Edición 217 - Perspectivas y retos del nuevo gobierno en Colombia 2026
Colombia ante un nuevo ciclo de gobierno: perspectivas para la inversión, el crecimiento y la competitividad
Por: BachCo Capital Investments S.A.S.
El 7 de agosto de 2026, Colombia inicia un nuevo ciclo de gobierno bajo la presidencia de Abelardo De La Espriella. Lastimosamente, como se ha evidenciado en los últimos días, la transición ocurre en un contexto muy exigente: un déficit fiscal altísimo – por no decir el más alto de la historia reciente del país -, un sistema tributario cuestionado que desincentiva la inversión y una relación desgastada con los principales actores económicos y socios comerciales del país.
Para anticipar el rumbo probable de la nueva administración, el banco de inversión J.P. Morgan formuló la tesis T.I.G.R.E. —Trade, Investment, Growth, Retrenchment y Enforcement—, que retoma el apodo de campaña del presidente electo y ordena en cinco ejes lo que, a su juicio, debería emprender el gobierno entrante. Aunque el mérito del marco corresponde a J.P. Morgan, y conviene precisarlo, el vicepresidente José Manuel Restrepo lo ha citado como señal de confianza, lo que dejaría la esperanza que, de alguna manera, logre permear las decisiones que se adopten en el futuro próximo.
En primer lugar, en materia de comercio (Trade), el cambio más relevante a corto plazo es geopolítico. No es un misterio para nadie que la relación con Washington se deterioró durante el gobierno Petro, y De La Espriella se ha comprometido a realinear la política de seguridad con la doctrina antinarcóticos de la administración Trump. Ese acercamiento pavimentaría una ruta creíble hacia la recertificación y hacia una cooperación comercial y de inversión mucho más cordial con nuestro principal aliado comercial.
En segundo lugar, el componente de inversión (Investment) concentra el mayor potencial transformador, con eje en la reapertura de los contratos de exploración de petróleo y gas, y el desarrollo de recursos no convencionales. La suspensión de nuevos contratos durante el gobierno saliente coincidió con una caída cercana al 42 % en la inversión exploratoria en cuatro años.
En tercer lugar, el crecimiento (Growth) descansaría sobre cinco motores —hidrocarburos, agroindustria, vivienda, flexibilización laboral y formación técnica en inteligencia artificial y robótica—, con la meta de elevar el PIB desde una tendencia inferior al 3 % hasta cifras del 6 % al 7 % anual hacia el tercer año de mandato.
En cuarto puesto, la seguridad, el orden y la ejecutoriedad (Enforcement) marcan la mayor distancia frente a la administración anterior, con énfasis en la autoridad del Estado, la lucha contra el narcotráfico y la cooperación con Estados Unidos.
Finalmente, el ajuste fiscal (Retrenchment) ocupa un lugar central: el compromiso con una regla fiscal más estricta, la consolidación de ministerios, la reducción de gasto público innecesario, la simplificación del sistema tributario y la modernización de la Dian. El reto fiscal cobra mayor relieve a la luz del más reciente estudio de la OCDE, Investment tax incentives in Latin America and the Caribbean (Documento de Trabajo n.º 76, 2026). El informe muestra que Colombia es de los países que más se apoya en el impuesto corporativo: su recaudo por renta empresarial pasó del 2,6 % al 7,2 % del PIB entre 2000 y 2023, el alza más pronunciada de la región.
En el caso colombiano, esa dependencia del impuesto corporativo convive con una maraña de beneficios de eficacia incierta. El país mantiene, entre otros, una tarifa reducida de forma permanente para las zonas francas, un régimen especial para empresas en zonas más afectadas por el conflicto (Zomac) sujeto a múltiples condiciones de sector, ubicación, inversión y empleo, y una tarifa especial por veinte años para grandes proyectos hoteleros —derogada en 2022, pero aún vigente para sus beneficiarios hasta 2042—. La OCDE advierte que este tipo de incentivos basados en la renta, como las exenciones y las tarifas reducidas, suelen ofrecer escaso valor por cada peso de recaudo sacrificado, pues premian las utilidades y no la inversión efectivamente nueva.
Lo que decide la inversión, sostiene la OCDE, es la estabilidad macroeconómica, una regulación predecible, la mano de obra calificada, la infraestructura y la certeza tributaria; de ahí su recomendación de consolidar los beneficios claramente en la ley tributaria, privilegiar incentivos ligados al gasto real de inversión, simplificar requisitos y publicar su costo. Esta es, en la práctica, la hoja de ruta técnica que el componente Retrenchment tendría que ejecutar.
Sin embargo, el riesgo principal no está en la orientación de las políticas, sino en la capacidad de ejecutarlas: un mandato electoral estrecho se traduce en un margen legislativo igualmente limitado. Esa, más que el diseño, será la verdadera prueba del gobierno De La Espriella.
Julio 2026