Lugar: Hotel Hilton
Fecha: 23 de abril
Hora de inicio: 7:00 a.m.
07:00 – 08:20 | Asamblea Ordinaria Afiliados
08:20 – 08:35 | Bienvenida y apertura
Intervención: María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia
Temas:
- Reflexión sobre los 70 años de AmCham Colombiay su papel en la construcción de una relación sólida entre Colombia y EE.UU.
- Impacto en el comercio, la inversión y la diplomacia.
- TLC, diversificación y porque sigue siendo el mejor mercado para Colombia
- Proyección de la Cámara para los próximos 70 años.
08:35 – 09:20 | Seguridad y Defensa Nacional: Estrategia para garantizar la gobernabilidad
Participantes
General Pedro Sánchez – Ministro de Defensa
Angela Buitrago – Ministra de Justicia
Moderador: Fernando Quijano – Director La República
Temas:
- Contexto y Desafíos en Seguridad Nacional
- Compromiso de Colombia con la Seguridad y la Lucha contra el Narcotráfico
- Estrategia de Seguridad Integral y Desarrollo Territorial
- Estrategia para la No Descertificación de Colombia
09:20 – 10:10 | Conversatorio: Colombia y EE.UU.: Una relación en transformación, ¿hacia dónde vamos?
Participantes
Juan Manuel Santos, Expresidente de Colombia y Premio Nobel de Paz
Modera: Roberto Pombo, Director Editorial de Prisa Media en Colombia
Temas:
- Análisis de la evolución histórica de la relación entre ambos países.
- Perspectivas sobre los desafíos y oportunidades actuales.
- Importancia de la relación con Estados Unidos para Colombia.
- Propuestas para fortalecer los lazos en las próximas décadas.
10:10 – 10:25 | La comisión de amistad entre el Congreso de Estados Unidos y el Congreso de Colombia
Invitado Especial
Efraín Cepeda Sarabia – Presidente del Senado de la República de Colombia
10:25- 11:00 | Diplomacia en la relación Colombia-EE.UU.: aliados estratégicos, tensiones y oportunidades
Invitados Especiales:
- 10:25 – 10:40 John McNamara – Embajador (e) de EEUU en Colombia
- 10:40 – 11:00 Daniel García-Peña – Embajador de Colombia en EE. UU.
Temas:
- El papel de la diplomacia en la relación bilateral
- Eficiencia y efectividad diplomática: logros alcanzados y desafíos pendientes
- Impacto y ajustes de la cooperación en seguridad y lucha contra el narcotráfico
- Migración y cooperación bilateral: desafíos, oportunidades y el camino a seguir.
- Influencia de la diplomacia en el comercio, la inversión y la competitividad
- Transición en la agenda bilateral: de la seguridad a la innovación y transformación productiva
- Adaptabilidad de la diplomacia a los retos geopolíticos y económicos
11:00 – 11:50 | Panel: Congreso y comercio bilateral: ¿Construyendo puentes o levantando barreras?
Participantes:
- Senadora Angelica Lozano (PV)
- Senadora María Fernanda Cabal (CD)
- Senador Mauricio Gómez-Amin (L)
- Modera: Maritza Aristizabal
Temas:
- El rol del Congreso en la relación bilateral: impacto en comercio, inversión y cooperación.
- Bipartidismo en EE.UU.: cómo se ha construido y su papel en la estabilidad de la relación con Colombia.
- Legislación en Colombia: apoyo para fortalecer la relación y atraer inversión.
- Tratados comerciales y cooperación económica: avances y retos legislativos.
- Desafíos y oportunidades para la próxima década.
11:50 – 12:30 | Conversación: ¿Dependencia o estrategia? El dilema comercial entre Colombia y EE.UU.
Participantes:
- Neil Herrington, Vicepresidente Senior, Departamento de las Americas, U.S. Chamber of Commerce
- Moderador: María Alejandra Villamizar – Directora Fundación Conversa Colombia – Periodista, columnista, analista política
Temas:
- El papel de EE.UU. en la estrategia comercial de Colombia: ¿una relación irremplazable o una que debe diversificarse?
- Empresas y gremios en la era Trump: ¿cómo jugar en un tablero de proteccionismo y nacionalismo económico?
- Inversión y comercio bilateral: ¿cómo mantener y fortalecer la confianza empresarial en tiempos inciertos?
- Oportunidades para Colombia en el nuevo escenario global: nearshoring, reindustrialización y acceso a mercados.
- El rol del sector privado y el gobierno en la estabilidad de la relación comercial.
12:30 – 14:00 | Almuerzo
14:00 – 14:45 | Panel: EE.UU. y sus aliados: ¿Socios estratégicos o rivales comerciales? La visión de China y México
Participantes:
- Embajador de China:Zhu Jingyang
- Embajadora de México:Martha Patricia Ruiz Anchondo
Modera: Juan Mesa –Director Estratégico Comunicaciones – CEO Libreta Personal
Temas:
- Impacto de la política comercial de EE.UU. en sus relaciones con China, México y Canadá: tensiones, acuerdos y desafíos.
- Nearshoring y reconfiguración de las cadenas de suministro: oportunidades y competencia entre los tres países.
- Regulaciones y proteccionismo estadounidense: efectos en la inversión, el comercio y la manufactura.
- Cooperación y rivalidad en sectores estratégicos: inteligencia artificial, semiconductores, energías renovables y tecnología.
- Lecciones y oportunidades para Colombia: cómo aprovechar la dinámica global en el comercio y la inversión. América Latina como actor clave: ¿Cómo pasar de ser un campo de disputa a un socio estratégico global?
14:45 PM – 15:35 PM | Panel: ¿Colombia exporta crecimiento? El impacto de EE.UU. en el desarrollo económico y social
Participantes:
- Javier Díaz – Presidente Analdex (Asociación Nacional de Comercio Exterior)
- German Bahamon – Gerente General Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
- Ana Karina Quessep – Presidenta Ejecutiva Bpro (Asociación Colombiana de BPO y Tercerización de Servicios)
- Miguel Espinosa – Presidente Ejecutivo Fitac (Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional)
- Moderador: María Claudia Lacouture – Presidenta Ejecutiva AmCham Colombia
Temas:
- La evolución del comercio entre Colombia y EE.UU.: impacto del TLC y otros acuerdos en los sectores productivos.
- Casos de éxito: cómo la relación con EE.UU. ha impulsado el crecimiento de sectores estratégicos.
- Exportaciones y desarrollo social: generación de empleo, formalización y oportunidades en las regiones.
- El desafío de la competitividad: barreras para la expansión y estrategias para fortalecer la presencia colombiana en EE.UU.
- Innovación, sostenibilidad y valor agregado: claves para el futuro de la oferta exportadora colombiana.
- El papel de los gremios en la defensa y fortalecimiento de la relación comercial con EE.UU.
15:40 PM – 16:25 PM | Panel: Negocios en tiempos de incertidumbre: ¿Sigue siendo EE.UU. el socio clave para Colombia?
Participantes:
- Carlos Manuel Uribe (Flores el Capiro)
- Angela Hurtado (JP Morgan)
- Luis Fernando Montoya (Colhilados)
- Manuel Julián Dávila (Grupo Daabon)
- Moderador: Francisco Miranda – Director Portafolio (TBC)
Temas:
- ¿Por qué apostarle a la relación EE.UU.-Colombia? Beneficios tangibles para las empresas en ambos países.
- Impacto de los aranceles como arma comercial: ¿cómo proteger los negocios frente a políticas proteccionistas?
- Competitividad y acceso a mercados: ¿cómo se posicionan las empresas colombianas en EE.UU.?
- Inversión estadounidense en Colombia: oportunidades y desafíos en un entorno de cambios.
- El futuro de la integración productiva: estrategias para mantener y fortalecer la cooperación empresarial.
- ¿Vale la pena seguir invirtiendo en la relación bilateral? Perspectivas a corto y largo plazo.
16:30 – 17:10 | América Latina y el Caribe: hacia un desarrollo sostenible en el siglo XXI
Orador: Sergio Diaz-Granados, Presidente de la CAF (Virtual)
Temas:
- Desafíos transversales de la política social
- Políticas para el desarrollo productivo
- Perspectivas de crecimiento económico sostenible: oportunidades en medio de los desafíos persistentes.
- Aprovechar nuevas (y viejas) oportunidades: la agenda pendiente y el papel de la institucionalidad.
17:10 – 17:45 | Reconocimientos AmCham Colombia
17:45 | Coctel
President Trump Concludes Asia Tour WithMore Than US$17 Billion in Economic Agreements
U.S. President Donald Trump concluded a four-day tour of the Philippines and China during which he announced trade agreements and investments totaling more than US$17 billion, along with commitments to cooperation on energy, technology and security. According to a White House summary, the initiatives aim to expand opportunities for U.S. companies, support tens of thousands of jobs and strengthen the country’s economic and strategic presence in the Indo-Pacific.
On trade, the administration highlighted an agreement with Thailand providing for the elimination of tariffs on 99% of U.S. exports and greater market access for vehicles, medical devices, pharmaceuticals, ethanol and poultry products. Thailand’s government also pledged to increase its annual purchases of U.S. agricultural products by US$2.6 billion. The Philippines, meanwhile, announced its intention to reduce and ultimately eliminate the U.S. bilateral trade deficit through increased imports of U.S. energy and agricultural products.
In the energy sector, Trump promoted the Alaska liquefied natural gas (LNG) project and expanded energy cooperation with regional leaders. According to the White House, this agenda seeks to increase U.S. energy production and supply capacity, reduce domestic costs and strengthen energy security. The administration also emphasized that U.S. energy production is at record levels as part of its strategy to expand the sector.
On the diplomatic front, Trump took part in a trilateral meeting in Shenzhen with Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping, discussing international stability, nuclear security and mechanisms for cooperation among the three powers. The U.S. president raised the need to reduce nuclear arsenals and move toward a resolution of the war between Russia and Ukraine. According to their joint statement, the three governments agreed to maintain dialogue on nuclear risks, nonproliferation and international security.
The agenda also included regional security and technology cooperation initiatives. The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) adopted a work plan to combat online scams and other forms of transnational crime, while Trump joined a meeting with leaders of the Quadrilateral Security Dialogue (Quad) to discuss strategic challenges in the Indo-Pacific. Finally, during the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit, the president highlighted U.S. economic growth and the development of superintelligence technologies as elements of his administration’s innovation agenda.
DIPLOMACY | Colombian Embassy and Voyager Technologies Explore La Guajira’s Potential in the Space Economy
Colombia’s ambassador to the United States, María Consuelo Araújo, met with representatives of Voyager Technologies to assess La Guajira’s potential in the space economy. The meeting followed up on discussions initiated during Milagro Week, the investment promotion initiative organized by the Colombian government in New York. According to the embassy, the talks focused on opportunities in space infrastructure, technological cooperation and investment as Colombia seeks to develop its aerospace capabilities and attract international partners.
Voyager Technologies is a publicly traded U.S. aerospace company headquartered in Denver, Colorado. It operates in defense, national security and space infrastructure and has been developing the Starlab commercial space station since 2021.
The discussions build on Guajira Spaceport, an initiative presented by the department’s governor, Jairo Aguilar, during Milagro Week. The project proposes assessing conditions at Puerto Bolívar, in northern La Guajira, as a potential platform for rocket and satellite launches. Among the advantages cited by the department is Puerto Bolívar’s location near 12 degrees north latitude, which could favor certain launch trajectories.
SECURITY | State Department Confirms Support for Colombia’s Resumption of Aerial Coca Crop Eradication
The U.S. State Department confirmed its support for the Colombian government’s plans to resume aerial eradication of coca crops, suspended for 11 years, and announced that it would provide technical assistance and aircraft to support operations. The position was set out in a letter dated November 18, 2026, addressed to Democratic Representative Mark Pocan in response to concerns raised by a group of lawmakers about U.S. involvement in the program.
The document, signed by Katherine Bowles, Assistant Secretary of State for Legislative Affairs, states that Washington supports Colombia’s efforts against drug trafficking and narcoterrorism, including the restoration of aerial spraying as part of a strategy that also includes manual eradication and interdiction. According to the letter, these measures have the potential to reduce coca cultivation, cocaine production and drug trafficking to the United States.
The Colombian administration is preparing a short-term pilot program to assess the feasibility of resuming aerial operations, with an initial intervention planned for 1,000 hectares of coca crops in Putumayo. The State Department specified that Colombia would lead the process and provide personnel, fuel and herbicides, while the United States would supply technical assistance and aircraft, including helicopters and fixed-wing spraying planes, with maintenance covered by Washington.
Selection of the herbicide will be the sole responsibility of the Colombian government, in accordance with national legislation, regulatory procedures and court decisions. The program envisages using ammonium glufosinate, although implementation remains provisionally suspended by an order of the Administrative Court of Putumayo, which cited the need to resolve uncertainties about potential health and environmental effects. Resumption of operations is also subject to the relevant evaluation and authorization procedures.
The U.S. response followed a request by 19 Democratic members of Congress, led by Pocan, urging Secretary of State Marco Rubio to refrain from providing financial or logistical support for the resumption of aerial spraying. The lawmakers expressed concern about the potential effects of herbicides on human health and Amazonian ecosystems and questioned the historical effectiveness of this form of eradication. After receiving the response, Pocan reiterated his opposition to the program, arguing that its risks did not justify resumption.
Finally, the State Department said it would assess the best way to support a sustained aerial eradication campaign after the pilot concludes, without specifying new financial commitments or a timetable for that phase. It also stressed the importance of expanding the institutional presence in rural areas where illicit economies operate, while noting that Colombia must lead these initiatives and share implementation costs. Washington will continue defining specific areas of cooperation and keep Congress informed of progress.
SECURITY | OAS Approves Meeting of Rio Treaty Foreign Ministers to Consider Sanctions Against Narcoterrorist Organizations
The Permanent Council of the Organization of American States (OAS) approved a resolution on Friday, during a special session in Washington, to convene the Organ of Consultation of the Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance (TIAR), also known as the Rio Treaty. The resolution passed with 14 votes in favor, two against and one abstention, by the Bahamas. Uruguay and Brazil voted against it. Only OAS member states that are parties to the treaty participated in the vote.
The proposal was introduced by countries belonging to the Shield of the Americas, the regional security alliance promoted by the United States, including Colombia. The resolution bases the meeting on the existence of a “situation endangering hemispheric peace” linked to organized crime “involved in drug trafficking and terrorism.” Under the approved text, foreign ministers from Rio Treaty countries must meet within the next 75 days to consider possible diplomatic, legal or other measures that do not involve the use of armed force. Until then, the Permanent Council may provisionally act as the organ of consultation.
Assistant Secretary of State for Western Hemisphere Affairs Juan Pablo Segura said Shield of the Americas countries had led the regional effort to impose sanctions and other consequences on narcoterrorist organizations that threaten citizens’ lives and livelihoods. He said the resolution opens the process for foreign ministers to impose those sanctions under the Rio Treaty.
The decision builds on a joint statement issued on September 22 by the United States, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, the Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panama, Paraguay, Peru, and Trinidad and Tobago. The countries committed to coordinating sanctions, asset freezes and visa restrictions against 24 narcoterrorist organizations. Mexico, which is not a party to the Rio Treaty, opposed activating the mechanism. Uruguay and Brazil also objected.
The Rio Treaty, signed in 1947, is the hemisphere’s collective defense mechanism. Its Organ of Consultation, comprising the foreign ministers of the states parties, may agree on collective measures in response to threats to regional peace. The mechanism was activated after the September 11, 2001 attacks and in 2019 in response to Nicolás Maduro’s government.
SECURITY | United States Announces US$13.5 Million in Military Equipment for Honduras and Expands Security Cooperation
U.S. Secretary of War Pete Hegseth announced an initial US$13.5 million contribution in military equipment for Honduras during a meeting with President Nasry Asfura on November 19 at José Enrique Soto Cano Air Base in Palmerola. The announcement forms part of bilateral cooperation commitments for 2026–2027 aimed at strengthening border security, defense capabilities and the fight against transnational criminal organizations.
During the meeting, the two governments signed two defense and national security cooperation instruments. The first is a memorandum of understanding on cyber defense intended to improve the protection of critical systems, facilitate the exchange of information on digital threats and strengthen the technological capabilities of the Honduran Armed Forces. The agreement places particular emphasis on the country’s electricity infrastructure, identified as a priority area for technological cooperation.
The second instrument is a joint declaration on National Defense Areas, intended to strengthen border surveillance and restrict the movement of drugs, weapons and criminal organizations. Hegseth explained that the United States has implemented this model along its southern border and highlighted the Honduran government’s commitment to pursue similar measures. According to the secretary, stronger territorial control is a means of protecting sovereignty and reducing criminal network activity.
Hegseth said Washington seeks to deepen military cooperation with Honduras to dismantle cartel operations and restrict their movements. He also acknowledged the Honduran government’s decisions to designate Mara Salvatrucha (MS-13), Barrio 18 and the so-called Devil’s Cartel as terrorist organizations. Asfura thanked the United States for its support and said his administration would continue its actions against drug trafficking, gangs and organized crime.
The meeting also addressed Honduras’s domestic security situation, particularly following violent incidents in the department of Yoro in which 12 people were killed. Hegseth offered condolences to the victims’ families and acknowledged operations conducted by Honduran authorities against the groups alleged to be responsible. He also highlighted the role of Joint Task Force Bravo, based at Soto Cano, as a mechanism for military cooperation and humanitarian assistance between the two countries.
The visit to Honduras was the final stop on Hegseth’s regional tour, which also included Venezuela, Colombia and Ecuador, where he met with national authorities to discuss defense and security cooperation. Following his meeting with Asfura, the U.S. Department of War reiterated its commitment to joint efforts against drug-trafficking organizations. The new agreements establish cooperation mechanisms to be implemented throughout 2026 and 2027, emphasizing border security, technological defense and stronger Honduran military capabilities.
SECURITY | Mayor Mamdani Proposes Delaying Rikers Island Closure Until 2032
New York City Mayor Zohran Mamdani unveiled a plan to close the Rikers Island jail complex by the end of 2032 and replace it with four detention facilities across different city boroughs. The proposal would delay by five years the deadline established under a 2019 city law requiring the complex to close in August 2027. Mamdani said the initiative aims to transform the corrections system and improve safety and care for incarcerated people.
Rikers Island has faced allegations for decades of abuse, violence and inadequate medical and psychiatric care. In November 2024, a federal judge questioned the failure to comply with court-ordered improvements at the complex. The case of Kalief Browder, who was held for three years without trial and later died by suicide, became one of the most frequently cited examples in discussions of New York jail reform.
Under the administration’s timetable, the first detention facility would begin operating in Brooklyn in 2029, followed by facilities in the Bronx and Queens in 2031 and a Manhattan jail in 2032. The new facilities would have lower capacity and be located near courthouses and public transportation stations to facilitate family visits, access to attorneys and court transfers. The city says the arrangement would also improve oversight and reduce overcrowding.
The strategy includes US$146 million in spending during the next fiscal year to expand mental health services, addiction treatment, education and job training, both within detention facilities and through community programs. The city also plans to establish 236 additional therapeutic hospital beds for detainees with serious illnesses or complex psychiatric needs, supplementing 104 beds already made available by the administration.
The plan also seeks to reduce the jail population from approximately 6,600 people to no more than 4,100 by the end of 2032, through measures to expedite court proceedings and reduce pretrial detention. To change the legal closure deadline, the administration must work with the City Council on legislation revising the schedule adopted in 2019. Meanwhile, the city will continue implementing improvements at Rikers as construction of its replacement facilities proceeds.
SECURITY | President Trump Says His Administration Will Prevent a Potential Iranian Attack in Washington
U.S. President Donald Trump said at a White House news conference on Friday that his administration would prevent any Iranian attack involving a dirty bomb in Washington. The president said the U.S. government has extensive information about developments in Iran, including who might be involved and where they are located. Trump assured residents of the capital that they are safe and questioned how Tehran could contemplate such an attack.
His remarks followed a CNN report published on November 16. According to the report, U.S. intelligence agencies detected indications that Iran was developing plans to target senior government officials in Washington with a dirty bomb or chemical weapon. Seven officials cited by the network said the planning is currently interpreted as an attempt by Tehran to broaden its response options rather than evidence of an imminent attack. Officials are also debating whether Iran has the capability to carry out such an operation.
A dirty bomb combines conventional explosives with radioactive material. The White House has said there are no credible threats against U.S. territory, and the Office of the Director of National Intelligence declined to comment on the report. Iran called the allegations fabricated, although it did not directly address the dirty-bomb report. The information emerged as negotiations to end the conflict between the United States and Iran remain stalled.
TRADE | Secretary Bessent Rules Out Changes to Restrictions on Advanced Chip Exports to China
U.S. Treasury Secretary Scott Bessent confirmed that Nvidia’s H200 processors will remain the most advanced chips permitted for export to China under certain conditions and ruled out immediate changes to U.S. trade policy. In an interview, Bessent said the Donald Trump administration would maintain the technological limits established for the Chinese market, identifying the H200 as the highest-performance semiconductor authorized for sale to the country.
The comments follow Nvidia’s announcement that it was suspending shipments of its Hopper-family processors, including H200 models, despite holding U.S. licenses to sell them to certain Chinese customers. Bessent said Washington had not requested changes to those authorizations and attributed the decline in business to weaker demand from Chinese buyers, who are seeking to develop their own semiconductor manufacturing and processing capabilities.
The export policy is part of U.S. technology controls governing China’s access to components used in artificial intelligence and advanced computing. The Commerce Department maintains an individual licensing system for certain transactions, while restrictions on more powerful processors remain in force. Bessent reiterated that the administration seeks to preserve U.S. technological advantages without completely disrupting economic relations with China.
The secretary also confirmed that the situation involving former Nvidia CEO Jensen Huang was not discussed during the recent meeting between Trump and Chinese President Xi Jinping in Shenzhen. Huang resigned as head of the company in November after reports emerged about his relationship with an individual linked to Megaspeed, a Singapore-based company accused of allegedly facilitating Chinese access to advanced Nvidia processors.
On artificial intelligence, Bessent said Trump and Xi reached an understanding to retain human involvement in military decisions involving the technology. According to the secretary, both leaders agreed that AI systems should not operate autonomously in significant military operations, regardless of the technological competition between their countries. The understanding was presented as an outcome of the recent bilateral meeting, which also addressed trade and international security.
Finally, Bessent referred to Anthropic’s recent initial public offering and announced that one of the company’s founders would make a significant contribution to the “Trump Accounts” program in the coming weeks, without identifying the individual or specifying the amount. The government initiative aims to encourage saving and investment through accounts for minors, with an initial government contribution for children born between 2025 and 2028. The announcement is part of the administration’s efforts to involve the technology sector in its childhood savings and investment programs.
ECONOMY | President Trump Proposes Tax Penalties for Companies Building Data Centers Outside the United States
U.S. President Donald Trump announced that his administration is considering imposing steep taxes and penalties on U.S. technology companies that build artificial intelligence (AI) data centers abroad. During a White House news conference, he said he wants to concentrate these investments on U.S. soil and prevent China from gaining access to technological infrastructure developed by American companies. However, he did not specify the legal mechanisms for implementing the measures or provide a timetable for their introduction.
Trump argued that companies should prioritize building data centers in the United States and warned that those developing facilities abroad would face financial penalties. The president acknowledged that he had not yet formally communicated the proposal to administration officials, meaning the potential restrictions remain preliminary. He also urged U.S. communities to take advantage of the economic opportunities associated with these projects and negotiate compensation with the companies building them.
The announcement comes as major technology companies face growing local opposition to data center expansion because of high electricity consumption and potential effects on energy costs. In response, companies such as Google and Meta have begun offering greater financial incentives to host communities, commitments to reduce environmental impacts and mechanisms for greater operational transparency. Trump reiterated that facilities should make an economic contribution to the communities where they are located, while urging that restrictions not prevent their development.
Separately, the Senate approved a bipartisan reform backed by Trump that expedites permits for energy infrastructure and requires data centers to bear the costs of their electricity consumption.
The remarks also relate to recent U.S. restrictions on international access to advanced artificial intelligence technologies. The administration announced new rules limiting remote use of U.S. processors and servers from other countries, intended to restrict Chinese companies’ ability to use these resources to train AI models. The measures supplement existing controls on advanced semiconductor exports as Washington seeks to maintain its technological capabilities and steer industry investment toward the domestic market.
ECONOMY | U.S. Senate Passes Reform to Speed Up Energy Projects and Regulate Data Center Costs
The U.S. Senate voted 62–33 to approve a bipartisan bill designed to accelerate environmental permitting for energy infrastructure construction and establish new obligations for data centers. The measure, called the Bipartisan American Affordability and Jobs Act of 2026, seeks to expand electricity generation and transmission capacity, shorten timelines for major projects and prevent consumers from bearing energy costs associated with artificial intelligence.
The legislation would amend federal environmental review procedures to facilitate construction of power plants, pipelines, mines and transmission lines. Its provisions include changes to the National Environmental Policy Act (NEPA), the Clean Water Act and the Endangered Species Act to shorten approval timelines and provide investors with greater regulatory certainty. It would also require data centers to pay for their energy consumption and necessary upgrades to electricity grids.
The vote drew support from 15 Democratic and independent senators, including Minority Leader Chuck Schumer, while Republicans Josh Hawley and Mike Rounds opposed the bill. The proposal was negotiated by Republican Senators Shelley Moore Capito and Mike Lee and Democratic Senators Martin Heinrich and Sheldon Whitehouse, who argue that the reform will help meet growing electricity demand and reduce delays affecting infrastructure investment. President Donald Trump also endorsed it, saying it would lower energy costs and strengthen domestic production.
The proposal received support from business organizations representing both renewable energy and the oil and gas industry, which consider faster permitting necessary to expand energy supply. Environmental groups, including the Sierra Club and the National Wildlife Federation, criticized changes to judicial review procedures and environmental protections. Environmental Integrity Project Executive Director Jen Duggan argued that the reform could encourage the expansion of fossil fuel projects and weaken safeguards for affected communities.
Differences also emerged among Democratic lawmakers. Senator Jeff Merkley of Oregon attempted to introduce amendments restricting data center construction on public land and limiting certain Trump administration decisions on clean energy projects, but his proposals were not brought to a vote. Senator Maria Cantwell of Washington criticized the speed of the legislative process and warned of possible consequences for natural resources and Indigenous communities’ rights, arguing that the changes required more extensive review.
Concerns about tribal sovereignty were also raised by Indigenous community representatives, who said faster permitting should not curtail consultation mechanisms or protections for lands of historical and cultural value. Democratic Senator Alex Padilla of California explained that he voted against the bill despite supporting several transmission infrastructure provisions because of concerns about environmental impacts and the rights of the 109 federally recognized tribes in his state. Former Energy Secretary Jennifer Granholm, by contrast, said recent changes to the bill added stronger safeguards for tribal consultation and state authority over water quality.
The approval represents one of Congress’s first legislative advances following November’s midterm elections, in which Democrats won control of both chambers for the next legislative session. The bill now goes to the House of Representatives, which previously passed a narrower version of the reform. Both chambers must therefore agree on final language before sending it to the president for enactment. If it becomes law, the measure would change permitting procedures for energy infrastructure and establish new conditions for financing grid expansion associated with data center growth.
POLITICS | Congress Faces Risk of Federal Shutdown Amid Disagreements Over Iran and Military Budget
The U.S. Congress is struggling to reach a budget agreement before December 11, when temporary funding for federal agencies expires, amid disagreements over the war against Iran and President Donald Trump’s request for an additional US$350 billion for the Pentagon. Lawmakers from both parties warned of a possible new partial government shutdown before Christmas, with negotiations stalled just weeks before the deadline and the Thanksgiving recess.
Republicans and Democrats are seeking to negotiate a continuing resolution to keep federal operations running during the first months of 2027, when Democrats will take control of both chambers following the midterm elections. However, any agreement will need at least 60 votes in the Senate, where differences remain over funding for military operations in Iran. At the same time, lawmakers are considering passing some appropriations bills to fund particular agencies for the remainder of the fiscal year, which ends September 30.
Among Democrats, the main debate concerns whether federal funding should be conditioned on restrictions on U.S. military operations in Iran. Senator Peter Welch acknowledged the difficulty of avoiding a shutdown without maintaining funding for the war, while other party members argued that suspending federal operations is not an effective way to stop the conflict. Representative Rosa DeLauro, the top Democrat on the House Appropriations Committee, opposed a shutdown and advocated pursuing legislative alternatives to limit military operations.
Other lawmakers suggested that the war’s economic consequences justify considering tighter budget measures. Democratic Senator John Hickenlooper of Colorado cited higher energy prices and their effects on U.S. households as relevant factors in evaluating a possible funding suspension. However, he acknowledged the difficulties a federal shutdown during the holidays would cause, particularly after the three partial shutdowns recorded since Trump’s return to the presidency in January 2025.
Republicans also lack consensus on how to handle Trump’s request for an additional US$350 billion in defense funding. Although budget reconciliation was initially considered, which would allow the measure to pass by a simple majority without Democratic support, Republican senators decided to prioritize bipartisan negotiations. Those talks center on a US$1.1 trillion defense appropriations bill that includes US$69 billion of the additional funding requested by the president, although the possibility of reviving a Republican-only measure remains open.
Senate Republican Majority Leader John Thune warned that another government shutdown would harm Americans and confirmed that no agreement had been reached despite some progress in negotiations. Senate Appropriations Committee Chair Susan Collins clarified that Democrats’ demands concerning Iran are focused primarily on additional defense funding rather than necessarily on the temporary funding resolution. Republican Senator Mike Rounds also expressed concern about the limited time available to reach agreement before the funding deadline.
Given the difficulty of passing all 12 appropriations bills for fiscal year 2027, both parties are considering a combined solution that would fund some agencies for the full year and keep others operating under a temporary resolution. DeLauro acknowledged that completing every bill before the deadline is unrealistic, although she believes several could move forward. Negotiations will resume after the Thanksgiving recess, with the aim of avoiding another disruption of federal services and resolving differences over the military budget.
POLITICS | Second Federal Judge Halts Construction of Trump’s Commemorative Arch in Washington
A second U.S. federal judge ordered construction halted on President Donald Trump’s proposed commemorative arch in Washington, D.C. U.S. District Judge Leonie Brinkema, based in Alexandria, Virginia, issued an injunction keeping work suspended indefinitely while a lawsuit filed by Arlington County authorities against the project is reviewed.
The county’s lawsuit argues that the monument’s construction could worsen traffic congestion and jeopardize public safety in Arlington, across the Potomac River from Washington. Following the ruling, county attorneys said the measure recognized potential harm to local residents and workers. The county also challenged the project’s size and features, which it considers incompatible with the surrounding area.
Brinkema’s decision came two days after another federal judge, Tanya Chutkan, extended until December 3 a temporary order preventing construction from beginning. Chutkan initially halted construction on November 5, shortly after the National Capital Planning Commission approved the monument’s final design by an 8–4 vote despite objections raised by dozens of participants during the public hearing.
The project also faces other lawsuits concerning its potential effects on historic heritage and memorial spaces in the capital. One case was brought by Vietnam War veterans and an architectural historian, while members of the Kennedy family filed a separate action over the structure’s alleged impact on Arlington National Cemetery, where several family members are buried.
The arch is among initiatives promoted by Trump to alter certain historic and monumental spaces in Washington during his administration. With a proposed height of 250 feet, approximately 76 meters, the structure would be more than twice as tall as the Lincoln Memorial. Although the project received approval from the federal planning authority, construction will remain suspended while court proceedings continue, with no start date set.
President Trump Concludes Asia Tour WithMore Than US$17 Billion in Economic Agreements
Colombia Closes Milagro Week With $43.205 Billion inInvestment and Financing Commitments
Healthcare and Rail Infrastructure Lead New Announcementson Day Three of Milagro Week
Milagro Week: Colombia Draws Investor Interest and Opens New Investment Opportunities
Statement from the AmCham Colombia Board of Directors