiento del Estado palestino en sus intervenciones.

El conflicto en Oriente Medio será un punto central, con creciente presión internacional sobre Israel. Una comisión de expertos de la ONU ha calificado las acciones militares en Gaza como “genocidio”, aumentando la polarización diplomática. En este escenario, la postura estadounidense de recortar influencia a políticas de inclusión y reorientar la ONU hacia un rol de seguridad global anticipa tensiones con bloques que defienden agendas de derechos humanos y diversidad como pilares de la cooperación internacional.

EE.UU. INTENSIFICA LLAMADOS A MEXICO PARA REFORZAR CONTROLES FINANCIEROS CONTRA LOS CARTELES

El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, realizó una visita a Ciudad de México con el objetivo de reforzar la cooperación bilateral en la lucha contra las finanzas del crimen organizado.

Durante su agenda, Hurley subrayó que el sistema financiero mexicano cumple un papel crítico en cortar los flujos ilícitos que sostienen a los cárteles y alimentan la crisis del fentanilo en Estados Unidos. Según el Tesoro, la prioridad es fortalecer la cooperación regulatoria y garantizar estándares más estrictos en materia de cumplimiento antilavado.

El contexto de la visita está marcado por las sanciones impuestas a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, acusados de haber facilitado transacciones sospechosas. Washington insiste en que las medidas buscan enviar una señal clara: cualquier institución financiera que colabore con estructuras criminales quedará aislada del sistema internacional.

Paralelamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a una red vinculada a la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa, que incluyó a una diputada mexicana y a más de una docena de empresas. En respuesta, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aplicó bloqueos administrativos, reforzando la acción coordinada.

Autoridades mexicanas han señalado que las intervenciones regulatorias a las entidades sancionadas “transcurren de manera normal”, aunque persisten dudas sobre la estabilidad de algunos activos. En Washington, en cambio, se insiste en que la efectividad de estas medidas depende de un compromiso sostenido del sector privado para identificar y frenar transacciones ilícitas.

El mensaje final de la visita fue inequívoco: blindar al sistema financiero regional contra los cárteles es un objetivo compartido, y Estados Unidos espera resultados tangibles en el corto plazo.

ADMINISTRACIÓN TRUMP IMPONE NUEVAS RESTRICCIONES FINANCIERAS A HARVARD

La administración del presidente Donald Trump intensificó su ofensiva contra la Universidad de Harvard al imponer nuevas limitaciones a su acceso a fondos federales de ayuda estudiantil. El Departamento de Educación colocó a la institución en estatus de “monitoreo de efectivo reforzado”, lo que obliga a la universidad a utilizar primero sus propios recursos antes de solicitar reembolsos federales. También exigió una carta de crédito por US$ 36 millones para garantizar sus obligaciones.

En paralelo, la Oficina de Derechos Civiles advirtió que podría iniciar acciones adicionales si Harvard no entrega más información sobre su proceso de admisiones, bajo sospecha de uso ilegal de criterios raciales. Con un endowment de US$ 53.000 millones, la universidad más rica de Estados Unidos rechaza la idea de enfrentar problemas financieros serios. No obstante, en los últimos meses ha aplicado recortes y despidos frente a la presión de Washington.

Harvard estima que el impacto combinado de las recientes medidas federales podría alcanzar US$ 1.000 millones anuales, lo que ha motivado múltiples demandas contra la administración. Este mismo mes, un juez falló que el Gobierno actuó de forma ilegal al cancelar más de 2.000 millones en subvenciones para investigación previamente otorgadas a la institución. La Casa Blanca insiste en usar el financiamiento federal como palanca para forzar cambios en las universidades.

El propio Trump, en una reunión de gabinete, afirmó que Harvard debería pagar “nada menos que US$ 500 millones” como parte de un eventual acuerdo, acusando a la institución de estar dominada por ideologías “antisemitas y de izquierda radical”. La ofensiva contra la universidad refleja un frente político más amplio de confrontación con centros académicos considerados hostiles. El pulso anticipa una larga batalla legal que podría redefinir la relación entre el Gobierno federal y la educación superior.

JUEZ DESESTIMA POR “INAPROPIADA” LA MILLONARIA DEMANDA DE TRUMP CONTRA THE NEW YORK TIMES

Un juez federal de Florida desestimó la demanda de US$ 15.000 millones por difamación presentada por el presidente Donald Trump contra The New York Times. El magistrado Steven D. Merryday calificó el escrito de 85 páginas como “decididamente impropia e inadmisible”, al no cumplir con los requisitos federales de claridad y concisión. Trump alegaba que artículos y un libro publicado en 2024 dañaron su imagen y su candidatura presidencial.

El juez criticó el tono político de la demanda, al considerarla “llena de argumentos tendenciosos” más propios de un mitin que de un documento legal. “Una demanda no es un megáfono para relaciones públicas, ni un podio para una apasionada oratoria en un mitin político”, afirmó en su fallo. Merry day dio a Trump un plazo de 28 días para presentar una versión revisada, limitada a 40 páginas y ajustada a los estándares judiciales federales.

La acción legal responsabilizaba no solo al Times, sino también a la editorial Penguin Random House, acusándolos de difamación y calumnia a gran escala. El periódico defendió su cobertura periodística y calificó la acusación de “sin fundamento”, mientras que la editorial rechazó haber incurrido en prácticas difamatorias. El caso refleja la estrategia de Trump de confrontar judicialmente a los medios críticos con su gestión y su figura política.

Organismos de prensa advirtieron sobre los riesgos que estas demandas plantean a la libertad de expresión. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señaló que “esta acción no busca justicia, sino utilizar los tribunales como arma política para intimidar y castigar a la prensa crítica”. Su director ejecutivo, José Roberto Dutriz, sostuvo que este tipo de litigios “contraviene principios fundamentales consagrados por la Primera Enmienda” de la Constitución estadounidense.

No es la primera vez que Trump enfrenta un revés judicial en su cruzada contra el Times. En 2018 ya había demandado al diario por reportajes sobre sus finanzas e impuestos, basados en documentos confidenciales. Aquella vez, la corte rechazó su petición y lo condenó a pagar US$ 400.000 por gastos legales al periódico y a tres de sus reporteros. Este nuevo fallo refuerza la jurisprudencia a favor de la prensa y limita la capacidad de usar litigios como herramienta política.

TRUMP INTENSIFICA ATAQUES A MEDIOS Y AMENAZA CON RETIRAR LICENCIAS DE EMISIÓN

El presidente Donald Trump volvió a confrontar a los principales medios de comunicación, esta vez advirtiendo que podrían perder sus licencias de emisión si continúan criticándolo. “Leí en alguna parte que los canales estaban en un 97% en mi contra… y, sin embargo, gané fácilmente en los siete estados clave”, declaró a bordo del Air Force One. Según el mandatario, esa “mala publicidad” constituye abuso de una concesión pública que debería ser revocada.

Las declaraciones llegan en un contexto de creciente tensión mediática tras el retiro del programa nocturno de Jimmy Kimmel de la cadena ABC. El comediante fue suspendido luego de comentarios polémicos sobre el asesinato del activista ultraderechista Charlie Kirk en Utah. Para Trump, este caso confirma que las cadenas actúan de manera sesgada y se convierten en un “brazo del Partido Demócrata”, sin espacio para voces conservadoras.

El presidente insistió en que las cadenas de televisión con licencia pública no pueden “usar ese espacio para golpear” al Gobierno. Según su visión, los ataques mediáticos buscan socavar su agenda política y deslegitimar su victoria en los estados clave. “Si miras atrás, lo único que hacen es golpear a Trump”, aseguró, intensificando el debate sobre los límites entre libertad de prensa y regulación estatal de concesiones.

Horas antes, Trump había minimizado la polémica sobre Jimmy Kimmel al atribuir la cancelación de su programa a bajos niveles de audiencia. “No tenía talento y debió ser despedido hace mucho tiempo”, afirmó. Sin embargo, analistas ven en el episodio un intento de presionar a la industria del entretenimiento, donde la mayoría de figuras mediáticas mantienen posturas críticas hacia su Gobierno. El choque con la prensa se convierte así en un frente recurrente de su narrativa política.

El trasfondo geopolítico y económico no es menor: un enfrentamiento abierto con las grandes cadenas podría tensar la relación entre Washington y el sector privado de medios, generando efectos sobre inversión publicitaria y confianza de mercados. En paralelo, la polémica internacionaliza el debate sobre la libertad de prensa en EE.UU., exponiendo riesgos reputacionales para el país en foros democráticos. Trump busca disciplinar a un sector estratégico mientras refuerza su base electoral.

TRUMP PIDE A LA CORTE SUPREMA AVALAR POLÍTICA DE PASAPORTES CONTRA PERSONAS TRANS

El gobierno del presidente Donald Trump solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que le permita aplicar una política que bloquea la emisión de pasaportes con designaciones de género distintas al sexo biológico. El Departamento de Justicia presentó una petición de emergencia para levantar la orden de una jueza federal que impide al Departamento de Estado ejecutar la medida. La disputa se enmarca en una orden ejecutiva firmada el 20 de enero que define el sexo solo como masculino o femenino.

En los documentos judiciales, el gobierno argumentó que la orden de la jueza “no tiene base en la ley ni en la lógica”. Los abogados del Departamento de Justicia sostuvieron que “los ciudadanos privados no pueden obligar al gobierno a usar designaciones de sexo inexactas en documentos de identificación que no reflejan el sexo biológico, especialmente en documentos que son propiedad del gobierno y parte de su poder de comunicación internacional”.

La jueza federal Julia Kobick, nombrada por el expresidente Joe Biden, emitió en abril una medida cautelar que frenó la aplicación de la política para seis demandantes trans y no binarios. Luego amplió el alcance a todas las personas en situaciones similares. Kobick consideró que la medida era “arbitraria” y basada en “prejuicios irracionales” contra personas trans, lo que violaría la cláusula de igualdad de protección de la Quinta Enmienda.

El 1er Tribunal de Apelaciones de Boston rechazó el 4 de septiembre la solicitud de suspender la medida, lo que motivó la apelación directa a la Corte Suprema. Los demandantes están representados por la ACLU, cuyo abogado Jon Davidson calificó la política como “una acción injustificable y discriminatoria que restringe los derechos esenciales de ciudadanos transgénero, no binarios e intersex”. Según Davidson, la administración Trump ha intensificado restricciones en salud, discurso y otros derechos.

Antes de Trump, el Departamento de Estado permitía desde hace más de tres décadas actualizar la designación de sexo en pasaportes. En 2022, la administración Biden autorizó el marcador neutro “X” y la autoelección entre “M” y “F”. La orden ejecutiva de Trump revirtió esa política y estableció que el sexo es “una clasificación biológica inmutable como masculino o femenino”. El gobierno insiste en que “esa política es plenamente legal” y que la Constitución no prohíbe definir el sexo según criterios biológicos.