Diagnóstico y recomendaciones para el sector salud en Colombia en 2025

Por Dapper

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El sistema de salud colombiano atraviesa una crisis estructural que compromete su sostenibilidad financiera, operativa e institucional. Aunque la cobertura formal supera el 95 %, el acceso efectivo, la calidad y la continuidad del servicio han empeorado, con especial impacto en regiones rurales y poblaciones vulnerables. Este informe sintetiza los hallazgos más relevantes del diagnóstico actual y las reformas en curso.

Puntos clave

• El sistema de salud colombiano enfrenta una crisis estructural que combina desfinanciamiento, deterioro patrimonial de las EPS, desabastecimiento de medicamentos y colapso progresivo en la red prestadora, especialmente en zonas rurales.
  
• La Unidad de Pago por Capitación (UPC) es insuficiente, lo que ha generado un déficit operativo de más de COP 11 billones y ha desatado una ola de intervenciones, quiebras técnicas y tensiones institucionales con la Corte Constitucional.
  
• La reforma presentada en 2024 (proyecto de ley 312/2024C) introduce mejoras técnicas, como mayor trazabilidad financiera y fortalecimiento de la atención primaria, pero su viabilidad está en riesgo por la falta de claridad fiscal, una transición incierta y altos costos iniciales.
  
• Se requiere una estrategia de transición ordenada, multisectorial y fiscalmente sostenible, con énfasis en la recuperación de confianza institucional, la modernización del modelo de financiamiento, y la atención prioritaria a la red rural y al abastecimiento de medicamentos.

Financiamiento insuficiente y deterioro patrimonial

El desfinanciamiento es uno de los principales cuellos de botella. La Unidad de Pago por Capitación (UPC), ajustada solo en 5,36 % para 2025, es insuficiente frente al aumento del salario mínimo y la inflación en salud. Esto ha generado un déficit operativo estimado superior a COP 11 billones, afectando a EPS, prestadores y gestores farmacéuticos.

Otro factor a tener en cuenta es que el patrimonio agregado de las EPS pasó de COP -429 mil millones en 2022 a COP -10,2 billones en 2025, revelando una quiebra técnica generalizada. Más de la mitad de los afiliados se encuentran hoy en EPS intervenidas por la Supersalud, sin señales claras de recuperación operativa o financiera.

Crisis operativa: red prestadora y desabastecimiento

Durante 2024, más de 1. 200 IPS cerraron operaciones por falta de pago, desconfianza institucional o ruptura de contratos con EPS en crisis. La saturación de hospitales de mediana y alta complejidad ha reemplazado progresivamente la atención primaria, mientras que la propuesta de crear Centros de Atención Primaria (CAPS) sigue siendo lejana para muchos territorios.

El desabastecimiento de medicamentos aumentó 42 % en el primer semestre de 2024. Las deudas acumuladas con gestores como Audifarma, la alta concentración del mercado y los cuellos regulatorios en el Invima han agravado la situación, afectando especialmente a pacientes con enfermedades crónicas o huérfanas.

Judicialización y pérdida de confianza

El aumento de tutelas por servicios no prestados y medicamentos desabastecidos evidencia el colapso de la garantía administrativa del derecho a la salud. Más de 127. 000 tutelas por falta de medicamentos fueron registradas en el primer semestre de 2024, un aumento del 42 % frente al mismo período del año anterior.

Adicionalmente, la Corte Constitucional ha emitido fallos para corregir deficiencias en la UPC y en los pagos atrasados, pero su implementación ha sido disputada por el Gobierno, generando tensiones institucionales.

Reformas y transición institucional

Tras el archivo de la reforma de 2023, el Gobierno presentó el proyecto de ley 312/2024C. La reforma original de 2023 fue archivada con una votación de 9 a 5 en la Comisión Séptima del Senado. La nueva versión incluye ajustes fiscales, transición progresiva a Gestoras de Salud y Vida, trazabilidad del gasto y énfasis en zonas rurales. No obstante, persisten dudas sobre su sostenibilidad financiera, el cronograma de implementación y la capacidad institucional para ejecutarla sin afectar la continuidad del servicio.

Ahora bien, es importante tener en cuenta que esta es la última gran reforma planteada por el Gobierno Nacional; siendo las otras dos la ya aprobada Reforma Laboral y la Reforma Pensional. Teniendo esto en cuenta, se espera que la discusión de la Reforma a la Salud sea un tema central en la próxima legislatura.

La sostenibilidad del sistema de salud colombiano depende de decisiones urgentes, realistas y consensuadas. Una transición mal gestionada podría agravar el deterioro ya visible. Es necesario fortalecer la financiación, garantizar continuidad operativa, recuperar la red primaria y reconstruir la confianza en la institucionalidad. Las reformas deben ser técnicamente sólidas y fiscalmente viables, con énfasis territorial y transparencia en la ejecución. Dado el panorama actual, se recomienda el establecimiento de un plan de choque para el saldo de deudas acumuladas, una hoja de ruta clara para la transición institucional con pilotos territoriales, la consolidación de un sistema de información interoperable, el fortalecimiento de la atención primaria en zonas rurales, y el respaldo técnico y político necesario para evitar nuevos cuellos de botella en una eventual implementación.

Julio 2025