Perspectivas y retos del nuevo gobierno en Colombia

Por: Vali Consultores

---

Con la llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia de la República el 7 de agosto, Colombia inicia un nuevo ciclo de gobierno en un contexto de importantes desafíos económicos, fiscales e institucionales. Con un crecimiento del PIB de 2,6 % en 2025, un déficit fiscal de 6,4 % del PIB, una deuda bruta equivalente al 64,7 % del producto y una caída de 16,2 % en la inversión extranjera directa, la capacidad de respuesta frente a estas restricciones será determinante para la implementación de su agenda y el cumplimiento de sus principales objetivos de política pública.

Sistema de salud

El sistema de salud constituye uno de los principales desafíos del nuevo gobierno. A pesar de que el presupuesto creció de $40,3 a $65,1 billones entre 2022 y 2025, la deuda hospitalaria pública aumentó 30 % en nueve meses —hasta alcanzar $16,28 billones— y el 90 % de los usuarios reportó dificultades para acceder oportunamente a sus medicamentos. Cerca de 25 millones de colombianos están afiliados a EPS bajo intervención, cuyo patrimonio negativo pasó de $429.000 millones en 2022 a cerca de $10 billones en 2025. El gobierno entrante propone un plan de choque de $10 billones para restablecer el flujo de recursos. La prioridad radica en corregir las deficiencias en los mecanismos de flujo, auditoría y distribución de recursos, así como en adoptar decisiones técnicas respecto de las EPS intervenidas, incluyendo eventuales procesos de saneamiento o liquidación y los mecanismos para garantizar la continuidad del aseguramiento.

Consolidación fiscal y reactivación

La agenda económica plantea un crecimiento sostenido superior al 7 % anual y un ajuste estructural de alrededor de $70 billones mediante fusión de agencias, racionalización de subsidios y modernización del recaudo. Estas metas contrastan con las proyecciones de Fedesarrollo, que anticipan un crecimiento del 2,6 % para 2026 y sitúan el retorno de la inflación al 3 % hacia 2030. La viabilidad de la agenda sectorial estará condicionada por la capacidad del ajuste fiscal para reducir las tasas de los TES —actualmente cercanas al 13 % anual en la curva larga— y recuperar la calificación de riesgo. La reducción de la carga tributaria y la desregulación son señales relevantes para atraer inversión, pero su impacto sobre el recaudo deberá gestionarse para no ampliar el déficit en el corto plazo.

Energía y seguridad

El sector minero-energético hereda un pasivo de $9 billones y una probabilidad del 90 % de ocurrencia del fenómeno de El Niño desde septiembre de 2026, sobre una matriz donde entre el 60 % y el 80 % de la generación depende de hidroeléctricas. La propuesta de retomar la exploración de hidrocarburos bajo condiciones de seguridad jurídica, se fundamenta en preocupaciones previamente expresadas por actores del sector, pero la transición requiere simultáneamente mantener el impulso a las fuentes renovables —que superaron su meta de capacidad en 108 %— y resolver el pasivo financiero antes de la activación del ciclo climático.

En seguridad, el 71 % de los entes territoriales registra presencia de grupos armados ilegales, cuya membresía creció 20 % en 2025. Las propuestas orientadas al fortalecimiento de la Fuerza Pública y a la reactivación de la erradicación de cultivos se enmarcan en este contexto, aunque su ejecución dependerá de la disponibilidad presupuestal y de una estrategia territorial que trascienda la cobertura actual, inferior al 25 % de los municipios de sexta categoría.

Infraestructura, conectividad y agro

En infraestructura, la deuda estatal con contratistas —cercana a $7 billones— bloquea iniciativas privadas por más de $34 billones; el Plan de Caminos Comunitarios ejecutó apenas el 10 % de su presupuesto, dejando el 81 % de las vías terciarias en estado regular o deficiente.

En conectividad, la penetración de internet fijo en zonas rurales dispersas permanece en el 10 %, frente al 65,6 % del promedio nacional, y la subasta 5G trasciende el período sin ejecutarse.

En el sector agropecuario, el 89 % de los productores nunca ha accedido a crédito y menos del 6 % del área con aptitud agrícola cuenta con riego tecnificado. La expansión de la frontera agrícola en 1,5 millones de hectáreas constituye una de las principales apuestas del gobierno entrante, aunque su impacto dependerá de la reducción de las brechas de conectividad vial y acceso al agua.

Conclusión

Los desafíos descritos configuran una agenda de alta complejidad y fuerte interdependencia sectorial. En este contexto, los primeros meses de gobierno concentrarán una ventana de decisiones con potencial impacto regulatorio en materia fiscal, energética, de seguridad y salud, cuyos efectos dependerán de la rapidez con que se adopten ajustes normativos y administrativos. Posteriormente, el alcance de las principales iniciativas estará condicionado por la interacción entre el Gobierno, el Congreso, las altas cortes y los actores territoriales, lo que hará determinante la construcción de consensos.

Para el sector privado, este escenario refuerza la importancia de fortalecer la inteligencia regulatoria, el relacionamiento institucional y la participación técnica en los procesos de política pública, considerando que la implementación de las reformas dependerá tanto de su viabilidad técnica y fiscal, como de las condiciones de gobernabilidad y estabilidad política.

Desde esta perspectiva, invitamos a los lectores interesados en profundizar en estas reflexiones a consultar nuestros documentos “Salud, innovación y competitividad: una agenda para el próximo cuatrienio” (https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7473087237686132737) y “Recomendaciones para el próximo gobierno” (https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7470925392271425537), en los que se presentan análisis y propuestas orientadas a enriquecer el debate sobre los principales retos y oportunidades en Colombia.

Julio 2026