María Claudia Lacouture P.
Presidenta ejecutiva, Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia)
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@mclacouture
Cambiar de fondo el sistema de salud por decreto no solo es riesgoso; es ignorar las reglas que protegen nuestros derechos fundamentales como ciudadanos. Eso es precisamente lo que hace el Decreto 0858 de 2025: impone una transformación profunda del modelo de salud en Colombia sin el debate democrático que exige nuestra Constitución y sin la participación de la ciudadanía, del Congreso de la República ni de los actores del sistema.
Este decreto, expedido por el Gobierno Nacional, establece una nueva forma obligatoria de organizar los servicios de salud, redefine el papel de clínicas, hospitales, EPS y entidades territoriales, y otorga amplios poderes al Ministerio de Salud sin establecer mecanismos claros de control o contrapeso institucional. En otras palabras, se plantea un rediseño completo del sistema sin que medie una ley estatutaria ni el análisis técnico y plural que exige una reforma de este alcance.
La gravedad jurídica de esta decisión radica en su posible incompatibilidad con la Ley Estatutaria 1751 de 2015, norma superior que regula el derecho fundamental a la salud. Esta ley establece con claridad que cualquier modificación estructural al sistema debe realizarse respetando principios constitucionales como la participación, la transparencia, la legalidad y el respeto a la autonomía de los actores del sistema. Saltarse este marco legal no solo vulnera el ordenamiento jurídico, sino que pone en entredicho la garantía plena del derecho a la salud para los colombianos.
Más allá del debate legal, el decreto tampoco atiende los problemas reales del sistema actual. No mejora el acceso a médicos o medicamentos, no garantiza la prestación de tratamientos continuos, y no soluciona el deterioro financiero de un sistema cuya viabilidad se ha visto comprometida por la reducción de recursos y giros. De hecho, omite medidas de corto plazo para estabilizar la operación y proteger a los pacientes mientras se define el futuro del modelo.
El riesgo es doble: por un lado, se crea un vacío jurídico al implementar cambios profundos por fuera del marco estatutario; por otro, se profundiza la incertidumbre para millones de usuarios y actores del sistema, sin soluciones inmediatas ni sostenibles.
Desde la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, reiteramos que el país necesita una reforma estructural del sistema de salud, pero esta debe hacerse dentro de la ley, con participación social, técnica y legislativa, y orientada a garantizar el acceso, la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad.
El derecho a la salud no puede estar sujeto a improvisaciones ni a decisiones unilaterales. Cualquier intento de reforma debe partir del respeto por el marco constitucional y legal vigente, priorizar el bienestar de los pacientes, proteger la institucionalidad y asegurar un debate amplio, informado y legítimo.
Julio 2025