Desafíos del sistema de salud en Colombia

Por Claudia Sterling, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de Cruz Verde

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La Ley 100 de 1993 transformó el sistema de salud en Colombia con logros que hoy permiten destacar una cobertura del 98,5% y la creación del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), con un plan de beneficios igual para todos; en el campo fiscal, aumentó el financiamiento del sistema de salud con recursos públicos, buscando garantizar mayor equidad.

A pesar de los avances logrados, el Sistema afronta una crisis que compromete la sostenibilidad, dificultando el acceso efectivo a los servicios. A 31 de diciembre de 2024, según el informe de la Contraloría de la República, la deuda acumulada por concepto de servicios de salud asciende a 32,9 billones de pesos. En dicho informe, preocupa además que de las 157 EPS que han sido autorizadas desde la entrada en vigencia de la Ley 100, hoy operan 29, de las cuales solo 6 cumplen con los requisitos habilitantes.

Existe un déficit financiero en el que por cada $100 que reciben las EPS, gastan $110. Adicionalmente, más de 1.200 IPS cerraron en 2024 por falta de recursos, 37 hospitales públicos suspendieron servicios no urgentes, especialmente en zonas rurales, y es evidente que todo ello ha exacerbado las quejas y reclamos: en 2024 más de 175.000 tutelas por servicios incluidos en el Plan de Beneficios, aumentaron en un 35%.

No menos importante es el envejecimiento acelerado de la población, lo cual incrementa la demanda de servicios médicos asociados a enfermedades crónicas no transmisibles. Según el DANE, en 1970, apenas el 6 % de la población tenía 60 años o más; actualmente, esa proporción supera el 14,6 % y se proyecta que en 2055 llegará al 25 % del total nacional.

Con los factores señalados, es claro que el gasto en salud seguirá aumentando y, por ello, el desafío es determinar cómo puede ser gestionado estratégicamente de manera equitativa y sostenible, basado en la eficacia financiera.

Lo primero por enfatizar es el cálculo adecuado de la UPC. Es necesario actualizar la metodología para tomar decisiones financieras responsables con información precisa y metodológicamente rigurosa, con cálculos actuariales adecuados y actualizados.

Asimismo, es necesario implementar estrategias orientadas a diseñar esquemas de financiación progresivos, donde quienes más tienen aporten más, y se proteja a los más vulnerables del gasto de bolsillo excesivo. También, es imprescindible evitar el gasto en procedimientos de alta complejidad si se pueden resolver con atención primaria; promover los medicamentos genéricos y biosimilares, y los pagos por resultados en lugar de pagos por volumen de servicios.

Complementariamente, se deben fortalecer los sistemas de información para monitorear el gasto y tomar decisiones basadas en evidencia, mejorando la rendición de cuentas en la contratación y ejecución presupuestal.

Además, es necesario invertir en la prevención y promoción de la salud para reducir la carga futura y adaptar el sistema a la creciente demanda de servicios por parte de adultos mayores y personas con enfermedades no transmisibles porque los equipos de última generación, terapias biológicas, medicina personalizada y dispositivos digitales seguirán aumentando su uso.

Es evidente que el gasto seguirá creciendo, en gran medida por el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Según Acemi, el gasto público en medicamentos alcanzó una cifra histórica de $19,4 billones en 2024 y más del 50 % se concentró en solo 15 subgrupos terapéuticos, principalmente relacionados con enfermedades crónicas y de alto costo.

Definitivamente, es necesario transitar de un modelo de atención basado en el volumen de servicios prestados a uno que reconozca y remunere el valor generado en la salud de las personas. Actuar a tiempo es necesario.

Con todo ello, en una lista extensa de preocupaciones, también hay oportunidades para recuperar el propósito esencial: cuidar de la vida. El diálogo abierto y sincero, así como el compromiso conjunto de todos los actores, será determinante para garantizar el derecho a la salud de millones de colombianos.

Julio 2025