Cadenas de valor, política pública y la próxima frontera de la sostenibilidad en América Latina

Por: Gerardo Viña Vizcaíno, director de Sostenibilidad de Araújo Ibarra Consultores en Negocios Internacionales.

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Durante dos décadas, la “sostenibilidad” se ha convertido en un ejercicio de reporte centrado en huella de carbono, políticas de diversidad, certificaciones ambientales y otras, por demás necesarias, pero insuficientes. Si la sostenibilidad se queda puertas adentro de la empresa, no resuelve el verdadero riesgo estructural de las cadenas de valor globales, ni la fragilidad de quienes producen en el primer eslabón.

Colombia ofrece una lección que vale la pena mirar sin filtros retóricos. Programas bien financiados de alianzas productivas conectaron pequeños productores rurales con mercados formales dando resultados notables en casos puntuales, pero con una tasa de fracaso excesivamente alta. Según cifras oficiales de seguimiento, más del 90 % de las familias vinculadas a procesos de sustitución productiva en zonas de posconflicto no logró consolidar un proyecto sostenible en el largo plazo y muchas volvieron a economías ilícitas.

El problema no fue la falta de recursos ni de voluntad estatal —hubo ambas—. Fue la falta de una arquitectura encadenada: sin calidad certificada, sin volumen estable y sin acceso garantizado a mercados en el tiempo, ningún subsidio sustituye lo que solo una cadena de valor sólida puede ofrecer.

Ahí está exactamente el rol que le corresponde al Estado; no como financiador único ni como sustituto del mercado, sino como articulador de las condiciones que ningún productor ni ninguna empresa pueden construir solos —infraestructura vial y logística, seguridad jurídica sobre la tierra, certificación sanitaria y de calidad, y estabilidad normativa para la inversión extranjera.

La evidencia observada sugiere que el rol de la política pública está en habilitar la integración productiva para fortalecer las cadenas de valor y reducir los costos de transacción que limitan su desarrollo. Sin ese andamiaje institucional, la mejor voluntad empresarial se estrella contra la misma pared que hizo fracasar a la mayoría de las alianzas productivas anteriores.

Ahí radica la oportunidad para los empresarios e inversionistas que compran, procesan o financian materias primas colombianas, donde la agroindustria, minería y otros sectores productivos operan sobre miles de pequeños y medianos productores dispersos en regiones golpeadas por pobreza estructural. Integrarlos en modelos de clústeres reales, articulados bajo líneas de política pública trazables, permite construir relaciones comerciales sostenibles con beneficios medibles y verificables para las partes, y reduce los riesgos reputacionales bajo métricas de valor compartido bien concebidas: “un negocio rentable para las partes, y un esquema túnel donde la relación comercial funciona porque es buena para el productor y el comprador, no porque alguien la subsidie desde afuera”.

Pensar en grande significa dejar de ver estos territorios como zonas de riesgo y empezar a verlos como infraestructura productiva sin desarrollar. Una empresa ancla (ej: comercializadoras de café, mineras especializadas, fondos de impacto, entre otras con alto potencial) que construye clústeres alrededor de su cadena, con el Estado como articulador que conecta políticas públicas, inversión y desarrollo productivo, no solo mitiga los riesgos; crea el mercado estable que necesita para crecer con seguridad de origen, calidad, volumen y perspectivas de futuro garantizadas.

Esta es la verdadera frontera de la sostenibilidad empresarial en América Latina: no reportar impacto, sino diseñarlo —empresa, productor y Estado— con la disciplina de cualquier inversión de largo plazo. Las empresas y los gobiernos que entiendan esto primero, asegurarán juntos abastecimientos, reputación y licencia social para operar en las próximas décadas.

La sostenibilidad empresarial deja de ser, en este marco, una pregunta sobre intenciones y pasa a ser una pregunta sobre arquitectura: si el empresariado y la institucionalidad logran construir juntos el mercado que convierte esa sostenibilidad en algo real, medible y rentable, define en buena medida el futuro de la inversión productiva en la región para atender las necesidades globales del mañana.

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Fuentes

1. Departamento Nacional de Planeación (DNP), Colombia. Evaluación institucional, de resultados y de impacto del PNIS 2017–2022 (DNP-986-2022), ejecutada por Ipsos–Universidad de los Andes. sinergia20app.dnp.gov.co/evaluaciones/1269

2. World Bank Group (2016). Linking Farmers to Markets through Productive Alliances: An Assessment of the World Bank Experience in Latin America. DOI 10.1596/25752. openknowledge.worldbank.org

3. World Bank (2015). Linking Smallholder Farmers to Markets — Colombia results. worldbank.org/en/results

4. Banco de la República (2015). Aspiraciones económicas, conflicto y trampas de pobreza en Colombia. Revista del Banco de la República, Vol. 88, Núm. 1047.

5. Banco de la República (2012). Convergencia y trampas espaciales de pobreza en Colombia: https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/dtser_177.pdf

Octubre 2026