Por Héctor Rengifo, gerente de Enterprise Solutions KPMG en Colombia
Durante el siglo XIX las constantes guerras civiles y el colapso de la actividad productiva incluidas las exportaciones, hicieron que el PIB agrícola disminuyera significativamente, arrastrado por la inestabilidad política que se sostuvo hasta la mitad del siglo. A partir de ahí el PIB agrícola creció al mismo ritmo de la población (1% anual) hasta ubicarse en 60% del PIB nacional en 1905. Ya en el siglo XX, posterior a la Guerra de los Mil Días y las reformas políticas de 1910 se sentaron las bases para una carta de navegación económica en Colombia.
De 1950 a 1990, la política comercial agrícola en Colombia se puede analizar en tres períodos: 1) Sustitución de importaciones 2) Promoción de exportaciones con protección del mercado interno y 3) La apertura comercial.
Durante el primer período, ante la baja productividad y el uso deficiente del suelo fértil disponible, la política pública se centró en el otorgamiento de crédito para la tecnificación de cultivos y la comercialización y expansión de la producción. Bajo políticas públicas proteccionistas, los agricultores incrementaron sus precios dadas las garantías de crédito y subsidio otorgadas por el Estado. Sumado a lo anterior, no hubo una adecuada política de distribución de tierras, asociada a una mayor tributación y a un menor nivel de precios. Otros aspectos relevantes de este período fueron: desde 1951, el Estado incluyó al sector agropecuario como uno de los ejes de la política de crédito de fomento; a través de la Caja Agraria y con la ley 26 de 1959, se obligó a la banca privada a destinar 15% de sus depósitos al fomento de agricultura, ganadería y pesca, con condiciones para el redescuento de la cartera a tasas preferenciales. No obstante, la asignación de recursos, subsidios y créditos de fomento estuvo fuertemente influenciada por la presión de gremios y asociaciones con marcada incidencia en las decisiones políticas.
Durante el segundo período, se creó el Instituto Nacional de Abastecimiento INA, que posteriormente se transformó en el Instituto de Mercadeo Agropecuario IDEMA (1967). Se mantuvo la política proteccionista, con incrementos en arancel de importación a bienes intermedios o finales producibles en el país, incluso con régimen de licencia previa para importar, incrementando así la protección efectiva a todo aquello que pudiese producirse en el país sin verificar si a costo/beneficio era competitivo en el mercado internacional. Como hechos relevantes de este período: las políticas proteccionistas del gobierno beneficiaron a los exportadores (café era el 67% de las exportaciones de Colombia y Petróleo el 10%) y permitieron que al final de la década el sector agro aportará el 15% del PIB. No obstante, el modelo cambiario (banda), el gasto público excesivo y el alto nivel de subsidios no permitió capitalizar los beneficios de las bonanzas cafeteras.
En el tercer período, a partir de 1990, la apertura económica desencadenó un proceso de mayor competencia y tratamiento igual de todos los agentes del mercado. Entre 2000 y 2010, el arancel nominal a la agricultura se mantuvo en un 12%. A partir del 2011, por la entrada en vigencia de importantes TLC y aumento de importaciones, el arancel efectivo del agro ha disminuido desde un 8,4% en 2002 a un 4,4% en 2015. En adición a los aranceles nominales, muchos productos del agro están sujetos al Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP), que actúa como mecanismo frente fluctuaciones en precios internacionales.
Un cálculo de la protección nominal realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, sobre las diferencias entre el precio al productor en finca, versus el precio de frontera indica que azúcar (68%), maíz (58%), leche (57%), pollo (39%) y arroz (38%), desde 1991 y hasta 2015, son los productos que han tenido las mayores tasas promedio de protección dentro del sector. Siguen la carne de cerdo (33%), carne de res (15%), aceite de palma (14%) y huevos (9%). Según el cálculo de la OCDE, los apoyos del Estado al sector agro le han costado al país más del 2% del PIB total de la economía.
Finalmente, en 2017 el sector agro representó 6,3% del PIB nacional, dentro del cual productos tradicionales como el café aportan al agregado un 9%, la caña aporta el 3% y el resto de la producción agrícola aporta al agregado el 49%, con un crecimiento anual promedio del 2,6% del año 2000 a la fecha. Por tanto, el reto para los actores de la industria es ajustar su productividad a los niveles requeridos por las condiciones actuales del mercado mundial, ajustando su tecnología y su estructura de costos a un nivel que garantice un alto estándar de competitividad.
El sector del agro ha sido uno de los que más ha sido objeto de protección. Actualmente, los gremios deben impulsar la productividad de su cadena productiva pasando por la innovación y transformación digital que permita mejorarlo. KPMG analiza los cambios suscitados en el tiempo.
Septiembre 2021